martes, 31 de diciembre de 2019

LAWFARE CONTRA EL NUEVO GOBIERNO

Quédense con un término que va a ser clave para explicar esta legislatura: el 'lawfare' o guerra jurídica. Un neologismo inglés que viene de fusionar las palabras 'law' (ley) y 'warfare' (guerra). Esa warfare consiste en judicializar la vida política para paralizar al Gobierno. Es un intento de ganar en los tribunales lo que no se logró en las urnas. Es una quiebra de la separación de poderes, donde el poder judicial se extralimita y asume funciones que no le corresponden, con el apoyo de los poderes económicos y de los medios de comunicación.

En los casos más extremos de Lawfare –como la conspiración judicial contra Lula en Brasil– las togas sustituyen a los tanques.

Este lunes tuvimos un primer ejemplo: la amenaza de PP, Ciudadanos y Vox de denunciar ante los tribunales un supuesto delito de revelación de secretos cometido por el Gobierno por la aún más supuesta filtración a ERC del contenido del informe de la Abogacía del Estado sobre Junqueras.

Poco importa que no haya evidencia alguna de que tal cosa haya ocurrido. Poco importa también que tal informe no sea secreto alguno ni afecte a la intimidad de nadie. Poco importa que sea imposible cometer un delito con su filtración porque, cuando en teoría se produjo tal cosa, no estaba aportado al procedimiento judicial de una causa que, además, no está secreta. No hay por dónde coger ese supuesto delito pero eso no ha impedido, en otras ocasiones, que se abriera una causa penal. Da igual si luego queda en nada. Una de las premisas de la lawfare es que una imputación es, por sí misma, una pequeña condena.

¿Recuerdan el famoso caso del incendio en Guadalajara donde murieron 11 personas por un cambio inesperado en el viento? Una juez muy cercana al PP impulsó una enorme causa penal donde llegó a imputar a 15 políticos y altos cargos del PSOE en un enorme y costoso proceso penal que duró 7 años. Al final, solo hubo un condenado, el único responsable real del incendio: el excursionista que provocó el fuego con una barbacoa.

Aquel caso lo impulsó Concepción Espejel. "Querida Concha", como la llamaba María Dolores de Cospedal, que llegó a condecorarla. Espejel, pese al enorme ridículo de aquel proceso penal, hoy está en la Audiencia Nacional, promocionada por los vocales nombrados por el PP en el CGPJ.

Espejel fue apartada del caso Gürtel por sus propios compañeros por su evidente afinidad con el PP. No ha sido un problema en su carrera. Al contrario. Es muy posible que pronto llegue a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Un Tribunal Supremo, conviene recordarlo, donde todos y cada uno de los jueces llegan por nombramientos políticos de los vocales nombrados por los partidos. Y donde el PP hace décadas que se afana por colocar a sus mejores hombres.

La colonización de la cúpula de la justicia por parte de la derecha va a ser clave en esta legislatura. Y no descarten que la primera turbulencia llegue antes incluso de que se logre la investidura.

Este viernes, la Junta Electoral Central (JEC) tiene que decidir si inhabilita a Quim Torra y también a Junqueras. El PP, que ha impulsado ambas peticiones, no oculta su verdadero objetivo: hacer descarrilar la investidura. Lo confiesa de forma pública en Twitter la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo: "Si alguna de las dos peticiones del PP y Ciudadanos contra Torra y Junqueras fueran favorables, ERC tendría muy mal colaborar en la investidura". Como explicaba Elisa Beni en su artículo de este domingo, más claro imposible.

Porque si Torra es inhabilitado cuando aún no tiene una condena firme llegará un maremoto en Catalunya. Si tal cosa ocurre, tendrá que ser el president del Parlament, Roger Torrent, de ERC, quien aplique esa decisión de la JEC porque es dudoso que Torra vaya a dimitir diga lo que diga este organismo administrativo al que ya le sale gratis desobedecer –le supondría otra condena de inhabilitación, como la que ya tiene–.

La JEC, hay que recordarlo, es un organismo administrativo, no judicial, aunque esté formado en una parte por jueces del Supremo y también por representantes de los partidos –el PP tiene dos; PSOE, Ciudadanos y Podemos, uno cada uno–.

La condena de Torra, hay también que recordarlo, no es por rebelión, sedición o corrupción: es por negarse a retirar unos lazos amarillos de los edificios públicos, como pedía la propia JEC.

Para sacar a Torra del juego –y, como carambola, a Pedro Sánchez–, PP y Ciudadanos han recurrido a una ley diseñada contra ETA, uno de esos atajos legales de dudoso encaje constitucional y que durante años se toleraron en España contra el terrorismo. ¿Puede un organismo administrativo derrocar a un presidente autonómico por una condena menor antes siquiera de que se pronuncie el Tribunal Supremo y la sentencia sea firme? Puede. Cosas más increíbles hemos visto.

A la primera la derecha fracasó en su intento. La Junta Electoral de Barcelona se negó a inhabilitar a Quim Torra con argumentos bastante razonables. La diferencia este viernes es que el PP juega en casa. La actual JEC cuenta con una mayoría conservadora. Es la misma Junta Electoral Central que no vio problema alguno en la campaña de guerra sucia en redes del PP, pero a la que le pareció indignante que Pedro Sánchez usara La Moncloa para sus entrevistas de campaña –exactamente igual que hicieron todos los presidentes anteriores–.

Esta legislatura no será la primera en la que la derecha utilizará los tribunales, con todo su poder, para intentar bloquear al nuevo Gobierno. Ya pasó antes, con la guerra judicial desatada contra José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2004 y 2008, el PP presentó 26 recursos de inconstitucionalidad. Mariano Rajoy, entonces en la oposición, llevó al Tribunal Constitucional prácticamente todas las leyes que perdió en el Parlamento. Era una forma de desgastar al Gobierno, como demostró después el propio Rajoy cuando llegó al poder con mayoría absoluta y mantuvo muchas de las leyes que había recurrido ante el TC, como la del aborto o la del matrimonio igualitario.

Esa legislatura también fue la de la conspiración del 11-M, cuando el PP acusaba al PSOE de estar detrás del atentado más sangriento de la historia de España, con el apoyo de varios medios de comunicación, que se sumaron a esta infamia para desgastar al Gobierno y vender periódicos.

Son los precedentes de lo que nos espera a partir de 2020: el infierno es el límite. No habrá escrúpulo alguno para intentar tumbar al futuro gobierno a cualquier precio. El argumento –ya lo están creando– es el de presentar esta coalición y este acuerdo con ERC como una enorme traición ante la que todo vale.

Es en ese lenguaje de la traición –y no en sacar a los muertos de las cunetas– donde reside el auténtico guerracivilismo.

Pero el nuevo gobierno, hay que subrayarlo, es plenamente legal y legítimo. Porque los votos de la izquierda o de los nacionalistas valen exactamente lo mismo que los que votan a la derecha y suman más en el Parlamento. La soberanía popular está por encima de sus soflamas. Es la esencia de esa Constitución que citan a todas horas y solo les preocupa en la parte de la unidad de España.

Por eso el nuevo Gobierno hace muy mal en esconderse de la prensa en el día en que anuncia su programa. No solo porque la transparencia sea obligada para cualquier representante público. También porque se coloca a la defensiva, a pesar de contar con la razón y con los votos.

Ignacio Escolar, en eldiario.es


RIEGO, 200 AÑOS DEL GOLPE POR LA LIBERTAD

Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla, una villa enclavada en el Bajo Guadalquivir que aún hoy es tránsito obligado hacia Cádiz, amanecía, a las 8 de la mañana del 1 de enero de 1820, escribiendo la página más sobresaliente de su historia. Un episodio que es también trascendental para enmarcar la historia contemporánea en España: el pronunciamiento del general Rafael del Riego (Tuña, Asturias, 1784 – Madrid, 1823) que, alzado en armas, pretendía obligar a Fernando VII a abandonar el régimen absolutista restaurado en 1814, tras la Guerra de la Independencia, y volver a acatar la Constitución proclamada por las Cortes de Cádiz en 1812. El triunfo -aunque no inmediato- de esta revolución abrió la puerta al llamado Trienio Liberal, un periodo en el que, por primera vez en la historia, España iba a estar regida por un sistema constitucional. “Las luces de Europa no permiten ya, señor, que las naciones sean gobernadas como posesiones absolutas de los reyes (...). Resucitar la Constitución de España, he aquí su objeto: decidir que es la Nación legítimamente representada quien tiene solo el derecho de darse leyes a sí misma”, rezaba el manifiesto que, dirigido al monarca absolutista, leyó el militar en la hoy llamada plaza de la Constitución del municipio sevillano aquel primero de año del que se cumplen dos siglos.

Personaje sobre el que aún hoy no existe un consenso —“ha pasado a la historia como un personaje controvertido, héroe para unos, militar golpista para otros”, reconoce el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra—, es no obstante indudable que Riego fue el gran protagonista del que está considerado el primer golpe militar de la historia de España. Infiltrado desde el final de la Guerra de la Independencia en los movimientos clandestinos del Ejército que ejercían la oposición liberal al régimen de Fernando VII —que había abolido la Constitución del 12 “como si no hubiera ocurrido jamás”—, el general se encontraba aquel 1 de enero en las provincias limítrofes con Cádiz junto a otros 20.000 hombres. Todos ellos debían embarcar a América con el fin de sofocar las revueltas independentistas que estaban irrumpiendo en territorios del aún Imperio Español. Pero, en un giro que daría la vuelta al curso de la historia española, se salió del guion y proclamó la Constitución de Cádiz.

Las voces más críticas, entre las que se encuentra la de Manuel Moreno Alonso, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, creen que “Riego encontró un pretexto excelente, toda la parafernalia liberal del triunfo de la Constitución, para no ir a las colonias. Nunca se ha puesto de relieve, pero la causa clave es que no quería ir a América”, asegura el profesor, para quien “la labor de Riego fue desgraciada en todos los sentidos y sumió al país en el caos”. “La celebración de esta efeméride debe evitar una única visión histórica determinada", insiste Moreno Alonso. "Hay que ser críticos con las cosas disonantes que tuvo el golpe: lo hicieron dejando a un lado a los doceañistas, esto es, embistieron contra los propios liberales, y Riego obedeció, no a la voluntad popular, sino a las logias masónicas a las que se debía”. En ellas había ingresado años antes por encontrar allí uno de los resortes más poderosos en la lucha contra el absolutismo.

Por el contrario, Guerra cree que “no es posible olvidar que, más allá de las conjeturas acerca de la motivación personal que le indujo a actuar como lo hizo, Riego se subleva reclamando la Constitución liberal de 1812, se opone a la felonía del Rey absolutista y es reprimido brutalmente con un final trágico de descuartizamiento. A partir de 1812, la vida política española tomó el camino del autoritarismo hasta 1978 con la Constitución vigente, salvando el corto período de la República de 1931, que terminó también de manera autoritaria”.

A esta voz se suma la del profesor Alberto González Troyano, profesor de Literatura en las universidades de Fez (Marruecos), Cádiz y Sevilla y Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz de Ciencias Sociales en 2012. “La gesta de Riego ha repercutido de manera más que positiva en la construcción de la España liberal. Deberíamos enfocar el acontecimiento del pronunciamiento como el primer ejemplo en la historia de nuestro país de un militar que se alza en favor de la causa constitucional. Riego no es él mismo, ni sus causas particulares, sino lo que representa: recogió la voluntad colectiva y logró que, durante tres años, el liberalismo triunfara en España”, asegura.

Fernando VII tardó en reaccionar casi tres meses. Fue necesario que una gran multitud rodeara el Palacio Real de Madrid para que atendiera a las exigencias de Riego. Lo hizo con un manifiesto que incluía la histórica proclamación por la que fue apodado El felón, en relación con su deslealtad: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Así comenzaba el Trienio Liberal, un sueño breve que acabó con Riego guillotinado en la Plaza de la Cebada de Madrid por orden del propio monarca, que no había dejado de maniobrar para hacer fracasar el ensayo liberal y que se consumó con la entrada en España de los Cien Mil Hijos de San Luis comandados por el duque de Angulema. “Riego asistió solo a su final, abandonado por todo el mundo. Fue un hombre de pocas luces, un mito inconsistente construido sobre un personaje que estaba hecho con una cera que ardía mal”, insiste el profesor Moreno Alonso.

No obstante, recuerda Guerra, “no está nuestra historia contemporánea tan llena de personajes que hayan dado su vida por defender los valores democráticos constitucionales como para dejar pasar un aniversario redondo, 200 años, sin recordar al general Riego. Durante más de dos siglos en España no se alcanzó la construcción de un Estado moderno porque las fuerzas reaccionarias del momento se conjuraban para impedirlo: el trono, la espada, el altar y las grandes fortunas agrarias. El principio liberal que proclama el liberal Riego se confirma con la Constitución del 78, que se mira mucho en la del 12, con un Ejército que asume el papel que le consigna la Constitución y con un monarca —en realidad son dos— que defienden la democracia constitucional, en febrero de 1981 y en octubre de 2017 como fechas culminantes”.

Amalia Bulnes, en El País

lunes, 30 de diciembre de 2019

"EL NUEVO INFORME CONFIRMA QUE APENAS QUEDA MARGEN DE ESTABILIDAD EN YESA"

El informe encargado por el Gobierno navarro muestra ganas de presentar un nivel de seguridad en el embalse de Esa que no se puede garantizar.
Estamos en las mismas de siempre. La seguridad de Yesa siempre ha sido una promesa. Creo que llevo diciendo esto desde el año 2013. Estamos en 2019 y seguimos hablando de que vamos a conseguir una estabilidad. Esto, además, convive con el discurso de que la zona es estable pero tenemos que hacer obras para asegurar esa estabilidad. Es lo que arrastramos desde 2013, cuando se produjo lo que en muchas escuelas o facultades de Geología llaman «la catástrofe de 2013». En el nuevo informe hay un eufemismo que se ha puesto muy de moda: equilibrio estricto.

¿Qué quiere decir? 
Este concepto tiene un significado en geotecnia, especialmente en taludes que se mueven. Es sinónimo de factor de seguridad igual a uno, esto es, cuando las fuerzas que tienden a sostener una ladera son las mismas que las tienden a tumbarla. En ese caso, estamos en un equilibrio estricto. Hay artículos, muy interesantes, empezando por las propias notas de prensa del Gobierno de Navarra, que dicen que el problema está solucionado porque la ladera está en equilibrio estricto. Ha habido artículos de opinión muy beligerantes con la gente que en su momento advirtió del problema que teníamos en Yesa diciendo que aquí no pasa nada (por eso llevamos 20 años de retraso) porque está en equilibrio estricto. Este equilibrio estricto, el nuevo eufemismo, está diciendo simplemente lo que se decía hasta ahora (o al menos decíamos algunos), que el factor de seguridad sigue siendo uno, que no hay margen de seguridad. Por lo tanto, se han gastado ingentes cantidades de dinero, de medios, de obras, se ha puesto en movimiento maquinaria que no ha conseguido salir de ese equilibrio estricto.

¿Qué se propone?
Más obras para salir del equilibrio estricto. En el nuevo informe se hace mucho hincapié en que el factor de seguridad es antiguo, que es de lo que han hablado hasta ahora en todos los informes colgados en la web de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El caso es que ahora no les gusta el factor de seguridad porque no hay manera de levantarlo y lo cambian por el equilibrio estricto. Se utiliza el factor de seguridad solo cuando interesa. Hay varios apartados en los que se menciona que hay una discusión sobre qué valor tiene el factor de seguridad en una ladera que ya se ha movido. Dicen que no es muy representativo y que quizás habría que utilizar otra forma de hacer la medida. En caso de hacer ciertas obras futuras, podría ser útil el factor de seguridad, siempre que logren subirlo. Para eso sí vale. Pero para hablar de la situación actual, que es lo que se pidió por parte del Gobierno al encargar el informe, dice que no vale; no vale para la situación actual, pero sí para la futura, siempre que se pueda subir hasta 1,20 o 1,30. Ahora sabemos que estamos a uno, sin margen de seguridad. Por eso no vale y lo sustituyen por una nueva forma de medición, que es la velocidad de movimiento. Estamos aceptando que se mueve, cuando [Luis] Zarraluqui aseguró, por activa y por pasiva en 2013, que estaba ‘absolutamente parada’.

De hecho, en la nota del Gobierno se reconocía un desplazamiento de dos milímetros al mes. ¿Es preocupante?
Claro. Quiere decir que está en equilibrio estricto, que el factor de seguridad es uno, que se está moviendo. Por lo tanto, no gusta. En su momento, y en los estudios que hice, comenté que podríamos hablar de varios factores de seguridad dependiendo de la zona. La ladera de Yesa no es grande y compacta con un comportamiento unificado, sino que tiene lóbulos que se mueven, otros que duermen. De hecho, ellos hablaban de cuatro deslizamientos ahora mismo: uno a 60, otro a unos cien metros, el del Inglés y otro más. Son cuatro superpuestos. Hay deslizamientos pequeños, superficiales, que indican que se han sobrepasado los factores de seguridad locales en esa zona concreta. Si hacemos un global de todo lo que se está moviendo y lo dividimos entre el número de deslizamientos que hay da uno. Sigas el camino que sigas, acabas con el factor de seguridad uno. Por ello, proponen sustituirlo por el control de la velocidad en busca unos umbrales de seguridad, fijados entre 0,5 y 1,5 milímetros al mes. De ahí para abajo, se admite que se mueve pero se mueve poco. A partir de 1,5, saltan todas las alarmas. El problema está en cómo controlar esto. Proponen una infraestructura de control con una red de sensores por la ladera

¿En qué consiste esa red?¿Cómo funciona?
Es como cuando echas miel encima de una superficie lisa, ves que se desparrama a distintas velocidades. Si la superficie es rugosa como es el caso, peor todavía porque hay zonas en las que va muy rápido y en otras muy lento. Depende de muchas condiciones (lluvia, subidas y bajadas del embalse, de las propias actuaciones en las obras,...), va a haber zonas que en su momento se movieran que ahora estarán quietas. Pero hay otras, como en la zona alta, como adelantó el profesor Francisco Gutiérrez de la Universidad de Zaragoza, en las que hay deslizamientos. Se trata de sustituir el factor de seguridad por otro parámetro, que ahora produce mucha euforia porque permite agarrarse a un clavo ardiendo. Pero creo que va a tener un recorrido muy pequeño porque es absolutamente ilógico, acientífico completamente.

En la nota que hizo pública el Gobierno navarro se reconoce que hay que seguir invirtiendo en seguridad en una obra que está a punto de quintuplicar el presupuesto inicial debido, fundamentalmente, a este tipo de intervenciones.
Sí, va camino de quintuplicar el presupuesto y de no recuperar la seguridad. Se ha invertido mucho dinero en seguridad. Es lo que decíamos al principio, la seguridad en Yesa siempre ha sido una promesa. Desde el principio. Tengo que decir que no estoy ni a favor en contra del proyecto de Yesa. Tengo mi opinión como ciudadano, especialmente en lo que se refiere al gasto ingente de dinero público que sale de mis bolsillos y de cómo lo gestionan unas personas que solo quieren oír lo que a ellos les interesa. Como científico, tengo que decir que se está jugando con fuego. Esto me ha traído el calificativo de agorero, de apocalíptico. Me decían que era el geólogo de la plataforma opositora, como si tuviera unos intereses especiales. Simplemente, en los trabajos que me ha tocado hacer y teniendo en cuenta el trabajo de otros profesionales, realizaba un estudio sobre qué trabajos eran más lógicos. Lógicos, no ideológicos. Me encontré con que uno de los trabajos más lógicos era el de Antonio Casas, de la Universidad de Zaragoza, que sí puede estar posicionado en contra. También hay gente que está a favor y ha retocado muchos valores, como en los cálculos presentados a la CHE, que está clarísimo que han modificado los valores del nivel freático. Claro que tienen previsto hacer obras de cara al futuro. Este informe confirma, como dije, que la ladera está triturada. El otro día salía un artículo de opinión de un exconsejero de Obras Públicas en el que descalificaba a quienes hablábamos de ladera triturada con el argumento del equilibrio estricto. ¡No sabe de qué habla! El informe habla de ladera milonitizada, triturada. Hay una serie de problemas que habría que investigar. Precisamente esa trituración hace que quien tome las riendas de las fuerzas de rozamiento que tienden a sostener la ladera son los contactos entre esas partículas rotas. Como no se conoce muy bien, después de 20 años de obra, habría que invertir otra vez dinero en estudiar cuál es realmente la fuerza o el rozamiento de esas partículas y extrapolarlo a un comportamiento tensional de la ladera. Esto se tendría que haber hecho al principio de los principios, como indica toda ley.

También ha apuntado al problema del movimiento de agua en la parte alta y media de la ladera.
Se pensaba que el agua iba en la dirección perpendicular a la traza del río Aragón, que venía de Leire. Pero cuando sube y baja el embalse, hay diferentes movimientos de agua. Pero sí que hay una dirección dominante, que es la que viene de la sierra de Leire. Hay unos acuíferos que funcionan de una manera cuando están altos y de otra cuando están bajos. Eso hay que conocerlo bien y no se conoce. Por lo tanto, se propone un estudio también del movimiento del agua. Pero antes de conocerlo ya se ha dado una solución, la famosa zanja de drenaje por la zona de las urbanizaciones que recogería las aguas para evitar que se filtrase a la parte interna de una ladera triturada. Lo que pasa es que tenemos el problema de que esa zanja cortaría parte de uno de los principales planos de deslizamiento. Y eso es una barbaridad. Por eso en el nuevo informe se dice que la zanja puede estar bien pero que justo ese no es el sitio idóneo. Aparte de la zanja habría que hacer otra serie de cosas, nuevas medidas para asegurar todavía más la estabilidad. Por lo tanto, hay que meter dinero en estudiar el movimiento del agua, en hacer una zanja no sabemos dónde y en hacer otras cosas que todavía no han dicho cuáles son. Más dinero, que es lo que ha pasado en 2009, en 2011, 2013, 2017, 2018. Cuando se den cuenta de que el nuevo eufemismo del equilibrio estricto es una tomadura de pelo habrá que ver qué inventan.

Martxelo Díaz, en GARA


domingo, 29 de diciembre de 2019

ALERTA LINGÜÍSTICA EN GALICIA: LOS NIÑOS Y JÓVENES PIERDEN EL GALLEGO

La lengua gallega está atrapada en una paradoja. Tras resistir a 40 años de marginación y desprecio durante la dictadura, encara una preocupante crisis cuatro décadas después de que la democracia le abriera las puertas de la escuela y las instituciones. Los estudios sociolingüísticos alertan de que la transmisión a los niños del que aún hoy es el idioma más hablado en Galicia se está rompiendo. “La lengua necesita una alimentación diaria para sobrevivir, y lo que ha ocurrido es que los padres han dejado de hablarles en gallego a sus hijos”, opina Pilar Ponte, profesora en secundaria con casi 20 años de experiencia y premiada por sus innovadoras iniciativas para la normalización lingüística.

El informe del Consejo de Europa que alerta del retroceso que ha sufrido el idioma propio de Galicia en la última década ha confirmado los peores pronósticos, considera que la escuela es una de las causas e insta a la Xunta a enmendar su política lingüística. Entidades y organizaciones de profesores y padres habían advertido en 2010 de que el modelo escolar implantado ese año por el Gobierno autonómico del PP ponía en riesgo el mantenimiento del idioma entre los más pequeños, que ya lanzaba señales de debilitamiento. Alberto Núñez Feijóo, abandonando la senda marcada por Manuel Fraga, decidió retirar la prioridad al gallego en las aulas. Estableció que su uso fuese exactamente igual al castellano, marcó unas asignaturas concretas para cada lengua excluyendo el idioma propio de ciertas materias como las matemáticas o la física y suprimió los programas voluntarios de inmersión lingüística en Educación Infantil para niños de entornos castellanohablantes. El porcentaje de chavales que nunca habla en gallego se ha disparado 15 puntos en una década, del 29% al 44%.

“El gallego se nos está escapando entre los dedos porque no se están adoptando las políticas necesarias para mantenerlo”, esgrime Henrique Monteagudo, secretario de la Real Academia Galega, una institución que intentó sin éxito frenar la normativa de Feijóo en los tribunales. La justicia avaló la legalidad del modelo, pero el Consejo de Europa sostiene que no respeta los compromisos internacionales de España para preservar las lenguas cooficiales y en su última resolución reclama a la Xunta que lo enmiende. El Gobierno gallego ha dejado claro que no piensa hacerlo.

La Xunta presume de que las mismas estadísticas que revelan la pérdida de uso del gallego entre niños y jóvenes confirman que el porcentaje de ciudadanos capacitados para hablar y escribir en el idioma propio de la comunidad es “el más alto de la historia”. “En la franja que va de 15 a 29 años, a la que le afectó el decreto [de uso de lenguas en la escuela], el 90,16% de la población dice saber hablar gallego mucho o bastante, lo que es un dato muy bueno”, defiende la Secretaría General de Política Lingüística citando datos de este año del Instituto Galego de Estatística. “El gallego es la lengua cooficial con más uso de todas las de España”, recuerda.

“Lo que me transmiten los amigos que tienen, como yo, niños gallegohablantes es que al llegar a la escuela, en 15 días pierden su lengua”, cuenta Rute Pallarés. Ella ha escolarizado a sus hijos en un colegio público del área rural de Vigo en el que tanto las familias como el profesorado están muy comprometidos con el uso del gallego. “Todos tenemos claro que de esta forma los niños serán competentes en las dos lenguas, porque el castellano es la lengua ambiental cuando salen del colegio”, explica Pallarés, miembro de la asociación de padres del CEIP Paraixal. E incide: “Yo quiero que mis hijos sepan castellano, sería tonta si no fuera así, pero sin que pierdan el gallego; eso sería robarles riqueza y cultura”.

Xosé Soto, maestro en un colegio de Oroso (A Coruña), cree que rebajando la presencia del gallego en las aulas la Xunta cuestionó por primera vez en democracia la necesidad de proteger el idioma propio. “Se reabrieron debates en la comunidad educativa y en las familias que yo, tras 30 años en la docencia, consideraba superados", afirma. Con ambas lenguas "rodando en igualdad” pese a que el gallego está en inferioridad de condiciones, aduce, los niños se pasan al castellano porque “perciben que ese es el idioma del éxito”. “Se ha prohibido que determinadas materias como las matemáticas se den en gallego, y para las que sí se pueden impartir, los materiales de apoyo a los que podemos acceder en Internet son en castellano”, añade.

En el mundo en el que se mueven los adolescentes, el gallego brilla por su ausencia, subraya Ponte. No hay una versión en esta lengua para Whatsapp ni para Instagram. Tampoco las radiofórmulas o los videojuegos suelen usar el idioma propio de Galicia y en plataformas como Netflix solo se ha estrenado hasta ahora una serie. El Consejo de Europa ha recriminado también al Estado su escasa presencia en la Administración central y en el sistema judicial. “La exclusión del gallego en la Administración, en la justicia y en las actividades socioeconómicas es evidente. No es un problema de demanda. Es simplemente que nos niegan toda oferta que permita el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos”, sostiene Queremos Galego, la plataforma ciudadana integrada por 600 entidades que se formó para protestar contra el modelo escolar implantado por Feijóo.

Rute Pallarés apunta también a prejuicios todavía vigentes que hunden sus raíces en la dictadura. “Yo aún tengo familiares que hablan en gallego, pero cuando se dirigen a los niños lo hacen en castellano. Es algo que se arrastra del pasado, pero también influye que hoy está muy vigente eso de que tener una identidad propia es malo”, señala.

Rogelio Carballo, presidente de la confederación gallega de asociaciones de madres y padres de alumnos (Confapa), se declara gallegohablante y se dirige mayoritariamente a sus hijos en esta lengua, la que también hablan sus padres. Pero sus hijos se expresan en castellano. “A su edad yo hacía lo mismo y ahora hablo en gallego”, aduce. Aboga por “favorecer su uso por la vía del prestigio, de la utilidad y del enriquecimiento, pero no por la imposición: si el gallego tiene futuro, es porque convence, no porque se establecen obligaciones”.

Los sociolingüistas están inmersos en desentrañar las causas de esta crisis. Entre 2015 y 2016, el Consello da Cultura Galega, dependiente de la Xunta, detectó en un estudio un “escaso compromiso” de los jóvenes con el empleo del gallego pese a tener una “buena imagen” del idioma y admitir la “situación delicada” que atraviesa. “Mis abuelos siempre hablaron gallego y a mí siempre me hablaron en castellano”, contaba un adolescente de Viveiro (Lugo) en un grupo de discusión. “Pues mis padres hablan en gallego, pero, yo no sé por qué, me pasa como a ti, hablo castellano”, terciaba otro chaval. El informe, que incluía una encuesta a 800 chavales de entre 15 y 25 años, recogía una conclusión: “Cuando se les pregunta por la lengua de transmisión a su descendencia, la mayoría opta por el castellano”. Es un fenómeno para el que los entrevistados confesaron "no encontrar explicación".

Sonia Vizoso, en El País

EL CNMA Y LOS PRESUPUESTOS CONTINUISTAS

El pasado 27 de diciembre se convocó el Consejo Navarro de Medio Ambiente, para debatir y en su caso aprobar el presupuesto del Departamento del año 2020.
El presupuesto de este año es continuista, es decir deficitario. Sabido de que es de los más bajos de todas las Comunidades, no llega para cubrir todas las necesidades ambientales de la nuestra Comunidad. Esta es la razón que la que, al igual que el pasado año, no fuera aprobado dicho presupuesto por la mayoría del Consejo.
El presupuesto se manifiesta insuficiente de cara a dotar al Guarderío con los efectivos necesarios, para llevar adelante las tareas propias de control en el medio rural. En la zona de la Ribera, hasta ahora contaban con 8 personas y se ha pasado a 10, cuando las necesidades reclaman duplicar la plantilla. 
Esta falta de medios para el control ambiental, afecta directamente a la contaminación por vertidos, ya sean en industrias, granjas, o como en una empresa de Caparroso que produce biogás, cuyos residuos procedentes de la biodigestión vierte en parcelas agrícolas. 
Esos vertidos en suelo agrícola contienen metales pesados y nitratos que requerirían un seguimiento continuado por parte del Gobierno o en su caso por una empresa especializada independiente. A esta empresa de Caparroso, que debería estar cerrada por sus reiterados incumplimientos, se le han abierto numerosos expedientes sancionadores por infracciones de todo tipo, tanto por parte de Medio Ambiente como por otros organismos. Pero al margen de su funcionamiento, lo preocupante es que los vertidos contaminados esparcidos en parcelas, acaban en nuestros ríos, acuíferos y hasta en los productos que llevamos a nuestra mesa. Recordemos que van en aumento en Navarra los acuíferos contaminados por nitratos.
En el Caso de del Parque de Bertiz, la joya de la corona, ocurre lo mismo. No hay dinero suficiente para combatir la invasión de especies exóticas que colonizan el parque. Las especies laurel-cerezo, caki de Virginia, bambú, paulonia, palmera, fallopia..., año a año aumentan su expansión, representando un verdadero peligro si no se actúa en profundidad desde ya. Algo parecido está ocurriendo en la cuenca del rio Bidasoa, por lo que habría que habilitar personal y presupuesto para combatir este preocupante problema de expansión de plantas invasoras.
En Navarra tenemos 17 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 42 Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Según testimonio de un técnico del Departamento y debido a falta de presupuesto, solamente se gestionan adecuadamente dos de ellas; Bertiz y Artikutza.
¿Y que podemos decir del Cambio Climático...? Después de la celebración reciente de la Cumbre del Clima COP25 en Madrid, ha quedado meridianamente clara la urgencia de intervenir con todos los medios para intentar mitigar la Emergencia Climática. En Navarra, ¿podemos hacerlo con unos presupuestos ambientales continuistas...? Lo dudo, aunque en este caso no dependen las soluciones solamente de inversiones, sino de otras medidas que no se ponen en práctica.
Por otra parte, cada vez es mayor la legislación ambiental procedente de Europa y en cambio no aumenta en la misma proporción el personal del Departamento para su puesta en práctica.
El CNMA es un órgano consultivo de participación ciudadana, al que solamente se nos convoca por imperativo legal para la aprobación del presupuesto y algunas Leyes. Creemos que esto debería cambiar y pasar a ser un instrumento social que contribuya al necesario debate y participación ciudadana en temas ambientales. No nos resignamos a seguir siendo un florero decorativo sin contenido alguno, que se nos convoque como en el caso de los presupuestos, cuando los mismos ya han sido aprobados en el Parlamento.
Y hablando de su funcionamiento, esperábamos la presencia de la Consejera en la primera reunión del CNMA en esta legislatura, para que se presentase y nos comunicara las líneas de actuación de su Departamento en los cuatro próximos años. Es lo que hizo en su momento la Consejera saliente. 
El Medio Ambiente lo tenemos que mantener entre todos y las instituciones deberían facilitarlo dando participación a la sociedad y a sus colectivos. No es de recibo que el Parlamento apruebe recientemente en 24 horas (seguramente por presión de los fabricantes), la modificación de la Ley Foral de Residuos que permitirá el retraso de la entrada en vigor de la prohibición de la venta de elementos plásticos de un solo uso. Esto cuando la propia Ley de Residuos de Navarra, en su artículo 13, plantea que las futuras revisiones se realizarán mediante la Comisión de Seguimiento y Control con participación ciudadana.

Juan del Barrio, miembro del Consejo Navarro de Medio Ambiente

viernes, 27 de diciembre de 2019

AL SEÑOR MARTÍN ZABALZA

Hace tiempo ya que se inició esta legislatura, y con ella vinieron cambios respecto a la anterior, entre ellos actitudes distintas en relación a la política de memoria histórica y, más en concreto, en la forma de tratarnos a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Sí, víctimas del terrorismo de Estado, término éste que parece no existir en el vocabulario de la mayoría de los políticos, ni en el de ninguna institución oficial, disimulándolo con expresiones como "hechos luctuosos" o "trágicos sucesos" y, en el mejor de los casos, como "víctimas de la violencia política".

Asistimos últimamente a una serie de intervenciones y artículos en prensa en las que, personas que no han sufrido lo que nosotras, parece ser que son capaces de saber y de categorizar el dolor de unas y otras y afirmar que unas sufrieron más que otras, o de poner cifras encima de la mesa. Afortunadamente, también hay otras personas que, como sucedió en un encuentro que tuvo lugar en el Parlamento de Navarra entre un familiar de una víctima de la violencia del Estado y una víctima del atentado de Hipercor, promovido por el Foro Social, nos abre una puerta al entendimiento y a la solidaridad entre todo tipo de víctimas. Porque todas hemos sufrido, y todas lo hemos hecho de una forma injusta y cruel, aunque algunas hayan sido merecidamente reconocidas y otras todavía esperamos ese reconocimiento que también merecemos.

A día de hoy no hemos tenido ningún contacto oficial con la nueva Dirección de la oficina de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, por lo que podemos afirmar, sin ninguna duda, que cuando en comisión parlamentaria al Sr. Martín Zabalza se le preguntó por parte de la representante de EH Bildu "si había habido alguna interlocución con las víctimas sin reconocimiento" y contestó afirmativamente, estaba faltando a la verdad porque, sr. Zabalza, saludarse durante el último homenaje a Mikel Zabaltza en Orbaizeta no es tener una interlocución.

No es nuestra intención pedirle explicaciones por lo sucedido en esa comisión. Nosotras no estábamos allí. Si tiene que dar explicaciones tendrá que ser a los representantes políticos del pueblo de Navarra, si es que así se lo exigen. Lo que queremos saber es si es su intención mantener contactos con nosotras, qué política tiene intención de llevar la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos en esta legislatura con las y los familiares de la violencia del Estado, y si vamos a poder ver algo de luz en este negro túnel por el que caminamos.

Somos personas pacientes Sr. Zabalza. Algunas llevamos más de cuarenta años exigiendo verdad y justicia y continuaremos haciéndolo. El silencio institucional y las actitudes excluyentes son algo que no nos merecemos y que no aportan nada a la convivencia. Todo lo contrario, son sal en las heridas. Está en su mano revertir esta situación, mirar hacia adelante y obrar en consecuencia. Para ello contará con todo nuestro apoyo.

Firman este escrito: Txaro Arregi Marín (Hermana de Mikel Arregi Marín), Aitziber Berrueta Mañas (Hija de Angel Berrueta Legaz), Aingeru Cano Perez (Hermano de José Luis Cano Perez), Eneko Etxeberria Álvarez (Hermano de José Miguel Etxeberria Alvarez 'Naparra'), Fermín Rodriguez Saiz (Hermano de Germán Rodriguez Saiz), Begoña e Idoia Zabaltza Gárate (Hermanas de Mikel Zabaltza Gárate)

GOLPISMO DESDE LA PRENSA CONTRA UN GOBIERNO DE COALICIÓN

Que un posible acuerdo entre PSOE y Podemos, junto con una abstención de ERC, pueda permitir que haya Gobierno, es fácil que sea motivo de crítica desde los partidos de la derecha y, por supuesto, lícito. Incluso que lleguen a airear espantajos de que vienen los comunistas o que se está pactando con los que quieren romper España forma parte de la teatralidad de nuestros políticos. Algunos hasta para decir que tendremos un ministro de Hacienda etarra. El problema surge cuando determinados sectores, con el apoyo de los medios, se arrogan la autoridad para considerar ese pacto ilícito y desautorizarlo. Si un medio titula "Los empresarios se plantan y 'vetan' a Yolanda Díaz como ministra de Trabajo", les está concediendo a los empresarios el poder de "vetar" la voluntad popular, porque si fuese ministra de Trabajo no sería por otro motivo que por la decisión de unos diputados elegidos por el pueblo.
Dice el periódico que "miembros de la CEOE, según ha podido saber Vozpópuli, se niegan a que Díaz ocupe la cartera de mayor relevancia en el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias". Pero, ¿cómo es que se niegan a aceptar el ministro que acuerde el presidente elegido por los ciudadanos?
Al empresario le podrá gustar o no esa persona para ministra, como a todos los demás ciudadanos nos gusta o disgusta otra opción, pero vetarlo o no aceptarlo sí que supondría un golpe de Estado. No hace falta recordar que hace más de 80 años Franco no aceptó a Azaña como presidente de España. Si, encima, el medio acepta esas declaraciones como una opinión política más, está dando alas a posiciones contrarias a la democracia.
Pero tenemos más casos de medios que ponen por encima de la voluntad popular a otros poderes fácticos, inventados o no: lo grave es darles esa legitimidad desde un periódico. "La Seguridad del Estado teme a Podemos en La Moncloa", titula El Mundo el 18 de noviembre. Dice el periódico que "la sensibilidad de los servicios de Inteligencia se ha visto sacudida con virulencia por el anuncio de un Gobierno en el que entraría una formación como Podemos. La cercana posibilidad de que el partido de Pablo Iglesias forme parte de las estructuras gubernamentales ha despertado una profunda preocupación entre los agentes de la Seguridad y de la Inteligencia del Estado". Según señala, el problema es que "en el Consejo de Ministros se vayan a sentar representantes de una formación que incluye al Partido Comunista (...) porque, como recuerdan a este periódico fuentes tanto de los servicios secretos como de la Policía y la Guardia Civil, España forma parte de la estructura de la OTAN y tiene unos potentes acuerdos de colaboración militar firmados con EEUU, entre otros países".
Según esa tesis, está bien que el Partido Comunista se presente a las elecciones, pero solo faltaba que tuviera apoyos electorales como para acabar en el Gobierno. Pero obsérvese que no se cita ninguna fuente concreta, por tanto, es directamente el periódico el que asume la función de promover la ilicitud de que algún comunista forme parte del Gobierno en nombre, nada menos, que de la seguridad de España.
Donde sí que recoge fuentes claramente golpistas el diario El Mundo es publicando un artículo de opinión de quien fuera general y jefe del Ejército de Tierra de 2008 a 2012, Fulgencio Coll. Se titula nada menos que "Pedro Sánchez, un problema para la seguridad nacional" (El Mundo, 18 de diciembre). Y no, no es una exageración el titular: dentro señala que Sánchez, por sus negociaciones para la investidura, debe ser acusado ante la Sala Segunda del Supremo "por traición o cualquier otro delito contra la seguridad del Estado". Afirma que "los poderes del Estado" (no señala cuáles) "no deben permitir esta actuación lesiva y proceder a constatar si la conducta del candidato incurre en responsabilidad criminal. Estamos ante un problema de seguridad nacional". Un periódico publicando a un militar diciendo que el candidato más votado por los ciudadanos es un peligro para la seguridad. Lo razonable en un periódico comprometido con la democracia sería difundir que quien es un peligro para la seguridad es un militar que no acepta los resultados de la voluntad popular.
Muchos ciudadanos se indignarán, con razón, con empresarios, militares o sectores de inteligencia que no aceptan la democracia, pero quizás no habrán caído en que igual de peligrosos que ellos son los medios que les legitiman y les dan voz sin asomar la más mínima crítica.

Pascual Serrano, en eldiario.es

lunes, 23 de diciembre de 2019

RUESTA: CUANDO LOS SINDICATOS REPUEBLAN LA ESPAÑA VACÍA

El sindicato CGT acaba de recuperar en los tribunales el derecho a gestionar el monte del pueblo pirenaico de Ruesta, un núcleo deshabitado desde que el franquismo se lo llevó por delante a golpe de expropiación para construir el pantano de Yesa y que, aunque lleva décadas adscrito al municipio de Urriés (Zaragoza), fue entregado hace casi tres décadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a la central sindical para que esta lo recuperara instalando un centro de vacaciones.

La cesión de pueblos deshabitados por la construcción de pantanos a sindicatos para recuperarlos tiene otros episodios en Aragón como ocurre con Morillo de Tou y con Ligüerre de Cinca, ambos en el prepirineo oscense y donde gestionan sendos centros vacacionales CCOO y UGT desde finales de los años 80.

Estos dos últimos pueblos murieron a finales de los años 60 con la construcción de los embalses de Mediano y de El Grado, en el Cinca, que obligaron a emigrar a más de 1.200 vecinos de quince localidades, mientras las obras de Yesa expulsaron a 1.850 habitantes de Ruesta y otras nueve poblaciones, víctimas de un desarrollismo que también desplazó a otros 460 de seis poblaciones de la ribera del Gállego, a un millar y medio de ocho en el Noguera Ribagorzana, a 435 de otros dos en el Ésera, a 150 en el Guadalope, a más de 2.000 del medio centenar de pueblos del valle de La Solana junto al Ara y otros 5.000 largos en Mequinenza y Fayón, en el Ebro.

Esa desgarradora herida territorial y demográfica de la montaña aragonesa, con más de 11.000 desplazados y un centenar de pueblos condenados a muerte, la mayoría de ellos sumergidos bajo unos embalses cuyo beneficio también emigraría, en este caso al llano y a las zonas industriales en forma de regadíos y kilovatios como certeramente describe La Ronda de Boltaña (“sobrabas país, solo querían agua, montañas y electricidad”), comenzó llegada la democracia a remover conciencias y a poner sobre la mesa la urgencia de una reparación que nunca se ha terminado de completar.

Mientras tanto, sigue habiendo zonas como La Galliguera, cuyos pueblos resurgen al socaire del turismo de aventura al tiempo que conviven con la amenaza del embalse de Biscarrués.

En ese escenario, que incluye la recuperación de otras localidades como Búbal, reconstruido gracias a unas estancias de estudiantes que rondan el millar y medio anual, Griébal, cedido a los boy-scouts, o Puy de Cinca por la Uaga, el primer sindicato inscrito en la democracia, en 1977, la CHE acuerda a finales de 1988 ceder a CGT el núcleo de Ruesta y las “tierras circundantes”.

Hoy hay allí, en sendos edificios rehabilitados, dos albergues que frecuentan los peregrinos del camino de Santiago, militantes del sindicato y de organizaciones afines y turistas en general y una casa de la Cultura donde, entre otras actividades, CGT organiza sus escuelas libertarias.

También había un cámping, pero este ha tenido que cerrar como consecuencia de las obras del polémico recrecimiento del pantano de Yesa, cuyas aguas lo inundarán si un día terminan, las laderas se estabilizan y la presa resiste.

Sin embargo, la amenaza del recrecimiento de Yesa no es el único problema con el que se ha encontrado CGT en Ruesta. “Con el tiempo hemos ido viendo cómo se ha ido haciendo uso del terreno por decisiones de secretarios y de alcaldes”, explica José Manuel Muñoz, secretario general del sindicato, que anota que “tenemos problemas con la caza, con la explotación maderera y con la agricultura. Aquí cada cual ha ido haciendo negocio a su aire”.

La CHE optó en 2010 por reformar el acuerdo de cesión de 1992, que completaba otro de 1988, lo que en la práctica suponía recortar los terrenos que gestiona al sindicato en medio centenar de hectáreas y dar carta de naturaleza a la ‘okupación’ por parte de cazadores, agricultores y silvicultores. Eso dio lugar a un pleito de casi una década en el que los tribunales han acabado dando la razón a la CGT.

“Había ido retrocediendo el ámbito de la cesión un poco ‘por el alma de la abuela’, hasta que la CHE lo redujo drásticamente”, indica Paula Hormigón, la abogada que ha defendido los intereses del sindicato, que añade que “desde 1992 había habido muchos ‘cambios de cromos’. Confederación alegaba que inicialmente había entregado tierras de más, que no habían sido expropiadas, a CGT y defendió que eso había sido un error material que debía rectificar, pero el Supremo nos ha dado la razón, porque lo que hizo era una valoración jurídica, y volvemos a la situación inicial”.

La cesión incluía “el antiguo casco urbano, edificaciones, monte y choperas que circundan el poblado, y que en su día formaron parte del término municipal de Ruesta, siendo expropiados con motivo de la construcción del embalse de Yesa”, recoge la Sala Tercera del Supremo en su sentencia, en la que anota cómo en 2007 el sindicato pidió explicaciones a la CHE ante la “constancia de la cesión de parcelas agrícolas a los ayuntamientos de Sigüés, Artieda y Mianos, y que se estaba produciendo una explotación agroganadera, cinegética y maderera llevada a cabo en el ámbito de su cesión por entidades públicas y privadas ajenas” a la organización, que pretendía “evitar los posibles conflictos por la confusión en la asignación de derechos y obligaciones de las distintas entidades”.

Confederación respondió que, según la información del Catastro, “varias fincas incluidas dentro del perímetro de la cesión a CGT no fueron expropiadas” cuando se construyó el embalse, lo mismo que otras cedidas a propietarios de los cercanos pueblos de Urriès y Los Pintanos, lo que tuvo como consecuencia que “la superficie cedida ha sufrido una disminución respecto a la definida inicialmente”. Eso, a pesar de que el documento de cesión de 1992 “menciona de forma reiterada que se trata de parcelas expropiadas”.

En realidad, la CHE había retirado parcelas tanto expropiadas como no expropiadas y añadido otras que sí lo habían sido pero no figuraban en el traspaso inicial, lo que lleva al Supremo a concluir que “la determinación de las parcelas expropiadas y cedidas aparece, con carácter general, como sumamente confuso”, y a anular la corrección de 2010, con lo que el pueblo vuelve a la situación de 1992.

“Estamos abiertos a hablar, y la sentencia sienta las bases para que podamos hacerlo”, indica Muñoz, que apunta que el sindicato tiene “no tiene interés en las tierras pero sí en el núcleo de Ruesta. Queremos ordenar los usos y saber quién explota la caza, la madera y los campos. Ahora es un descontrol, un desbarajuste”.Y, en este sentido, el sindicalista señala los tres puntos clave para cerrar un acuerdo sobre el aprovechamiento del monte: un nuevo cámping, rehabilitar el edificio de la iglesia, cuya bóveda está hundida, para ubicar en ella una sala de conferencias y transformar en un hostal la casa de Lacadena o El Chocolatero.

Eduardo Bayona, en Público

domingo, 22 de diciembre de 2019

EL GOBIERNO DE UPN-PP TAMBIÉN NEGOCIÓ CON HB LOS PRESUPUESTOS

Han pasado ya 25 años. Todo un mundo en política. Pero algunas cosas no son tan diferentes. Un Gobierno en minoría está obligado a buscar apoyos en el Parlamento, sobre todo cuando acaba de llegar al Palacio de Navarra y arranca la legislatura. Le ha pasado ahora al Gobierno de coalición de María Chivite. Y le pasó también al de UPN en los primeros años de la década de los 90. Porque, sí, el Gobierno de UPN, que entonces compartía sigla con el PP, también negoció los presupuestos de la Comunidad Foral con la izquierda abertzale, entonces bajo la marca histórica de Herri Batasuna,

De hecho, se citaron en varias reuniones en el Palacio de Navarra para analizar un posible acuerdo parlamentario. Allí acudieron el presidente, Juan Cruz Alli, y el entonces vicepresidente, Miguel Sanz, que aparece sonriente y distendido en las imágenes que retrataron aquellos encuentros en la sede del Ejecutivo foral. Más o menos como ahora, pero sin que el resto de partidos dedicara a aquellas reuniones palabras tan gruesas como las que la derecha ha dirigido al Gobierno de Navarra en las últimas semanas. Y que se han hecho extensibles también al PSOE tras la reunión que esta semana ha mantenido con EH Bildu en el Congreso dentro de la ronda de contactos postelectoral.

Más allá de las diferencias políticas de aquel momento, los representantes de UPN y de Herri Batasuna mantenían una relación normalizada en los años posteriores a 1990. ETA seguía presente (con una media de 20 asesinatos por año), pero su actividad armada había descendido en Navarra facilitando cauces de diálogo. Y al contrario que en legislaturas anteriores, HB había apostado por una participación activa en las instituciones.

Los regionalistas por su parte habían llegado por primera vez al Gobierno en Navarra en 1991, gracias precisamente a que HB y el PSN no lograron cerrar un acuerdo de investidura para mantener a Gabriel Urralburu al frente del Ejecutivo autonómico. La coalición abertzale decidió abstenerse en la sesión de investidura, lo que facilitó la presidencia a Juan Cruz Alli, líder del sector renovador de UPN, que llegó acompañado en la vicepresidencia por un joven político corellano: Miguel Sanz. UPN fue primera fuerza en aquellas elecciones gracias a una coalición con el PP.

Lo había hecho sin embargo en minoría y sin experiencia previa en el Gobierno. El PSN seguía ejerciendo como alternativa en Navarra y el PSOE mantenía firme el Gobierno de España. Había riesgo de fracasar en la aventura, y los presupuestos eran importantes para consolidar el proyecto regionalista. No hubo mayor problema en 1992 porque el PSN optó por facilitar la gobernabilidad tras las elecciones. Pero la cosa se complicó un año después. PSN, EA e IU habían anunciado enmiendas a la totalidad, -para facilitar el acuerdo con UPN los socialistas pedían cambiar el sistema de elección del presidente para que no favoreciera a la lista más votada-, así que solo el voto de Herri Batasuna podría salvar aquellos presupuestos.

Lo asumió el Gobierno de UPN, que decidió abrir una negociación con los abertzales que se concretó en un encuentro con toda formalidad en el Palacio de Navarra, sede del Ejecutivo Foral, y con la presencia de presidente y vicepresidente. Así lo queda constancia en la hemeroteca de aquellos días, y que hoy los regionalistas parece tener olvidada. "UPN jamás negoció con Bildu ni con sus franquicias", denuncia ahora el propio Sanz. "Que una presidenta se siente con Bildu en el Gobierno de Navarra no había ocurrido antes", apunta Javier Esparza. Pero ambos se equivocan.

Hubo una negociación, formal y oficial, entre Gobierno y HB en el Palacio de Navarra. Fue el 23 de febrero de 1993. Un encuentro que el propio Ejecutivo de Alli negó que se fuera a producir, pero que finalmente tuvo lugar con presencia de los medios de comunicación. Y en el que Miguel Sanz se mostró, según relatan las informaciones de aquellas fechas, especialmente interesado en el acuerdo. El entonces vicepresidente era también consejero de Administración Local, y la financiación de los ayuntamientos podía ser un punto de acuerdo entre ambas partes. Gobierno y HB volverían a reunirse después en víspera del pleno que debía debatir las enmiendas a la totalidad, también de forma pública y oficial. No hubo acuerdo, y PSN, HB, IU y EA acabaron tumbando el presupuesto.

El diálogo sin embargo se mantuvo las semanas siguientes, en las que el Gobierno de UPN trató de salvar las cuentas para buscar su estabilidad. "Miguel Sanz, partidario del acuerdo con HB", recoge una de las crónicas, en las que se relata cómo el vicepresidente defendió en una reunión del grupo parlamentario el acuerdo con los abertzales. Sanz proponía utilizar los 2.500 millones de pesetas (15 millones de euros) que iban a ser destinados al pago de deuda a financiar "un plan de choque contra el desempleo", que era una de las reclamaciones centrales de HB. Según Sanz, no había que tener miedo a las críticas por el diálogo con la izquierda abertzale después de que el PSN hubiera "levantado la veda" tras apoyar el veto de los abertzales a los presupuestos. El Gobierno de UPN-PP también mantuvo algún encuentro más en el Palacio de Navarra los años siguientes.

Finalmente, UPN acabó optando por buscar el acuerdo presupuestario con el PSN, que terminaría consolidándose en una cohabitación de perspectiva histórica. A cambio, los regionalistas accedían a suprimir el procedimiento automático para elegir al presidente, que daba el Gobierno a la lista más votado cuando no hubiera mayoría absoluta, lo que había permitido arrebatarle la presidencia al PSN. El cambio no se haría efectivo hasta 2001, pero se sentaban las bases de una alianza que, salvo el breve tripartito de Otano (95-96) gobernaría Navarra durante más de 20 años.

Ibai Fernández, en Diario de Noticias

SALVAR LA UNIDAD DE ESPAÑA, MÁS ALLÁ DE LA LEY

Desde que hace unos años las instituciones autonómicas catalanas emprendieron el camino del soberanismo en lo que se conoce como el Procés, los poderes centrales del Estado optaron por la respuesta judicial. En vez de abrir ningún tipo de negociación política se prefirió desde el principio que fuera el Tribunal Constitucional el que prohibiera no ya la realización de un referéndum consultivo sino incluso que en el Parlament se pudiera hablar, incluso sin efectos jurídicos, nada relacionado con la eventual autodeterminación de Cataluña. El cerrojazo judicial llevó a unas decisiones muy discutibles por parte de los líderes independentistas que hicieron que el Procés se fuera radicalizando hasta salirse definitivamente de la senda legal y constitucional. Ahora es el Tribunal Supremo el que ha venido a enjuiciar los hechos de hace dos años. No hay ninguna duda de que con la organización del referéndum inconstitucional del uno de octubre se cometió un delito de desobediencia. Lo reconocieron los propios encausados. Lo sorprendente ha sido que el Alto Tribunal va mucho más allá.

La sentencia está especialmente trabajada en la primera mitad que dedica a intentar despejar dudas sobre la vulneración de numerosos derechos fundamentales. Como ha sido dictada en primera y única instancia por el Tribunal Supremo, ningún otro tribunal va a poder revisar la decisión relativa a la culpabilidad o inocencia de los acusados. Sin embargo, sí que es previsible la intervención tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  Estos tribunales han de limitarse a verificar si en el proceso judicial se han lesionado derechos fundamentales de los acusados. Así, el empeño del Supremo en argumentar sobre el respeto a los derechos no obedece seguramente tanto a la preocupación de sus siete magistrados por mantenerse en el estricto marco de la Constitución como al temor a una posible revocación. Argumentan especialmente sobre las cuestiones que podrían llevar a una condena europea, porque a estas alturas no queda ni un alma cándida en España que imagine siquiera la posibilidad de que el Tribunal Constitucional corrija algún detalle de lo dicho por el Supremo.

Frente a ello, los capítulos de la sentencia en los que se aborda el meollo de la decisión están llamados a dejar insatisfecho a cualquier jurista mínimamente exigente. Los argumentos para explicar por qué cometieron los delitos de sedición y malversación son endebles. Quizás porque el supremo sabe que en este punto nadie podrá corregirlo.

Comienza este apartado descartando que se haya incurrido en un delito de rebelión. Y lo hace con evidente desgana. Sustentar la condena en una rebelión negada de manera masiva por la doctrina jurídica española debilitaría la autoridad moral del fallo. Al mismo tiempo parece que el Tribunal  quiere contentar especialmente a ese público unionista convencido de que el Procés fue un golpe de Estado. Por eso, como el mejor de los trileros, se inventa el argumento de que hubo violencia pero que no fue rebelión porque los líderes del Procés eran tan chapuceros que con violencia y todo no tenían fuerza ni determinación suficiente para doblegar al Estado. Los absuelve de rebelión por inútiles y mentirosos: ni valen para rebeldes, ni querían realmente la independencia. Pocas veces se ha visto una absolución construida tan desde el desprecio y la humillación política de las personas absueltas.

Sin embargo, esa pirueta sitúa a los jueces ante el abismo. Si no hubo rebelión y todo el Procés fue un farol o una simple algarada, resulta complicado justificar una condena tan dura como exigían desde el primer día los poderes fácticos españoles. Ahí es donde la sedición sale al rescate. Se trata de un delito definido de modo ambiguo, pero castigado con una pena severa. La lógica nos dice un castigo tan duro no puede aplicarse a cualquier acto masivo destinado a impedir la aplicación de las leyes o que las autoridades ejerzan sus funciones. La clave no está en la finalidad, sino en la acción castigada: un alzamiento tumultuario. En buena lógica un alzamiento significa un levantamiento masivo de la población: un movimiento que aspire a la subversión definitiva del orden jurídico vigente. Sin embargo, en la línea de menospreciar el Procés, nuestro Tribunal rebaja los requisitos; pasa por alto la idea de alzamiento y define la rebelión en base a la mera intención tumultuaria de inaplicar las leyes. Es, tal y como aparece en la sentencia, una desobediencia o resistencia a la autoridad (delitos castigados con una pena ínfima) que se organiza mediante una pluralidad de actos concertados. No bastaría desobedecer un día a la policía o protestar una vez por un registro, es necesario que se haga de manera coordinada en distintos momentos y lugares con el fin último de conseguir que no se apliquen las leyes. Está definiendo, sin decirlo, la estructura de cualquier movimiento popular de desobediencia civil.

Así, la controvertida decisión, viene a establecer mediante la interpretación creativa un nuevo delito, nunca antes aplicado así, que persigue con extrema dureza los movimientos de desobediencia civil. A partir de ahora el ciudadano que en una manifestación desobedece la órdenes policiales de irse a su casa, o el que impide la entrada a un domicilio de la comisión judicial que viene a desahuciar a sus ocupantes, estarán cometiendo a lo sumo un delito de desobediencia o resistencia. Castigados sin penas de cárcel. Pero si hace eso mismo en el marco de un movimiento organizado que aspira a presionar a las autoridades para cambiar alguna ley o promueve la desobediencia contra ellas estará incurriendo en delito de sedición y podrá acabar entre cinco y quince años en la cárcel.

Es cierto que el Tribunal Supremo pone especial énfasis en el castigo a los que organizan o convocan la desobediencia masiva, pero eso no es sino una estrategia utilitarista: en este tipo de movimientos no es eficaz encarcelar a miles o millones de activistas, sólo se reprime a los líderes.

Con todo lo dicho, es evidente que la sentencia plantea muchos problemas. Problemas jurídicos, pero también políticos. No se trata sólo de la pena impuesta, aunque no sea éste un asunto baladí: a los líderes de dos organizaciones sociales que se limitaron a convocar manifestantes para protestar por un registro judicial y a llamar a resistirse pacíficamente a que la policía retirara los efectos de una consulta popular los castiga con nueve años de prisión. Junto a ellos, a la Presidenta del Parlamento catalán la condena a once años y medio sin que por mucho que uno relea la decisión sea capaz de encontrar una explicación razonable para ello. Uno se queda con la impresión de que la sentencia se construye para justificar unas penas que cumplieran determinada función política, demostrando la dureza del estado, y no al revés. Pero eso tiene que ver con la función política de la decisión y con su efecto desalentador del ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión.

Desde el punto de vista jurídico lo más llamativo es la disociación entre la ley y la voluntad democrática reflejada en el Parlamento español. Dice la Constitución española que la ley es la expresión de la voluntad popular. Ello se concreta en que son las Cortes las únicas legitimadas, en virtud de su legitimación democrática popular para establecer por mayoría absoluta los delitos y las penas. Cuando el legislador español redacta y aprueba la descripción de la conducta castigada como rebelión, atribuyéndole una pena determinada, no busca la criminalización de los movimientos de desobediencia civil pacífica. En ningún momento el órgano legítimo para ello ha establecido que los líderes de un movimiento civil organizado que busca la inaplicación de determinadas leyes mediante la desobediencia masiva a las mismas puedan ser encarcelados en torno a una decena de años.

Es el Tribunal Supremo el que reinterpreta el precepto de la sedición con la finalidad específica de poder castigar a los líderes independentistas. Al hacerlo introduce una nueva norma penal en el ordenamiento y proscribe movimientos políticos que hasta el momento eran merecedores de penas ligeras y sanciones esencialmente económicas. Ha cambiado la ley, sin que intervenga el Parlamento y eso, hay que decirlo ya, es una quiebra del Estado de Derecho.

El Estado de Derecho se basa en el imperio de la ley, no en el imperio de los jueces. Si el poder judicial no consigue autolimitarse y restringir su competencia sin invadir la del resto de poderes del Estado, toda la estructura democrática corre el riesgo de convertirse en una mera forma vacía. Difícilmente puede exigir legítimamente a la ciudadanía respeto a sus decisiones un poder judicial que se extralimita y manipula las normas jurídicas a su antojo con objetivos propios.

Dicho esto, la amenaza a nuestro Estado de Derecho por parte de un Tribunal Supremo que asume funciones que no le corresponden sólo tiene remedio desde la estricta observancia por el resto de actores, incluida la ciudadanía, de las mismas normas marco que ellos vulneran. Fuera del Estado de Derecho sólo hay violencia y miseria. Aunque la sentencia abra una grieta en la distribución constitucional de poderes nuestra obligación ahora es volver a cerrarla y revertir la situación. El objetivo esencial de la política española en este momento no debe ser sólo resolver el conflicto en Cataluña, sino evitar que los jueces asuman un papel que no es el suyo.

Joaquín Urías, en ara.cat

viernes, 20 de diciembre de 2019

"HIERBA DE BRUJAS": UNA HISTORIA DE UNA ÉPOCA CONVULSA, EN LA QUE SE ENTREMEZCLAN POLÍTICA Y RELIGIÓN"

La caza de brujas en Euskal Herria fue mucho más que Zugarramurdi y Pierre de Lancre. Toti Martínez de Lezea recrea en su nueva novela, Hierba de Brujas, en castellano, Sorgin Belarra, en euskera, un episodio tan cruento como desconocido. En tan dramáticas circunstancias teje los hilos de sus vidas una variopinta saga de personajes.

En Hierba de Brujas vuelve al siglo XVI, a uno de sus episodios más traumáticos, la caza de brujas. Sin embargo, son hechos poco conocidos, que no han alcanzado la notoriedad de los de Zugarramurdi en 1610. ¿Por qué ha elegido ese capítulo de nuestro pasado?
Precisamente por eso, porque es poco conocido. Para hacernos una idea, en Logroño juzgaron a medio centenar de vecinos y vecinas de Zugarramurdi, ejecutando en la hoguera a once de ellos. Noventa años antes, 1525-1527, en los valles de Erronkari, Zaraitzu, Aezkoa y Erro, asesinaron a entre cien y doscientas personas en la hoguera y en la horca. Los historiadores no se ponen de acuerdo, pero no hubo pueblo ni aldea que no sufriera la acción de los jueces civiles enviados por el Consejo Real de Navarra, ya entonces bajo la Corona de Castilla.

En la novela son varias las voces que interpretan la caza de brujas como una forma de disciplinar a comunidades rebeldes. ¿Comparte esa visión?
Por supuesto. Barandiaran, Caro Baroja, Lacarra y algunos otros señalan este hecho, aunque hipotéticamente, puesto que no existe documentación que avale que la caza de brujas fuera un medio de represión, muy efectivo, por cierto. Una prueba podría ser el hecho de que el licenciado Pedro de Balanza, uno de los seis consejeros reales, juez y oidor de Navarra, fuera a Iparralde en 1521 al mando de un ejército y cuatro años después acudiera a los valles a… ¿cazar brujas? Es ridículo, y más en aquellas zonas, claramente agramontesas, contrarias a la ocupación extranjera.

Esa represión también se aplica, caso del personaje de Milia, como vía para socavar una serie de prácticas, saberes y oficios transmitidos de generación en generación entre mujeres…
Digamos que aprovecharon para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, acabar con los focos de resistencia al nuevo gobierno y por otro, con los remanentes “paganos” que persistían en la zona, mantenidos y transmitidos por las mujeres, y de paso también con la lengua y las tradiciones, incomprensibles para los nuevos ocupantes.

Aparte de los hechos históricos, ¿qué plantea Hierba de Brujas?
Una novela es ante todo una narración sobre unos personajes, sus ideas, sus modos de vida, ambiciones, miedos… El hecho de situarlos en una época concreta, es solo el escenario de la trama. En Hierba de Brujas los lectores encontrarán, entre otros, a una joven, Loredi, condenada desde su nacimiento por ser la séptima de siete hijas; a su padre, Balendin, dispuesto a todo con tal de salvarla de los infundios; al juez Balanza, hombre chaquetero donde los haya con tal de medrar y enriquecerse; a Avellaneda, obsesionado con el sexo y la caza de brujos inexistentes. Es una historia que transcurre en una época convulsa donde política y religión se entremezclan, y en la que sus protagonistas se debaten entre el bien, el mal y la supervivencia.

Tomás Zaballa, en postdata.elkar.eus

jueves, 19 de diciembre de 2019

MARIO FABO, ALCALDE DE MARCILLA, APUESTA POR CONSTRUIR UNA VARIANTE

Mario Fabo Calero revalidó la alcaldía de Marcilla en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo y, de esta forma, puede continuar su programa para culminar los proyectos que se comprometió a realizar ante sus vecinos. Así lo pone de manifiesto en esta entrevista en la que hace balance de la gestión que está realizando al frente del consistorio ribero.

¿Qué ha sido lo mejor del 2019 para su localidad?
Yo creo que lo mejor del 2019 ha sido la ampliación de EXKAL, un proyecto que va a generar muchos puestos de trabajo y, por consiguiente, mucha actividad económica de distinta índole. Desde el comercio hasta la vivienda.

¿Y lo peor?
Lo peor creo que ha sido el resultado que ha salido de analizar el estado de las infraestructuras de nuestras calles, tenemos una red de abastecimiento y saneamiento obsoleta, con materiales, a día de hoy prohibidos, donde se cruzan infraestructuras eléctricas, de gas y de agua sin una planificación previa, lo que nos está generando muchos problemas, tanto en el funcionamiento diario como a la hora de arreglarlas. La pena también ha sido el problema que hemos tenido con la empresa adjudicataria de las obras, una empresa que no ha respondido a las expectativas y estamos teniendo muchos problemas con ella.

La legislatura acaba de comenzar, ¿Qué proyectos quiere ver cumplidos a partir de 2020?
Hay muchos, se ha incrementado notablemente el tráfico por la travesía, por lo que pensamos que es indispensable iniciar los trámites para la construcción de una variante, el depósito de agua se ha quedado pequeño por lo que tiene mucha recirculación de agua y es complicado tratarla, son dos proyectos que ya hemos trasladado al Consejero de Cohesión Territorial para que los analice, junto con la construcción de una pasarela peatonal y para bicicletas que cruce el río Aragón.

¿Y cuál quiere que sea su proyecto Estrella?
Yo no soy de proyectos estrellas, me centro más en esos pequeños proyectos para intentar mejorar la calidad de vida de los vecinos y que la suma de todos esos pequeños proyectos sean una gran mejora.

¿Cuál es su modelo sobre la financiación y gestión local?
A la vista están los resultados, cogimos el ayuntamiento con 900.000 euros de remanente y 1.100.000 euros de deuda y, al finalizar la legislatura pasada, cerramos con 1.800.000 euros de remanente y 450.000 euros de deuda. Esto, conjugado con que no dejamos de invertir, habla por si solo del modelo de financiación y gestión local.

¿Qué necesidades tiene su municipio en materia urbanística y qué pasos va a dar?
La implantación y ampliación de empresas en Marcilla, está generando un déficit de vivienda, llevamos tiempo hablando con interesados en construir vivienda en Marcilla en suelo público y en breves fechas habrá noticias.

¿Qué tiene de atractiva su localidad para que las empresas inviertan y generen empleo?
Por un lado la situación estratégica, muy bien comunicada con Pamplona, Tudela o Zaragoza. Por otro lado, el acompañamiento que hacemos a las empresas que se instalan en Marcilla, que creo que es muy valorado por las empresas.

Educación y Cultura, dos carteras importantes, ¿Qué tal responden sus vecinos a la acción municipal?
Bueno, yo creo que Marcilla es un referente en la zona a nivel cultural, tenemos muchas actividades culturales y, además de gran calidad. Va a ser todo un reto mantener el listón que nos dejó el anterior concejal de cultura

El sector agrícola en general no termina de despegar, ¿De qué forma se ayuda a los agricultores desde su Ayuntamiento?
Para este año 2020, vamos a eliminar la Tasa de Rodaje que se aplicaba a todos los vehículos agrícolas hasta ahora y estamos invirtiendo cada vez más en mantener los caminos y el comunal del ayuntamiento.

¿Qué importancia concede usted al turismo y, en este sentido, que estrategias le gustaría desarrollar para impulsarlo en su localidad a partir de 2020?
Llevamos tiempo trabajando conjuntamente con Peralta, Falces y Funes, ahora hemos extendido esta colaboración a otros municipios para potenciar el Camino de la Vera Cruz, uno de los caminos santos que pasa por nuestro municipio. También somos socios fundadores de la Red Explora
Tomar medidas contra el cambio climático es una labor de todos, ¿hasta qué punto le preocupa el tema y qué iniciativas municipales le gustaría desarrollar con el nuevo año?
Evidentemente es un tema que preocupa, ya estamos trabajando en ello renovando el alumbrado público para pasar a tecnología led así como todo el alumbrado del complejo deportivo.

La Voz de la Ribera

HOSTO-HAIZAGAILUA ETA INGURUMEN POLITIKA

Haizea botaz belar-sailak, bide-ertzak eta inguruak hostoz garbitzeko erabiltzen den makina motorduna, bizkarrean eramaten ohi dutena eta gasolinaz edo argindarraz funtzionatzen duena. Ze gogaikarriak diren!Baina hor dago Txerrenaren makina, garapenaren ikur. Garapena? 
Lan gogorra kentzeko omen dago asmatua ditxosozko trastea, baina kaltegarria da oso. Lehenengo, zaratatsua delako, kalte egiten die animaliei edo paseatzaileei, bai eta erabiltzen duten horiei, nahiz eta segurtasun kaskoak eraman. Bigarrenik, pisutsua ere bada, 7 edo 10 kilokoa, luze erabiliz gero, txarra bizkarrerako. Eta azkenik, erabat kutsakorra da, batez ere erabiltzen dutena gasolinazkoa baita. Traste zaharra bada, anitzez kutsakorragoa, eta, horietarik dexentebadira, ziurrenik 85 dezibelioen inguruan soinu gogaikarri hori sortzen dutenak. Munduko Osasun Erakundearen iritziz, zarata hori saihestu behar da eta,beste batzuen iritziz,baxuagokoa ere bai. Nerbioetan ere eragiten omen du zarata horrek, antsietate prozesuen kalterako.

Erosotasunaren izenean, zenbat aparailu eta zenbat katxarro. Erosoa al da?. Erosoa izan daiteke, bai, izan daiteke. Horrek gogora ekartzen dit egunotan wasap bidezjasotako istorioa. Nola supermerkatuko kutxazain batek aurpegiratu omen zion atso bati bere belaunaldikoei ez zitzaiela axola ingurumena zaintzea ondorengoei begira, atsoak plastikozko poltsak hartzen zituelarik ikusita. Atsoak erantzun omen zion halako gisan: garai hartan esne, freskagarri eta garagardo botilak dendara itzultzen genituen, dendak fabrikara eramaten zituelako garbitzera, esterilizatzera eta betetzera, behin eta berriro erabiltzen ahal zirelarik. Eta ildo beretik jarraitu omen zuen atsoak: paper birziklatuzko poltsaz, oinez leku batetik bestera ibiltzeaz (eta ez auto sakratuaz), pixoihalak garbitzeaz eta abar eta abar arituz; lehen, “ingurumen kontua” existitzen ez denean, askoz ohikoa baitzen natura zeharka zaintzea orain baino. Eta begiratuko bagenio kontuari? Zenbat diru xahutzen du demoniozko hosto-haizagailu horrek?. Zarrea eta isatsa egokiro erabiltzea ez al zen anitzez osasuntsuagoa izanen?. Gainera, lanpostu gehiago sortuko ziren, azken finean, halako makinek milaka lanpostu deuseztatu dituzte eta atsedenaldiak egokiro hartuz gero, gorputza mugiarazteko balio dezakete eskuzko tresna horiek,osasunaren mesederako. 

Baina, gizakia animalia tematia da. Euritakoa astindu beharrean, poltsaratzeko makinan hura sartu eta plastikozko poltsa eder batean bildu behar du garapenaren izenean…

Gazteek bere kezka agertu dute etorkizuna gogoan. Ongi litzateke zaharrek ildo beretik munduari zerbait irakastea ea tartean dauden helduek antzematen duten. Batez ere boterea duten horiek, ze, azken finean, kontua politikoa da: gobernuek badituzte bere lantoki eta egoitzetan ingurumena zaintzeko arauak konpliturik? Zaborrontzi egokiak liburutegi publikoetan?. Ingurumen saileko departamenduetan?. Lorezaintzako tresneria gordetzen duten biltegian?. Auskalo median.Nire amak esaten zuen: Batak besteak egin behar duela, besteak hark egin behar duela, etxea garbitzeke, edo, batak ez jakinez, besteak ezinez, egitekoakdoaz gaizki eginez.Bi etxetako zakurra, goseak hil.

BitorAbarzuza Fontellas

"EL CAPITALISMO ESTÁ CONVIRTIENDO AL MONTAÑISMO EN UNA CORREA DE TRANSMISIÓN DE SUS VALORES"

Hoy a las 20 horas se presenta en la Casa del Libro de Gijón el ensayo de Pablo Batalla Cueto (Gijón, 1987), La virtud en la montaña. Vindicación de un alpinismo lento, ilustrado y anticapitalista (Ediciones Trea). Una obra en la que se busca recobrar la idea de la montaña como un medio para el autoconocimiento y la reflexión, alejado de la competición y la mercantilización a las que nos ha acostumbrado la sociedad moderna.

-¿Cómo surge la idea de escribir «La virtud en la montaña»?
La semilla fue una constatación que yo fui adquiriendo en vista de lo que estaba sucediendo en mi entorno, que era que los clubes de montaña estaban decayendo completamente, con cada vez menos integrantes, miembros más mayores, más dificultades para garantizar el relevo generacional y, sin embargo, al mismo tiempo había un mundo de carreras de montaña, ultramaratones, trails que estaban en un auge tremendo, doblando inscripciones cada año, dejando gente fuera, teniendo que organizar sorteos para organizar plazas entre un número gigantesco de personas que querían participar… yo veía eso como un cambio de paradigma, no solo del montañismo, sino también relacionado con uno más general, social. -

¿Qué tipo de cambio es ese?
La crisis de lo colectivo, de cualquier idea de colectividad, fraternidad y su sustitución por formas de subjetivarse y comportarse que tienen que ver con el capitalismo neoliberal y este individualismo competitivo que nos hacen practicar en todos los órdenes de la vida.

-¿Se está convirtiendo el montañismo en un negocio y una competición, perdiendo su esencia de disfrute y observación?
En gran parte sí. El capitalismo coloniza todos los órdenes de la vida y la sociedad. También lo está haciendo, para convertirlo en un negocio, con el montañismo. Las carreras de montaña las utilizan desde las compañías hidroeléctricas hasta los fabricantes de material de montaña para publicitarse. Pero más que en un negocio, que también, el capitalismo está convirtiendo el montañismo, a través de estas maneras de practicarlo en una correa de transmisión de sus valores, tales como el individualismo, la competición y el consumo.

-¿A qué se refieren esos términos «lento», «ilustrado» y «anticapitalista» asociados a la montaña que se plantean en la obra?
-Lo de lento viene de que una de las características de estos tiempos que corren es una aceleración brutal de todo. Se quiere que seamos cada vez más apresurados, veloces y eficientes en todo lo que hacemos, algo que se traslada también al montañismo. Subir y bajar una montaña en el menor tiempo posible. Frente a eso yo reivindico un montañismo que tiene detrás una tradición larguísima de dos siglos y medio y que buscaba justamente lo contrario, frente a la vorágine de la vida cotidiana buscar en el montañismo un espacio para sentirte relajado, caminar tranquilamente, reflexionar, gozar de las posibilidades estéticas que el montañismo ofrece, de la comida... 

-¿De la comida?
-Si. Hay todo un mundo de comida rápida que se traslada también al montañismo. Geles, pastillas, gominolas ultraproteicas que te dan un aporte inmediato de nutrientes, pero que no disfrutas, como antes sí hacías cuando estabas en una cumbre y comías tranquilamente tu tortilla o los filetes que hubieras llevado.-

¿Y cómo se conceptualiza ese montañismo «ilustrado» y «anticapitalista»?
-Ilustrado porque yo reivindico ese montañismo que conozca la tradición de dos siglos y medio de personas que buscaron en el monte un lugar para el aprendizaje, la reflexión e incluso la adquisición de una conciencia política. Pongo como ejemplo a John Ruskin, el gran crítico de arte de la era Victoriana, que era un hombre con una cultura amplísima. Le gustaban mucho los Alpes y allí le llamó la atención, como consignó en sus escritos, la miseria de los campesinos suizos, mal alimentados y afectados de bocio. Él era un humanista, socialista y cristiano que plasmó esa situación en sus escritos. Cuando uno camina tranquilamente y atento a todo lo que hay en la montaña no pierde de vista nada de lo que hay en ella. Cuando uno va corriendo solamente se fija en la letanía del objetivo, de la meta y no repara en nada más. Lo de anticapitalista es por lo que mencionábamos anteriormente, porque los valores del capitalismo son perversos, están acabando con el mundo y también con el montañismo. Yo reivindico que luchen contra estos valores en lugar de asimilarlos. -

¿Qué encontrará en el libro el lector?
-Fundamentalmente el ir por la montaña y por la vida en general con los ojos abiertos y sin prisa. Yo también hablo de como el mundo contemporáneo nos está haciendo perder la atención, el cuidado y el hacer las cosas con cariño y paciencia. El mensaje es luchar por un montañismo distinto, pero también por una forma de vivir distinta en nuestra sociedad, que recupere la fraternidad, el cuidado, el valor de las humanidades, del aprendizaje, que lea, que busque y mire. Una vida sin prisas, para uno mismo y para los demás. -

¿Cómo se inició en este mundo?
-Me inició mi padre, que era muy aficionado. Ahora va menos de monte, pero siempre le gustó llevarme desde que yo tenía cinco años a las excursiones que él hacía. Además, después fui a un colegio público en el que tuve uno de esos profesores que ya no existen, porque ya nadie quiere adquirir ese compromiso y responsabilidad. Ese maestro nos llevaba muchísimo de monte, de acampada, nos ponía a escalar… además organizaba las excursiones de manera muy amena, ya que él hacía el recorrido que iba a desarrollar con nosotros una semana antes e iba dejando mensajes en botecitos de carrete fotográfico, y cuando nosotros veíamos una señal, una cruz, sabíamos que teníamos que ponernos a buscar. Cuando encontrábamos ese carrete era una alegría inmensa, porque además el mensaje que contenía siempre era algo interesante, un acertijo o una información útil sobre lo que estábamos viendo. Ese es el montañismo de pararse, ver y reflexionar que yo reivindico.

-¿Qué recomienda a alguien que quiera iniciarse en el mundo de la montaña?
-Recomiendo mucho esos clubes de montaña que están en crisis, pero que todavía existen. Para mí es la forma ideal de acercarse a la montaña, por las excursiones que te permiten hacer a sitios que tu no conocerías si no fuera por ellos, además de por la oportunidad de aprendizaje colectivo que te proporciona. Yo los grupos a los que pertenecí me permitían caminar y relacionarme con gente con la que no lo harías de otro modo. Hace veinte años yo estaba por el camino hablando con una persona de 70 que te iba contando sobre las plantas y las flores que te encontrabas en la ruta.

 -¿Se ha perdido el respeto al monte?
Sí, sin duda. Convertimos la naturaleza en un telón de fondo para nuestros desafíos personales y apoteosis ególatras y eso pasa por perderle es respeto que se le tuvo siempre y convertirla en un instrumento a nuestro servicio que desechamos en cuanto dejamos de necesitarlo.-

¿Qué lección vital le ha enseñado la montaña?
-Una cosa que me gusta, sobre todo de excursiones con cierta dificultad, es como te obliga a superar obstáculos. Generalmente, en casi todo lo que hacemos cuando encontramos una barrera paramos o damos la vuelta. En la montaña tienes que seguir y superarlo. También me ha enseñado a conocer Asturias, mi tierra. La gente viaja a lugares alejados e interesantísimos, lo cual está muy bien, pero se pierde tesoros y maravillas que tenemos a dos horas o menos de casa. También el monte ha reforzado los vínculos de afecto y amistad que tengo con los amigos con los que voy, porque allí hay que ayudarse unos a otros, vencer obstáculos, compartir la comida, hablar de lo que ves… El monte es un nodo en el que confluyen un montón de posibilidades de aprendizaje y enriquecimiento personal.

Marcos Gutiérrez, en La Voz de Asturias (17-12-2019)

miércoles, 18 de diciembre de 2019

LA SOCIEDAD QUE NO VE EL DELITO DE VIOLACIÓN

Estos días, hemos visto una manifestación en contra de una sentencia de violación y, de nuevo, medios de comunicación con tertulianos y tertulianas que lo respaldaban. Estos días hemos vuelto a comprobar que el feminismo no lo inunda todo.

Porque si parte de una sociedad no ve un delito en la violación, es que es una sociedad violenta. Si una sociedad no ve una violación, es porque ha pornificado, romantizado y banalizado las agresiones. Si una sociedad no ve una violación, termina por ser cómplice de las violaciones. Una manifestación que ha reflejado, una vez más, hasta qué punto la cultura de la violación impregna todo, porque justo consiste en eso: negar cuando ocurre, crear la duda, culpar a ella y negar las sentencias.

Decía Susan Brownmiller en Against our will que “un mundo sin violadores sería un mundo en el cual las mujeres se moverían libremente, sin temor a los hombres. El hecho de que algunos hombres violen, significa una amenaza suficiente como para mantener a las mujeres en un permanente estado de intimidación (…). Los violadores han realizado bien su tarea, tan bien que la verdadera significación de su acto ha pasado inadvertida durante mucho tiempo”. Y es así.

Intuyo y empatizo con la familia, entorno o amigos que tengan que admitir que tu hermano, tu novio, tu conocido, tu vecino… es un agresor sexual. Es muy duro porque durante mucho tiempo nos han presentado a los violadores como personajes marginales alejados de la sociedad, pero no. Son personas normales sin educación afectiva-sexual y, por ello, han crecido con la idea de que una mujer es un objeto al que se puede someter por poder. Un verdadero hombre no es el que trata a una mujer como una muñeca hinchable. Un verdadero hombre es el que trata a una mujer como una persona durante el sexo.

Y ya no hablamos de uno solo, sino de varios hombres que rivalizan y se apoyan entre sí para intimidar y penetrar por todos los espacios disponibles del cuerpo, sin contar con la voluntad ni el consentimiento de la mujer. Cuando eres educado, quizás por tu familia, por la cultura o medios de comunicación de que eso puede hacerse, de que es normal, de que es tolerable, nunca reconocerás que eres un agresor. Y tu entorno también lo negará. Pero, encima, aún más grave cuando hablamos de una víctima menor. 

Y no pienso poner ni un minuto la lupa sobre ella como no se puede hacer nunca con ninguna víctima. ¿Acaso las víctimas de un ataque terrorista tienen culpa por pensar diferente al terrorista? ¿Acaso las víctimas de un accidente de tráfico tienen culpa de estar en el momento X en el sitio donde se producirá el suceso? ¿Por qué siempre se cuestiona a las víctimas de violencia machista de ser responsables de unas agresiones que ellas no cometen? Volvemos al principio: porque la sociedad normaliza las agresiones sexuales, porque mira de lado, porque ha aprendido que esa violencia forma parte de nuestras vidas. Y, al hacerlo, la minimiza hasta hacerla desaparecer. Por eso no se considera como un delito lo que sí es. Luego, se sorprenden por las penas impuestas y consideran esto una caza de brujas, cuando durante todo este tiempo lo insoportable es que las violaciones fueran consideradas “jolgorios” o relaciones sexuales consentidas en sentencias. Cuando lo insoportable no es la pena sino la agresión y trauma para la víctima. Y cuando lo insoportable es la caza que esos hombres, que se hacen llamar manadas, ejecutan fines de semanas tras otro, considerando que violar es un acto de ocio durante las fiestas o la noche.

Hoy me preguntaban qué ha cambiado para que se den manifestaciones como las de esta semana e insisto. Se están apropiando del discurso. Los machistas, legitimados políticamente por la ultraderecha, están ocupando espacio con su discurso negacionista. No les subestimemos ni dejemos de señalarlos, porque están avanzando. De lo contrario, volverán a convencer a los tibios, volverán a amenazar nuestros derechos y la violación será de nuevo algo que guardar en silencio antes de que los insultos terminen por crucificarnos.

Ana Bernal-Triviño, en Público