jueves, 31 de marzo de 2022

UNA SENTENCIA CONFIRMA QUE UPN PRIORIZÓ EL BENEFICIO EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DEL TRANSPORTE

  Nasuvinsa todavía pelea por quitarse de encima la millonaria carga que le dejó hasta 2015 la gestión de UPN en la Ciudadl del Transporte. Y, de momento, los tribunales le van dando la razón. De hecho, la Audiencia Provincial de Navarra ha ratificado los incumplimientos de contrato por parte de la UTE adjudicataria de la Ciudad del Transporte de Pamplona, una resolución fruto de la denuncia en 2018 por parte de Nasuvinsa y que permite a Navarra evitar la pérdida de 23,7 millones de euros.

Lo explicó ayer en el Parlamento de Navarra el vicepresidente y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, en una comisión parlamentaria a petición de Geroa Bai para exponer el contenido de la sentencia.

El fallo, emitido el 16 de febrero, desestima el recurso presentado por la UTE Sanco a la instancia del 2019 que daba la razón a Nasuvinsa en su petición de rescindir el contrato de la Ciudad del Transporte por incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria, que había dejado de abonar el canon y que, además, tampoco comercializaba los terrenos sobre los que tenía derecho de uso.

Según explicó el consejero, si Nasuvinsa no hubiera denunciando en 2018 el incumplimiento del contrato de la explotación de la 3ª fase de la Ciudad del Transporte de Pamplona en Imárcoain, suscrito con Sanco “el 1 enero 2022, los ciudadanos navarros hubieran tenido que abonar a la UTE 23,7 millones de euros como consecuencia de las condiciones pactadas en aquel contrato”.

Así la empresa podía elegir en esta fecha si mantener el derecho de superficie por más tiempo y seguía gestionando este espacio u obligaba a la Administración a comprar esos activos a un precio establecido muy superior al de mercado. Esto era, explicó Aierdi, “un ejercicio de irresponsabilidad” por parte del entonces Gobierno de UPN.

COBRANDO YA ALQUILERES Además, según dijo “Nasuvinsa ya está cobrando 330.000 euros de ingresos por los alquileres de las naves construidas que hasta hace cuatro días percibía la UTE” y la valoración de los peritos de la empresa pública han establecido que la UTE, además de entregar los activos, debe pagarle entre 2 y 4 millones de euros por su “inacción y falta de dinamismo”.

A su juicio no se puede responsabilizar a la UTE por lo ocurrido debido a que “es una empresa privada que busca las mejores condiciones para su propia actividad”. La clave, subrayó, está en “el fracaso del modelo elegido” que dejaba al mercado actuar “por sí mismo sin ningún tipo de control” eliminando el riesgo empresarial y traspasándoselo al conjunto de la ciudadanía, al obligar al Ejecutivo a recomprar.

“Priorizar el beneficio empresarial frente a ese interés público parecía el objeto de un procedimiento y un concurso de estas características”, insistió Aierdi, señalando que ya en aquel momento existían sociedades públicas como Nasuvinsa o la Agencia Navarra del Transporte y la Logística (ANL) que “estaban gestionando los desarrollos industriales del conjunto de la comunidad”.

La sentencia de 2022, señaló, incide en que se modificaron las condiciones del procedimiento de tal manera que se daba valor a la estrategia de la empresa, que “busca mantener en el tiempo esas parcelas sin vender en contradicción con el interés público” para cobrar a un precio superior.

Porque el contrato, firmado en pleno boom económico (2006) no establecía mecanismo alguno para evitar que la Administración se viese obligada a adquirir los terrenos a un precio elevado, sino que la “facilitaba”. Como quiera que la UTE dejó de pagar el canon de explotación, el nuevo Gobierno que surgió de las elecciones de 2015 decidió en 2015 resolver el contrato y evitar así el pago de una millonaria compensación por parte de Nasuvinsa. 

Juan Ángel Monreal e Iñaki Porto, en Diario de Noticias

miércoles, 30 de marzo de 2022

REGALAR LAS CALLES A LA DERECHA

 El Gobierno ha conseguido un balón de oxígeno in extremis que le permite ganar cierto tiempo y esquivar un par de golpes ante la agitación en las calles de estas últimas semanas. El acuerdo en Bruselas que permite a España no vincular los precios del gas con los de la electricidad ha permitido, al menos por un instante, que Pedro Sánchez vuelva a parecer un tipo hábil capaz de conseguir un buen trato para el país que gobierna. Justo cuando la derecha sacude de nuevo las pancartas y se mimetiza con reivindicaciones en muchos casos legítimas de determinados sectores, ahogados por los altos precios de las energías y el desabastecimiento.

La derecha emprendió la estrategia de la agitación callejera constante hace ya muchos años, principalmente cuando Aznar perdió las elecciones tras tratar de colarnos el bulo del 11M y las armas de destrucción masiva en Irak. Fue entonces cuando la revuelta neocón empezó a hacer tambalear los cimientos de la casa común de las derechas que había sido hasta entonces el PP. Y lo que cristalizaría años más tarde en el nacimiento de una extrema derecha capaz de competir de verdad con el principal partido conservador, en el seno del cual se había gestado.

Si entonces las derechas movilizaron al sector más involucionista, teloneadas por la Conferencia Episcopal en su festival contra la ley del matrimonio igualitario, la reforma de la ley del aborto o la ley de memoria histórica, hace tiempo que se salen del repertorio y se atreven con otros temas. Esto es una señal que indica que se sienten cómodos y confiados para interpretar nuevos papeles e incluso improvisar, adaptándose a la coyuntura con extrema facilidad y con la complicidad del autotune de los medios, que, si desafinan, allí están ellos para poner esa nota en su sitio si hace falta. Ahora se esconden tras supuestas reivindicaciones sociales, se disfrazan de sindicato y te dicen que madrugan. Y a más de uno se la cuelan. Aún así, estos días hemos vuelto a ver las movilizaciones de la pandilla neocón una vez más enarbolando sus viejas banderas: una nueva marcha ‘por la vida y la familia’, otra contra ETA, que desapareció hace 10 años, y, en sus madrigueras habituales, a los neonazis de siempre juntando a sus homólogos griegos, alemanes, serbios e italianos en Madrid.

El problema no es ya que la ultraderecha esté sobreexcitada tomando las calles y sobrerrepresentada en los medios, sino que gran parte de la izquierda no lo está. Algunos temen que reivindicar que el Gobierno haga políticas que protejan a los más vulnerables, los servicios públicos y los derechos humanos es contribuir al descontento que capitalizará la derecha. A pesar de que, cuando hay que retratarse, la derecha siempre vota en contra de los intereses de la mayoría de los que secundan esas protestas y se reivindican como obreros.

Otros, sin embargo, no han dejado en ningún momento de protestar y pedir no solo ese giro progresista que algunos le suponían al gobierno, sino que, al menos, cumpla sus promesas. Desde la paralización de los desahucios, el refuerzo de la sanidad pública, la derogación de la Ley Mordaza o una reforma laboral valiente, hasta sus compromisos con el Sáhara.

Sin embargo, ni estas ni otras movilizaciones, como las de los obreros en Cádiz, las limpiadoras del Guggenheim o estos días los trabajadores de Nordex, tienen tanta benevolencia ni siquiera visibilidad en la mayoría de medios. Es obvio que estos colectivos no son capaces de paralizar o sacudir al país como sí lo han sido los transportistas estos días, pero no por ello sus causas deberían ser más invisibles o menos atendidas.

La derecha sabe que cualquier carencia y fallo de este gobierno le va a acabar beneficiando. Y el Gobierno cree que tan solo agitando el fantasma de la ultraderecha conseguirá poner de nuevo firmes al resto y lo mantendrá en el poder. Y que posiblemente el único que salga desgastado de esta falta de valentía sea su socio a la izquierda. Por lo tanto, que la ultraderecha de desgañite en las calles, ni tan mal. Toda protesta podrá ser presentada como una quinta columna reaccionaria.

La falta de valentía del Gobierno para dar respuesta a la precariedad y a los abusos de las grandes compañías no puede ser capitalizada por la derecha. Si la izquierda no está a la altura por miedo al desgaste de lo que cree única opción progresista, está renunciando a sus principios. Que pijos armados con palos de golf, cazadores que ahorcan a sus perros cuando no les sirven, y empresarios del transporte que liquidan sus empresas y no pagan a sus trabajadores sean hoy quienes agitan las calles no es solo consecuencia de la pasta que invierten los ultras en fletar autobuses o del foco de las principales cadenas. Es culpa también de quienes deberían hacer de contrapeso social, también en las calles, para no regalar las banderas de la indignación a quienes se pasean a caballo por la capital como el señorito que pasa revista a sus lacayos en el cortijo.

  Miquel Ramos, en Público

jueves, 24 de marzo de 2022

"EN POLONIA HA HABIDO ATAQUES RACISTAS A LOS REFUGIADOS NO BLANCOS DE UCRANIA"

 Rafal Pankowski es sociólogo, politólogo, profesor asociado en el Collegium Civitas y memorialista del Holocausto. Además, es portavoz de Never Again, la asociación antirracista más importante de Polonia. Los informes de esta entidad son los más reconocidos a nivel internacional para testar el avance del fascismo en los últimos años. Conversamos con él, que se encuentra en Varsovia, por videoconferencia sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania y la llegada de más de 1,7 millones de personas refugiadas a Polonia.

¿Cómo valora el cambio de actitud hacia las personas refugiadas que se ha vivido en Polonia en las últimas semanas?

Desde 2015 y hasta hace dos semanas, el Gobierno no aceptaba refugiados y la actitud social era bastante hostil. Eso ha cambiado con la guerra de Ucrania, cuando se han abierto las fronteras con este país. El Parlamento ha aprobado, además, una legislación favorable a sus refugiados, a los que se les reconoce derechos sociales, seguridad social y acceso a la salud. Todo eso era imposible de imaginar hasta hace unos días y está siendo apoyado por todos los partidos políticos salvo Konfederacja, la ultraderecha, que está llevando a cabo una campaña contra los refugiados. 

Pero hasta ahora la respuesta ha venido casi exclusivamente de la sociedad civil. 

Sí, y no sé cuánto tiempo se mantendrá la solidaridad con los refugiados en Polonia. He escuchado que nadie puede estar preparado para la llegada de tantísimas personas, pero la decisión del Gobierno de aprobar esta legislación es clave y la agradezco. Muchos de estos refugiados seguirán su camino a otros países, pero muchos otros se quedarán porque ya hay un millón de trabajadores ucranianos viviendo en Polonia, cuyos familiares se van a quedar. 

El partido ultraderechista Konfederacja, como la mayoría de partidos neofascistas de Europa, tiene muy buena relación con Putin. ¿Le puede hacer perder apoyo entre la población la guerra de Ucrania?

Algunos de sus líderes son claramente ProPutin o proRusia. Y pueden conseguir a medio plazo que parte de la sociedad cambie de actitud hacia los refugiados. No paran de decir que es injusto que el Gobierno de Polonia les den gratis casa, transporte, medicinas. No paran de mentir diciendo que las violaciones y los robos se han multiplicado en la frontera cuando la policía ya ha aclarado que no es así…  

Lo que sí ha habido son ataques racistas de hooligans a los refugiados no blancos que llegaban a Polonia procedentes de Ucrania. Y la organización de esos ataques ha sido por las redes de Konfederacja.

Y, mientras, los activistas que intentan auxiliar a los refugiados y refugiadas que intentan entrar en Polonia por la frontera bielorrusa son criminalizados, detenidos, multados y condenados.

Totalmente, cuando vienen huyendo de países como Afganistán, Siria o Irán. Es una paradoja. Mi esperanza es que la solidaridad que estamos viendo se extienda al resto de personas refugiadas, que es lo que debería ocurrir desde la  perspectiva de los derechos humanos. 

Con fortuna, esas personas que se han abierto a recibirlas, ahora que están experimentando esa relación, quizás puedan cambiar su percepción sobre la humanidad. Ojalá que todas las cosas terribles que hemos escuchado estos siete años no las volvamos a escuchar de nuevo. 

Pero la Iglesia católica sigue teniendo mucha influencia en la sociedad polaca y uno de sus representantes con más influencia, el sacerdote Tadeusz Rydzyk, dueño de Radio María entre otros medios de comunicación, sigue sembrando el odio contra los refugiados, incluidos los de Ucrania. 

El rol de la Iglesia en Polonia es muy importante políticamente, también entre los jóvenes, entre quienes ha crecido mucho su influencia en los últimos años. Es una Iglesia muy hostil a los refugiados, al papa Francisco, al que consideran demasiado cercano a los migrantes y refugiados.  

Acaban de saber que su organización, Never Again, ha sido incorporada a un listado que ha elaborado el Gobierno de la región de Cracovia sobre las organizaciones que no son bienvenidas en las escuelas: las feministas, las del colectivo LGTBIQ+, las que defienden los derechos de las personas gitanas, las antirracistas como Never Again… 

Sí, ha sido un shock descubrirlo. Polonia vive una crisis de los valores democráticos de la que no podemos dejar de hablar en estos días de llegada de refugiados de la guerra. Si el director de un colegio nos invitase a dar una charla, lo despedirían. Así estamos en Polonia. 

Patricia Simón, en La Marea

viernes, 18 de marzo de 2022

USO CONFUSO DEL TÉRMINO "BIO". ¿ES ÉTICO?

 La Comisión Europea presentó en marzo del año 2021 un Plan de Acción para el desarrollo de la producción ecológica. Su objetivo general es impulsar la producción y el consumo de productos.

Según la Comisión, los animales criados de manera ecológica disfrutan de un mayor grado de bienestar y reciben menos antibióticos y los consumidores saben exactamente lo que reciben gracias al logotipo ecológico de la UE.

Las  medidas propuestas en el Plan de Acción  tienen por objeto, por ejemplo, prevenir el fraude, aumentar la confianza de los consumidores y mejorar la trazabilidad de los productos ecológicos.

En junio de 2021, la empresa Valle de Odieta, titular de la macrogranja de vacas lecheras situada en Caparroso, invitó a todos los grupos parlamentarios del Gobierno de Navarra a visitar sus instalaciones. En la visita, se entregó un folleto publicitario en la que se autodefinía como “biogranja de vacuno de leche”.

Ante la consulta formal de un grupo parlamentario sobre la realidad de dicha definición, la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente constató el empleo en un folleto de publicidad de la mercantil, del término “Bio” en la identificación de la citada explotación ganadera en Caparroso. Como dicho término “Bio” queda restringido a los productos certificados en producción ecológica, hizo las siguientes consideraciones :

    1- Se ha detectado un uso indebido de la terminología referente a la producción ecológica en la publicidad de la empresa.

    2- Se ha comprobado que Valle de Odieta no consta como operador en el registro de operadores certificados por la Autoridad de Control CPAEN- NNPEK.

El Reglamento de la Comunidad Europea 834/2007 indica en su artículo 23 que el término “Bio” no puede emplearse en ningún punto de la Unión Europea ni en ninguna lengua comunitaria, para el etiquetado, publicidad y los documentos comerciales de los productos que no cumplan los requisitos establecidos en dicho reglamento

Las condiciones de estabulación, alimentación y cría de las instalaciones ganaderas de la mercantil Valle de Odieta SCL sitas en la localidad de Caparroso, no cumplen con las normas de producción específicas aplicables a la especie bovina del reglamento /889/2008 de la Comisión, particularmente referidas en su artículo 8 en cuanto a la procedencia de los animales ecológicos, el artículo 10 sobre las normas de alojamiento del ganado, el artículo 11 en cuanto a las condiciones de alojamiento y métodos de cría específica para los mamíferos o el artículo 14 sobre el acceso a los espacios al aire libre.

Por el anterior motivo, con fecha 17 de Junio de 2021 la Consejera emitió un apercibimiento a la empresa, advirtiendo a la misma de diversas  infracciones  que se tipificaron como graves.

De nada ha servido el apercibimiento realizado por la Consejera del Gobierno de Navarra el 17 de junio, cuando nuevamente Valle de Odieta en Diciembre de 2021 en el periódico “El día de Soria” y en “Diario de Navarra” con fecha 23 de febrero de 2022 y en Febrero de 2022, vuelve a reincidir en el término “Bio”. Insistir en la denominación de biogranja de forma deliberada pretende un lavado de imagen y apropiarse de una calidad del producto que carece.

El Reglamento (CE) 834/2007 en la exposición de motivos (23) indica que:

“A fin de proteger a los consumidores y garantizar la competencia leal, debe evitarse el uso en productos no ecológicos de los términos empleados para distinguir los productos ecológicos, en toda la Comunidad e independientemente de la lengua utilizada. Esta protección debe incluir también los términos derivados o abreviaturas habituales de estos términos, tanto si se utilizan aisladamente como combinados.”

Nuestro consejo es que se inscriban como operadores certificados en la Autoridad de Control CPAEN-NNPEK. Para una empresa de su volumen de ventas es muy barato económicamente hablando. Solo que hay que cumplir una serie de requisitos exigentes, pero lógicos para que sean serios.

Por escribir un dossier destinado a los parlamentarios del Gobierno de Navarra, para que conocieran los perniciosos efectos ambientales y sociales que produce la macrogranja de Caparroso, entre ellos el mal uso del término Bio, 14 grupos ambientalistas hemos recibido una citación judicial para comparecer a un Acto de Conciliación promovido por la empresa Valle de Odieta-HTN, que se celebrará el próximo día 30 de marzo, con el objetivo de  retractarnos del citado dossier.

Nuestra Asociación de consumidores y usuarios LANDARE, trabajamos cada día, para que la alimentación sana y saludable  sea un pilar fundamental de la sociedad,  un derecho efectivo, y esto será desde una producción y  consumo ecológico constatado.

Fernando Ustárroz Eugui, (ASOCIACIÓN NAVARRA DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ECOLOGÍA LANDARE)




jueves, 17 de marzo de 2022

EL DISPUTADO ESCAÑO DE PÉREZ-NIEVAS

 Pérez-Nievas anuncia solemne que Ciudadanos cierra la puerta a Sayas y García Adanero. Me quedo más tranquilo. Y supongo que Esparza también. Al menos sabe que en medio de este guirigay que se ha establecido en las derechas navarras tiene a alguien a su lado. Y por supuesto, se habrán quedado igualmente muy tranquilos Sayas y Adanero, que tras este contundente rechazo se ahorrarán el mal trago de comunicar a Pérez-Nievas que ellos no tenían intención alguna de llamar a la puerta de Ciudadanos.

Más que nada porque no parece quedar ya nadie al otro lado. A mi el pronunciamiento de Pérez-Nievas me resulta enternecedor. Sobre todo porque visto que un mes después de la expulsión de los diputados Sayas y Adanero de UPN nadie le había preguntado por el hecho en sí ni por sus posibles consecuencias para el futuro de la coalición Navarra Suma y como nadie se había mostrado interesado por su opinión, ni corto ni perezoso, Pérez-Nievas se organiza una conferencia de prensa para preguntarse y responderse a sí mismo sobre el asunto. No me digan que no tiene algo de entrañable este ego de protagonismo autocomplaciente en este confuso y atroz mundo que a veces es la política. Pérez-Nievas, ya puesto ante los micrófonos, defiende también con uñas y dientes la repetición de la coalición Navarra Suma. Lógico, es la única posibilidad que tiene el hombre de poder volver a ocupar un escaño otros cuatro años en el Parlamento de Navarra y casi pillar ya el pasaje hacia el País Jubilación allá por 2027. Pero dudo mucho, la verdad, que una coalición ya en evidente estado de naufragio vaya a reeditarse en las mismas condiciones que en 2019. No solo fracasó en sus objetivos político-electorales para UPN, sino que surgió en una época que ya no existe. Y más aún dudo que Esparza, con el inmenso barullo interno que ha desatado la guerra en UPN, tenga escaños libres para repartir a Pérez-Nievas.

Bastante tendrá con diseñar una lista que contente a los muchos aspirantes que en UPN optarán a un puesto de salida que garantice, vistas las sombras que le acechan, al menos un asiento de cuatro años en la Cámara foral. Ciudadanos es un partido en estado de liquidación total en el Estado, sin apenas militancia ni representación política real en Navarra y cuyos más bien muy escasos votos acabarán acomodándose donde buenamente puedan o mejor les parezca. Y parece que habrá opciones en la derecha navarra en los comicios de 2023 más atractivas para ese electorado que la fracasada Navarra Suma. No se puede olvidar tampoco la crisis abierta también en PP de Navarra, otra formación política en creciente estado de irrelevancia aquí. No sé, pero tengo la inquietud extraña de que a un año de las elecciones parece que no habrá palomitas suficientes para asistir a todos los pases que se vienen a partir de ahora de esta mezcla de tragedia, comedia y teatro del absurdo que es este presente de la política. Así, en general.

Joseba Santamaría, en Diario de Noticias

YEMEN, LA GUERRA SILENCIADA

 Ahora que las bombas caen sobre Ucrania, es buen momento para volver la atención a Yemen, una guerra silenciada que, a diferencia del rechazo generalizado que ha recibido la agresión rusa, ha contado con el apoyo explícito del Gobierno español. Aunque mucha gente lo desconoce, el Gobierno de Mariano Rajoy apoyó la guerra desde el primer momento, aunque fuera con ambigüedad para dificultar la transparencia. Ese desconocimiento se aprecia bien en algunos diputados de la derecha. Miguel Ángel Gutiérrez, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Defensa, llegó a calificar una Proposición no de Ley del diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte como “una sarta de mentiras” porque recordaba que tanto Rajoy como Felipe VI apoyaron la intervención militar de la Coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Para saber la verdad solo basta con atender a los hechos: nada más aprobarse que la Coalición militar iba a intervenir en Yemen en marzo de 2015, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, respaldó la guerra al considerar esta decisión como “un paso muy significativo en apoyo de la legitimidad institucional del país”.

Previamente, Felipe VI y Rajoy llamaron al rey saudí el 28 de marzo de 2015 para mostrar el apoyo de España, pero decidieron ocultar esa información a la ciudadanía. Los medios de comunicación españoles tampoco informaron, a excepción del periodista Danilo Albín, que lo destapó unos años después. Asimismo, hay que destacar que según las fuentes contactadas por el periodista Miguel González, el Gobierno de Mariano Rajoy ofreció no solo colaboración diplomática, sino también “logística” con las famosas 400 bombas que Margarita Robles suspendió por unos días y que después Josep Borrell defendería en un ejercicio obsceno de realpolitik.

Por supuesto, los medios de comunicación árabes mostraban entusiasmo hacia la guerra de Yemen. Ahora, que quizá se abuse de comparar a Putin con Hitler, hay que recordar que el que era entonces un periodista muy ligado al régimen saudí, Jamal Khashoggi, defendió la guerra de Yemen porque ellos estaban en un “momento 1939”, siendo Irán la Alemania nazi. Como todos tristemente sabemos, Khashoggi sería asesinado brutalmente unos años después por Arabia Saudí (información confirmada por las Naciones Unidas y la CIA) por empezar a criticar las atrocidades del príncipe Mohamed bin Salmán (MBS).

De todas formas, la propaganda de los medios de las monarquías del Golfo ha ido bastante más lejos, llegando a justificar posibles crímenes de guerra para luchar contra el terrorismo. Quizá merezca la pena reflexionar por qué la Unión Europea unas veces veta a medios de comunicación y otras no, al margen de que puedan ser instrumentos de propaganda de guerra, como podría ser el caso de RT o Sputnik. 

Da la sensación de que siempre se cumple una regla dolorosa. Cuanto más graves son nuestros crímenes, mayor es el apagón informativo. No existen páginas suficientes para describir las atrocidades que se han perpetrado en la guerra de Yemen. Recientemente, un informe para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo habló de que 377.000 personas habían muerto en el país desde 2015. Sin embargo, la investigadora Helen Lackner desmiente esa cifra y afirma que está “subestimada”, conclusión similar a la de Eva Erill, de Solidarios Sin Fronteras. 

Una buena parte de estas muertes (el 60 por ciento) se deben a causas indirectas como el hambre o las enfermedades. Es innegable que todas las partes en la guerra han conculcado los derechos humanos, pero también que la coalición saudí-emiratí es la principal responsable de esta tragedia.

Antes de la guerra, Yemen era un país extremadamente pobre que importaba el 90 por ciento de su comida. La coalición decidió que la mejor estrategia para ganar la guerra era realizar un bloqueo por tierra, mar y aire que utilizaba el hambre como método bélico, lo cual es un claro crimen de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Tal como recordaba, en 2018, Martha Mundy, profesora emérita de la London School of Economics, “hay una fuerte evidencia de que la estrategia de la coalición ha buscado destruir la producción de comida y su distribución”. Mundy señalaba que un alto diplomático saudí, ante la amenaza de hambruna, dijo extraoficialmente: “Cuando los controlemos, los alimentaremos”. En definitiva, tácticas de hacer la guerra que dan la razón a la exministra sueca Margot Wallström, cuando utilizó el adjetivo “medieval” para referirse a la represión en Arabia Saudita.

Esta barbarie era perfectamente evitable. Uno de los hombres claves de Barack Obama en Oriente Próximo, Robert Malley, reconoció que el sufrimiento masivo en Yemen era “un resultado muy, muy probable” ya que el país más pobre estaba siendo bombardeado por el más rico. Además, las monarquías del Golfo Pérsico tienen acceso a las armas más avanzadas que suministra Occidente para que estos crímenes pudieran tener lugar.

De todas formas, los países occidentales hicieron todo lo posible para empeorar lo que ya era una tragedia anunciada. En ese sentido, vale la pena recordar que el Gobierno de Rajoy en ese momento era miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y presumía de participar en la redacción de varios textos entre el que destaca la Resolución 2216 (2015). Esta resolución terminaría siendo un desastre para Yemen, ya que básicamente exigía una rendición de los hutíes, algo que aparte de ser irreal, dificultaba sobremanera la paz, tal como no ha parado de recordar Helen Lackner.

Asimismo, la Resolución 2216 establecía un embargo de armas a los hutíes, pero no a nuestros aliados de la coalición. La diputada del Partido Popular María Aránzazu Miguélez no dejó ninguna duda el 16 de abril de 2015 al reconocer que el Consejo de la ONU apoyaba “estas tesis saudíes”. Estas tesis sirvieron no solo para que la coalición y los hutíes agravaran la crisis humana, sino además para que una y otra vez los distintos Gobiernos en España siguieran vendiendo armas, a pesar del manifiesto riesgo de no cumplir nuestra ley y los tratados internacionales.

La amenaza del terrorismo yihadista tampoco sirvió para que España revisara sus relaciones con Arabia Saudí, un país siempre bajo sospecha. De la misma forma, bastaba con tener unos conocimientos básicos de geopolítica para darse cuenta de que apoyar una guerra en Yemen era ir en contra de nuestra propia seguridad nacional. Especialmente después de que en el año 2009 se formara Al Qaeda en la península arábiga y de que Barack Obama aumentara las operaciones antiterroristas en Yemen en la tan cuestionada guerra contra el terrorismo.

La elección de Joe Biden insufló cierto optimismo para que se pusiera fin a esta guerra. Durante su campaña electoral prometió convertir a Arabia Saudí en un Estado paria. De todas formas, no supuso ninguna sorpresa que eso no ocurriera, tal como advertimos desde la Internacional Progresista, pero es también cierto que se pudo apreciar una estrategia de máxima presión. En primer lugar, negándose a llamar a MBS y, en segundo lugar, suspendiendo parcialmente la venta de armamento a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. 

En ese contexto desfavorable para el reino saudita, la que era entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, realizó un viaje diplomático por Catar, Emiratos y Arabia con el objetivo de “atraer nuevas inversiones” según la versión del Ministerio de Exteriores. Uno de los méritos de Laya sería firmar un acuerdo en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia con Emiratos, país en el punto de mira de las ONG por conculcar los derechos humanos. La ministra se reunió con el ministro del Interior de Emiratos, Saif bin Zayed al Nahyan, y realizó una entrevista muy desafortunada al medio Al-Arabiya en la que mostró un fuerte respaldo a la política de Arabia Saudí y Emiratos en Yemen, llegando a decir: “No podemos dejar que los terroristas nos ganen la batalla, con independencia del tipo de terrorismo”.

El apagón informativo también pudo verse un año después cuando el presidente Pedro Sánchez decidió viajar personalmente a Emiratos para evitar que Felipe VI se sintiera incómodo al estar Juan Carlos allí. La falta de crítica de los medios es reveladora en un momento en el que la coalición saudí-emiratí está aumentando considerablemente los ataques. Desde el 1 de enero al 26 de enero se habían contabilizado 1.403 ataques aéreos de la coalición, mientras que han tenido lugar auténticas atrocidades como el ataque indiscriminado a una cárcel donde murieron 87 personas.

Esto último debería convencer al Gobierno para que deje de vender armamento a países que siguen participando en la destrucción de Yemen. El Gobierno debe dar ejemplo y hacer caso a las peticiones de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo para que se deje de suministrar armamento a estos países. Es, al fin y al cabo, lo que las organizaciones en defensa de los derechos humanos llevan siete años diciéndonos.

Isaías Ferrero, activista de Derechos Humanos (en CTXT)

NAVARRA PROHIBIRÁ LA PUBLICIDAD DE TODO TIPO DE APUESTAS DEPORTIVAS

 El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de hoy, un acuerdo por el que manifiesta su conformidad a la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego presentada por los grupos parlamentarios PSN y Geroa Bai.

El Gobierno considera que va en la línea de actuación mantenido por el Ejecutivo foral que ya en octubre de 2019 inició unos trabajos preliminares para la modificación de la Ley Foral del juego centrados en tres áreas fundamentales: prevención de la ludopatía, protección de las y los menores de edad y colectivos desprotegidos, y potenciación del juego responsable.

El Gobierno de Navarra está “firmemente comprometido” con los objetivos que persigue la modificación de la Ley Foral: establecimiento de medidas para la reducción de los riesgos de la adicción, especialmente en sectores más vulnerables y desprotegidos; la disminución de la accesibilidad, la reducción de la exposición, así como la actuación sobre los factores de protección desde la educación y la sensibilización social, y, en suma, el establecimiento de mecanismos de interacción entre los ámbitos educativos, familiares, sociales y sanitarios.

Entre otras cuestiones, la proposición recoge que no se autorizara la instalación de establecimientos específicos de juego a menos de 300 metros de centros escolares, centros oficiales para la rehabilitación de personas jugadoras patológicas, centros residenciales de personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, centros sanitarios, deportivos, culturales y recreativos y casas de la juventud. Además, la distancia mínima entre establecimientos de juegos y apuestas distará al menos 300 metros.

Además, la proposición de Ley Foral recoge que se establecerá control remoto de acceso a las máquinas de juego en los bares o establecimientos de hostelería.

Por otro lado, se prohíbe la inserción de publicidad de todo tipo de apuestas deportivas del ámbito de la Comunidad Foral en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares en cualquier tipo de competición, actividad o evento deportivo, siempre y cuando la entidad de que se trate tenga su domicilio social en Navarra y la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito local o autonómico. No podrán optar ni obtener subvenciones públicas aquellas actividades deportivas que estén patrocinadas, en todo o parte, o tengan publicidad de empresas dedicadas al juego en todas sus modalidades.                                                 

jueves, 10 de marzo de 2022

ANDRÉS LANZ, NAVARRO DESAPARECIDO EN GUATEMALA HACE 40 AÑOS

 Andrés Lanz Andueza, de Lakuntza, fue detenido en Guatemala en 1982. Sus familiares no tuvieron más noticias. Suponen que fue torturado y, junto a quienes le ocultaban, arrojado al Pacifico desde un avión militar, en uno de los tenebrosos vuelos de la muerte.

Situada en la orilla derecha del Arakil, y encajonada entre la sierra de Aralar y el gigante Beriain coronado por su ermita de San Donato, la población de Lakuntza no llegaba siquiera a los mil habitantes cuando Andrés llegó al mundo en este paraje de la Sakana, un 30 de octubre de 1933.

Uno de los cinco hermanos de la familia Lanz Andueza, el más pequeño. Entre el mayor y Andrés, 14 años de diferencia. Justa era la madre. Su padre Telesforo fue movilizado para la guerra y sobrevivió para regocijo de la familia, al contrario que miles de navarros que fallecieron en la contienda. Trabajaría entre la Cerrajera San Antonio y en casa criando cerdos, compaginando como tantos en aquellos tiempos de transformación las faenas del campo con la industrialización del valle. A pesar de la represión, la familia conservó el euskara.

En una localidad de muy escasa tradición religiosa, Andrés fue la excepción. Tomó el camino del seminario y se ordenó en la Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón (Corazonistas). En 1960 ofreció la primera misa y, con 29 años, la congregación le envió a Guatemala, donde tenía una numerosa red.

Por esas fechas, y al calor de un contexto revolucionario, nació el primer grupo guerrillero armado guatemalteco, las FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes). Andrés volvió por vez primera a Lakuntza en 1967. El primer permiso que recibió. La familia y el pueblo lo recibieron festivamente.

Volvió semanas más tarde a Guatemala, hasta un nuevo permiso en 1972. En esta segunda ocasión, el relato de Lanz fue bien distinto. Desde 1969 la situación en el país centroamericano era excepcional. Andrés, además, estaba destinado en el Quiché, la zona caliente de la insurrección en Guatemala. Y los guerrilleros habían matado al embajador de Estados Unidos cuando intentaba huir de un secuestro. La represión fue feroz.

En los años siguientes, las FAR casi desaparecieron, surgiendo otros dos grupos clandestinos, el EGP (Ejército Guerrillero del Pueblo) y la ORPA (Organización del Pueblo en Armas), escisión de las FAR y comandadas por Rodrigo Asturias, hijo del nobel de Literatura de 1967, Miguel Ángel Asturias.

En 1970, el coronel Carlos Manuel Arana, perteneciente a una organización neonazi, lideró el primero de una serie de gobiernos militares. Abrió la puerta a diversas organizaciones paramilitares que dieron paso a una época de terror indiscriminado en este país centroamericano.

Andrés Lanz, que había llegado con el objetivo de ‘catequizar’ a las comunidades del Quiché, que apenas tenían conocimiento del castellano, fue testigo de decenas de tropelías cometidas por el Ejército guatemalteco y por los grupos anticomunistas alentados por Washington. Fue forjando una personalidad solidaria, cercana a las comunidades de base, en las pedanías de Chicamán, Sacapulas, Santa Cruz y Chichicastenango.

Su formación se fue completando con diversos cursos amparados por la UNESCO y la Fundación Konrad Adenauer, creada por la Unión Demócrata Cristiana alemana. Fue fundador y animador de Radio Quiché, que transmitió programas religiosos, sociales, educativos y culturales. Se alistó voluntario en el cuerpo de Bomberos. Desde 1976, su hermana Margarita le acompañó en la organización y micrófono de Radio Quiché.

Mientras, el país se desangraba entre pugnas internas de generales por ser más que los anteriores en la represión, por la venta del suelo minero a una empresa subsidiaria de Canadá y por un terremoto, en 1974, que convirtió a Guatemala en uno de los países más pobres del planeta. No hubo soluciones en el horizonte y el Gobierno militar declaró la guerra abierta a los pobres.

La situación general se fue convirtiendo en un cerco insalvable para Andrés y Margarita. Radio Quiché fue focalizada por los grupos paramilitares como objetivo. En abril de 1980, frente a la puerta de la emisora, apareció el cadáver de un muchacho desconocido, torturado. Andrés había recibido para entonces varias amenazas de muerte. Sus superiores ordenaron la salida de los Corazonistas de Guatemala, y los dos hermanos, Andrés y Margarita, retornaron a Lakuntza. Era mayo del mismo año.

En junio y julio de ese 1980, tres compañeros de Andrés, también corazonistas, fueron muertos por fuerzas militares guatemaltecas mientras ejercían su labor religiosa. Se trataba del asturiano Juan Alonso Fernández, el catalán José María Gran y Faustino Villanueva. Como Andrés, Faustino era navarro, de la localidad de Esa (Yesa), el tercero de nueve hermanos. Esos días Juan Gerardi, obispo del Quiché, salió ileso de un atentado contra su persona.

Fueron los años (1977-1982) en los que el Ejército guatemalteco aplicó la ‘política de tierra arrasada’, 600 masacres colectivas. En enero de 1980, la Policía asaltó la embajada española en la capital guatemalteca, lanzando granadas de fósforo e incendiándola con lanzallamas, provocando la muerte de decenas de campesinos que se había encerrado en el recinto denunciando sus condiciones de trabajo en el Quiché. Uno de los fallecidos fue Vicente, el padre de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992. Las organizaciones de derechos humanos calculan que entre 1960 y 1996 las fuerzas gubernamentales mataron a 200.000 personas, de las que 45.000 están desaparecidas.

A pesar de la prohibición, Andrés tenía otros planes. Más aún al recibir las noticias de las muertes de los corazonistas. Haciendo caso omiso a la orden de salida, volvió a Centroamérica. Esta vez sin propósitos evangelizadores, no al menos en términos estrictamente religiosos.

Se dirigió primero a Nicaragua, donde el año anterior había triunfado la Revolución Sandinista, enviado por su comunidad. Como en La Habana en 1959, la guerrilla había tumbado también en Managua al Gobierno represor. En Guatemala y El Salvador, los guerrilleros continuaban la senda del mítico Che Guevara.

Y así, en una fecha indeterminada, probablemente a mediados de 1981, Andrés Lanz, con documentación falsa a nombre de Juan García, ingresó clandestinamente en Guatemala. Se dirigió a la capital y comenzó una segunda vida, esta vez netamente política, en la organización guerrillera ORPA. Una de las organizaciones que en febrero de 1982 dio luz a la URNG (Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca) que intentó el asalto al poder. Se ubicó concretamente en la colonia “El Alamo” de la Zona 10 de la capital y se dejó crecer la barba.

El 11 de setiembre de 1982, agentes de paisano embozados asaltaron una vivienda ubicada en la calle 23, diagonal 17, de la Zona 11 de la capital. Se llevaron detenidos a todos los presentes y, con un camión, vaciaron completamente la casa. Los secuestrados fueron Graciela Morales Herrera, de 52 años; sus hijos José Ramiro, Gabriela Iris y Astrid Samayoa, de 20, 18 y 16 años; y Andrés Lanz Andueza, de 49 años.

El marido de Graciela y padre de los tres jóvenes, Verny Aníbal Samayoa López, se encontraba entonces refugiado en Honduras. Dos días después, los medios se hacían eco de la detención de Graciela, trabajadora de la facultad de Economía de la Universidad San Carlos. La propia universidad, así como organizaciones de derechos humanos, denunciaron las detenciones.

Hasta que su organización no alertó de que Andrés Lanz estaba en aquella vivienda, nadie imaginó su detención, menos aún su desaparición. Y la denuncia llegó semanas más tarde, cuando los augurios sobre la situación de los detenidos eran extremadamente pesimistas. De hecho, la familia no tuvo noticia de su desaparición hasta bastante después, y por ello guardaron la esperanza de que apareciera en algún otro país.

Pero no fue así, Andrés había sido detenido con la familia Samayoa, torturado y hecho desaparecer, probablemente y como el resto de sus compañeros, arrojado al mar desde uno de los llamados aviones de la muerte. Los Corazonistas obviaron su desaparición, aludiendo a que habían ordenado a Andrés que no volviera a Guatemala, hecho que acrecentó el desconocimiento del caso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el Caso 8.065 y se entrevistó, ya en 1983, con los ministros de Gobernación y de Defensa de Guatemala. Ambos sostuvieron que desconocían el asunto y que sólo sabían que Verny Aníbal Samayoa, marido de la madre desaparecida, era un «conocido subversivo».

Teresa Samayoa, otra de las hijas de Gabriela y Verny Aníbal, resultó detenida y desaparecida en setiembre de 1983. Sergio Vinicio, hijo también del matrimonio citado, fue atacado en la capital por un grupo paramilitar y herido de gravedad con cinco balazos, en enero de 1984. Cuando estaba en el hospital a punto de ser intervenido, lo secuestraron diez uniformados. Una semana después apareció su cadáver con 22 tiros más, entre ellos el de gracia.

Todas aquellas muertes, incluida la desaparición de Andrés Lanz, quedaron impunes. Sus allegados esperan que llegue, en este cuarenta aniversario, el reconocimiento institucional.

Iñaki Egaña, en GARA


miércoles, 9 de marzo de 2022

ESPAÑA SIGUE SIENDO UN PARAÍSO PARA LOS RICOS RUSOS

 Conseguir un permiso de residencia en España no es igual para todos. Un ciudadano corriente de un país fuera de la Unión Europea tardará en lograrlo, si es que lo consigue, entre tres y seis meses y tendrá que presentar un permiso de trabajo o de estudios. En otro caso, deberá demostrar que tiene medios para vivir. Sin embargo, quien sea rico y no sea ciudadano de la UE, lo puede conseguir más rápidamente y por más tiempo, cinco años en lugar de uno hasta la renovación. Basta con que se gaste al menos 500.000 euros en una casa o en cualquier otro inmueble. Sucede desde 2013. Lo implantó el Gobierno de Rajoy y la mayoría de los agraciados son chinos o rusos. El objetivo declarado en la ley que lo estableció era atraer inversores. Se pedía como requisito comprar dos millones de euros de deuda pública de España, acciones y fondos por un millón o inmuebles por 500.000 euros. A esto se llama RBI, residence by investment. Pero en términos comerciales recibe el nombre de Golden Visa. Internet está plagada de páginas de asesores legales o gestores que ofrecen la tramitación de esta forma de vivir en España. 

Lo cierto es que desde 2013 hasta hoy el 95% de esa inversión ha consistido en comprar inmuebles, especialmente residencias de lujo en la costa mediterránea o en Madrid. Lo han hecho megarricos de la oligarquía rusa, que suman el 27 por ciento de estos residentes “de cuello blanco” y millonarios chinos de todo pelaje, 33 por ciento. En 2020, han obtenido o renovado la Golden Visa más de 24.000 personas de las que se calcula que más de 6.000 son rusas. Una gran parte de la cifra global son familiares del inversor. Los años de mayor llegada de nuevos residentes millonarios fueron entre 2015 y 2019, cuando se duplicó su entrada. El último año antes de la pandemia, España concedió 681 autorizaciones de residencia por compra de vivienda. Si se añaden los familiares acogidos a esa operación de residencia por inversión la cifra se duplica. Tras la llegada de la covid disminuyeron drásticamente los solicitantes.  

Los que cuentan con una Golden Visa se concentran mayoritariamente en unos pocos lugares. Encabeza la lista Cataluña, y preferentemente Barcelona, que en 2018 concentraba el 40% de las propiedades. Le siguen Madrid, Málaga y Alicante. 

¿De qué tipo de inversores se trata? Hombres ricos a los que no se les pregunta la procedencia del dinero que van a invertir. La única condición es no haber sido condenado por algún delito en los últimos cinco años. 

El hombre de negocios ruso en España más destacado es Mihail Fridman. Posee el 70 por ciento de los supermercados Día y al comienzo de la invasión rusa de Ucrania se declaró contrario a la guerra. En pocos días ha decidido dejar su puesto en la sociedad que controla Día y de la que es destacado propietario. 

Varios países de la Unión Europea han suspendido la concesión de la Golden Visa a partir de ahora para ciudadanos rusos. Lo ha hecho Portugal. En España, sin embargo, la sanción aplicada por la invasión de Ucrania es limitada. Se podrán conceder nuevos visados de este tipo, a cambio de comprar una propiedad inmobiliaria u otras inversiones, pero eso no le permitirá al solicitante viajar a otros países de la Unión. 

España no es el único país en implantar esta “discriminación positiva” en favor de los ricos. La mitad de los Estados de la Unión Europea tiene ya este “invento”. Según un informe del Parlamento Europeo, hasta 2019, Hungría era el país que más Golden Visa había concedido, preferentemente a China. Le seguían Portugal, Grecia, Lituania y España. Sin embargo, en dinero, eran Portugal y España los que más habían recibido. Es curioso que Italia y Holanda no exijan la compra de casas, sino fondos de inversión o deuda pública. Los países de renta per cápita más alta y una economía más sólida, con la excepción de Holanda, no disponen de este sistema, ni de otro más laxo todavía, el que permite obtener la nacionalidad por este medio.

¿Es mucho el dinero que ha llegado a España como inversión inmobiliaria a cambio de residencia? Las cifras podrían impresionar a cualquiera, pero la cantidad para un país como el nuestro es francamente baja para el objetivo que perseguía, que era atraer inversores. Entre 2017 y 2019, estas inversiones, representaron un porcentaje insignificante del Producto Interior Bruto, el 0,04%.

De acuerdo con el mencionado informe del Parlamento Europeo, el riesgo de fraude o corrupción es bajo, aunque cita algún caso. El FMI por su parte advierte de los riesgos de atraer inversión de este modo. Más explícita es la Comisión Europea. Aseguró en un informe que propicia el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, favorecidos por la falta de transparencia.

Emilio de la Peña, en CTXT

SESIÓN INFORMATIVA PARA IMPULSAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA ZONA MEDIA

 El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra y el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra celebraron el pasado viernes 25 de febrero una jornada informativa con el objetivo de impulsar la transición energética en las entidades locales de la Zona Media y la Ribera. En ella se explicó tanto a los ayuntamientos y como a la ciudadanía todas las ayudas que el Departamento pone a su disposición para realizar la transición energética.El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial gestiona actualmente 30 millones de euros en ayudas a la transición energética, de los que en 2022 se destinarán 8.272.458,38 euros a entidades locales. Con el objetivo de facilitar la tramitación de estas ayudas, el Departamento ha diseñado una guía para mostrar las ayudas dirigidas a Entidades Locales.

Hay ayudas destinadas a la implantación de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable y para su almacenamiento. Además, las entidades locales también pueden acogerse al Plan MOVES III gracias al cual recibirán subvenciones tanto por la compra de vehículos eléctricos como por la instalación de puntos de recarga. Dos ayudas cuyos fondos proceden de los Next Generation.


LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL COMO ELEMENTO CLAVE

La directora general de Industria, Energía y Proyectos estratégicos S4, Uxue Itoiz, ha destacado la importancia de “implicar a entidades locales, empresas y ciudadanos en la transición energética para conseguir alcanzar los objetivos de descarbonización marcados por Europa”.

Además, ha señalado que desde el Gobierno de Navarra “se está haciendo un importante esfuerzo en otorgar y gestionar ayudas y subvenciones para facilitar los cambios que deben acometer estos agentes y en este proceso las administraciones más cercanas al territorio, como son los Grupos de Acción Local, suponen un elemento clave”.

En la sesión, celebrada en la sede olitense del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra y que se pudo seguir tanto de forma presencial como online, también estuvo presente el director del servicio de Transición Energética, Martín Ibarra.


PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Esta jornada se suma a otras acciones que está desarrollando el Departamento como el portal de transición energética. Esta página web tiene por objetivo “empoderar a los ciudadanos para que tomen parte activa en la transición energética”, ha recalcado Irujo.

Por último, en la reunión se ha informado a los asistentes de la próxima convocatoria de ayudas que va a ser publicada por el Departamento. Su objetivo será la promoción de la eficiencia energética, la implementación de energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica y compartida en las entidades locales y en las entidades sin ánimo de lucro.

La Voz de la Merindad

martes, 8 de marzo de 2022

MUJERES Y FRONTERA: UNA DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

 Alima llegó en 2018 a territorio marroquí y es demandante de asilo en dicho país desde diciembre de 2019. Huyó para evitar que a su hija, que ahora tiene poco más de tres años, le hicieran la mutilación genital femenina. Cruzaron a España, a Ceuta, en mayo de 2021, cuando le hicieron creer que se “habían abierto las puertas” entre los dos países. «Al día siguiente de haber entrado, me devuelven con mi hija (…) Yo gritaba y gritaba que era demandante de asilo, pero nadie escucha. Me arrastraron porque yo me agarré a todo, pero no pude aguantar”, explica. Su testimonio está recogido en el Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2022, que este año es un monográfico dedicado a mujeres y frontera.

En él, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) alerta de que las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres migrantes son aún más profundas que las que padecen los hombres. Y una muestra muy clara puede observarse en el mismo trayecto por mar: la posibilidad de perder la vida es doble si eres mujer. Según los datos recogidos en el documento, el año pasado –a pesar de que las llegadas de mujeres suponen solo el 10% del total– al menos 10 de cada 100 mujeres murieron o desaparecieron intentado acceder a España huyendo de la guerra, el hambre o la persecución, mientras que perdieron la vida al menos 5 de cada 100 hombres.

Según explica la APDHA, las razones de este elevado número de muertes –404 mujeres, el 19% de las víctimas totales–, obedecen a que, a las mujeres, con frecuencia embarazadas o acompañadas de menores, se las coloca en trayectos largos en el centro de las embarcaciones, lo que en caso de naufragio limita sus posibilidades de sobrevivir, que se reducen aún más con la responsabilidad de salvar a su hijo o hija.

El informe también incide en las vulneraciones de derechos que soportan las mujeres en la frontera más allá de los riesgos del propio tránsito migratorio. Y se trata, además, de una situación invisibilizada: «Estos análisis, normalmente, se vinculan cual apéndice, a los estudios de las migraciones de los hombres».

En este contexto, el documento traza un recorrido por las experiencias de algunas de estas mujeres. Mujeres subsaharianas que esperan en Marruecos para completar su viaje hasta Europa y que sufren detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados hacia el sur –Isatu, por ejemplo, huía de un matrimonio forzado, pero fue deportada a Guinea y tuvo que regresar con su marido–; o mujeres marroquíes que ya se encuentran en España y a las que el discurso hegemónico ha estereotipado con una interpretación sesgada y con un perfil unificador y revictimizador.


Discriminación múltiple

«Es preciso reconocer –añade la APDH— que la migración para muchas jóvenes y mujeres es una opción estratégica para sobrevivir y confrontar los contextos de agresión física, psicológica, sexual o estructural que experimentan ellas, sus familias o sus comunidades». Pero «la condición de discriminación múltiple, irregularización y falta de acceso a pleno derecho con la que recibimos a las viajeras es un punto clave de partida para seguir perpetuando y legitimando otras violencias», lamenta la asociación.

Estas situaciones, por otra parte, generan graves vulneraciones a ambos lados de la frontera. En el informe se presenta la situación de las mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o las de las trabajadoras agrícolas temporeras, pero también las de las porteadoras en Melilla o las de las trabajadoras transfronterizas “que siguen sufriendo una situación terriblemente inestable, vinculada a la pandemia y al cierre de fronteras», añade.

La desigualdad también genera situaciones de precariedad en origen, advierte el documento, como las de las madres solteras en Marruecos o las mujeres que trabajan en las fábricas textiles. «Hay que recordar que el color morado del movimiento feminista proviene de un incendio en una fábrica textil en Nueva York en el que murieron 129 mujeres. En 110 años poco o nada han cambiado las condiciones y quienes trabajan en la mayoría de las fábricas textiles. Las víctimas de la construcción de la desigualdad siguen siendo las mismas: mujeres empobrecidas y racializadas, aunque ahora las mujeres no cruzan fronteras para trabajar en esos talleres, lo hacen los bienes que fabrican gracias a la deslocalización de las grandes empresas en países empobrecidos».

La Marea

lunes, 7 de marzo de 2022

LA OBSESIÓN INMOBILIARIA DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES

 La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha reconocido ante el Gobierno que, entre 1998 y 2015, registró a su nombre al menos un millar de inmuebles que no le correspondían. Sin título ni certificado alguno. Al margen de los templos de culto (unos 34.000), el elemento más controvertido del fenómeno conocido popularmente como “las inmatriculaciones” recae sobre unos 14.000 bienes en forma de terrenos de labranza, bosques, prados, comunales y fincas urbanas que ayuntamientos, concejos y comunidades de vecinos tienen derecho a reclamar y del que se desconoce su valor de mercado. Algunas de estas propiedades han sido ya vendidas.

En realidad, estamos ante un problema que va más allá de una causa jurídica sobre los derechos de propiedad que dirimirán los tribunales. Toca resolver qué prácticas han sido legítimas y cuáles ilegitimas. Resulta básico indagar sobre los orígenes de este proceso y, así, despejar la incógnita de por qué los obispos españoles han estado tan obsesionados con jugar al Monopoly.

La Economía institucional, la Economía de la Empresa y la Historia Económica pueden ayudarnos a proporcionar una mirada diferente al proceso. Recurramos a Adam Smith. Sus ideas sobre la libertad de mercado le llevaron a condenar las medidas que intentan favorecer a un sector de la sociedad a expensas de los demás. En particular, el pensador escocés crítica duramente a los capitalistas y su inclinación al monopolio, es decir, los grupos económicos (y sociales) que consiguen privilegios del Estado sobre la base de fingir que representan amplios intereses de la sociedad.

En mi opinión, este axioma liberal encaja como tiara en cabeza episcopal. La historia de la jerarquía católica española en la época contemporánea ha sido la de una institución monopólica que logró de casi todos los regímenes políticos privilegios especiales alegando una supuesta representatividad social mayoritaria. Y si aplicamos a esta institución el teorema del “principal y el agente”, tampoco sale bien parada. El comportamiento de la CEE registrando bienes que no le correspondían sintetiza los peligros del abuso por los ejecutivos (los obispos) de la responsabilidad que les confieren los accionistas (los fieles). Y en este caso puede haber habido información imperfecta y asimétrica dejando fuera a terceros (las instituciones locales y los vecinos). En términos de Responsabilidad Social Corporativa (la RSC), hay quien sostiene que las inmatriculaciones han tenido un elevado coste reputacional de la jerarquía católica.

“¡Qué barbaridad! Estás equiparando a la Iglesia con una empresa”, dirá un lector ecuánime. Me limito a seguir al gran economista William Baumol. Esta institución multisecular es una empresa que establece relaciones contractuales, gestiona un patrimonio, provee de servicios a su mercado, actúa dentro de un marco de normas, instituciones y leyes y cuyas actuaciones tienen consecuencias sociales y económicas, a veces productivas (las que benefician a la firma y a la sociedad), otras improductivas (las que benefician al empresario a costa de la sociedad) y finalmente destructivas (empeoran la situación de ambos).

Pero, ¿cuándo comenzó todo esto de las inmatriculaciones? La respuesta está en cómo se resolvieron las relaciones entre el Estado liberal y la Iglesia desde mediados del siglo XIX. Bajo los efectos de las leyes desamortizadoras, la Ley hipotecaria de 1861 (y sus reformas de 1863, 1909, 1915, 1946 y 1998) favoreció la inscripción de bienes de la Iglesia. Con el Concordato de 1851 se blindaba que la católica debía ser la religión oficial de España, se le eximía del pago de determinados impuestos y se le otorgaba la fiscalización de la educación pública y privada.

La II República buscó reformar ese estatus de privilegio, pero el golpe de Estado y la Guerra Civil lo impidieron. La dictadura militar y clerical de Franco legisló a favor de la Iglesia, restituyendo bienes, financiación y exenciones fiscales, además del control de la enseñanza primaria y secundaria. Bastaba un simple certificado de un funcionario eclesiástico para registrar una propiedad de la que se careciera de título demostrativo.

Ese estatus del Concordato de 1953 no fue alterado con la restauración de la democracia. La jerarquía eclesiástica logró que la Constitución de 1978 y el Concordato de 1979 definiesen un modelo favorable a sus intereses, aunque rompiese el monopolio religioso. Y el RD 1867/1998 del gobierno Aznar lo culminó. Este mecanismo de primera inscripción por certificado de parte, en distintas versiones, ha estado en vigor durante siglo y medio y seguimos sin saber su alcance real.

La única comunidad autónoma en la que se ha identificado este fenómeno en el largo plazo es Navarra, con datos desde 1900 hasta la actualidad, gracias al activismo de la asociación Defensa del Patrimonio Navarro-Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma, el mandato del Parlamento foral y la gestión del actual Gobierno de Navarra. Han aflorado anotaciones desconocidas hasta ahora. La sorpresa es que si agrupamos la información en el ciclo largo el resultado revela que el cénit de las inmatriculaciones se alcanzó en la última etapa. Fue escaso en el primer tercio del siglo XX (un 5,2 por 100 del total), se duplicó a lo largo del franquismo (un 12%), y eclosionó con el advenimiento de la democracia (nada menos que el 83%). Sin esperar a la reforma de 1998, se desató la fiebre de las apropiaciones en el arzobispado de Pamplona, en un 96% con simple certificado eclesial (es decir, sin título de propiedad que aclare si se trata de herencias o legados, de derechos de patronato, o de bienes gestionados y mantenidos secularmente por las comunidades locales y que permanecían mal identificados hasta que llegó el obispo a inscribir bienes a mansalva).

Si algo parecido ha sucedido en el conjunto de las administraciones eclesiásticas, estamos ante la ironía de que fue en el marco institucional democrático de un Estado aconfesional cuando se perpetró el asalto a esa masa de bienes. Una auditoría a la empresa concluiría que la Iglesia católica española de finales del siglo XX debería haberse comportado de otro modo.

Joseba de la Torre (laicismo.org)

domingo, 6 de marzo de 2022

CHIVITE Y AIERDI ASEGURAN QUE EN EL ÚLTIMO AÑO SE HA REVERTIDO LA TENDENCIA A LA DESPOBLACIÓN EN LA ZONA DE SANGÜESA Y PIRINEO

 María Chivite inició ayer una nueva edición de la Conferencia de Diálogo entre el Gobierno y las entidades locales. El primer encuentro tuvo lugar en Sangüesa, donde Chivite repasó las principales actuaciones en 2021 y 2022 en la zona de Sangüesa, Prepirineo y Pirineo, que rondan los 39 millones de euros.

La presidenta de Navarra hizo hincapié en el aumento de la población de este territorio por primera vez en 10 años, lo cual supone un cambio de tendencia en la zona con más riesgo de despoblación de la Comunidad Foral. La población en 2022 se compone de 15.551 personas, un 0,4% más que en 2021, un aumento cuatro veces superior al del conjunto de la comunidad.

En el encuentro, Chivite estuvo acompañada por el vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José Mª Aierdi, los alcaldes y alcaldesas de la zona y presidentes de entidades locales supramunicipales de las 59 localidades convocadas.

La presidenta repasó las actuaciones del Gobierno de Navarra en este periodo, de las cuales señaló especialmente el Plan de Banda Ancha, que se ha extendido por el Pirineo, las inversiones en educación, como el nuevo instituto de Aoiz, que comienza a funcionar el próximo martes, y las inversiones para nuevos desarrollos industriales, que suman más de 10 millones de euros.

De cara a futuro, la presidenta destacó los fondos europeos para turismo sostenible, de los que Navarra cuenta con 65 millones de euros del Next Generation para inversiones, o proyectos como el de Mina Muga, para construir una mina de potasa en terreros del término municipal de Sangüesa, que son una oportunidad de futuro porque “contribuirá a crear empleos de calidad y a fijar la población de la zona”, y asimismo garantizan materias primas estratégicas que reducen la dependencia del exterior.


Actuaciones del Gobierno de Navarra en la zona del Pirineo y Prepirineo

Chivite hizo un repaso de las actuaciones del Gobierno de Navarra en la zona, en la que se están destinando 39 millones de euros en inversiones.

En el área de Salud, Chivite mencionó cuatro novedades: nuevos equipos portátiles para mejorar la atención domiciliaria en la zona; la instalación de tres electrocardiogramas y un ecógrafo en el centro de salud de atención especializada de Sangüesa; el apoyo a la asociación EUTSI que ha retomado las actividades sociosanitarias y de promoción de la salud en Burgui / Burgi, Isaba / Izaba y Roncal / Erronkari; y anunció el inicio de un proyecto piloto de fisioterapia para atender especialmente dolencias que afectan a la población de mayor edad. Asimismo, indicó que una de las medidas del Plan de Atención Primaria es la estabilización de las plantillas. En este sentido, recordó que “tres plazas de médico de familia” en Lumbier, Salazar / Zaraitzu e Isaba “están en fase de baremación”, así que en pocos meses es de esperar que estos tres centros de salud “puedan contar con un profesional de referencia que dé mayor continuidad a la atención sanitaria”.

Respecto a la educación, Chivite destacó especialmente la inauguración del nuevo instituto de Aoiz, que tendrá lugar el próximo martes, y en el que se han invertido 3,5 millones de euros. Este centro dará servicio a 160 alumnos y alumnas, y cuenta con 10 aulas ordinarias, 9 específicas, laboratorios y nuevas instalaciones para el profesorado. También hizo mención a las subvenciones directas a 74 estudiantes de bachiller y FP para que puedan llegar a sus centros educativos de Pamplona, que suponen prácticamente 500 euros por persona.

Chivite resaltó la importancia del proyecto Mina Muga, que supondrá “un importante impulso socioeconómico”, ya que se prevén más de 800 puestos de trabajo directos cuando la mina esté operativa, y 1.000 empleos en la fase de construcción.

En el área de turismo, la presidenta recordó que Navarra se va a beneficiar de 61 millones de euros en los tres próximos años para la transformación del sector de los fondos Next Generation, que se canalizarán a través del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos.

Asimismo, remarcó el segundo Plan de Banda Ancha, “una reivindicación histórica del Pirineo para poder luchar contra el aislamiento y la despoblación”. Con él, ha sido posible que, desde que comenzó la legislatura, la población que tiene acceso a banda ancha haya aumentado del 81 al 99,12%.

Por su parte, la presidenta resaltó la mejora, protección y puesta en valor del patrimonio “como fuente de atracción de personas”. En este sentido, mencionó las mejoras en la zona de visitantes del Monasterio de Leyre, el Museo Julián Gayarre de Roncal, la rehabilitación del frontón de Jaurrieta, las mejoras en el yacimiento de Santa Criz de Eslava o las actuaciones sobre la calzada romana del Pirineo, que suman 880.000 euros.


Plan de Acción del Pirineo

Por su parte, el vicepresidente Aierdi destacó en su intervención las principales iniciativas que se están llevando a cabo desde su departamento en esta comarca: la puesta en marcha del Plan de Acción del Pirineo para dinamizar el territorio y, por otra parte, los planes de regeneración urbana, a través del programa ELENA para impulsar la rehabilitación energética del parque residencial o la recuperación de edificios en desuso para promover vivienda.

En relación a las acciones de regeneración urbana, recordó que recientemente el Gobierno de Navarra suscribió con los ayuntamientos de la zona de Sangüesa y Prepirineo convenios de colaboración para asesorar y prestar cobertura para la tramitación de proyectos de rehabilitación energética, “un proyecto sin precedentes para la rehabilitación de los parques residenciales e impulso de la transición ecológica, que mejora el ahorro energético y la calidad de vida de sus habitantes y sus entornos urbanos”, ha indicado.

Además, recordó que a través del Plan de Acción del Pirineo el Ejecutivo impulsa el desarrollo territorial sostenible de esta zona a través de la convocatoria de distintas líneas de subvenciones, con una inversión superior a los 2 millones de euros, que animan el emprendimiento con la puesta en marcha de nuevos proyectos o inversiones encaminadas a la generación de empleo y, por consiguiente, fijación de población, o la mejora de distintos servicios. 

e-ribera

UNA NUEVA EDAD GEOPOLÍTICA

El 24 de febrero de 2022, fecha del inicio de la guerra en Ucrania, marca la entrada del mundo en una nueva edad geopolítica. Nos hallamos ante una situación totalmente nueva en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque ha habido en este continente, desde 1945, muchos acontecimientos importantes, como la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética y las guerras en la antigua Yugoslavia, nunca habíamos asistido a un evento histórico de semejante envergadura, que cambia la realidad planetaria y el orden mundial.

La situación era evitable. El presidente ruso Vladímir Putin llevaba varias semanas, si no meses, instando a una negociación con las potencias occidentales. La crisis se venía intensificando en los últimos meses. Hubo intervenciones públicas frecuentes del líder ruso en conferencias de prensa, encuentros con mandatarios extranjeros y discursos televisados, reiterando las demandas de Rusia, que en realidad eran muy sencillas.

La seguridad de un Estado solo se garantiza si la seguridad de otros Estados, en particular aquellos que están ubicados en sus fronteras, está igualmente respetada. Por eso Putin reclamó con insistencia, a Washington, Londres, Bruselas y París, que se le garantizara a Moscú que Ucrania no se integraría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La demanda no era una excentricidad: la petición consistía en que Kiev tuviera un estatus no diferente al que tienen otros países europeos, tales como Irlanda, Suecia, Finlandia, Suiza, Austria, Bosnia y Serbia, que no forman parte de la OTAN. No se trataba por lo tanto de evitar la “occidentalización” de Ucrania sino de prevenir su incorporación a una alianza militar formada, como se sabe, en 1949, con el objetivo de enfrentar a la antigua Unión Soviética y, desde 1991, a la propia Rusia.

Esto implicaba que Estados Unidos y sus aliados militares europeos no instalasen en el territorio de Ucrania, país fronterizo con Rusia, armas nucleares, misiles u otro tipo de armamento agresivo que pudiera poner en peligro la seguridad de Moscú. La OTAN –una alianza militar cuya existencia no se justifica desde la desaparición, en 1989, del Pacto de Varsovia– argumentaba que esto era necesario para garantizar la seguridad de algunos de sus Estados miembros, como Estonia, Letonia, Lituania o Polonia. 

Pero eso, obviamente, amenazaba la seguridad de Rusia. Recuérdese que Washington, en octubre de 1962, amagó con desencadenar una guerra nuclear si los soviéticos no retiraban de Cuba sus misiles –instalados a 100 millas de las costas de Estados Unidos–, cuya función, en principio, era solo la de garantizar la defensa y seguridad de la isla. Y Moscú finalmente tuvo que inclinarse y retirar sus misiles. Con estos mismos argumentos, Putin reclamó a los jefes de Estado y primeros ministros europeos una mesa de diálogo que contemplara sus reivindicaciones. Simplemente, se trataba de firmar un documento en el que la OTAN se comprometiera a no extenderse a Ucrania y, repito, a no instalar en territorio ucranio sistemas de armas que pudieran amenazar la seguridad de Rusia.

La otra demanda rusa, también muy atendible, era que, como quedó establecido en 2014 y 2015 en los acuerdos de Minsk, las poblaciones rusohablantes de las dos “repúblicas populares” de la región ucrania del Donbás, Donetsk y Lugansk, recibieran protección y no quedasen a la merced de constantes ataques de odio como desde hacía casi ocho años. Esta demanda tampoco fue escuchada. En los acuerdos de Minsk, firmados por Rusia y Ucrania con participación de dos países europeos, Alemania y Francia, y que ahora varios analistas de la prensa occidental reprochan a Putin haber dinamitado, estaba estipulado que, en el marco de una nueva Constitución de Ucrania, se les concedería una amplia autonomía a las dos repúblicas autoproclamadas que recientemente han sido reconocidas por Moscú como ” Estados soberanos”. Esta autonomía nunca les fue concedida, y las poblaciones rusohablantes de estas regiones siguieron soportando el acoso de los militares ucranios y de los grupos paramilitares extremistas, que causaron unos catorce mil muertos...

Muchos observadores consideraban que la negociación era una opción viable: escuchar los argumentos de Moscú, sentarse en torno a una mesa, responder a las inquietudas rusas y firmar un protocolo de acuerdo

Por todas estas razones, existía un ánimo de justificada exasperación en el seno de las autoridades rusas, que los líderes de la OTAN no lograron o no quisieron entender.

¿Por qué la OTAN no tuvo en cuenta estos repetidos reclamos? Misterio... Muchos observadores consideraban que la negociación era una opción viable: escuchar los argumentos de Moscú, sentarse en torno a una mesa, responder a las inquietudes rusas y firmar un protocolo de acuerdo. Incluso se habló, en las 24 horas que precedieron los primeros bombardeos rusos del 24 de febrero, de un posible encuentro de última hora entre Vladímir Putin y el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Pero las cosas se precipitaron e ingresamos en este detestable escenario de guerra y de peligrosas tensiones internacionales.

Desde el punto de vista de la armadura legal, el discurso de Putin en la madrugada del día en que las Fuerzas Armadas rusas iniciaron la guerra en Ucrania trató de apoyarse en el derecho internacional para justificar su “operación militar especial”. Cuando anunció la intervención sostuvo que, “basándo[se] en la Carta de Naciones Unidas” y teniendo en cuenta la demanda de ayuda que le formularon los “gobiernos” de las “repúblicas de Donetsk y Lugansk” y el “genocidio” que se estaba produciendo contra la población rusohablante de estos territorios, había ordenado la operación... Pero eso es apenas un atuendo jurídico, un andamiaje legal para disculpar el ataque a Ucrania. Por supuesto, se trata claramente de una intervención militar de gran envergadura, con columnas acorazadas que penetraron en Ucrania por al menos tres puntos: el norte, cerca de Kiev; el este, por el Donbás; y el sur, cerca de Crimea. 

Se puede hablar de invasión. Aunque Putin sostiene que no habrá una ocupación permanente de Ucrania. Lo más probable es que Moscú, si gana esta guerra, trate de instalar en Kiev un gobierno que no sea hostil a sus intereses y que le garantice que Ucrania no ingresará en la OTAN, además de reconocer la soberanía de las “repúblicas” del Donbás en la totalidad de su extensión territorial, porque cuando empezó el ataque ruso, Kiev controlaba todavía una parte importante de esos territorios.

Si no se produce una escalada internacional, lo más probable es que el vencedor militar de esta guerra sea Rusia. Por supuesto, en este tema hay que ser muy prudente, porque se sabe cómo empiezan las guerras, pero nunca cómo terminan. La diferencia de poderío militar entre Rusia y Ucrania es tal que el probable ganador, por lo menos en un primer tiempo, será sin duda Moscú. 

Desde el punto de vista económico, en cambio, el panorama es menos claro. La batería de brutales sanciones que Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias le están imponiendo a Moscú son aniquiladoras, inéditas, y pueden dificultar, por decenios, el desarrollo económico de Rusia, cuya situación en este aspecto es ya particularmente delicada. 

Por otro lado, una victoria militar en esta guerra, si es rápida y contundente, le podría dar a Rusia, a sus Fuerzas Armadas y a sus armamentos ungran prestigio. Moscú podría consolidarse, en varios teatros de conflictos mundiales, en particular en Oriente Próximo y en el África saheliana, como un aliado indispensable para algunos gobiernos autoritarios locales, como principal proveedor de instructores militares y, sobre todo, como principal vendedor de armas.

La Historia se ha vuelto a poner en marcha, y la dinámica geopolítica mundial se está moviendo Todo esto hace más difícil entender por qué Estados Unidos no hizo más para evitar este conflicto en Ucrania. Ese es un punto central. ¿Qué gana Washington con este conflicto? Para Biden, esta guerra puede aportar una distracción mediática respecto de sus objetivos estratégicos. Su situación no es fácil: lleva un año de gobierno mediocre en política interna, no consigue sacar adelante en el Congreso sus proyectos, no logra una mejora palpable de las condiciones de vida después de la terrible pandemia de la covid-19 ni una corrección de las desigualdades... Y, en política exterior, sigue manteniendo algunas de las peores decisiones de Donald Trump y ha dado una serie de pasos en falso, como la precipitada y calamitosa retirada de Kabul... Puede que esto lo haya llevado a buscar no comprometerse con una estrategia más decidida para evitar una guerra en Ucania que se veía venir... El resultado es que Estados Unidos y las demás potencias de la OTAN podrían perder Ucrania, que se alejaría de su esfera de influencia.

La posición de Washington resulta tanto más sorprendente cuanto que su gran rival estratégico, en este siglo XXI, no es Rusia, sino China. Por eso este conflicto está envuelto, en cierto modo, en un aire pasado de moda, un resabio de la Guerra Fría (1948-1989). Quizá uno de los objetivos de Washington sea alejar a Rusia de China implicando a Moscú en un conflicto en Europa, con la intención de que China no pueda apoyarse en Rusia mientras Estados Unidos y sus aliados de la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental) y de la AUKUS (alianza estratégica militar entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos) aprovechan para acosar a Pekín en el mar de China Meridional. Quizá a ello se debe que, en este conflicto de Ucrania, China se haya mostrado prudente: no ha reconocido ni apoyado la soberanía de las dos “repúblicas populares del Donbás”. Pekín no desea ofrecer un pretexto a otras potencias para que ellas reconozcan, a su vez, la independencia de Taiwán.

Aunque también podría ocurrir que, a pesar de las enormes diferencias, China se inspirase en la decisión rusa de invadir Ucrania para conquistar Taiwán. O tal vez Estados Unidos aproveche la guerra en Ucrania para argumentar que China se dispone a invadir Taiwán y desencadenar un conflicto preventivo con China. Son hipótesis, porque lo único cierto es que la Historia se ha vuelto a poner en marcha y la dinámica geopolítica mundial se está moviendo.

La posición de la Unión Europea ha sido débil. Emmanuel Macron, que actualmente es el presidente pro tempore de la Unión Europea, no consiguió nada con sus gestiones de último momento. En vísperas de la guerra, la idea sobre la que se movilizaron tanto los líderes políticos como los medios de comunicación occidentales fue decirle a Putin que no hiciera nada, que no diera un paso más, cuando lorazonable hubiera sido, repito, analizar sus demandas y sentarse a negociar para garantizarle a Rusia, de alguna manera, que la OTAN no iba a ubicar armas nucleares en sus fronteras. En un primer tiempo, el gobierno europeo que actuó de manera más inteligente fue el de Alemania, con su nuevo canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, a la cabeza. Desde el comienzo, se mostró favorable a que se estudiasen las demandas de Putin. Pero, en cuanto comenzó la guerra, la postura de Berlín cambió radicalmente. La reciente decisión de Scholz, adoptada por unanimidad en el Bundestag, el Parlamento federal, de rearmar Alemania mediante la asignación al presupuesto militar de una partida excepcional de más de cien mil millones de euros y, a partir de ahora, casi el 3% del PIB del país, constituye una revolución militar. El rearme de Alemania, primera potencia económica de Europa, trae pésimos recuerdos históricos. Constituye una prueba más, espectacular y aterradora, de que estamos entrando en una nueva edad geopolítica.

Por último, seguimos preguntándonos por qué Estados Unidos y las potencias occidentales no aceptaron dialogar con Putin y responder a sus reclamos, sobre todo sabiendo que no podrían intervenir en caso de conflicto militar. Esto es muy importante. Recuérdese que, en su mensaje de anuncio del inicio de la guerra, Vladímir Putin envió una advertencia clara a las grandes potencias de la OTAN, en particular a las tres que cuentan con armamento nuclear –Estados Unidos, Reino Unido y Francia–, recordándoles que Rusia “tiene ciertas ventajas en la línea de las armas de última generación” y que atacarla “tendría consecuencias devastadoras para un potencial agresor”.

¿De qué “ventajas en la línea de las armas de última generación” se trata? Moscú ha logrado, en los últimos años, al igual que China, una ventaja tecnológica decisiva sobre Estados Unidos en materia de misiles hipersónicos. Esto hace que, en caso de un ataque occidental contra Moscú, la respuesta rusa pudiera ser efectivamente devastadora. Los misiles hipersónicos van a una velocidad cinco o seis veces superior a la velocidad del sonido, o sea a Mach 5 o Mach 6, a diferencia de un misil convencional, cuya velocidad es de Mach 1. Y pueden transportar tanto bombas tradicionales como nucleares... Estados Unidos ha acumulado un importante retraso en este campo, hasta tal punto que recientemente Washington obligó a varias empresas fabricantes de misiles (Loocked Martin, Raytheon, Northrop Grumman) a trabajar de manera conjunta y destinó un colosal presupuesto para recuperar su retraso estratégico con respecto a Rusia, que se calcula de entre dos y tres años. Pero de momento no lo ha conseguido. Los misiles hipersónicos rusos, calculando la trayectoria, pueden interceptar los misiles convencionales y destruirlos antes de que alcancen su objetivo, lo que permite a Rusia crear un escudo invulnerable para protegerse. En cambio, los escudos antimisiles convencionales de la OTAN no tienen esta capacidad contra los hipersónicos... Esto explica por qué Putin decidió ordenar la intervención militar sobre Ucrania con la seguridad de que una escalada por parte de la OTAN era muy improbable.

Ignacio Ramonet, en Le Monde Diplomatique

NO SON SOLO 7.200 VACAS

 La macrogranja de Caparroso propiedad de Valle de Odieta-HTN, desde el año 2021 tiene concedida autorización para una instalación ganadera de 7.200 vacas lecheras y 600 novillas. Hasta esa fecha la autorización contemplaba 3.450 vacas lecheras, con reposición de 2.920 novillas y terneras.

La macrogranja genera residuos propios de la actividad estimados en 241.470 toneladas al año, de los que deberá desprenderse. En una instalación próxima perteneciente a la misma empresa, tiene autorización para gestionar 49 tipos de residuos industriales orgánicos procedentes de Navarra y de otras Comunidades para una cantidad de 69.500 toneladas año. En la práctica, en 2020 los superaron en un 14,2%, y en 2019 en un 17,3%. Ambos residuos, los propios y los externos, son mezclados posteriormente y tratados en la planta de biogás para producir energía eléctrica. El resultado del proceso es una materia viscosa llamada digestato, que la empresa debe desprenderse en suelos agrícolas. La superficie prevista es de 8.034 hectáreas distribuidas en 23 municipios diferentes entre Mendigorría y Tudela o entre Cáseda y Larraga. 

Todos estos procesos producen daños ambientales, ya que el contenido de Nitrógeno no se reduce en la planta de biogás y tampoco se estabiliza la materia orgánica. Además, contienen metales pesados y otros componentes potencialmente peligrosos. Finalmente dichos residuos se estabilizan en las parcelas agrícolas a lo largo del tiempo, desprendiendo a la atmósfera en su descomposición gases efecto invernadero y contaminación del suelo si se emplea en exceso.

Las parcelas de recepción de esos vertidos en el campo se encuentra en la zona más contaminada por nitratos de Navarra. En los últimos diez años la superficie vulnerable a nitratos en nuestra Comunidad se ha multiplicado casi por cuatro, especialmente en la cuenca del Cidacos y del río Aragón. Es conocida la peligrosidad del exceso de nitratos tanto en la tierra fértil como en las aguas superficiales y subterráneas.

La Comunidad Europea (CE) ya había apercibido al estado español del incumplimiento de la Directiva sobre Nitratos, incluyendo a Navarra en su informe. Como la situación no revierte, finalmente la CE le ha denunciado ante el Tribunal de Justicia Europeo por el citado incumplimiento, que con total seguridad acabará en sanción a pagar, no por los causantes de los vertidos, sino por el erario público. La ciudadanía se verá doblemente afectada, no sólo por la contaminación sufrida sino también por las previstas sanciones europeas.

Según los datos aportados por Valle de Odieta-HTN, para el vertido de los residuos en el campo necesitan consumir 150.000 litros de gasóleo, a los que habría que añadir el empleado en el del transporte para recibir el suministro de alimento para la ganadería, así como el del transporte para la distribución de la leche y el necesario para mantener la maquinaria del conjunto de la explotación, éste último estimado en 72.000 litros de gasóleo. Por tanto, no podemos decir que es una explotación sostenible ambientalmente.

¿Es compatible éste consumo energético de combustibles fósiles derivado del modelo intensivo de ganadería industrial y la lucha contra el cambio climático?

La contaminación producida por una macrogranja de éstas características, mas los residuos orgánicos externos recibidos en HTN referida a la DQO, (demanda química de oxígeno), es similar a una población equivalente de 400.000 personas, algo más que la Comarca de Pamplona, pero con un agravante; al menos ésta dispone de una depuradora para aguas residuales en Arazuri, con un rendimiento en depuración del 96% y la macrogranja no.

El consumo de leche y derivados lácteos en Navarra es de 82,3 millones de litros año y la producción de leche prevista en la macrogranja de Caparroso es de 75 millones. Es decir, que desde Caparroso se podría casi abastecer de leche a toda Navarra. El censo de vacas lecheras de Caparroso, 7.200 cabezas, es superior al doble de las 3.218 vacas lecheras que hay en todo el valle de Ulzama. 

Por escribir un dossier destinado a los parlamentarios del Gobierno de Navarra, para que conocieran los perniciosos efectos ambientales y sociales que produce la macrogranja de Caparroso, 14 grupos ambientalistas hemos recibido una citación judicial para comparecer a un Acto de Conciliación promovido por la empresa Valle de Odieta-HTN, que se celebrará el próximo día 30 de marzo, con el objetivo de  retractarnos del citado dossier.

Jesús Arbizu (Compañía de las TresErres (Reducir, Reutilizar, Reciclar)



viernes, 4 de marzo de 2022

OLEADA DE VIOLENCIA EN MARCILLA

Así titulaba una imagen que se difundió por grupos y estados de algunas redes sociales, convocando una concentración para «mostrar el malestar de la población» y «por un pueblo seguro». En el texto, también se añadía como motivo «la oleada de violencia, vandalismo e insinuaciones a niñas menores de edad», tal y como decía también hace no mucho un rótulo en un programa de cierta cadena que acudió a nuestro pueblo. Ilusa de mí, creía que había llegado el momento; ese momento en el que por fin se reconocían por parte de vecinos y vecinas los comentarios, las insinuaciones, las miradas y los gestos, los insultos, los silbidos, las persecuciones hasta el portal, los tocamientos, los agarrones, la droga en la bebida, las presiones, las faltas de consentimiento, el aprovecharse del estado de embriaguez, o cualquier otra situación que nos ha hecho toda la vida volver a casa con las llaves y el móvil en la mano. Vosotras ya sabéis de qué estoy hablando, esto siempre ha sido así, y no sólo se ha dejado pasar, sino que está normalizado y normativizado.

Pues bien, como decía, ilusa de mí, resulta que todas estas violencias no son las que se ponían de manifiesto en estos mensajes. Por lo visto, según comentarios que los acompañaban, Marcilla es un pueblo muy tranquilo y estas cosas sólo están pasando en las últimas semanas o meses… y, además, por culpa de un colectivo en concreto: «esa gente», y la supuesta «falta de control» de la empresa gestora y algunas autoridades.

Me he tomado la libertad de reunir algunos de los comentarios hechos públicos en redes sociales: «Me parece lamentable que en un pueblo tan tranquilo pasen estas cosas y nadie haga nada». «Tienes muchísima razón. Esto hay que compartirlo y que circule por todos los sitios». «Me parece alucinante que nadie haga nada». «Menuda vergüenza!!!!! Esperamos que esto llegue a los medios de comunicación porque no puede quedar así las cosas». «Que sí, estoy seguro que la mayoría son buena gente… pero los malos están ya metiendo demasiado ruido (…) que es una pena que los que vienen buscando una oportunidad tengan su rostro empañado por culpa de los 4 que no tienen conciencia ciudadana». Porque claro, son ellos «los malos» y los culpables de meter a todos en el mismo saco, lo de generalizar no es cosa nuestra…

Pues bien, si realmente lo que les preocupase fuesen las violencias, si quisieran que dejasen de recaer sobre los grupos y/o colectivos vulnerados, si de verdad les preocupase el «hasta que no pase algo gordo nadie va a hacer nada», se habrían dado cuenta de que «ya están pasando cosas gordas desde hace tiempo», ¿por qué esperar hasta ahora y poner el foco en «esa gente»? ¿Por qué no apoyar el mensaje, los movimientos, las estrategias y las acciones que se llevan desarrollando desde hace años para educar, prevenir y gestionar las violencias? ¿Por qué esto es considerado peor que lo que hemos vivido hasta ahora y seguimos viviendo? O simplemente, ¿por qué es considerado, mientras el resto de violencias son invisibilizadas?

En mi opinión, este tipo de mensajes lo único que hace es poner el foco en un colectivo en concreto, «esa gente», provocando así la estigmatización del mismo, y todas las consecuencias que conlleva. El discurso del racismo, xenofobia, aporofobia y odio cobran fuerza, una vez más, y las violencias ejercidas por quien tiene el privilegio, como ni se muestran ni se nombran, no existen. Una vez más. 

Nerea Pejenaute, en GARA y DIARIO DE NOTICIAS  (13-1-2022)

JUAN CARLOS DE BORBÓN, TODO BIEN

         Hay que reconocer que la Fiscalía del Estado ha hecho lo que ha podido para afinar hasta el ridículo la tipificación penal del cúmulo de irregularidades que persiguen a Juan Carlos de Borbón y salvarle el culo evitando que tenga que posarlo en el banquillo de los acusados. Una operación política y judicial vergonzante y bochornosa. Nada que no se supiera que iba a ocurrir tal y como ha sucedido. Una vez más, el Estado ha antepuesto la salvaguarda de una estructura de poder, en este caso la Monarquía, a costa de vapulear la credibilidad de una justicia democrática. Lo que no ha podido afinar ya es la realidad de esas irregularidades, ocultamiento de millones de euros en paraísos fiscales, escaqueo de sus obligaciones fiscales y el cobro de comisiones ilegales. La Fiscalía admite los delitos, pero alega que o bien están prescritos o que no pueden ser juzgados porque el anterior Jefe del Estado está protegido por la inviolabilidad, el concepto jurídico que le ha servido de parapeto durante casi cuatro décadas. Otra excepción más que sitúa al Estado español muy lejos de los niveles de responsabilidad política y ética mínimos de las democracias avanzadas. Porque lo que no es aceptable es que la cobertura legal de Juan Carlos de Borbón como Jefe del Estado le sirva también para despojarle de toda responsabilidad cuando sus actos apuntan a delitos personales que nada tienen que ver con sus funciones representativas e institucionales. Es decir, la protección de la inviolabilidad no puede tener validez jurídica para actos como evasión de capitales, fraude fiscal, ocultación de bienes en paraísos fiscales, tarjetas opacas y el resto de cuestiones por las que la Fiscalía le ha exonerado de mala manera ahora de toda responsabilidad. La inviolabilidad del Jefe del Estado debe tener límites y no ser una tapadera para el delito y un argumento con el que justificar décadas de silencios cómplices de políticos, medios y otras estructuras de un estado democrático. Seguro que ahora clamaran con euforia los cortesanos dispuestos a doblar el espinazo las virtudes e injusticia del trato a Juan Carlos de Borbón, pero ni esa juerga protagonizada por quienes quieren seguir recibiendo los favores y prebendas de la mesa real puede ocultar ni tapar la indignidad del comportamiento de quien ha sido Jefe del Estado. Eso ya forma parte inevitable de la historia real de la familia Borbón en el trono de España, una sucesión de fracasos, corrupción y desastres que casi siempre, también en este caso, obligaron a la huida desesperada al exilio. La Fiscalía ha librado a Juan Carlos de Borbón del banquillo judicial, pero esa decisión, hecha pública aprovechando el humo y el ruido de la guerra en Ucrania con la esperanza de que pase lo más desapercibido posible a la opinión pública, solo ahonda en la certeza de que la premisa democrática de la igualdad ante la ley es, en el caso de los altos dirigentes del Estado, responsables políticos y plutarcas financieros, solo un enunciado irreal. Y vuelva antes o después, de vacaciones o de paso, el chiringuito fiscal y la pasta seguirán bajo el paraguas de una dictadura como la Abu Dhabi. Todo bien. "Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero unos son más iguales que otros": Orwell, Rebelión en la granja.

Joseba Santamaría, en Diario de Noticias