El Tribunal Constitucional español ha decidido al fin deliberar sobre la sentencia que condenó a cinco dirigentes de la izquierda abertzale dentro del denominado «caso Bateragune». Se ha tomado once meses para ello, pero finalmente ayer se conoció la admisión a trámite de los recursos de la defensa, encarnada por los abogados Jone Goirizelaia e Iñigo Iruin.
Inmediatamente, la atención se centró sobre una derivada: la posibilidad de que el TC decrete la libertad de Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Rafa Díez de modo cautelar, para evitar daños mayores en el caso de que finalmente revocase las sentencias de la Audiencia Nacional y del Supremo.
No existe plazo para decidir sobre el fondo del asunto. El TC puede hacer lo que quiera, como ha demostrado ya tomándose casi un año para decidir sobre la admisión a trámite. Y tampoco lo hay estrictamente sobre la petición de libertad cautelar, aunque aquí sí existen unos plazos tasados para lanzar la demanda de excarcelación.
Las partes dispondrán ahora de tres días para hacer públicas sus peticiones y después lo lógico sería que el Constitucional diera una respuesta rápida a este asunto, más aún teniendo en cuenta que cuatro de los cinco condenados cumplirán dos tercios de sus penas en los próximos meses.
La posición que adopte la Fiscalía frente a la petición de libertad de las defensas es el primer indicador al que habrá que estar atentos. Su posición durante todo este proceso ha sido muy dura. Por ejemplo, en la vista del recurso en el Supremo pidió que se confirmaran las condenas dictadas por la Audiencia Nacional, que eran de entre ocho y diez años de cárcel. El TS las rebajó luego a otra horquilla de entre seis años y seis años y medio de prisión.
No existe un precepto legal cerrado que establezca en qué casos debe procederse a la excarcelación cautelar a la espera del fallo final del TC una vez admitido a trámite el recurso. Lo que sí existe es una práctica. Por ejemplo, en el caso de Filesa, el Constitucional liberó a un exdirigente del PSOE condenado por el Supremo a tres años y dejó en prisión a otro castigado a once. En el de la Mesa Nacional de HB, encarcelada al completo en 1997, se les mantuvo en prisión tras admitirse a trámite el recurso, hasta la sentencia.
Existe también una jurisprudencia, aunque con un grado de ambigüedad que deja las manos bastante libres al Tribunal Constitucional. Así, en el citado caso de Filesa el TC establecía como criterios para valorar la puesta en libertad los siguientes: «La gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su trascendencia social, la duración de la pena, el tiempo que reste de cumplimiento de la misma, el riesgo de sustracción a la acción de la Justicia y la posible desprotección de la víctima».
En favor de la demanda de las defensas juega sobre todo el factor objetivo de que ya han agotado más de la mitad de la condena y esta se encamina hacia su final. En términos políticos y también jurídicos, el colmo de todo este escándalo iniciado en octubre de 2009 sería que el TC acabara revocando la sentencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo cuando ya estuviera prácticamente agotada y estando los condenados todavía en prisión.
Resumiendo la situación actual, caben por tanto hasta cuatro escenarios. Uno es que Otegi y sus compañeros sean liberados en próximas semanas a la espera del fallo final del TC, que a su vez podría ser favorable a ellos o contrario (lo que derivaría en su reingreso en prisión). Otro es que se les mantenga presos y que finalmente el Constitucional deniegue el amparo y valide la sentencia del Supremo, lo que mantendría la situación actual. Y la otra opción es que se les siga reteniendo en la cárcel ahora pero que finalmente el TC revoque la sentencia y sean excarcelados entonces. Esto último es lo que ocurrió con la Mesa Nacional de EH en julio de 1998. En este caso ocurrió siete meses después de admitirse a trámite el recurso.
Ramón Sola, en GARA
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