LA BANDA DE MÚSICA DE ARTAJONA CUMPLE 25 AÑOS

 En 1996, la charanga, los gaiteros, la rondalla y los auroros de Artajona se unieron para grabar el disco Artajona/Artaxoa, compuesto por pasacalles y canciones de fiesta. "¿Y por qué no montamos una banda de música?", se preguntaron los distintos grupos culturales tras el lanzamiento del disco. El resultado, 25 años de conciertos por la villa de El Cerco, Navarra e incluso el extranjero.

La Banda de Música de Artajona celebró sus bodas de plata el 3 de septiembre con El Baúl de los 70, un espectáculo en el que los cantantes Serafín Zubiri y Mikel Herzog interpretaron las canciones más representativas de esa década. "Queríamos que los músicos volvieran a tocar y se sintieran músicos otra vez. Pero sobre todo, que el pueblo de Artajona, que ha sufrido mucho en estos últimos meses, volviera a ser feliz escuchando música", relata emocionado Ricardo Oficialdegui, el director de la Banda de Música de Artajona. Y los vecinos, como siempre, no fallaron a la cita, ya que se vendieron las 600 entradas: "Y es un pueblo de 1.700 habitantes. Eso lo dice todo", recalca tajantemente.

El concierto del 25 aniversario, que se celebró en el campo de fútbol con el majestuoso cerco de fondo, supuso la vuelta a los escenarios de la banda –los ensayos para esta actuación comenzaron en junio, pero en la calle, no en su local habitual– tras 18 meses con los instrumentos en silencio. "Nos volvimos a sentir músicos otra vez porque la pandemia nos obligó a suspender todas nuestras actuaciones", indica.

En concreto, los pasacalles y conciertos en Artajona y su tradicional salida anual: Tarragona, París, Budapest o el concierto con Manolo Escobar en los Sanfermines de 2009. "Son actuaciones que te marcan y se te quedan para siempre en el recuerdo", confiesa. Además, en esos viajes cuentan con la mejor compañía: "A París fuimos 40 a tocar, pero más de 100 vecinos nos vinieron a ver. La banda es un gran medio socializador, hace pueblo y estoy encantado del cariño que recibimos", asegura.

La aventura musical de la banda arrancó en 1996 con 18 integrantes. Un cuarto de siglo después, la mitad, nueve, siguen en activo. Entre ellos Ricardo, gaitero y director desde el primer día. "Para mí es un gran orgullo porque hemos pasado de fundar una pequeña banda a tener más de 60 músicos comprometidos que tocan en y para su pueblo", reflexiona.

A pesar de llevar 25 años al mando, Ricardo avanza que no tiene intención de dejar la batuta. "De momento voy a seguir como director. Por supuesto que otros 25 años no, pero por lo menos diez más sí", bromea . Aunque no se agarra férreamente a la batuta: "De vez en cuando ya suelo dejarla eh", indica.

El director, y a su vez maestro en el colegio Irabia-Izaga, augura que la banda de música celebrará sus bodas de oro. "Llegaremos a los 50 años.Sin ninguna duda. Además, tengo toda la intención del mundo de seguir tocando la gaita a mis 70 años", avanza Ricardo. Ya saben, hay banda de Artajona para rato.

Mikel Sola, en Diario de Noticias

MAIXABEL

 Cuando escribo estas líneas, en la mañana del domingo 26 de septiembre, aún no he visto la película Maixabel de Iciar Bollaín. Voy a verla precisamente hoy mismo, por la tarde, en mi pueblo, en Tolosa, donde vivo. El mismo pueblo en que asesinaron a Juan Mari Jauregi el 29 de julio de 2000, en el cine a no más de 200 metros del lugar del asesinato. Y la voy a ver con mis personas más queridas, con las que he compartido muchos momentos de inmenso dolor y rabia.

Pero no voy a hablar de la película. Y no solo porque, como digo, todavía no la he visto, sino porque no entiendo especialmente de cine y porque, como casi siempre ocurre, también en este caso la vida, las personas reales y sus vivencias tienen aún más fuerza y más interés que una película. Y ello, sin restar un ápice de la relevancia que tiene la obra de Bollaín y su enorme valor para aportar un determinado punto de vista para dar a conocer una parte de lo ocurrido y para la siempre todavía necesaria reflexión.

Hemos vivido tiempos muy duros, tan duros que ahora, cuando lo peor ha quedado atrás y podemos reflexionar y echar la vista atrás, casi parece imposible haber pasado por todo esto. Que en las calles de tu pueblo, de cualquier pueblo, se asesinara a personas de toda condición, “incluso” gentes “como tú”, incluso amigas tuyas, y siempre injustamente, esto no sé cómo se supera. Ni siquiera sé si se supera. Aunque parece que sí, o parece que, en general, hacemos “como si”, como también mucha gente vivía entonces casi como si nada ocurriera. Y no es fácil relatar lo ocurrido. Por eso resulta tan útil y tan reconfortante poder conocer o repasar historias vitales como esta. Y por eso resultan imprescindibles trabajos como el de Bollaín.

Maixabel Lasa nunca hizo “como si”, ni antes ni después de perder a su compañero, asesinado por ETA. Maixabel tenía un compromiso político y social personal que compartía con Juan Mari, un compromiso que siguió manteniendo tras aquel maldito día – uno de tantísimos malditos días – del 29 de julio de 2000. Un compromiso que la ha llevado muy lejos al transformar su dolor en una fuerza capaz de cambiar las vidas de varias personas, más incluso de lo que estas habían cambiado la suya al matar a su marido.

No ha sido, sin duda, un proceso fácil. No ha tenido tampoco, sin duda, la comprensión de todo el mundo. Incluso ha sufrido algunos desprecios y desencuentros dolorosos. Pero ha sido su decisión, la decisión de una mujer libre que, como ha referido en varias entrevistas, siempre había considerado que todas las personas merecen una segunda oportunidad. Y ha cumplido con su pensamiento.

Maixabel necesitaba, así lo dice, comprender por qué habían matado a Juan Mari, un hombre honesto, íntegro, luchador y coherente, que trabajó siempre por la libertad y que “incluso” contribuyó, siendo Gobernador Civil de Gipuzkoa, al esclarecimiento de algunos crímenes de los GAL, dejándose la piel y posibilitando que la justicia pudiera acercarse a la verdad, al menos parcialmente. Pero, aunque Juan Mari no hubiera vivido como lo hizo ni hubiera hecho lo que hizo o no hubiera tenido tales oportunidades, incluso así, intuyo que Maixabel habría tenido la misma imperiosa necesidad de saber por qué lo mataron, qué pensaban cuando lo hicieron o qué querían conseguir con ello.

Y esa búsqueda de respuestas a sus preguntas se canalizó a través de esos encuentros con dos de quienes intervinieron en el asesinato. Encuentros en el marco de la llamada “justicia restaurativa”, cuya finalidad principal es reparar realmente el daño causado a la víctima – en estos casos, a las personas más cercanas a la víctima – y también la de ayudar a quienes causaron ese daño y evitar su repetición así como la asunción de sus responsabilidades. Y ello, mediante un diálogo que quienes lo han practicado aseguran que proporciona satisfacción a las víctimas y una visión distinta de sus propias vidas a los victimarios.

Maixabel entró en este camino y participó, varios años después del asesinato de Juan Mari, en encuentros con quienes destrozaron – o pudieron haber destrozado - su vida. Y trató de comprender y comprendió lo incomprensible; comprendió que mataron a su marido sin saber realmente quién era. Y, como madre, les dijo que prefería ser la viuda de Juan Mari que la madre de ellos, pues sin duda no puede haber mayor dolor para una madre que saber que un hijo suyo ha causado semejante mal.

Sin embargo, no hay una única manera de “ser víctima” de un delito tan grave. Sería absurdo y, sobre todo, muy injusto pretenderlo. Cada víctima siente como siente y tiene todo el derecho a reaccionar como quiere o como puede. Ni el camino de Maixabel es el único ni es el camino exigible a ninguna otra víctima. Tampoco, al contrario, puede rechazarse ni menospreciarse la decisión de Maixabel.

No debe nunca entenderse que ninguna víctima tenga una deuda con este país ni pedirse que actúe de una determinada manera para facilitar una convivencia futura. Esto no debe jamás dejarse en manos de las víctimas, y no porque no puedan contribuir de manera muy importante a construir el futuro, que pueden hacerlo, sino porque no se puede descargar en ellas semejante responsabilidad sin que ciudadanía e instituciones asuman sus responsabilidades. No puede exigirse a todas las víctimas de delitos de terrorismo o de otros delitos que den una segunda oportunidad a quienes tanto dolor les han causado o que perdonen. Es más, la sociedad y los poderes públicos han de facilitar a las víctimas poder dejar de serlo y vivir y sentir como lo entiendan.

Y siempre, en todo caso, reconociendo el enorme esfuerzo que las víctimas de cualquier terrorismo y de otros gravísimos delitos cometidos en los aledaños de las instituciones del Estado han realizado, pese a todas las dificultades.

Es posible que, incluso, sea posible un gran “encuentro restaurativo colectivo” que nos permita comprender lo ocurrido y asumir cada cual nuestra responsabilidad. Es más, creo que va a ser imprescindible.

Cantaba Enrique Morente por tientos tangos Mi pena, en la que decía “Mi pena es muy mala porque es una pena que yo no quisiera que se me quitara”. Creo haber comprendido, aunque puedo estar equivocada, que la pena de Maixabel Lasa, pese a ser inmensa, no ha sido una “pena muy mala” porque ella ha luchado por quitársela, sin dejar de recordar a su compañero y la injusticia de su asesinato o, al menos, porque no fuera una pena ni paralizante ni estéril, sino una enorme pena inmensamente movilizadora y generadora de vida, de nueva vida para muchas personas, incluidas, y sobre todo ellas, quienes asesinaron a su querido Juan Mari.

Garbiñe Biurrun, en eldiario.es

GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA CELEBRARÁ EL 2 DE OCTUBRE SU PRIMERA CONFERENCIA

 Geroa Socialverdes celebrará el próximo sábado 2 de octubre la Conferencia de Navarra.. Se trata de la primera reunión de este órgano rector de deliberación, apoyo y asesoramiento político del Comité Ejecutivo de Geroa Socialverdes entre asambleas.

La Conferencia de Navarra se celebra tras un año en el que la formación ha estado inmersa en un intenso proceso de formación y desarrollo, tras la celebración de su Congreso constituyente el pasado diciembre de 2020.

Durante estos meses, Geroa Socialverdes ha trabajado su apuesta inequívoca por la implantación territorial, y fruto de ello es la constitución de sus 12 juntas Comarcales: Pirineo-Prepirineo, Zona Media, Hegoa-Zizur, Tierra Estella, Pamplona-Iruña, Valdizarbe-Novelera, Ekialde-Egües, Iparra-Villava, Ribera, Larraun-Leitzaldea, Bidasoa y Sakana.

Todas las juntas comarcales estarán representadas a través de sus coordinadores y coordinadoras en esta primera CONFERENCIA DE NAVARRA, que también estará compuesta por los alcaldes y alcaldesas de la formación, el senador y los representantes del Gobierno Foral miembros de Geroa Socialverdes, así como los componentes de la Ejecutiva, liderada por su Secretaria General, Uxue Barkos. En definitiva, un total de 40 personas están llamadas a esta sesión que se celebrará en el Hotel Iruña Park de Pamplona a partir de las 10h.

A lo largo de la jornada, además de la propia constitución del órgano, los miembros de la Conferencia compartirán y analizarán la situación del partido, las líneas estratégicas y objetivos del mismo desde el ámbito organizativo, con el reto inequívoco de seguir profundizando en su implantación territorial, ahora con la herramienta clave que suponen sus 12 juntas distribuidas por el conjunto del territorio navarro. 

La sesión servirá además para deliberar y debatir sobre la situación política, los retos y objetivos políticos, así como sobre los diferentes temas de interés y actualidad como la transición energética, el modelo social y económico, el municipalismo, el autogobierno  o la política linguistica. Por ello, la jornada busca también ser punto de encuentro donde los representantes de la militancia puedan compartir espacio de debate y trabajo con los principales cargos institucionales y de la dirección del partido.

LAB EXIGE DESPEJAR SOMBRAS EN LA MUERTE DE UN TRABAJADOR MIGRANTE EN ZARRAKAZTELU

 LAB denunció, con una concentración en Iruñea, la muerte de un trabajador migrante en un accidente laboral in itinere que tuvo lugar en Zarrakaztelu. Considera que hay importantes «sombras» por aclarar en este caso y exige el fin de las situaciones de «explotación y precariedad» que se repiten en el medio rural.

LAB considera que lo ocurrido en Zarrakaztelu el 15 de setiembre «no fue un mero accidente de tráfico» ya que «la propia normativa de seguridad laboral cataloga los accidentes in itinere como accidente laboral». La Policía Foral indicó ese día que un hombre que circulaba en bicicleta fue arrollado por una furgoneta en la NA-128.

Según la información recabada por este sindicato, «detrás de este hecho hay varias sombras que se deberían poner sobre la mesa». En primer lugar, indicó que Arturo Rojas Castaños, trabajador migrante de 62 años, «vivía una situación laboral inestable», ya que durante el verano tuvo cuatro contratos diferentes, dos en régimen general y dos en régimen especial agrario.

El último contrato sitúa su actividad en Caparroso «pero no está claro a dónde iba a trabajar la mañana que tuvo el accidente», porque desde el pueblo de Figarol, concejo del municipio de Zarrakaztelu, hasta Caparroso hay 30 kilómetros.

Además, su relación contractual con la empresa se dio por agotada el 12 de setiembre «pero, posteriormente, en fecha desconocida, fue prorrogada hasta el 15 de setiembre».

LAB explicó ayer que el «fallecido estuvo pernoctando, junto a un grupo de obreros de origen sudamericano, en una chabola en el campo, en los alrededores de Carcastillo, en condiciones precarias», y que «en los últimos días de su vida se refugiaba en Figarol y desde allí recorría varios kilómetros en bicicleta». Añadió que «parte del recorrido matinal lo realizaba a oscuras»; de hecho, el accidente se produjo a las 6:48 horas.

Ante estos hechos, trasladó varias cuestiones a la Inspección de Trabajo, ante cuya sede de Iruñea realizó una concentración. De entrada, quiere que se aclare cuál era la situación contractual del trabajador, si estaba contratado en el momento del fallecimiento y cuándo se suspendió la orden de baja dictada tres días antes del accidente.

También preguntó «cómo es posible que la empresa no ponga modos seguros de transporte en este tipo de situaciones, sabiendo que en la evaluación de riesgos se deben integrar los riesgos in itinere».

Explotación en el agro navarro

La central abertzale ha solicitado igualmente a la Inspección de Trabajo que inicie una investigación para resolver todas las dudas y determinar las posibles responsabilidades que se derivan de este accidente laboral.

«Queda claro –afirma LAB– que Arturo Rojas vivió una situación de extrema explotación y precariedad que tuvo mucho que ver con su muerte. Según todos los indicios, vivía realizando trabajos esporádicos y tenía que ir antes del amanecer, con sus 62 años, a los lugares que le ordenaba el empresario, recorriendo grandes distancias en bicicleta».

Y lanzó otra pregunta con carácter más general: «¿Cuántos trabajadores hay en la misma situación que Arturo Rojas en el campo navarro?».

Recordó que hace dos años, en el marco de la lucha de Huerta de Peralta, este sindicato ya denunció «la existencia de numerosas situaciones de explotación y precariedad en el campo navarro donde, entre otras cosas, no pocos empresarios aprovechan la debilidad e indefensión que genera la Ley de Extranjería para explotar a los trabajadores migrantes o para utilizarlos en una situación muy precaria».

Desde entonces, lamentó, «no se han adoptado las medidas oportunas ni por parte de la Inspección de Trabajo ni del Gobierno de Navarra». Por ello, LAB continuará, en colaboración con los colectivos de personas migrantes y con los agentes de este ámbito, «denunciando estas situaciones y exigiendo medidas correctoras».

GARA

FRANCO, YAGÜE Y PILAR PRIMO DE RIVERA, ENTRE LOS CONDECORADOS CON LA MEDALLA DE TRABAJO QUE PERDERÁN SU INSIGNIA

 El dictador Francisco Franco recibió el 18 de julio de 1953 la Medalla de Oro Laureada al Mérito y al Sacrificio en el Trabajo. ¿Las razones? Según el documento del Ministerio de Trabajo que acredita la condecoración hay varias. Por un lado, por situarse "al frente de los trabajadores que en la guerra dieron su sangre y en la paz su esfuerzo". Por otro, por sus "47 años de servicios sin reposo, en continuada vela, desde el alba al ocaso, combatiendo y gobernando conduciendo la Nación española desde la oscuridad a la luz". 

La Medalla recibida por el dictador Francisco Franco, sin embargo, podrá ser retirada por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz en virtud del nuevo reglamento que regulará la entrega y retirada de las Medallas y Placas de Oro al Mérito en el Trabajo. De acuerdo con el Real Decreto que el Ministerio de Trabajo sacó a audiencia pública este lunes, los miembros "del aparato de represión de la dictadura franquista" que hayan sido condecorados con este galardón perderán su insignia de manera póstuma tras la apertura de un expediente contradictorio. En el caso de Francisco Franco hay pocas dudas de su papel fundamental en el aparato represivo que adopta su nombre. 

La condecoración al dictador no es la única que peligra confirme a estos nuevo criterio que introducirá en breve la ministra Díaz y donde también figura la comisión de delitos antes o después de recibir la insignia o conductas que sean "incompatibles con los valores democráticos".

Así, figuras reconocidas de la dictadura, que fueron galardonadas con la Medalla al Mérito en el Trabajo, también perderán sus insignias. Un ejemplo es el del general Yagüe, militar que participó activamente en el Golpe de Estado del 18 de julio y que tuvo un papel destacado en el Ejército franquista durante la Guerra Civil. 

El general Yagüe recibió la condecoración el 30 de julio de 1946. El Libro de Oro del Trabajo, editado por el propio Ministerio en el año 1970, recoge que este general "se preocupó de manera intensa de las cuestiones sociales" haciendo mención expresa a "la construcción de grupos de viviendas en Burgos, Aranda de Duero, Roa de Burgos y Miranda del Ebro". Las autoridades franquistas ignoraron el papel que Yagüe jugó en la Guerra Civil, especialmente en la provincia de Badajoz, donde la feroz represión que encabezó le valió el sobrenombre de 'El carnicero de Badajoz'. 

Asimismo, en la ilustre lista de galardonados del Ministerio de Trabajo también aparecen personajes como el de Pilar Primo de Rivera, condecorada en 1965, de la que se menciona como principales virtudes su "entrega, generosidad, alegría y amor a la obra bien hecha" con "más de 35 años" de entrega a "a dignificar la condición de la mujer española". La hermana de José Antonio lideró la Sección Femenina de Falange, una institución dedicada a controlar, reprimir e imponer el pensamiento único en las mujeres, que además se veían privadas de todo derecho de participación en la vida política. 

El cardenal Plá y Daniel y varios ministros más

La lista de condecorados por la dictadura franquista es larga y habrá que examinarla con detenimiento en las próximas semanas ya que el régimen hizo un uso extensivo de la misma para galardonar a diferentes personalidades de la dictadura y de la sociedad civil.

Algunos de los nombres que destacan entre los galardonados son el cardenal Enrique Pla y Daniel, religioso que jugó un papel fundamental durante la Guerra Civil posicionándose abiertamente con los militares golpistas y dando cobertura religiosa al golpe bajo el concepto de "Cruzada". 

Asimismo, entre los condecorados, se encuentran nombres como el del exministro de Trabajo y miembro fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), José Antonio Girón de Velasco; el también exministro del Movimiento José Solís Ruiz; o el empresario José Banús, que utilizó mano de obra de presos políticos en condiciones de trabajo esclavo para la construcción de obras como el Valle de los Caídos. 

Alejandro Torrús, en Público

IGLESIA S.A.

 El monumental escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia, propiciadas por el PP y blindadas por el PSOE, va para largo. No estamos en Francia o Alemania. Ni siquiera en Portugal, donde es impensable lo ocurrido aquí. Las inmatriculaciones son producto “made in Spain”, porque la esencia de su Iglesia responde al Estado retrógrado, oscurantista y corrupto que -salvo breves primaveras republicanas- le ha permitido hacer cuanto quiere a lo largo de la Historia.

Conste que cuando en 2007 unos pocos iniciamos esta causa, teníamos tantos frentes abiertos para pelear que la Iglesia (española, precisemos), era la mosca que menos nos picaba. Unos éramos ateos, pero no clerófagos; otros creyentes, cándidos hasta para creer que la heredera de Jesús no podía hacer tal sinvergüenzada. Incluso los había meros ciudadanos conscientes que, una vez denunciado el escándalo, pensaban que las instituciones democráticas actuarían en consecuencia y desharían el entuerto. Tonto de mí, yo hasta esperaba que, ante la protesta popular, incluso de amplios sectores católicos, la jerarquía se avendría a negociar, por no escandalizar a su rebaño con tantos pecados y malaventuranzas. Por puro marketing, vamos.

Pasados los años, hemos reconocido nuestro error. La avaricia de la cúpula eclesial es mayor de lo que nadie podía imaginar. La distancia entre lo que hace y predica, galáctica. El afán de poder y de acumular, su única razón de ser. Un vistazo al reciente libro Iglesia S.A, de Ángel Munárriz, demolerá las dudas que queden.

Alguien definió a la Iglesia como una empresa con productos a la venta: Dios, perdón, salvación; su logotipo la cruz; oficinas centrales en el Vaticano; consejo de administración en el colegio cardenalicio; delegaciones en todo el mundo y una clientela fidelizada que ellos mismo llaman “rebaño”. Su objetivo, la propia Iglesia: permanecer, crecer, acumular. En suma, sacrificar principios y valores en el altar del más prosaico economicismo. “No hay punto de la iglesia donde se rasque sin que aparezca, bajo la piadosa cáscara, el color del dinero”, nos dice Munárriz.

Además, es una empresa en rescate permanente: sus ingresos están privatizados; sus gastos, socializados. Según Europa Laica, la Iglesia española se lleva al año 11.000 millones del Estado, a través de IRPF, exenciones de impuestos; conservación de sus edificios; sueldo de profesores de religión; conciertos educativos; subvenciones; sueldo de sus capellanes... Y siguen quejándose.

Ningún gobierno ha dejado de engrosar sus arcas y prebendas. A lo acumulado durante el franquismo, Felipe González añadió el invento de la cruz en el IRPF. Aznar mejoró el sistema y además cambió la Ley Hipotecaria para que pudiera inmatricular a mansalva. Y cuando la Unión Europea obligó a España a acabar con la escandalosa exención del IVA, llegó Zapatero con un privilegio aún mayor, aumentando un 33% la asignación del IRPF. La Iglesia siempre gana.

“Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero”, decía el artículo 26 de la última constitución republicana. Respondieron con una Cruzada de Liberación.

Pero el escándalo de las inmatriculaciones, ese burdo sistema de acumulación patrimonial, solo tiene parangón con los antiguos sistemas de saqueo. La Inquisición fue el gran invento para hacerse con las propiedades de los que hacían ceniza en los autos de fe. De paso, la imagen infernal de los que ardían activaba la venta de indulgencias, aquellas txartelas que posibilitaban estar un rato menos de eternidad socarrándote en el Purgatorio, otro invento diabólico, otrora dogma de fe, del que ahora nadie habla porque ha dejado de ser rentable.

Las indulgencias provocaron la división de la Iglesia, pero la pasta era lo primero. Trajeron como producto derivado la venta de reliquias, otro gran negocio hasta tiempos recientes. Los pueblos las compraban; la Iglesia las autentificaba; los peregrinos las adoraban y se llevaban a buen precio un zacuto de indulgencias. Están documentados hasta 17 brazos de San Andrés; 13 de San Esteban, 12 de San Felipe; gotas de leche de María; pañales del Niño Jesús; mechones del pelo de Cristo; plumas del arcángel San Gabriel; estornudos del Espíritu Santo; suspiros de San José; 21 clavos de la cruz y 850 espinas de la corona. En la iglesia de Reims estaba el “santo prepucio de Cristo”, como nuevo, es de suponer. En la iglesia de San Martín de Lucca se veneraba “el santo cordón umbilical” del niño Jesús; en Tréveris el peine de la Virgen; en Extremadura había pedazos de la túnica de Cristo; pelos de su barba; astillas de su cuna; gotas de su sangre. Dedos de santos a cestañadas: solo de San Juan Bautista se cuentan 60 y de Santa Juliana hay 40 cabezas, todas ellas auténticas. Y no se rían, siquiera por respeto a quienes arrojaron al fuego por no creerlo. Las reliquias, como todos sabemos, producían no pocos milagros, que derivaban en centros de peregrinación. Puestos a inventarse cosas, la Iglesia inventó hasta el turismo.

Las inmatriculaciones ha sido el último intento acaparador, con el mismo descaro, la misma trapacería, la misma intención saqueadora de siempre. Ya no recurren a la guerra santa; desaparecieron los Estados Pontificios y la Inquisición; borraron de las liturgias el Infierno y el Purgatorio… Hasta cambiaron el Padrenuestro, trocando “deudas” por “ofensas” en el “Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores”, lo cual no es lo mismo. En lo único que la Iglesia mantiene una coherencia absoluta es en su pasión enfermiza por los bienes terrenales, para bochorno de los verdaderos cristianos, que haylos. Con esos pecadores profesionales nos enfrentamos quienes luchamos por la recuperación de los bienes arrebatados a nuestros pueblos.

Josemari Esparza Zabalegui

CHUECA: CÓMO IMAGINARLO

 En la época, las fuerzas de seguridad destinadas en el País Vasco presumían de tener fichado a cada manifestante que se pasaba por un acto convocado por la izquierda abertzale. Si aparecía un chico nuevo protestando por la dispersión de presos, se le investigaba. Si se tomaba una caña en una herriko taberna, se le investigaba. Si se iba de pintxos con uno que previamente había tomado cañas en la herriko, fichado también. Había ganas de meterle mano al asunto y tener fichado al mayor número de militantes y simpatizantes de la izquierda abertzale facilitaba una barbaridad las posteriores macro operaciones con decenas de detenidos sin delitos de sangre contra lo que se denominó entorno de ETA. Un entorno tan amplio como aquel –tanto que se cometieron muchísimos errores por exceso– no fue un problema para las capacidades de las FFYCCSE.

Aquella tradición de exceso de celo en el control de diversos colectivos se exportó con el tiempo al resto de España. Con gran ímpetu. En Cataluña o Galicia, jóvenes sin delitos violentos eran acusados de pertenencia a banda terrorista. Sin necesidad de irse a los territorios considerados como hostiles, más de un conocido vivió durante las acampadas del 15M madrileño la curiosa experiencia de que la policía, haciendo derroche de musculatura del Estado, se dirigiese a él por su nombre sin necesidad de pedirle el carnet. Hay que conocer al enemigo, dicen orgullosos de su capacidad. Lo de este fin de semana en Chueca no es creíble. No es creíble que nadie en el Ministerio del Interior ni en la policía supiese que unos neonazis escoltados por la policía se manifestarían por el centro de Madrid amenazando a varios colectivos vulnerables. A no ser, claro, que los grupos ultraderechistas que lideran hoy junto al yihadismo radical el ranking de terrorismo en el mundo –datos del OIET– no sean considerados enemigos a investigar. Aunque también es cierto que, a juzgar por los efusivos saludos entre manifestantes neonazis y policía, no hacía falta investigar nada.

Días después del desfile neonazi por el centro de Madrid en el que se pidió la desaparición de homosexuales o extranjeros, nadie acaba de dar una explicación de qué sucedió para que una sociedad democrática tuviese que soportar este ataque y bochorno. La Delegación del Gobierno de Madrid, responsable de dar luz verde al acto, se escuda en que aquello había sido convocado por otro motivo distinto al señalamiento de colectivos vulnerables y se defiende: ¿quién podía imaginar que fascistas desfilando convertirían aquello en un desfile fascista? La explicación de que nadie sabía lo que iba a suceder no es creíble. No cuando este país ha abusado de la persecución a determinados colectivos. No cuando los rastros en redes sociales y medios de comunicación de ultraderecha apoyando la marcha neonazi eran abundantes y quienes leyeron un manifiesto eran personajes bien conocidos. No es creíble que en nombre de las garantías democráticas no quedase más remedio que dejar que el nazismo desfilara por Madrid. ¿Cuántas concentraciones son prohibidas acogiéndose a los potenciales problemas de seguridad? ¿Se les ocurre un problema de seguridad mayor que dar rienda suelta a fascistas? No es creíble que un PSOE al frente del Ministerio de Interior no pueda hacer nada para enfrentar a uno de los principales movimientos terroristas del momento y es una vergüenza que intenten hacerlo creer. De cálculo electoral hablamos otro día.

Por su parte, Vox, cuya deriva hacia la ultraderechita cobarde parece ya irreversible, se desmarca de una manifestación cuyas consignas eran, básicamente, su programa electoral. Su líder, Santiago Abascal, daba una explicación exótica a aquella cosa que había sucedido y que había generado mala prensa: aquellos nazis eran del PSOE. Quien tiene un público fácil tiene un tesoro. Mientras, el PP, movido por la reacción mediática, se lleva las manos a la cabeza culpando al Gobierno por haber permitido una manifestación en la que se señaló a homosexuales, extranjeros y menores no acompañados. Una vergüenza, aseguraron Casado y los suyos para, a continuación, volver al pacto con Vox que les obliga a dedicar calles a genocidas franquistas. Sólo el Ministerio de Igualdad, esos indios que lanzan flechas dentro del Gobierno del ausente sheriff Marlaska, ha demostrado algo de dignidad en un asunto tan grave presentando una denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. Si el Estado profundo y los partidos ya han dejado claro su nulo nivel de preocupación con el auge de la extrema derecha, espérense a ver qué hace con este caso una justicia cuyos antecedentes son, entre otros, haber considerado delito de odio el hecho de odiar a nazis. Sólo una buena noticia en torno a este asunto, ya que en la manifestación neonazi se cumplieron las medidas de seguridad: en ningún momento hubo más de una neurona por metro cuadrado.

Gerardo Tecé, en CTXT

PARTITOCRACIA. ¿TODO POR LOS PUEBLOS, PERO SIN LOS PUEBLOS?

 En los últimos años, las llamadas a frenar la España o la Navarra vaciada, defender el equilibrio territorial entre lo urbano y lo rural, o invocar la participación ciudadana en los ayuntamientos son constantes por parte de todos los grandes partidos.

Hoy les voy a contar una historia que demuestra cuál es el interés real de los grandes partidos por los pueblos y por la democracia cercana. Una historia de abuso de poder contra quienes se echan a la espalda la tarea de trabajar por mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas desde agrupaciones independientes.

El episodio más reciente lo hemos vivido este 14 de septiembre en el Congreso, al rechazar los grandes partidos la toma en consideración de un cambio legislativo que evite la discriminación contra esta forma de participación ciudadana en la vida de los pueblos. Una propuesta del Parlamento de Navarra que tuve el honor de defender junto a mis compañeros M. de Simón y M. Buil.

En 2007 un grupo de vecinos y vecinas de mi pueblo, Lodosa, decidimos concurrir a las elecciones municipales de manera independiente, convencidos de que existía una sensibilidad local que en esos momentos no tenía representación en nuestro ayuntamiento. Lo hicimos como una agrupación de electores participativa, cooperativa, abierta. Así nació LOIU (Lodosa Organización de Independientes Unidos), iniciando una trayectoria con 15 años de existencia y más de 10 ostentando la alcaldía de mi pueblo.

De lo que no éramos conscientes entonces era de las discriminaciones que en las sucesivas convocatorias íbamos a sufrir por parte de las leyes que rigen los procesos electorales y de financiación de partidos.

En Navarra, desde las primeras elecciones municipales de 1979, la forma dominante que elegimos en los pueblos navarros para abordar la política municipal son las agrupaciones locales. 217 de los 272 municipios navarros tienen en sus corporaciones agrupaciones electorales locales. En la mitad de ellos no hay partidos políticos, y en el 65% de los pueblos navarros las alcaldías están bajo responsabilidad de estas agrupaciones locales.

Sabíamos cuando nos metimos en esto que tener sólo la actividad política local como objetivo implicaba la aplicación de un precepto legal que nos limita nuestro gasto para poder afrontar una campaña electoral en 0,11€ por habitante. Sabíamos también que no podríamos disponer del complemento provincial de 156.000€ del que disponen los partidos políticos supramunicipales, lo que de facto hace subir su capacidad de gasto en cada pueblo que se presentan. Y sabíamos que no podíamos disponer de la posibilidad de que nos enviasen la papeleta electoral local en el sobre del partido desde Pamplona, el mayor coste de campaña.

Ya te habrás percatado de que estas leyes las hacen esos partidos, y que las ventajas comentadas necesitaban de otras que hicieran pinza para impedir un crecimiento de agrupaciones locales que se estaba dando en todo el Estado. Dicho y hecho, los grandes partidos aprobaron ante las municipales de 2015 un régimen sancionador que impone una sanción mínima de 50.000€ para quien se pase un 10% de su límite.

En el ejemplo de Lodosa, con 5.000 habitantes por 0,11€ nuestro límite de gasto electoral era de 550€, el 10% del límite (sobre los 550€) supone que por excedernos en 55€, tenemos una sanción de 50.000€. La pinza perfecta; pensada y pactada por los grandes partidos que aparcan sus diferencias cuando hay reparto de cuotas judiciales, cuotas de pantalla o una ley electoral que les dé ventaja. Nada es casualidad, "corregida la Ley, aumentada la trampa".

Ante semejante aberración, en esos momentos yo era presidente de la FNMC, comenzamos a hablar con el resto de agrupaciones y partidos locales de Navarra, que entonces empezaron a ser conscientes de la situación.

Como presidente me reuní con los grupos parlamentarios representados en el Congreso y Senado, con el Ministerio de Política Territorial, con la FEMP, haciéndoles llegar el problema, acompañado de una solución de modificación trabajada por los servicios jurídicos. El Parlamento de Navarra tramitó nuestra propuesta con los votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e IE, pero la disolución de las Cortes españolas hizo decaer la propuesta.

En este empeño seguí en mi papel de parlamentario foral con Geroa Bai. Una proposición presentada en el Parlamento de Navarra, que, ante las nuevas mayorías políticas, fue descafeinada por sendas enmiendas de NA+, y aun así conseguimos que se tramitase ante el Congreso de los Diputados.

El pasado martes los grupos parlamentarios del Congreso tenían que decidir si tomaban en consideración la propuesta de modificación que llevábamos en representación del Parlamento de Navarra.

Pero no. Aparte de tener que escuchar algunas respuestas insultantes para nuestra tierra, acabamos viendo cómo la vieja política sigue defendiéndose ante lo que consideran peligros para sus privilegios. El PSOE llamó fascista a VOX para obtener "licencia para pecar", pero se unieron con ellos para votar en contra con la abstención cómplice del PP. No me importa pasar por iluso, pero defendí la propuesta democrática navarra con el entusiasmo de pensar que saldría adelante; fue una gran decepción. Y un baldón para más de 200 agrupaciones locales navarras y más de 600 españolas.

Con estas posiciones se pierde en lo Global y en lo Local. Se pierde en calidad democrática y en incremento de la verticalidad; las instituciones más cercanas al vecino no ganan nada con el de arriba abajo de los grandes partidos.

En los últimos 15 años en Navarra han florecido iniciativas municipalistas independientes centradas en su pueblo; vitales, participativas, entusiastas. Un municipalismo abierto y comprometido con el horizonte de un mundo rural vivo y del tan necesario equilibrio y cohesión territorial en Navarra. Las agrupaciones de electores y pequeños partidos políticos no solo se presentan, sino que en los municipios más pequeños son los únicos que lo hacen. Y en gran cantidad de ellos, pequeños y no tan pequeños, son ampliamente respaldados por la ciudadanía.

Todo mi respeto por las personas que se presentan en agrupaciones independientes, y el mismo respeto y consideración por nuestros paisanos que deciden hacerlo bajo las siglas de sus partidos; que, una vez en el ayuntamiento, todo el mundo arrima el hombro y también hay alcaldías y concejalías de partido tan buenas como las mejores.

Yo mismo soy miembro de una agrupación local, LOIU, y mi paso por el ayuntamiento ha sido la mejor y más exigente escuela de gestión. Pero también soy parlamentario de Geroa Bai y secretario de organización de un partido político, GEROA SocialVerde, municipalista de raíz. Es decir, GEROA no aspira a absorber a ninguna agrupación, sino a comprometerse con ellas; con los principios más arriba descritos y con su independencia partidaria. Porque somos conscientes de que en un pueblo las agrupaciones acogen sensibilidades partidarias transversales y principios comunes a su vecindad. El municipalismo y mi agrupación local son el nervio de mi vida institucional, y políticamente siempre me sentiré comprometido con ello.

En el trabajo por nuestro pueblo si vamos a luchar "por los pueblos", hagámoslo "con los pueblos" de la mano de la gente más comprometida. No hay trabajo y compromiso más agradecido porque se hace de tú a tú y a pie de calle; y doy fe de ello.

Pablo Azcona, parlamentario foral de Geroa Bai (en Diario de Noticias)

EL GOLPE MILITAR CONVIRTIÓ A CHILE EN UN LABORATORIO DEL NEOLIBERALISMO

 El pasado 11 de septiembre se cumplieron 48 años del golpe militar en Chile. La dictadura comenzó cuando las Fuerzas Armadas bombardearon con aviones la Casa de Gobierno. Duró 17 años marcando profundamente la historia de ese país y también de toda la región.

Según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas y más de 3.000 personas murieron o desaparecieron entre 1973 y 1990.

El golpe contra el presidente Salvador Allende, y la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet, fue una de las más brutales de la región y al mismo tiempo convirtió al país en el laboratorio del neoliberalismo.

El golpe fue apoyado por los grandes empresarios chilenos, les recomiendo los documentales de Patricio Guzman: La batalla de Chile, para ver cómo actuaron los sectores golpistas. También contó con el apoyo de Estados Unidos que está muy documentado por la propia CIA y recopilado en el libro de Peter Kornbluh: Pinochet: los archivos secretos.

Les decía que la dictadura fue un gran laboratorio del neoliberalismo, que transformó la economía del país barriendo con los derechos de millones, privatizando todo: principales recursos, salud, educación y hasta las jubilaciones.

En 1978 con una especie de terapia de shock económico: abrupta reducción del gasto fiscal (liquidando servicios públicos, reduciendo gasto en salud, educación o vivienda, privatizando empresas), drástica disminución de las importaciones para estabilizar la balanza de pagos, apertura comercial cuasi-absoluta y liberalización financiera, unido a una amplia privatización de empresas estatales. La base del “modelo chileno”.

El “modelo chileno” tan elogiado por la derecha continental, y que es muy parecido a lo que hoy proponen candidatos como Milei y Espert, el “estado al mínimo” que no garantice derechos a las grandes mayorías y custodie la propiedad privada y las ganancias de una minoría.

El “modelo chileno”, incluso con las reformas aplicadas por los gobierno postdictadura, generó una desigualdad sin comparación.

Si tomamos datos del 2019, pre pandemia, según el Banco Mundial, Chile es el segundo país de la OCDE con la mayor brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre.

El 1% más rico se quedaba en 2019 con el 24% de los ingresos fiscales, mientras que el 10% más rico percibe más del 50% de todos los ingresos.

Esto solo fue posible producto de la imposición a sangre y fuego de la dictadura. Es interesante tener esto en cuenta en el debate abierto ante el crecimiento electoral de variantes como la que expresa Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires.

Su plan solo se puede llevar adelante mediante una dictadura como la de Pinochet.

Esa brutal desigualdad fue la base del creciente malestar social, de profundas aspiraciones sociales y democráticas de millones de jóvenes y trabajadores que en 2019 dijeron “no eran 30 pesos, sino 30 años” y salieron a las calles para barrer la herencia de Pinochet.

Diego Sacchi, en Izquierda Diario

SÍ, UNAI PAROT DEBERÍA ESTAR LIBRE: LO DICE LA LEY ESPAÑOLA

 Cuando el pasado domingo en “El Diario Vasco” al líder del PP en la CAV le preguntaron por la marcha de hoy sábado en Arrasate (finalmente suspendida), Carlos Iturgaiz respondió que sabía perfectamente que Unai Parot llevaba 31 años preso, y acto seguido añadió que a ver si acaso tendría que «estar en un spa». Ese es el nivel que ha tomado la campaña. Para los convocantes de la movilización, obviamente 31 años de prisión suponen una barbaridad. Para quienes se han situado en contra, no hay más punto de vista que el de los atentados perpetrados. Prescindiendo de abordar el debate desde criterios de humanidad o resocialización, algo que parece inviable vistas las posturas, vayamos a lo objetivo y escrito: los datos carcelarios y la ley española.

GARA ha recopilado los detalles de su cumplimiento de condena. Entre ellos ya llama la atención inicialmente que el 12 de mayo de 2019 Parot acabó de cumplir la condena acumulada por todas las causas derivadas de su participación en el “comando Argala” de ETA. Sí, son esos atentados que se evocan desde esta campaña en contra como el motivo por el que debiera seguir entre rejas. Está purgado hasta el último día, desde hace dos años.

Sin embargo, cuando estaba en prisión cumpliendo esa pena a Parot se le abrió otra. Ocurrió en el año 2006, en plena fase de «construcción de imputaciones» reivindicada por un ministro de Justicia español, y se le condenó por «reintegración en ETA» a once años más. Este castigo añadido empezó a cumplirse por tanto al día siguiente de extinguirse el primero, el principal, en mayo de 2019.

Tras un reciente litigio judicial en el que se le ha terminado descontando el periodo de prisión preventiva por este segundo sumario al coincidir con el cumplimiento del primero (fue entre febrero de 2006 y noviembre de 2007), la fecha final de condena de la pena actual ha quedado fijada para el 10 de julio de 2029. Agencias españolas corrieron a remarcarlo la pasada semana, como si fuera un argumento a favor de Vox, PP y demás.

¿Significa eso que le restan ocho años de prisión, hasta cumplir 39, algo que no tendría parangón ni siquiera en estados que admiten la cadena perpetua y la aplican sin revisiones? No. O, al menos, no debería. El reglamento penitenciario establece que para computar las tres cuartas partes de la condena se sumarán todas las penas de prisión, con independencia incluso de que se hayan impuesto con uno u otro Código Penal, de tal manera que la suma de las mismas será considerada como una sola pena.

Permisos, tercer grado y condicional. Volvamos ahora a los números. Una Parot cuenta en total con una condena de prisión de 41 años (30+11). Sus tres cuartas partes están cumplidas exactamente desde el 9 de febrero de 2020. Un cálculo más estricto, que tuviera en cuenta el periodo descontado por coincidir el cumplimiento de condena y el periodo preventivo, adelantaría el momento preceptivo para la libertad condicional a 2018. A efectos prácticos, es intrascendente ya, así que se puede dar por bueno febrero de 2020.

Y acabemos con lo que dice la ley, que es más conocido por todos. Hay tres consideraciones que encajan en este caso: cualquier preso puede tener permisos de salida al cumplir un cuarto de la pena, puede ser progresado a tercer grado cuando ha cumplido la mitad de la pena y está clasificado en segundo grado, y tiene derecho a acceder a la libertad condicional al cumplir tres cuartos de pena.

Conclusión: sí, Unai Parot debería estar libre, como se reivindicará en los actos convocados por Sare pueblo a pueblo. Subsidiariamente, le correspondería el tercer grado. Y en el peor de los casos, tendría que tener permisos de salida.

Lo dicen los convocantes y lo dice la legalidad española.

Ramón Sola, en GARA

RUBÉN SÁNCHEZ, ALCALDE DE UJUÉ: "HAY QUE MEJORAR EL ACCESO A LA VIVIENDA PARA FIJAR POBLACIÓN

 Pese a no alcanzar los dos centenares de habitantes, la población de Ujué aumenta de manera considerable en la época estival. ‘Culpa’ de ello tienen los visitantes que recalan en el designado como uno de los pueblos más bonitos de España. Con una población muy envejecida, la localidad ha vivido con preocupación estos meses de pandemia. Sin embargo, con una buena situación sanitaria, este verano ha sido muy diferente al anterior. El regreso de los turistas y las actividades que se han desarrollado han hecho que la ausencia de fiestas duela algo menos.

Una localidad que se nutre del visitante, ¿cómo ha vivido este segundo verano de pandemia?

A nivel sanitario estamos bien, con cero casos y eso es lo más importante. Y lo cierto es que a nivel social se ha notado un incremento de turistas muy importante. La Semana Santa ya fue buena y durante el verano me atrevería a decir que se ha recuperado lo de años atrás. Ha habido establecimientosdonde han tenido que dar un segundo turno de comida.

La basílica de Santa María es su principal reclamo pero ¿han organizado actividades durante el verano?

Ya intuíamos que este año tampoco podría haber fiestas, así que se ha planteado un verano con una importante oferta cultural entre la que han destacado los cursos de verano que se han organizado por la UPNA y Jakiunde con una muy buena acogida y que contaron, entre otras, con las actuaciones de la soprano María Bayo o la Coral de Cámara de Navarra. Por otro lado, volvieron los conciertos de ‘La noche en vela’ durante cuatro sábados. En definitiva, ha habido una oferta cultural importante.

¿En qué proyectos trabaja ahora mismo el ayuntamiento?

Estamos con varias actuaciones en la escuela, en la que este año se van a invertir unos 110.000 euros. Seguimos ordenando la segunda parte del archivo municipal y también con las obras de la depuradora que ya están en su recta final. Además, han empezado las obras de rehabilitación de las antiguas casas de los maestros, un proyecto muy importante que esperamos que traiga nuevos vecinos a la localidad para intentar frenar, en la medida de los posible, la despoblación que sufrimos.

En más de una ocasión, se ha mostrado crítico con el enfoque que se da a las políticas que hasta la fecha se han impulsado contra la despoblación.

Sigo pensando igual. Las convocatorias de ayudas no digo que no sirvan pero pienso que habría que dar un paso más. Hay una problemática de desarrollo de los pueblos muy importante que impide que la gente joven decida quedarse en ellos y así es difícil progresar.

En el caso de Ujué que se sustenta básicamente por el turismo, ¿qué plantearía?

El turismo es muy importante para nosotros pero creo que, a cortoplazo, no es la panacea porque no ayuda a fijar población, que es lo que realmente Ujué necesita.

Entonces, ¿hacia dónde lo orientaría?

Deberían ser un conglomerado de medidas. Por ejemplo, dotar a la mujer rural de un hábitat aceptable. Por lo que vemos muchas mujeres que están en los pueblos se dedican al cuidado de mayores. Bueno, pues vamos a mejorar en esa dirección trabajando con los Servicios Sociales o ampliando, por ejemplo, el horario del Servicio de Atención a Domicilio. El papel de la mujer es muy importante y muchas veces no se encuentran empleos dignos. Otro tema a mejorar es el de la vivienda. Si no se facilita el acceso complicado va a ser que alguien opte por venir al pueblo a vivir. Y, por último, me gustaría volver a reivindicar el arreglo de la carretera que une Ujué con Murillo el Fruto. Es una demanda que reclamamos desde hace tiempo. Para nosotros es importante y también para el desarrollo económico de la zona.

Sheyla Muñoz, en Diario de Navarra

URKULLU LLAMA A RELANZAR LA NACIÓN VASCA Y DEROGAR LA ABOLICIÓN FORAL PARA VOLVER A LA SOBERANÍA PREVIA A 1839

 El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha apelado este jueves en el Parlamento vasco a alcanzar un consenso sólido para el "relanzamiento" de Euskadi como "nación vasca", y ha defendido una nueva fórmula de Concierto Político que "permita la reintegración foral plena", lo que supondría la derogación "definitiva" de las Leyes de abolición de los Fueros y "retornar a la soberanía anterior a 1839".

Esta fórmula de Concierto, planteada por Urkullu durante el pleno de política general de la Cámara, según ha asegurado el Lehendakari, tendría amparo en la Constitución y del Estatuto de Gernika.

A su juicio, de esta forma, se consolidaría "un sistema político de convivencia", que daría respuesta al denominado "problema vasco", y se "puede abrir paso en el orden constitucional, estableciendo un instrumento que preserve la bilateralidad con garantías de cumplimiento de lo acordado". Este sistema de concertación "impediría la modificación unilateral del nuevo pacto político alcanzado".

Iñigo Urkullu ha criticado "la grave erosión competencial del autogobierno transferido", el "contumaz incumplimiento del autogobierno reconocido" y la "mutación progresiva" que, a su entender, se está produciendo en "las reglas políticas de relación entre Euskadi y el Estado que parecen perseguir una nueva relación más uniformizadora, con una Administración central más gestora y orientada a la recentralización del poder político".

Por ello, cree que progresar en autogobierno "no es solo conseguir las transferencias pendientes", sino también "volver la vista atrás, para asegurar que el Estatuto de Gernika sigue vivo y supone el reconocimiento de la identidad del pueblo vasco, singular, diferenciada y constituida por la titularidad de los Derechos Históricos".

Tras pedir, de nuevo, el cumplimiento íntegro del texto estatutario, acordado ya entre los Gobiernos vasco y del Estado en un cronograma, que es el "autogobierno reconocido", ha aludido al "autogobierno necesario" en el que hay que avanzar.

"NACIÓN FORAL"

El Lehendakari ha señalado que la actualización de los Derechos Históricos debe abarcar un mecanismo de "bilateralidad efectiva". En este sentido, ha reafirmado que Euskadi "es una Nación Foral", para plantear "una mirada al futuro desde la realidad histórica".

Urkulu ha recordado que el 21 de julio de 1876, hace 145 años, se promulgó y sancionó la Ley de abolición de los Fueros de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, con lo que "se liquidaba así el marco jurídico-político en el que vivían los territorios vascos" y se "finiquitaba el peculiar sistema democrático-representativo que venía ya condicionado por la fórmula 'sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía', desde el Convenio de Bergara de 1839".

De esta manera, propone alcanzar "un nuevo pacto que reconozca la realidad nacional, la singularidad del autogobierno vasco, asiente una relación bilateral con el Estado, y favorezca la presencia y proyección internacional de Euskadi".

"El modelo de Concierto y Convenio Económico, que no fue en realidad un privilegio, sino una imposición a raíz de la abolición de los Fueros, se plantea como un punto de referencia eficaz", ha manifestado.

En esta línea, ha apelado "a una mayor defensa pública del modelo de Concierto Económico" y a su "extensión de este mecanismo de éxito a una nueva fórmula de Concierto Político Vasco", que "contribuya a resolver el denominado 'problema vasco'.

"REINTEGRACIÓN FORAL"

El Lehendakari ha defendido "una fórmula de Concierto que, en cumplimiento de la Disposición Adicional Única del Estatuto,la Disposición Adicional Primera de la Constitución y la Disposición Derogatoria Segunda de la Constitución, permita la reintegración foral plena, es decir, derogar definitivamente las leyes de abolición de los Fueros y retornar a la soberanía anterior a 1839".

En su opinión, de esta forma, se consolidaría "un sistema político de convivencia". "Esta opción se puede abrir paso en el orden constitucional, estableciendo un instrumento que preserve la bilateralidad con garantías de cumplimiento de lo acordado. La base es un sistema concertado que impida la modificación unilateral del nuevo pacto", ha subrayado.

"UNA OPORTUNIDAD"

Iñigo Urkullu ha planteado en el Parlamento vasco "un reto compartido", el de alcanzar "un consenso sólido" que permita "materializar el deseo mayoritario de la sociedad vasca concretado en una actualización y profundización del autogobierno".

"Esta es una base compartida para avanzar en el relanzamiento de Euskadi, de la nación vasca; la nación de la igualdad, la solidaridad, la cohesión social, el progreso y el bienestar", ha explicado.

RELACIÓN BILATERAL CON EL ESTADO

En relación al autogobierno y en el marco de la relación bilateral con el Estado, ha recordado que en febrero mantuvo una reunión con el presidente Pedro Sánchez con el objetivo de abordar la gestión de los Fondos europeos y el calendario de trasferencias pendientes, entre otros temas.

Asimismo, ha asegurado que, "fruto de este encuentro", en mayo se reunió la Comisión Mixta de Transferencias para aprobar el traspaso a Euskadi de cuatro materias pendientes, entre ellas la gestión de centros penitenciarios. "Tenemos mucho camino que recorrer para dar cumplimiento al Autogobierno reconocido", ha precisado.

En el ámbito de la gobernanza colaborativa y la bilateralidad, ha remarcado que el 18 de junio se celebró la primera reunión en cuatro años de la Junta de Seguridad, en la que se acordó reforzar el papel de la Ertzaintza como Policía plena e integral, y su acceso aorganismos internacionales para que pueda realizar labores de vigilancia en los 26 países de la zona Schengen.

También se ha referido a las reuniones de marzo y julio de la Comisión Mixta del Concierto Económico en las que se aprobaron "importantes acuerdos en materia de autogobierno económico y fiscal", sin olvidar que sigue sin traspasarse el Ingreso Mínimo Vital.

REGIÓN PARTNER DE LA UNIÓN EUROPEA

Iñigo Urkullu ha recordado que este año se ha realizado una propuesta a la Conferencia sobre el futuro de Europa a través de la "Carta de las Regiones con competencias legislativas", en la que los 16 firmantes, entre elloss Euskadi, Cataluña, Valencia, Baleares, Flandes, Tirol, Salzburgo, Voralberg o Córcega, planteaban contar con un Estatuto singular de "Región partner de la Unión Europea".

Con este espíritu, ha asegurado que su pretensión es "dar un impulso al proyecto de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra", aprovechando su presidencia este año. "Vamos a impulsar una gobernanzatransfronteriza renovada, y una estrecha colaboración con la Mancomunidad de Iparralde. El proyecto de Eurorregión es básico para lograr una mayor inversión de la UE en el Corredor Atlántico", ha aseverado.

Por ello, considera que se debe lograr "una mayor atención de las instituciones comunitarias al impulso del Arco Atlántico Europeo". En esta línea, ha defendido "la creación de una Macrorregión atlántica que permita responder mejor a los retos planteados".

EUSKADI BASQUE COUNTRY

Además, ha explicado que la 'Estrategia marco de internacionalización Euskadi Basque Country 2025', que aprobarán a final de año, es la base para reforzar la red institucional propia en el exterior; intensificar la participación directa en las redes internacionales; tejer una comunidad vasca global; así como fomentar la colaboración con los agentes sociales, económicos y culturales".

Iñigo Urkullu ha anunciado que, con motivo del 85 aniversario del primer Gobierno Vasco de José Antonio Agirre, que se cumplirá el 7 de octubre, se creará una nueva Delegación de Euskadi en París, un nuevo "eslabón" en ese proceso de internacionalización.

Europa Press

EL OLIGOPOLIO DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS, JOYA DE LA CORONA DEL CAPITALISMO ESPAÑOL

 En las últimas semanas a raíz de la subida histórica de la factura de la luz, se ha puesto encima de la mesa cuál es el papel de uno de los sectores empresariales más importantes del Estado español: las eléctricas. Llama la atención que incluso Nadia Calviño (la ministra más neoliberal del Gobierno) ha tenido que admitir que las eléctricas están teniendo “excesivos beneficios”.

Este hecho refleja la enorme influencia de estas empresas, sin embargo su poder no ha caído del cielo y Calviño parece omitir que el modelo de impunidad del que gozan y que les permite conseguir esos "excesivos beneficios" ha sido construido minuciosamente y en cuya construcción, el PSOE ha supuesto un capítulo importante. Sin figuras como Felipe González o Aznar no se entiende el actual mercado energético español.

Se trata sin duda de compañías que forman parte del núcleo duro del capitalismo español y que muestran cómo el Régimen del 78, sus instituciones y distintos partidos están al servicio de un puñado de capitalistas.

Un mercado repartido entre los amigos del dictador

En el caso de la patronal de las eléctricas y el actual modelo del mercado eléctrico tiene su origen en el franquismo y en su política de entrega de sectores estratégicos de la economía a los empresarios afines a la dictadura. A pesar de sus tendencias intervencionistas, Franco mostró enorme respeto por los intereses económicos privados, especialmente con los de algunas figuras que habían contribuido significativamente a financiar el golpe que inició la Guerra Civil.

De esta manera el papel del régimen franquista fue clave para que Juan March, empresario que financió notoriamente al ejército sublevado, se hiciera con el control de Fecsa (Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A.), grupo que con los años será parte importante de la actual Endesa.

Otro de los empresarios beneficiados, y que también fue amigo personal del dictador y promovió la adquisición por parte de la familia Franco del polémico Pazo de Meirás, fue Pedro Barrie. Este personaje se hizo con el negocio eléctrico en el noroeste de la península a través de Fenosa.

Al sur también la lealtad al Régimen fue recompensada. En Andalucía se le otorgó el monopolio del mercado eléctrico a los Benjumea a través de la empresa “Compañía sevillana de Electricidad”. Esta familia tuvo una fuerte vinculación y colaboración con uno de los generales más sanguinarios del bando sublevado, Queipo de Llanos. Organizaron con mano de hierro y represión la retaguardia en Andalucía durante los momentos álgidos de la Guerra Civil para que el llamado “carnicero de Sevilla” tuviera las manos libres para desempeñar su papel en el frente.

A pesar del modelo autocrático, Franco no apostó por la nacionalización de este sector estratégico, sino por una cierta liberalización. Y no solo se dió la liberalización, sino el nulo control del Estado sobre los precios de la electricidad. Al mismo tiempo que el Instituto Nacional de Industria fundaba Empresa Nacional de Electricidad, SA, (Endesa), se daba margen a las grandes eléctricas para que esquivasen el control de tarifas que el Estado les imponía para combatir la subida de los precios y empezaban a mostrar altos beneficios. Muestra de ello fue la creación de Unesa (Unidad Eléctrica, SA), en 1944, a propuesta de José María de Oriol Urquijo. Unesa era una empresa privada que agrupaba capital de las grandes eléctricas y cuya función era coordinar la producción y distribución a nivel estatal, una auténtica autorregulación. Una función que en otros países como Francia, Inglaterra o Italia recaía en el propio Estado.

Esta autorregulación generaba enormes beneficios y convirtió a la industria eléctrica en un mercado muy interesante para la banca. Así, los grandes bancos se lanzaron a la caza de las eléctricas y Banco Vizcaya, Banco Bilbao, Banco de Santander, Banco Central y el Urquijo fueron los mayores inversores de las eléctricas en este periodo. De esta manera los grandes banqueros de la época pasaron a formar parte de los accionistas con más peso en las principales compañías de electricidad. Fue así como los lazos entre las eléctricas, el capital financiero y el Régimen se estrecharon formando un bloque compacto.

La ayuda de Franco a los magnates ibéricos fue más allá de sentar las bases para que hagan y deshagan a su antojo; el dictador también se encargó de “expropiar” a las empresas internacionales que tenían capital en la industria eléctrica española desde el siglo XIX para beneficiar a los empresarios autóctonos. Es el caso de la Barcelona Traction Light and Power, una empresa de capital internacional que poseía la red de suministro en gran parte de Catalunya. Juan March trató de comprarla sin éxito hasta que finalmente un tribunal la declaró en quiebra a pesar de que sus cuentas estaban en orden y el Estado obligó a subastarla. El resultado de la subasta fue previsible: Juan March logró adquirir la compañía a precio de saldo. Se podría decir que Franco nacionalizó algunas eléctricas y las “socializó” entre unos pocos capitalistas.

Coexistiendo con estas empresas privadas se desarrolló Endesa. Al tratarse de una empresa pública desde sus inicios tuvo como uno de sus objetivos extender la red de distribución y fortalecer técnicamente el suministro diversificando los modos de producción. Esto la convirtió en una empresa pública “rentable” algo que como veremos más adelante será generosamente regalado en “democracia” a los capitalistas.

La privatización completa de la electricidad: de González a Aznar

El modelo eléctrico español es definido por un evidente oligopolio de unas pocas empresas que controlan la producción y la distribución y que tiene su origen en el reparto que se hizo del mercado entre los empresarios amigos de Franco.

Este oligopolio está conformado por cinco grandes compañías: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol. Estas multinacionales controlan más del 90 % del mercado eléctrico. Tan solo las tres más grandes, Endesa, Iberdrola y Naturgy acaparan el 85 % de usuarios.

La llegada de la “democracia” no hizo más que acelerar la liberalización de este sector y aumentar la capacidad de controlar a su antojo los precios, el suministro y el mercado en general por parte de estos gigantes de la energía.

Un hito en este proceso fue la privatización de la mayor empresa pública, Endesa. Es habitual ver como los dos grandes partidos del régimen, PP y PSOE, se cruzan acusaciones sobre quién fue realmente el responsable de que no exista una compañía pública en el sector y por qué se perdió la que había. Y aunque las dos formaciones políticas estuvieron involucradas, lo cierto es que fue el PSOE quien dio inicio a la salida a bolsa de Endesa.

El 16 de abril de 1988 el Gobierno de Felípe González inició la primera fase de la privatización de Endesa sacando a bolsa el 20,35% de las acciones de la empresa pública, y estableció que ese porcentaje podría llegar como máximo al 25%. Pero entregar un cuarto de la empresa les pareció poco a los socialistas y años después, en 1994, Felípe González en su segunda legislatura volvió a sacar a bolsa parte de las acciones propiedad del Estado. En concreto un 8,7% de ellas.

Con un discurso marcado por la demagogia, el Gobierno de González decía en ese momento que con esto se avanzaba en la “modernización del sector”. Esta decisión provocó que el Estado perdiese progresivamente el control de la principal empresa pública de electricidad.

Cuando llegó Aznar a la presidencia recibió una empresa semipública y una herencia privatizadora que por supuesto no iba a desaprovechar. Así, en 1997, poco tiempo después de ganar las elecciones privatizó un 35% más de las acciones quedando ahora en manos del Estado poco más del 40% de la compañía, una minoría. Solo será el pistoletazo de salida de la Era Aznar, este gobierno lanzará una y otra vez ofertas públicas de acciones de Endesa hasta quedar totalmente en manos privadas. Diez años después, será la multinacional italiana Enel la que pase a controlar el 70% de las acciones. Paradójicamente esta empresa tiene una historia similar a Endesa. Se trata de una empresa creada por el Estado Italiano en la década de los 60 y que en los 90 fue igualmente privatizada, pero en este caso, el Estado vecino aún se mantiene como el principal accionista con un 25,5% de participación. Hoy Enel es una gran multinacional.

La expansión internacional de estas empresas energéticas, y en concreto de las españolas, fue un fenómeno que se dio en la década de los 90 y que sólo pudo darse tras las privatizaciones de los 80 y 90, momento en el que acumularon un importante volumen de capital para expandirse. En su mayoría el lugar elegido fue Latinoamérica en donde las reformas neoliberales en esos años, derivadas de la aplicación del consenso de Washington, les ofrecía "oportunidades" a precio de saldo. Así Repsol, Endesa o Gas Natural "compraron" empresas públicas o privadas con el apoyo de las instituciones financieras y los planes aplicados por el imperialismo.

Llegados a este punto, y habiendo visto la generosidad del Régimen hacia la burguesía, no podemos pasar por alto el tema de las puertas giratorias. El Régimen del 78 y en especial su sistema de partidos está estrechamente vinculado con el oligopolio energético, prueba de ello es que tres expresidentes; más de 20 ministros (a partes iguales entre el PSOE y el PP); y una larga lista de secretarios de Estado pasaron directamente de diseñar el actual mercado eléctrico a cobrar sueldos millonarios de estas mismas empresas.

El fenómeno de las puertas giratorias fue muy cuestionado en el 15M y a partir de entonces, este método se mantuvo, pero ahora los partidos burgueses tratan de disimular más poniendo en los consejos de administración a figuras de segunda o tercera fila y esperando un tiempo más prudente desde el final del cargo. Quedaba así atrás la época en la que pudo darse la llamativa situación en que los dos principales responsables de la privatización y presidentes del gobierno, González y Aznar terminarían recibiendo sueldos millonarios de las eléctricas. Felipe González llegó a cobrar cerca de medio millón de euros de Gas Natural en cuatro años. Todo un despropósito.

No puede haber mayor muestra de lo que Marx ya definió cuando la electricidad aún no llegaba a las ciudades, que “el gobierno del Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”.

Un modelo hecho “a dedo” para el control de unos pocos capitalistas

Pero la privatización no ha sido el único regalo que han hecho los gobiernos a las eléctricas. También han tomado una serie de medidas que son las que han determinado un modelo de negocio que blinda por encima de todo los beneficios de estas empresas.

En 1997 bajo el Gobierno de Aznar, a la vez que se inicia la venta total de Endesa también se legisla para que el precio de la luz fuese determinado en una subasta, dando lugar al llamado mercado mayorista o “pool”, en donde se vende y compra energía para cada una de las horas del día siguiente. Como son las grandes eléctricas las que producen y distribuyen la electricidad tienen un control absoluto de estas subastas y por tanto son capaces de manipular a su antojo el precio de la luz. Con los años tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han ido dando paulatinamente mayor margen de maniobra a las grandes empresas en este mercado.

Cinco años más tarde, en 2002, el ministro de economía de ese momento, Rodrigo Rato, decidió fijar el precio de la luz por ley, para supuestamente paliar la inflación. Sin embargo esto se ha terminado convirtiendo en un regalo envenenado para los usuarios, ya que como contrapartida el ministro-banquero establecía el denominado “déficit tarifario”. Con esto el Estado contrae una deuda con las empresas por no recibir el precio real de la electricidad y por tanto la Administración Pública iba acumulando una deuda con las eléctricas que sería cobrada con intereses.

Es decir, el gobierno del PP dejaba decidir a las eléctricas el precio de la luz que todos consumimos y al mismo tiempo le terminaba pagando intereses por una deuda que a todas luces es ilegítima, porque se da en base a unos costes sobre la energía que determinan estas multinacionales y que en todos estos años se han negado a mostrar de forma transparente cuánto auténticamente les cuesta producir la electricidad. Desde luego se trata de un negocio redondo para el oligopolio eléctrico.

Dos de las últimas medidas polémicas que también han encarecido el precio de la luz y beneficiado a las empresas han sido el impuesto al sol y los llamados “beneficios caídos del cielo”. La primera penaliza el autoconsumo de quien quiera instalar paneles fotovoltaicos, y en los hechos otorga el control de la energía solar a las grandes eléctricas. Y la segunda supone un regalo en toda regla por el cual los consumidores terminan pagando los costes de emisión de CO2 a estas empresas. Costes que en la mayoría de ocasiones ni siquiera las empresas han de asumir pero sí los reciben como beneficios. Esto se debe a que en el "pool" del mercado energético el precio de la luz es determinado por el coste de producción de la tecnología más cara. Esta tecnología suele ser la que utiliza el Gas Natural para generar electricidad, a la cual se aplican los impuestos por emisión de CO2 que encarecen aún más su precio. Este tipo de producción eléctrica termina imponiendo el precio general de la luz y de toda la producción eléctrica -desde la generada con energía eólica, hidráulica o solar- así las empresas venden todas sus energías al mismo precio (el marcado por la producción con Gas Natural que incorpora impuestos por emisión de CO2).

Otra de las polémicas del último periodo se desató con las primeras noticias sobre el reparto de los fondos europeos. Una parte muy importante de los mal llamados "fondos para la recuperación" irán destinados a modo de transferencia directa para empresas del IBEX35, varias de ellas grandes eléctricas. Muchas de las cuales hoy son grandes contaminantes que ya han diseñado distintos planes millonarios para participar del reparto de los fondos bajo la etiqueta de "eficiencia energética" o "transición ecológica". Endesa por ejemplo ha presentado 110 proyectos por un valor de 19 mil millones.

Un sector estratégico

Nos encontramos por tanto ante un sector de la economía estratégico con unas multinacionales fortísimas y una vinculación orgánica con las principales instituciones y partidos del Régimen del 78. Al igual que la banca o las constructoras son empresas para las cuales se tiene una política de Estado que blinda sus intereses y beneficios.

Estos privilegios no son anecdóticos sino que forman parte esencial del funcionamiento de esta democracia para ricos. Romper con la dictadura de las eléctricas, para obtener una producción y distribución racional con precios razonables y al servicio de la mayoría social significa enfrentarse al actual régimen político.

Es por esto que los planteamientos de formaciones políticas como Unidas Podemos se muestran totalmente impotentes, dando muestra una vez más de su adaptación al Régimen y a los poderosos. Durante la campaña electoral el partido morado hizo del combate contra las eléctricas y la bajada de la factura de la luz una de sus principales banderas. Pablo Iglesias llegó a afirmar que "disparar la factura de la luz solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice".

Sin embargo, como hemos podido ver cuando han llegado al Gobierno ha sido precisamente eso lo que ha sucedido, incluso con subidas nunca antes vistas. Lo único que han alcanzado a proponer tímidamente los ministros de Unidas Podemos es la creación de una empresa pública en el sector. Pero esta medida, que Unidas Podemos propone de cara a la galería sin ninguna intención de llevarla a cabo realmente, es planteada de manera absolutamente limitada. Incluso reconocen que no tendría ningún efecto sobre la factura de la luz y que habría que esperar a que expiren las concesiones de las plantas hidroeléctricas en manos privadas, algunas de ellas con duración de más de 30 años.

El oligopolio de las eléctricas, que es capaz de hacerse oír con fuerza en los principales medios de comunicación, ha logrado sembrar la idea que estas subidas de la luz son fruto de los azares del mercado y que poco se puede hacer. El Gobierno también contribuye a difundir este mensaje, dando a entender que se trata de una cuestión complicada y “sin soluciones simples y a corto plazo”. Esto es una manera de decir que no piensan hacer nada significativo y mucho menos si va en contra de los intereses de los dueños de las eléctricas.

Pero la solución es relativamente sencilla, es necesario expropiar sin indemnización a las grandes empresas que tienen el control del mercado energético y ponerlas bajo el control democrático de trabajadores y usuarios. La complejidad de la que se ha dotado el sistema eléctrico no es para hacerlo más racional, sino para justificar por múltiples vías cómo el Estado garantiza los beneficios de estas multinacionales.

¿Por qué son las eléctricas las que determinan el precio de la luz mediante una subasta? ¿Por qué hay que pagarles a las empresas los gastos de emisión de CO2 cuando generan electricidad que no genera estos gases? ¿Por qué hay que pagar una deuda que es ilegítima a empresas con millones de beneficios cada año? ¿Por qué el sol y la energía que genera es propiedad de Endesa, Iberdrola y Naturgy? ¿Por qué en otros países de la zona, también con criterios capitalistas, la electricidad es significativamente más barata?

Son preguntas, que más allá de cuestiones técnicas, no son difíciles de responder, y todas tienen la misma respuesta: para garantizar los beneficios exorbitantes del oligopolio energético.

La única complejidad que sí admitimos, es que para conseguir recuperar estas empresas bajo control obrero es necesario desarrollar un combate frontal no solo contra estas empresas sino contra el Estado que sostiene su modelo de negocio. Por tanto se trata de una lucha en la que se debe implicar a amplios sectores de las clases populares.

La vinculación íntima de las eléctricas con la dictadura en su momento, y ahora con los principales partidos políticos, tiene que ver con que se trata de un sector clave de la economía. Los trabajadores y el movimiento obrero en particular tienen que abordar esta cuestión de la misma manera que lo hace la burguesía. Siendo conscientes que no solo es un sector estratégico para el lucro de un puñado de millonarios y para el funcionamiento de la economía capitalista, sino que también para poder golpear de manera más contundente a nuestros enemigos de clase.

La importancia de estos sectores en los embates de la lucha de clases la hemos podido observar en las llamadas “huelgas Robin Hood” de los trabajadores de las eléctricas francesas. En las que al mismo tiempo que se movilizaban en contra de la privatización del sector se solidarizaban con trabajadores de otras empresas cortando el suministro a aquellas que despedían a su plantilla. También reconectaban el servicio a aquellas personas sin recursos. Esto provocaba una enorme simpatía y solidaridad obrera y fortalecía los múltiples conflictos sindicales.

También es el caso de la heroica resistencia de quienes se movilizaron en contra del golpe de Estado en Bolivia en el 2019. Con un enorme instinto de clase los manifestantes se jugaron a bloquear la estratégica planta de Senkata, que suministraba hidrocarburos a La Paz, la capital boliviana.

Estos ejemplos son los que realmente muestran cual es el único camino posible de quebrar la voracidad implacable con la que las empresas eléctricas se lucran a costa de nuestro empobrecimiento. Pensar los vínculos estrechos entre este sector y el Régimen de conjunto y su importancia estratégica a la hora de luchar contra ellos es una tarea que tenemos que abordar los revolucionarios. Con este artículo tratamos humildemente aportar al respecto.

Clara Mallo y Pablo Juárez, en Izquierda Diario

LOS ASESINATOS DE LÍDERES AMBIENTALES ALCANZARON CIFRAS HISTÓRICAS EN 2020

 La escalada de violencia contra los defensores de la Tierra no cesó durante la primera etapa de la pandemia. Los datos reportados por Global Witness hablan de 227 asesinatos de líderes ambientales de todo el mundo en 2020, el año con más ataques registrados. En ese periodo, según la publicación de la organización de defensa de los derechos humanos, hubo un promedio de unos cuatro crímenes a la semana en todo el planeta.

"Nuestras cifras son casi con certeza una subestimación, y muchos ataques contra defensores no se denuncian", han advertido a los medios desde la ONG internacional. Los datos reflejan, además, que el grueso de los asesinatos se cometieron en países del Sur Global, pues sólo uno se produjo en un país desarrollado (en Canadá). "A medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta".

Más de la mitad de las matanzas denunciadas se dieron en tres únicos países: Colombia, donde se produjeron 65 crímenes; México, con 30 ataques; y Filipinas, país en el que la escalada de violencia no ha hecho más que incrementar desde el ascenso al poder de Rodrigo Duterte en 2016, con 166 activistas asesinados en todo este tiempo, 29 de ellos en el último año. El cuarto país con más violencia contra indígenas y personas vinculados a la protección de los ecosistemas es Brasil, con 20 muertes documentadas. Un dato preocupante para Global Witness, que señala directamente a las políticas expansivas de Jair Bolsonaro como una de las causas del incremento del ensañamiento que sufren los líderes conservacionistas del país amazónico.

¿Quién mata a los activistas?

Aunque de los 227 asesinatos documentados en 2020 hay 51 en los que no se ha podido identificar a los autores materiales, la organización señala que el 70% de las víctimas estaban trabajando en la defensa de los bosques y contra su deforestación e industrialización. Así, al menos 89 de los delitos fueron llevados a cabo por sicarios contratados por compañías que tienen intereses económicos en los recursos naturales. "Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis climática al borde, sino que ha continuado perpetuando la matanza de defensores".

No obstante, las instituciones también apretaron los gatillos de sus armas, pues en los países afectados se han documentado 18 asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas y otros 12 en los que miembros de la Policía estaban implicados. "Los gobiernos han estado demasiado dispuestos a hacer la vista gorda y no han cumplido su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellos y en otros son cómplices de las empresas", han argumentado desde Global Witness.

Victorias históricas

Pese la escalada de violencia y persecución, 2020 también fue un año positivo para las luchas de los pueblos indígenas contra la deforestación y los proyectos de extracción de recursos. La Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabwe consiguió frenar un proyecto minero que atentaba contra el Parque Nacional de Hwange, una reserva donde habitan algunas poblaciones de rinoceronte negro, en peligro de extinción. En Canadá, consiguieron frenar la financiación para la extracción de petróleo en el Ártico. En noviembre, el Tribunal Superior de Sudáfrica dio la razón a los activistas ecologistas y canceló la construcción de una de las mayores centrales de carbón del planeta, lo que zanjaba una pugna legal que dio su inicio en 2015.

En el mes de abril, la Justicia brasileña dio la razón a las comunidades indígenas Asháninka en Acre que llevaban más de dos décadas denunciando la deforestación masiva de su entorno. Las compañías implicadas fueron condenadas a pagar cerca de 3 millones de dólares a las familias autóctonas afectadas. En Honduras, el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Víctor David Castillo como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres y, además, dejó la puerta abierta nuevas investigaciones contra la familia Atala Zablah y otros directivos de la compañía DESA. 

La publicación de Global Witness recoge muchas otras victorias en Zambia, la República Democrática del Congo, Canadá, Panamá o Camboya y señala que, pese obtener el apoyo de la Justicia, en la mayoría de los casos, las persecuciones y amenazas contra colectivos indígenas y organizaciones conservacionistas han persistido.

Alejandro Tena, en Público

UN REFUGIO DE ESPERANZA ANIMAL EN FALCES

 Anifal, la Asociación Protectora de Animales de Falces, que se consolidó definitivamente en enero con el objetivo de cuidar, atender y mantener a los animales abandonados o maltratados que aparecen en la localidad, ya ha puesto en marcha el refugio, un proyecto que resultó ganador en el primer proceso de presupuestos participativos y que pretende mejorar la estancia de los perros y gatos que hasta ahora iban al toril junto al Pilón, un lugar que no reúne las condiciones mínimas debido al frío y la humedad.

Tras buscar el mejor espacio posible de la mano del Ayuntamiento, cuentan, tras meses y muchas, muchas horas de trabajo, ya están a pleno rendimiento; se trata de un lugar que cuenta con tres salas más un pequeño patio que esperan adecentar próximamente. La primera habitación está destinada a los perros y tiene tres cheniles. En este momento, explican, tienen a Kata, un American Pitbull pendiente de acogida o adopción que "es un amor", mientras que en la segunda y la tercera sala están los gatos, en esta última los que tienen que hacer cuarentena; allí solo van los felinos enfermos y los que ven en la calle que se encuentran en muy mal estado.

Además, en este espacio han colocado puertas de seguridad, ventanas, han cambiado toda la albañilería y han tirado muros para conectar las salas. "Estaba en ruinas total y tenemos que dar las gracias a los voluntarios que nos han ayudado. La verdad es que el refugio da mucho más trabajo del que esperábamos pero nos organizamos bien. La idea ahora es poner luz porque estamos con pequeñas placas solares que no tienen casi potencia", aseguran.

De hecho, al tener un perro hacen tres turnos diferenciados para sacarlo a pasear "y, después, aquí siempre hay cosas que hacer", reiteran.

La presidenta es Paola Armendáriz, y le acompañan la vicepresidenta Carla Labari; la secretaria, Cristina Mendívil; la tesorera Amaia Lusarreta; y las vocales Ana San José, Nayra Iturralde y Maider García.

Ahora, explican, van a empezar con el método CES (Captura, Esterilización y Suelta). Anifal le hizo una propuesta al Ayuntamiento y ha localizado nueve colonias de la que cada una de las integrantes es responsable.

Además, van a buscar a vecinos que quieran ser alimentadores porque, afirman, sin carné no se les puede dar de comer legalmente, y van colocar, tal y como hicieron en Peralta, tres Cat Hotel que están en construcción y cuyas localizaciones aún tienen que decidir.

"Los ideal sería que no hubiese ningún animal aquí, que todos estuviesen en una casa". De hecho, para efectuar ese trámite, llevan a cabo un cuestionario a los interesados así como un contrato de acogida, de adopción y de seguimiento.

Desde Anifal hacen un llamamiento a todas las personas interesadas en participar y colaborar de cualquier manera, "toda ayuda es bien recibida"; paseos, donaciones (mantas, cojines, pienso o arena), etc. El correo electrónico para ponerse en contacto con ellas es anifalces@gmail.com; el teléfono, el 676750375; en las redes sociales están presentes en Facebook (Anifal Falces) y en Instagram (@anifal); y el número de cuenta es ES31 3008 0008 3343 4669 2223.

Ellas, por el momento, ya colaboran con un par de comercios de la localidad; La tienda de Itziar y Establecimientos Romero, y el Día del Ajo colocaron un stand en la feria para darle difusión y publicidad a la asociación. De hecho, no descartan volver a hacerlo en algún otro acto e incluso movilizarse por los municipios de la zona.

Aunque todas ellas se conocían de vista, lo cierto es que no habían coincidido hasta formar parte de Anifal; su pasión por los animales ha terminado por unirles. "Claro que a veces cuesta, pero es nuestro compromiso, lo hacemos porque queremos y porque después la satisfacción personal es muy grande. Para nosotras es como un hobby, elegimos invertir nuestro tiempo en el cuidado de estos perros y gatos abandonados", apuntan.

"Es algo que hacemos sin esfuerzo porque nos gustan los animales. Es más fácil darles una salida y una vida digna desde aquí que si se van a la perrera. Es una forma de ser más directas; de nuestro refugio, a la familia, y con este proyecto podemos profundizar mucho más en todos los aspectos", explican estas jóvenes falcesinas.

Aunque la Covid-19 les cortó las alas, tienen la idea de hacer actividades de concienciación con los 'muetes' del colegio o con los ancianos de la residencia. Lo que sí hicieron y van a repetir es un curso de adiestramiento de la mano de Bienescan.

"Esperamos que todo esto perdure en el tiempo, que la gente se anime a participar y que se involucre porque cuantos más seamos, será mejor", finalizan. 

María San Gil, en Diario de Noticias

EL CONGRESO ESTUDIA CAMBIAR LA LEY MUNICIPAL EN FAVOR DEL MUNICIPALISMO

El Congreso decidirá mañana si toma en consideración una modificación legislativa enviada por el Parlamento de Navarra para reformar preceptos de la Ley Electoral y la de Financiación de Partidos que perjudican a las formaciones pequeñas, y que, entre otras cosas, plantea la eliminación de las multas mínimas que deben imponerse si se supera el límite de gasto electoral en determinados porcentajes.

Actualmente la Ley de Financiación de Partidos Políticos establece sanciones para las formaciones que superan el límite de gasto electoral, que oscilarán entre el doble o el quíntuplo del exceso en el que hayan incurrido. La norma distingue entre infracción leve, grave o muy grave, según lo que se haya sobrepasado este tope de gasto, pero fija unas multas mínimas en cada uno de los casos que, si se aplican a partidos pequeños de implantación local, pueden llevarles a la bancarrota.

Así, si se supera en un 10% o más el límite de gasto electoral (infracción muy grave) la multa mínima obligatoria es de 50.000 euros; si ese gasto se sobrepasa entre un 3 y un 10% el mínimo son 25.000 euros de penalización y si el exceso va del 1 y al 3% ésta no podrá ser inferior a los 5.000 euros. "La reciente experiencia de procedimientos sancionadores tramitados por el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que cuando se trata de pequeñas formaciones políticas que concurren en un solo municipio, un exceso muy pequeño puede dar lugar a una desproporcionada sanción de 50.000 euros debido al límite de gasto electoral que les resulta de aplicación", justifica el Parlamento de Navarra.

Uno de los principales impulsores de la iniciativa, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona, destacó ayer que su objetivo es "acabar con la discriminación de las agrupaciones electorales independientes de los municipios". "El Congreso debe paliar una situación injusta, como es que las agrupaciones de electores y partidos independientes que concurren en las elecciones municipales, en este caso en una única circunscripción, tengan limitada su capacidad de gasto", apuntó Azcona, que denunció que estas agrupaciones "no tienen igualdad de condiciones para la participación politica".

Diario de Noticias

TRIBULACIONES Y DESVENTURAS DE UN CAMARERO PROVISIONAL

 Conseguí mi primer empleo a los 16 años, justo el día de mi cumpleaños. Iba caminando con un amigo mayor que yo y me dijo que ya podía trabajar. Me entusiasmó la idea y el hecho de tener mi propio dinero, así que sin perder ni un segundo, me acerqué a una atracción para niños que casualmente estaba a nuestro lado y le pregunté a la encargada del tiovivo si podía trabajar allí. La mujer me preguntó por mis estudios, le contesté que estaba empezando 4º de ESO y me respondió que le parecía bien pero que antes quería hablar con mis padres. Al día siguiente, conté la historia en casa y accedieron a hablar con aquella mujer. Así de sencillo fue conseguir mi primer empleo.

Trabajaba casi todo el fin de semana: viernes por la tarde de 17:00 a 20:30, sábados por la mañana desde las 10:00 hasta las 14:00, el sábado por la tarde tenía el mismo horario del viernes y los domingos igual que los sábados. El horario estaba sujeto a cambios que se podían producir en cualquier momento. Por ejemplo, si comenzaba a llover de forma abundante tardábamos poco tiempo en cerrar porque dejaba de haber niños paseando en las calles para subirse al tiovivo. Eventualmente, también me llamaba para decirme que no era necesario que fuera a trabajar ese día porque acudiría en mi lugar otra persona. Mis labores allí eran fáciles. Consistían en ayudar a la dueña del carrusel a desmontar un sistema de rejas que guardaban el tiovivo. Cuando estábamos abiertos tenía que ayudar a sentar a los niños en las diferentes figuras, ir a cambiar monedas cuando era necesario, ayudar a repartir caramelos al terminar cada viaje y así hasta cerrar y volver a montar el mencionado sistema de rejas. La dueña siempre fue muy amable conmigo y en lo que se refiere al trato personal no tengo ninguna queja. La única razón que me motiva a contar esta parte de mi vida es que nunca firmé ningún contrato y tampoco me dieron de alta de la seguridad social. Mientras trabajaba, debido a mi juventud e ignorancia sobre esos asuntos, no le daba importancia a esto pero ahora sé que fueron muchas horas las que trabajé y de las que ya no queda ningún registro y, por tanto, no podré contar con ellas al final de mi vida laboral. Por suerte, no tuve ninguna lesión durante el trabajo.

Después de aquello pasé varios años muy centrado en mis estudios. Hasta que llegó la crisis de 2008. Entonces comenzaron meses duros y, en casa, costaba llegar a final de mes. Por esa razón, decidí volver a trabajar y contribuir a la economía familiar. Gracias a un amigo de un familiar conseguí trabajar en un restaurante.

Allí estuve aproximadamente dos años trabajando como camarero extra, que es como se denomina comúnmente a los camareros que trabajan solo los días de más trabajo, lo que puede ser cualquier día. Dentro de esa incertidumbre parecía haber algo de rutina y trabajaba principalmente los sábados, aunque no me lo confirmaba el dueño del restaurante hasta el viernes anterior por la noche. Solía entrar a trabajar a las 10:30 de la mañana para montar las mesas, es decir, limpiarlas, poner los manteles, platos y cubiertos. Luego solía ponerme a cortar barras de pan y preparar las cestas. Un poco más tarde, sobre las 12:30, cuando empezaban a llegar los primeros clientes, me ocupaba de preparar las bebidas que mis compañeros me pedían. También ayudaba a sacar platos de comida a las mesas y a recoger las mesas quedaban vacías. Esos momentos centrales del servicio eran muy estresantes, no parabas de correr con bebida en las manos hacia las mesas o con vasos y platos vacíos en dirección a la cocina. Aunque acababa bastante cansado, no me importaba porque de esa forma pasaba el tiempo más rápido. Cuando todo ese ajetreo terminaba comenzaba la parte más dura del día: limpiar y recoger. Había que barrer, recoger las mesas, tirar la basura, reponer toda la bebida de las neveras, etc. Recuerdo que quedé impactado por la gran cantidad de comida que se tiraba todos los días y también la enorme cantidad de basura que generaba el bar. Salvo las botellas retornables, no se reciclaba nada más.

Nunca salía a la misma hora, salía cuando llegaba el dueño del restaurante quien miraba la hora, contaba el número de horas que había trabajado y me pagaba en metálico, lo que solía ocurrir entre las 19:00 o las 20:00 aproximadamente. El trato con los compañeros, incluyendo al dueño, era bueno y nunca nadie dirigió hacía mí ninguna palabra inapropiada.

A pesar de que el día a día en el bar se desarrollaba de forma razonable, no firmé ningún contrato al comenzar, no firmé ningún finiquito al terminar y, obviamente, dadas las circunstancias no me dieron de alta en la seguridad social. Al año siguiente, comenzaría un máster universitario, por lo que si hubiera podido contar con la habitual prestación por desempleo hubiera tenido las cosas un poco más sencillas. Por otro lado, no me cabe duda de que me acordaré también de estos meses de trabajo al final de mi vida laboral.

Merece la pena destacar una conversación que tuvolugar en la barra del restaurante un día cualquiera a la hora del café. En la conversación estaban unos clientes y el hermano del dueño hablando sobre la situación de crisis económica que estábamos viviendo. En un momento dado, dije que no pensaba que la solución a aquella situación pasara ni por PP ni por PSOE. En mi defensa diré que era demasiado joven para saber que no era el lugar apropiado para expresar mi opinión política. Por otro lado, ojalá llegue el día en que no haya situación inapropiada para expresar, de forma respetuosa, una opinión política. En ese momento no consideré que la conversación tuviera mucha importancia, pero fue la última vez que trabajé en el restaurante. Nunca llegué tarde, nunca me ausenté de mi puesto de trabajo y no recuerdo hacer nada que estuviera claramente mal hecho o al menos nadie me lo notificó. Simplemente dejaron de llamarme los viernes por la noche. Después de eso, llamé al dueño en alguna ocasión para preguntarle si me necesitaba y su respuesta era que no había muchas reservas para el sábado. No hubo un despido porque no firmé ningún contrato. Es posible que el restaurante comenzará a sufrir los efectos de la crisis y que por esa razón dejaran de contar conmigo. Por otro lado, el restaurante continúa abierto. En cualquier caso, el dueño del restaurante nunca tuvo una conversación conmigo para explicarme porqué prescindía de mis servicios como camarero. Poco después, el día de las elecciones municipales, me encontré al dueño del restaurante ejerciendo el papel de apoderado del Partido Socialista en el colegio electoral. Al día siguiente, los resultados de aquellas elecciones hacen al dueño del restaurante alcalde del municipio.

Pasaron unos años hasta mi próxima experiencia laboral. En este caso, fue una amiga quien me propuso trabajar otra vez como camarero extra para un restaurante. En este nuevo local, el horario era bastante bueno, trabajaba desde las 20:30 hasta la 01:30. Me pagaban 7€ la hora. Tengo entendido que las horas por la noche se deben cobrar a un precio más alto pero sinceramente nunca he tenido esa suerte. Mis funciones en este restaurante eran muy similares a mi anterior trabajo, justo al entrar comenzabas a montar las mesas, barrer la terraza, etc. Cuando empezaban a venir los clientes todos los compañeros comenzábamos a pasar bandejas llenas de copas de cerveza y tinto de verano. Un rato más tarde, empezábamos a pasar platos de comida fría, como por ejemplo, platos de queso, tablas de embutidos, etc. A continuación, pasábamos a servir algunos platos calientes y, por último, los postres. Para terminar el trabajo, solo nos quedaba recoger todo el restaurante y sentarnos a la mesa a cenar sobre la 01:00 de la madrugada. Aunque parezca tarde, todos comíamos con mucha hambre. El ambiente era realmente bueno, había mucho compañerismo, porque éramos todos jóvenes entre 20 y 30 años, cenábamos juntos haciendo bromas, incluido el encargado, que era una persona muy simpática y educada. Estoy prácticamente seguro de que las condiciones laborales no dependían del encargado sino del dueño, un señor bastante más mayor que nosotros que, a veces, veíamos pasearse por allí. En esta ocasión, aunque no firmé ningún contrato sí me daban de alta en la seguridad social casi todos los días que trabajaba, digo casi porque de forma excepcional había días que no me daban de alta. Es curioso que para una vez en mi vida que me daban de alta en la seguridad social, casi hubiera preferido que no lo hicieran porque por cada día que me daban de alta perdía una o, a veces, dos mañanas en volver a inscribirme en el paro y en el programa de garantía juvenil, ya que por aquel entonces había terminado un grado universitario, un máster y tenía dos títulos de inglés y, como es lógico, esperaba encontrar un trabajo acorde a mi formación.

Sin duda, lo mejor de aquel trabajo era la cena. El cocinero era muy bueno además de simpático. Solíamos sentarnos a cenar en la cocina y charlábamos sobre cualquier cosa. Recuerdo que ya en esa época me llamaba la atención que todos teníamos uno o dos títulos universitarios, lo que es un poco triste y frustrante. Le tengo mucho respeto a la profesión de camarero, la he ejercido durante mucho tiempo y no creo que sea una etapa finalizada de mi vida, simplemente he estudiado para ejercer otra profesión que disfruto más. Pensando en mis compañeros sé que tenían una opinión parecida a la mía. Pienso que cuando alguien estudia un grado universitario en Traducción de Francés o en Ingeniería Informática no creo que lo haga pensando en trabajar en un restaurante para servir cafés y cerveza a turistas.

Así continué, varios meses, buscando trabajo de lo mío mientras trabajaba de camarero extra cuando me llamaban, lo que solía ocurrir dos o tres veces al mes. Para trabajar me solían avisar ese mismo día para entrar a las 20:30, normalmente confirmaba mi asistencia inmediatamente y cancelaba cualquier plan que tuviera planeado, ya que la lista de personas que querían y podían trabajar era larga.

Cansado de trabajar de forma eventual, decidí preparar un currículum pensado para trabajar en algún restaurante a jornada completa. Las peculiaridades de ese currículum pasaban por borrar mi máster universitario y explicar con todo detalle mi experiencia en el sector. Sinceramente fue muy triste hacer desaparecer mi máster universitario para ir a pedir trabajo, después de tanto esfuerzo y dinero que me costó. Lo hice porque había escuchado muchas veces que en el sector de la hostelería no suelen contratar a gente con formación superior, también escuché que no contrataban a graduados en Derecho ni en Relaciones Laborales. Ciertamente, viendo las condiciones de trabajo que había experimentado lo comprendía.

Gracias a mi nuevo currículum y a largas jornadas entregando una copia en cada bar o restaurante por el que pasaba, finalmente me contrataron en un restaurante de una zona muy turística. Por primera vez en mi vida firmé un contrato a 40 horas. A pesar de que tenía una amplia experiencia en la hostelería, lo que sin duda fue una de las razones por las que me contrataron, firmé de prueba de un mes. Por fin había conseguido un contrato más o menos estable y estaba contento (a pesar de que mi trabajo no tenía nada que ver con lo que había estudiado) pero cuando vi mi horario, mis sensaciones cambiaron un poco, ya que iba a trabajar unas 60 horas a la semana. Descansaba un solo día a la semana, del resto de la semana trabajaba tres días seguidos en horario de 14:00 a 02:00 aproximadamente y luego cambiaba otros tres días de 09:00 a 18:00. Eso suponía que había un día que salía de trabajar a las 02:00 y tenía que entrar a las 09:00 de ese mismo día. Digo que salía a las 02:00 aproximadamente porque era el cierre del restaurante y en ese sector no se sabe la hora a la que sales de trabajar porque siempre puede venir un cliente de última hora. Sin embargo, son muy estrictos con la hora a la que debes estar allí, listo para trabajar.

En alguna ocasión pude hablar con algún compañero sobre las condiciones de trabajo, le explicaba que según el convenio no era legal trabajar más de 10 horas diarias y que debíamos tener dos días de descanso a la semana, pero no insistí mucho porque siempre tenía respuestas cargadas de miedo a perder el puesto de trabajo. Me solían decir que aunque eran condiciones duras por lo menos nos pagaban puntualmente, que tenían hijos pequeños a su cargo, que era mejor no llamar la atención de los jefes, etc.

Mis funciones allí eran muy parecidas a las de cualquier otro restaurante. Si entraba a las 14:00 me ponía directamente a servir bebidas, sacar platos de comida y luego servir meriendas y cafés… Si entraba a las 09:00 la cosa no cambiaba mucho solo que servía desayunos… nada que no hayan visto hacer mil veces a cualquier camarero. Lo único destacable de ese lugar era que a mi encargado le gustaba cerrar el restaurante muy rápido para poder irse antes a casa, lo que es comprensible al tiempo que complicado de hacer después de trabajar 12 horas.

Probablemente, lo peor de aquel trabajo fue el horario. Todas las horas que trabajabas por encima de las 40h las tenías que apuntar y te las pagaban el último día del mes en un sobre blanco. Todo eso me lo explicó con detalle el encargado en mi primer día. Una vez más me imagino que estas condiciones de trabajo no eran una ocurrencia del encargado sino de los dueños, en cualquier caso son suposiciones porque yo solo hablaba con mi encargado.

Después de un tiempo trabajando allí, decidí que no quería seguir con ese ritmo de vida. Me pasaba los días cansado en casa o cansado en el bar, no había más opciones. Trabajar unas 60 horas a la semana te deja muy poco tiempo para cuidar amistades o tener alguna afición. Así que después de algún tiempo decidí marcharme del restaurante para no volver.

Jorge, en abusospatronales.es