LAS CASAS SECRETAS DE HONDURAS QUE PROTEGEN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Proteger a mujeres maltratadas, desplazadas por la violencia o víctimas de trata de personas es el propósito de tres refugios secretos de la Asociación Calidad de Vida de Honduras -donde cada 23 horas es asesinada una mujer-, espacios que reclaman la aprobación parlamentaria de una normativa y presupuesto.

El primer centro para mujeres víctimas de violencia de género abrió sus puertas en 1996 en Tegucigalpa con el “sueño” de dar a la mujer la “oportunidad de proteger su vida”, dijo este sábado la directora de Calidad de Vida de Honduras, Ana Cruz, en una entrevista con Efe.

Señaló que las mujeres sufren varios tipos de violencia, por lo que Calidad de Vida decidió abrir en 1996 un refugio para víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, uno para desplazadas por la violencia (en 2015) y una tercera casa, en 2018, para afectadas por la trata de personas.

Las mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual y sus hijos pueden estar hasta tres meses en el refugio, tiempo en el cual reciben atención psicológica y se les prepara para un nuevo comienzo, añadió.

No obstante, las víctimas de trata de personas y desplazamiento por violencia no tienen un tope de estancia, ya que dependen de procesos legales para su reubicación.

A las mujeres no les gusta estar en una casa refugio, cualquiera puede decir que (el refugio) es como un hotel para ellas, pero a ninguna mujer le gusta estar encerrada, enfatizó la activista.

Los refugios secretos brindan una atención integral a las mujeres que va desde apoyo psicológico, asesoría jurídica y todo lo necesario para que puedan salvaguardar su integridad, agregó.

“La primera necesidad básica que nosotros cubrimos es la alimentación inmediata, luego viene el baño y ya después empieza la atención a su crisis”, explicó.

Calidad de Vida busca que la mujer se empodere de sus derechos y las que quieren emprender un negocio reciben capacitación laboral y servicios de desarrollo empresarial.

“Uno de nuestros objetivos es que la mujer salga preparada (…) que reconozca que es un ser humano que tiene derechos y le enseñamos a no negociar sus derechos y sea respetada”, enfatizó.

La asociación hondureña trata de dar a las mujeres “un servicio integral con calidad y calidez”, mientras que sus hijos reciben servicios pedagógicos para que no pierdan su año escolar, añadió.

Los casos que más llegan a los refugios secretos son de víctimas de violencia doméstica, un problema que afecta a todos los niveles socioeconómicos y grupos étnicos, aunque con mayor prevalencia entre mujeres de bajos ingresos, señaló Cruz.

Las mujeres más afectadas están en un rango de edad de entre 18 y 26 años, lo que refleja que la violencia de género comienza a temprana edad, indicó.

Si una niña está viendo que su mamá recibe violencia, ella normaliza ese patrón de conducta y también cree que es normal y natural recibir violencia, destacó la activista.

El número de denuncias por violencia machista presentadas en Honduras durante el primer semestre roza las 50.000, según datos citados por la asociación Calidad de Vida.

Para garantizar a las víctimas que estarán lejos de sus agresores, la ubicación de los tres refugios se mantiene en secreto como parte de la política de seguridad de Calidad de Vida.

La seguridad es tan rígida que las mujeres son trasladadas de noche en vehículos con vidrios polarizados para que no conozcan la ubicación exacta del refugio, explicó Cruz.

Desde que Calidad de Vida abrió el primer refugio han atendido en las tres casas a alrededor de 5.800 mujeres, y si se incluye a sus hijos, la cifra se eleva a más de 17.000 víctimas, según cifras de la asociación.

La activista indicó que todas colaboran para su funcionamiento con actividades como la preparación de los alimentos, la limpieza y el cuidado de los niños.

También participan en terapias terapéuticas para “mejorar la relación entre madre e hijos”, indicó Cruz, quien instó al Parlamento hondureño a aprobar la Ley de Casas Refugio, presentada en 2018, para mujeres víctimas de la violencia machista en el país centroamericano, que ya deja más de 200 muertas en lo que va de año.

“Es urgente tener esa normativa que regule las casas secretas” y que el Gobierno asigne un presupuesto anual de unos 4 millones de lempiras (160.000 dólares) a cada refugio, enfatizó.

En su opinión, la lucha contra la violencia de género continúa siendo uno de los grandes desafíos para Honduras, un país tradicionalmente dominado por los hombres y donde “la vida de la mujer no vale nada”.

Anny Castro, en Nodal

BARKOS RECALCA "LA FORTALEZA DE UN TRIPARTITO QUE TIENE ESPACIO PARA LA DISCREPANCIA"

La portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que el reto económico que afronta la Comunidad foral ante la crisis provocada por el Covid-19 es "urgente e importante" y ha pedido al Gobierno de Navarra que lo aborde desde cinco ámbitos.

En concreto, Barkos quiere que el Ejecutivo negocie con el Estado un incremento de la capacidad de endeudamiento, que afronte también la negociación del Convenio Económico, que revise la política de deducciones del Impuesto de Sociedades, que trabaje para obtener fondos europeos y que respalde a los ayuntamientos que no estén dispuestos a prestar sus remanentes al Gobierno central.

En una rueda de prensa que ha ofrecido con motivo del inicio del curso político, Barkos ha insistido en la importancia de que Navarra tenga la capacidad de emitir la deuda suficiente para "hacer frente a los gastos necesarios" ante la crisis del Covid-19.

Ha recordado que a final de julio se pactó entre Navarra y el Estado una capacidad de endeudamiento del 2,3 por ciento, mientras que a la Comunidad Autónoma Vasca se le ha reconocido un 2,6% y además la AIReF considera que Navarra podría tener una capacidad cercana al 4%. Por ello, Barkos ha planteado que el Gobierno de Navarra encare de manera "firme" una nueva negociación para obtener un reconocimiento del 4%, independientemente de que se materialice esa emisión de deuda o no.

En cuanto a la política fiscal, la portavoz de Geroa Bai ha señalado que "la fórmula de los recortes no va a equilibrar nuestras cuentas y tampoco lo van a hacer las políticas fiscales al uso de presión fiscal". "Con un mercado laboral y un tejido empresarial severamente castigados, tenemos que buscar otra manera de optimizar las políticas fiscales", ha planteado.

Así, ha propuesto "revisar con enorme rigor toda la política de deducciones en el ámbito del Impuesto de Sociedades", deseando que pueda acometerse una reforma en los meses de noviembre y diciembre para "llegar a buen puerto para el 1 de enero de 2021, año en el que la capacidad de deuda se va a mermar".

También se ha referido Uxue Barkos a la importancia de que Navarra pueda acceder a los fondos europeos de reconstrucción. Para ello, ha pedido al Gobierno de Navarra que "se adelante" en la presentación de proyectos que sean susceptibles de recibir ayudas y que acuda a defenderlos a los ámbitos en los que tiene capacidad de interlocución, como el Comité de las Regiones, la Eurorregión o el contacto directo con los comisarios europeos. No obstante, ha reconocido que es el Gobierno central el que habrá de "gestionar la presentación y defensa de estos proyectos".

Barkos ha considerado que el Gobierno de Navarra debe afrontar también la negociación del Convenio Económico, abordando especialmente la aportación de Navarra por la deuda del Estado. "Navarra puede encontrarse en una situación comprometida si no nos sentamos a revisar esta situación", ha dicho, por lo que ha pedido que la Comisión Negociadora del Convenio Económico analice este tema "más pronto que tarde".

Finalmente, la portavoz de Geroa Bai ha pedido al Gobierno de Navarra que "se comprometa con los ayuntamientos navarros que ya han expresado su disconformidad con prestar sus remanentes al Gobierno central" y ha reclamado que el Ejecutivo foral "les acompañe en el ejercicio de su autonomía municipal".

DISCREPANCIA "PUNTUAL" EN EDUCACIÓN

Al término de la rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, Barkos también ha abordado las discrepancias entre PSN y Geroa Bai sobre el pacto de la enseñanza concertada, una discrepancia que se tradujo la semana pasada en la aprobación de una enmienda pactada entre Navarra Suma y Geroa Bai para reducir la jornada laboral de los profesores mayores de 57 años tanto en la red concertada como en la pública.

Barkos ha afirmado que se trata más de "una discrepancia puntual en torno a una cuestión muy concreta, no en el fondo sino el ámbito temporal y en la gestión política que se ha ido haciendo". "Es una discrepancia en torno a una actuación que entendemos unilateral. Hemos querido trabajar en el seno del Gobierno y no ha podido ser, y lo hemos traído al Parlamento porque el asunto es de envergadura y de importancia", ha dicho.

La portavoz de Geroa Bai ha señalado que el coste económico de la medida es de 13 millones de euros "a lo largo de la legislatura" y que para este año 2020 sería de aproximadamente un millón de euros, cifra "perfectamente previsible".

En todo caso, Barkos ha insistido en que "no hay unas discrepancias que no sean las propias de un Gobierno de coalición, pero no es la primera, no digo que vaya ser la última, y eso habla de la salud y fortaleza de un tripartito que tiene espacio para expresar la discrepancia sin que la sangre, políticamente hablando, llegue al río". "Son situaciones que no hablan por sí mismas de ninguna manera de crisis en el seno del Gobierno", ha asegurado.

Barkos ha precisado que no ha tenido ocasión de hablar con la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, después de la aprobación de la enmienda y ha explicado que, previsiblemente, con el inicio de curso, se producirá un encuentro entre los socios de Gobierno.

Diario de Noticias

HACE 99 AÑOS NACIÓ LA -MUY VASCA- CAJA DE AHORROS DE NAVARRA (I)

Pongámonos en contexto. Tras la primera guerra carlista la Ley de Modificación de Fueros de 1841 había dado un buen palo a la autonomía foral, quintas, jueces, nombramiento de autoridades, etcétera, pasaron a depender del Estado central y hasta la frontera estatal pasó del Ebro a los Pirineos.

Explica Amín Malouff en su ensayo Identidades asesinas que cuando una identidad se intenta abolir desde el exterior, ésta se refuerza en el interior de la persona por un acto reflejo de rebelión. Así debió ocurrir por aquel entonces con la basconidad de Navarra, pues en 1893/4, cuando el ministro español Gamazo intentó modificar el régimen fiscal navarro, se armó la marimorena: La Excma. Diputación inició las protestas y Navarra entera se sumó a ellas manifestándose por doquier. Gamazo tuvo que recular y la victoria se plasmó en ese centenario monumento a Los Fueros que se ubica frente al Palacio de Navarra. Gayarre y Sarasate expresaban al mundo su condición euskaldun sin tapujos ni vergüenzas y el Gernikako Arbola sonaba en las fiestas desde La Ribera hasta los Pirineos. La iniciativa de crear la CAN surge en el II congreso de Estudios Vascos celebrado en Pamplona en 1920. Las tres provincias vascas contaban ya con su Caja Provincial respectiva.

Vimos en el artículo de los Primeros Pasos que todo movimiento se encaminaba hacia la provincias hermanas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, allá se iba de continuo a por la experiencia respecto a Cajas de Ahorro; de allí vinieron los sistemas organizativos, los modelos de impresos, las normas laborales... y dicha tendencia se mantuvo prácticamente siempre incluso en épocas de marcado centralismo estatal (Según las actas revisadas hasta 1950 y según lo que yo pude apreciar mientras viví en Pamplona hasta 1990).

La relación de Navarra con Las Vascongadas –como no podía ser de otra forma, dadas las similitudes históricas, de lengua común y de tradiciones– era una relación natural de familia bien avenida y así se pone de manifiesto en multitud de Actas, algunas de las cuales entresaco en los párrafos siguientes: En el acta del Consejo del 7 de diciembre de 1921 leemos: "Los comisionados a la Asamblea de Cajas en Vitoria dan cuenta de ella y se aprueban unas mismas bases a fin de que a su vez se aprueben por las respectivas Diputaciones del País Vasco-Navarro a fin de llevar una posición común en la asamblea de Madrid basada en los siguientes puntos: 1º La más amplia autonomía en la administración. 2º Recaudación total de las primas o lo más posible. 3º Si 2º no total, garantía estatal para lo no recaudado. 4º Se reconozca el régimen autonómico de las provincias vascongadas y que las Diputaciones puedan bonificar en cantidad no menor que el Estado las libretas de capitalización.

Por el momento se acuerda no entregar al Instituto Nacional de Previsión (INP) cantidad alguna a fin de hacer presión de cara a la negociación". [Jugaban fuerte con Madrid ¡eh!]

En el acta de la reunión de la Comisión Permanente celebrada el 29 de agosto de 1924, podemos leer: "El director da cuenta de la reunión celebrada en San Sebastián para tratar de la Federación de Cajas Vasco-Navarras y en la que se aprobó la Federación con las bases presentadas por La Caja ligeramente modificadas" [La aportación era recíproca]

En el acta de la misma comisión del Consejo celebrada el 19 de febrero de 1926, leemos: "Para la próxima Asamblea de Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras a celebrar en Vitoria se comisiona al Sr. Director con el ruego de que insista en la conveniencia de conjuntar la representación de todos nuestros valores en Cartera a fin de acudir a las Juntas Generales y de Sociedades". [La consabida unión que otorga fuerza de control y de negociación] Y en el Consejo del 17 de diciembre de 1927, "El Consejero Sr. Huici informa de que la Banca y Cajas de Vizcaya suscriben 7 de los 10 millones emitidos por el ferrocarril Pamplona-Estella-Logroño no puramente como negocio sino como una subvención indirecta al Puerto de Bilbao, se discute si la Caja debe suscribir ½ millón como propone la Comisión Permanente ó 2 millones como propuso el Consejo. Por votación se acaba aceptando suscribir sólo ½ millón". He subrayado lo de "subvención indirecta" para hacer ver que la hermandad con el territorio vasco era habitual no sólo en lo cultural (los donativos o subvenciones a entidades culturales de promoción del euskera y lo vasco eran habituales) sino también en lo económico. Todas esas complicidades y simpatías mutuas estaban mal vistas por la centralizadora dictadura de Primo de Rivera. Igual que ahora los partidos estatalistas miran con disgusto esas especificidades forales, sin pararse a pensar en los históricos porqués de las mismas. Toda nueva actividad se intentaba ubicarla en el entorno conocido más afín, así el Consejo del 6 de agosto de 1930 acordó: "A la vista de los informes médicos se decide que la Colonia Infantil sea marítima y que al efecto de ubicarla adecuadamente se gire visita a las playas de Guipúzcoa y a la Colonia de Pedernales en Vizcaya".

Son tantas y tan variadas las ocasiones en que se observa esa relación de familia con las Vascongadas, que no me ha quedado más remedio que poner aquí un continuará.

José Ramón Doria Bajo, promotor de la re-fundación de la CAN, notario jubilado y nieto del director-gerente de la CAN desde 1921 a 1950.  (Publicado por Diario de Noticias)

LA NUEVA OLA VIOLENTA COLOMBIANA

Algunos estan hablando de una nueva violencia a raíz del exterminio sistemático de líderes sociales y de las masacres ocurridas en los días recientes. Difiero de tal enfoque, pues los nuevos hechos de sangre estan encadenados a la vieja y estructural violencia que hace parte de la formación social colombiana y del modo de organización politica del régimen de dominación.

La violencia de hoy bien puede atribuirse a la destrucción de los Acuerdos de paz alcanzados por el Estado con las Farc (Noviembre del 2016) y a la presencia del uribismo en la Presidencia de la Republica, el cual considera a la violencia como el medio eficaz para garantizar su reproducción politica ad infinitum.

Haber hecho trizas la paz como se lo propuso el Centro democrático e inundar el país con su retórica cargada de odio y amenazas desato nuevamente las fuerzas más irracionales y las tendencias más agresivas acumuladas por décadas en determinados núcleos de las elites económicas, sociales, políticas, especialmente en los escenarios locales y regionales. Nuevamente se repiten los escenarios de la “violencia de los años 50” o de la “guerra paramilitar” acaecida entre 1996 y el 2007.

Bien se puede afirmar que no hemos aprendido de esos pedazos siniestros de nuestro pasado.

Todavía no logramos comprender la esencia de dicho fenómeno y sus tecnologías de ejecución.

Quiero retomar algunas tesis importantes sobre este fenómeno para intentar construir un acervo común con el cual nos podamos identificar en la dirección de armar un consenso nacional orientado a erradicar definitivamente la violencia social y politica.

Considero necesario recuperar los esquemas analíticos de larga duración de la violencia colombiana. Me refiero a los trabajos de Marcos Palacio, Fernán Gonzales y Gonzalo Sanchez.

La interpretación de Marcos Palacios. 

Palacios (2012) en su libro “Violencia pública en Colombia” (https://bit.ly/3jbHFwQ ) tiene como referente para su periodización el funcionamiento del Estado con su déficit de legitimidad y soberanía en el territorio y en el sistema internacional. Para construir sus periodizaciones plantea los grandes cambios en el Estado-nación con un especial énfasis en la dimensión internacional. Plantea grandes hitos como: la guerra fría, la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo y el consenso de Washington. Su entendimiento central del conflicto es que se trata de una disputa violenta, entre élites por medio de la violencia pública. Es decir, se trata de una violencia que requiere un discurso de autolegitimación de cada una de las partes. Los bandos en la disputa son aquellas élites gobernantes del Estado y sus aliados (acá Palacios ubica a paramilitares y narcotraficantes como fuerzas “prosistema”), contra aquellas que buscan desalojarlas por medio de la guerra de guerrillas en un campo de hostilidad absoluta. La periodización de este autor, aunque específicamente no la delimita, sí considera tres grandes etapas de la “violencia pública” en Colombia. La primera de ellas que va desde la segunda mitad de los años cincuenta y toda la década del sesenta, que a nivel internacional se caracterizó por el inicio de la guerra fría. En ese periodo, Palacios enfatiza su narrativa en la distribución de legitimidades entre la insurgencia y contrainsurgencia, y se enfoca en describir la influencia internacional sobre el conflicto interno, y el surgimiento de grupos armados de corte marxista. Un segundo periodo, que podría considerarse como de “frontera”, entre uno y otro, se ubica a lo largo de la década de los setenta, hasta mediados de los noventa. Ese periodo se caracteriza como un salto cuantitativo del conflicto armado y de la profundización de la guerra sucia de baja intensidad. Intensificación en la que tiene un importante grado de responsabilidad la irrupción del narcotráfico, la emergencia de los grupos paramilitares y las prácticas de guerra contrainsurgente y sucia que, heredadas de la doctrina anticomunista de la guerra fría, fueron acentuadas por el estamento castrense para enfrentar las guerrillas en los territorios donde estas hacían presencia, violencia que también se dirigió contra los sectores que los militares consideraban sus aliados, en los que se incluía a la izquierda política legal y los movimientos sociales. Conforme lo muestra Palacios, en el cierre de este periodo además de terminarse la guerra fría, se abre la puerta a las primeras reformas neoliberales, fruto del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y, al mismo tiempo, emergen con gran potencia los carteles de la droga y con ellos, la guerra en su contra. Así, se pasó de una confrontación que enfrentaba al Estado con las guerrillas marxistas, a una violencia generalizada que implicaba múltiples actores, y diversos intereses económicos y políticos, que produjeron procesos que marcarían el devenir posterior de la guerra: la mayor fragmentación del Estado, la fluidez entre lo legal y lo ilegal, la exacerbación del individualismo y la pérdida de referentes colectivos. Por último, en un tercer momento Palacios contempla paralelamente lo que denomina “la paz cuatrienal” y aborda los contextos de cada uno de los intentos de paz presidencial emprendidos con diferentes grupos armados, desde principios de los años ochenta, hasta el proceso iniciado por el gobierno Uribe con las AUC.

De esa paz cuatrienal hace parte el acuerdo más sólido alcanzado por el Estado durante el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc que tránsito hacia una “paz imperfecta” por las fracturas en las elites nacionales.

El estudio de Fernán Gonzales. 

También está en este arco de interpretaciones la propuesta de síntesis histórica de González en su libro “Poder y violencia en Colombia” (https://bit.ly/3gpYRwQ ). Desde una visión procesual y de largo plazo, lejana a enfoques normativos y teleológicos, González propone ver la violencia en relación con el conflictivo proceso de construcción del Estado. Esto, desde un enfoque que combina la necesidad de considerar los problemas estructurales de la vida colombiana y sus transformaciones en el tiempo y en el espacio: la configuración social de las regiones, su poblamiento y cohesión interna, el problema agrario no resuelto y la integración territorial y política de las regiones. Lo anterior, sin dejar de lado los aspectos subjetivos de la percepción, valoración y accionar de diferentes agentes sociales, entre los que se consideran aquellos que optaron por la opción armada. González establece una periodización extensa que tiene como punto de arranque la herencia colonial y las turbulencias del siglo XIX, es decir, los inicios de la conflictiva construcción estatal y su presencia diferenciada en el tiempo y en el espacio, que aún hoy se mantiene. Con ese presupuesto, el autor interpela el hábito de pensamiento que ha imperado en la producción académica y en la discusión pública, que establece una relación directa entre el conflicto armado y la ausencia del Estado en los territorios. Y plantea que el hecho cierto de que el Estado colombiano nunca haya tenido control total del territorio ni haya detentado el pleno monopolio de la violencia legítima, más que una anomalía es parte de nuestro proceso particular de formación de las instituciones estatales y de la construcción de la nación. Así las cosas, la periodización emprendida por González analiza las diferentes etapas de las transformaciones del Estado, su relación con las regiones y los momentos de conflictividad y violencia, hasta el conflicto armado contemporáneo.

En esa medida, en un primer periodo, describe los antecedentes coloniales y del siglo XIX, especialmente las dinámicas de poblamiento original, las dificultades que sobre el control del territorio y de la población tuvo el Estado colonial y el impacto de las reformas borbónicas; así como las tensiones regionales en los inicios de la República, y luego, la competencia política y el papel de los partidos Liberal y Conservador, y las redes bipartidistas durante el siglo XIX.

En un segundo periodo, de 1905 a 1930, se ocupa de describir el proceso a través del cual la hegemonía de los partidos Liberal y Conservador empieza a ser controvertida por otros actores, como resultado del surgimiento de tensiones en el incipiente mundo obrero y en el mundo rural de una frontera agraria en permanente expansión.

Un tercer periodo contemplado por González se denomina “modernización y violencia” y va desde 1930 hasta 1957. En esa etapa, el autor establece un contraste entre dos momentos: La primera violencia que enfrentó a nivel regional las Fuerzas Armadas del gobierno liberal con los grupos armados de los políticos conservadores en los departamentos de Boyacá y Santander, en un contexto nacional polarizado, resultado de las tensiones entre los intentos de modernización de la República liberal, el surgimiento de la movilización social (obrera y campesina) y los sectores que, desde la derecha, se oponían al experimento reformista del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945). Y el periodo de La Violencia, entre 1948 y 1957, cuando de las disputas violentas ligadas a la homogeneización política en el ámbito local, se pasó a la generalización de la violencia, según González por los siguientes factores: la lectura complotista del 9 de abril, tras el asesinato del líder populista liberal Jorge Eliécer Gaitán; el predominio del fundamentalismo conservador, representado por el presidente Laureano Gómez; el colapso parcial del Estado y la ligazón entre las venganzas de sangre y las rivalidades bipartidistas a escala local. En síntesis, La Violencia en este tramo histórico, afirma el autor, fue resultado de la convergencia entre la aceleración de la modernización agraria capitalista, la agudización del conflicto agrario y la exasperación de las identidades partidistas.

En el cuarto periodo, González describe las vicisitudes del Frente Nacional y el acuerdo consociacionalista con el que las élites pretendieron poner fin a la violencia. Afirma el autor que, en ese momento, si bien hubo una sustancial disminución de la violencia fue evidente el fracaso de los intentos reformistas, especialmente en el sector rural, para enfrentar los cambios demográficos, culturales y sociales de esos años, lo que derivaría en el surgimiento de un nuevo tipo de violencia política con la emergencia de grupos armados de carácter marxista.

Finalmente, el autor analiza el periodo de la violencia y el conflicto armado contemporáneo (1982-2014) en el que examina los debates sobre los orígenes y persistencia de la violencia, el conflicto armado y el fenómeno paramilitar. En este periodo el autor distingue varias etapas de las que resaltamos su contribución a la caracterización y evolución sobre el paramilitarismo: primera etapa, emergencia de los grupos paramilitares como respuesta a la expansión de los grupos guerrilleros en los años ochenta; segunda, ola expansiva del conflicto y la consolidación del fenómeno paramilitar durante los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana; y la etapa de repliegue guerrillero hacia zonas de retaguardia y frontera, negociación con las AUC y aparición y expansión de grupos armados surgidos de este proceso de negociación (neoparamilitarismo); y finalmente el proceso de negociación con las FARC, en el primer gobierno de Juan Manuel Santos.

En la etapa que denomina la primera ola de expansión de los grupos violentos en la década de los ochenta, González destaca como elementos centrales: la crisis del sistema político y la creciente movilización social al margen del bipartidismo; la expansión de las FARC hacia nuevas regiones, más allá de sus tradicionales zonas de colonización, y la reactivación del ELN y el EPL; además de la creciente penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana. Factores y nuevos escenarios de la guerra que, sumados al ambiguo y débil proceso de negociación emprendido por Belisario Betancur con las guerrillas (1982-1986), explican la aparición y primera ola de expansión de los grupos paramilitares, que tuvieron el auspicio de los sectores que se oponían –por motivos económicos o políticos– a la negociación con las guerrillas y a las reformas que de ello se podrían derivar: narcotraficantes, poderes locales y regionales, gremios, mandos militares y la clase política tradicional. La segunda ola expansiva del conflicto y la consolidación del fenómeno paramilitar abarca los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana. En esa etapa, el intento de relegitimación del sistema político buscado con la Constitución de 1991, con el que se logró la inserción a la política legal del M-19, el EPL y el PRT, no detuvo la generalización de la guerra ni la intensificación de la violencia política. Al contrario, la crisis de gobernabilidad del gobierno de Samper, sumado al mayor relacionamiento de los grupos armados con los cultivos de coca y la producción y el comercio de la cocaína, tendrían como resultado, para el final del periodo –en medio de las negociaciones del Caguán–, la mayor expansión geográfica de los grupos paramilitares y guerrilleros, así como la intensificación de la violencia política a niveles nunca antes alcanzados. Lo anterior, según González, por cuenta de las decisivas transformaciones estratégicas en relación con la guerra, tanto del Estado como de los grupos armados: por un lado, las FARC, deciden el aumento de su capacidad bélica y la continuación de la expansión hacia las zonas más articuladas a la vida económica y política de la nación; y por otro lado, los paramilitares, como respuesta, se ensanchan a zonas de control guerrillero, deciden exportar el modelo de seguridad y desarrollo experimentado en el Magdalena Medio y Urabá en los años ochenta y lograr el reconocimiento político con la conformación de las AUC; y finalmente, el Estado dio inicio a la reingeniería de las fuerzas militares, con el apoyo financiero y tecnológico de los Estados Unidos y el Plan Colombia, para la recuperación militar del territorio. Así, en opinión del autor, esos factores explican en buena medida el fracaso de las negociaciones y la búsqueda de la paz en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), ya que la combinación ambigua entre la retórica de la paz y los hechos de guerra, la lógica militar y política, los abusos de las FARC en la zona de despeje y la arremetida paramilitar, harían incierta la agenda de negociación, y bloquearían de manera persistente el desarrollo de las negociaciones. Este fracaso explica la llegada de Álvaro Uribe (2002-2010) al poder, etapa que González denomina como de repliegue guerrillero hacia zonas de retaguardia y frontera, por cuenta de la ofensiva militar que ese Gobierno desató contra estas, lo que contrastaba, con las polémicas negociaciones que sostuvo con los grupos paramilitares. De esa etapa, el autor destaca los cambios del estilo político del Gobierno y sus pretensiones neocaudillistas, que se concretaron en una combinación entre apelación populista, el manejo mediático del poder personalizado, la negociación clientelista con la clase política tradicional y los estímulos tributarios y financieros a los gremios. También destaca los polémicos resultados de la negociación con las AUC, la temprana emergencia de los GAPD (Grupos Armados Delincuenciales), los efectos diferenciados de la Seguridad Democrática y los cambios en las territorialidades del conflicto.

Así, para González, si bien se logró la recuperación militar del territorio integrado del país y la profundización de la derrota estratégica de las guerrillas, el énfasis militar y la ausencia de atención a los problemas sociales en las zonas recuperadas, implicaría que no solo se mantuvieran las guerrillas, sino que emergiera una nueva generación paramilitar en las zonas fronterizas (Catatumbo, Urabá y andén Pacífico) y en las zonas de colonización de la Orinoquia y el Amazonas.

La violencia en la versión del Centro Nacional de Memoria Historica /CNMH. 

Otra de las síntesis construidas en el último tiempo es la realizada por el Grupo de Memoria Histórica, en cumplimiento del mandato de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, de elaborar un relato sobre el origen y la evolución de los actores armados ilegales. Esta síntesis fue publicada en 2013, en el Informe general del conflicto armado: ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad (https://bit.ly/31rYsG9 ). Los principales alcances y objetivos del informe, que han sido parte fundamental de las apuestas del inicial GMH y luego del CNMH, se pueden resumir así: interpelar a la sociedad y exhortar al Estado desde la perspectiva de la memoria de las víctimas, para comprender lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Por eso, el informe construye una síntesis que se aleja del reconocimiento pasivo del sufrimiento de las víctimas, para comprender la violencia en sus diferentes etapas y manifestaciones, como resultante de actores y procesos sociales y políticos también identificables. Enfatizando en la visibilización de las magnitudes de la violencia, las diferentes dimensiones de la victimización y el rol de las víctimas, como agentes activos en el marco del conflicto armado, esto en el entendido de que Colombia tiene una larga historia de violencia, pero también una renovada capacidad de resistencia a ella. En el informe ¡Basta ya!, sus autores, en consonancia con González y Palacios, resumen así los factores que explican tanto el origen como la reproducción del conflicto: persistencia del problema agrario; la irrupción y propagación del narcotráfico, las limitaciones y posibilidades de la participación política; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación institucional y territorial del Estado. Si bien, en el capítulo dos, estos factores atraviesan la periodización del conflicto armado que propone el ¡Basta ya!, también analiza otras dimensiones, como los cambios cualitativos y cuantitativos de las modalidades de victimización contra la población civil, las relaciones entre guerra y justicia, los impactos y daños ocasionados por el conflicto armado y las memorias y formas de resistencia de las víctimas. En el capítulo dos, la periodización propuesta por el informe ¡Basta ya! enfatiza en las transformaciones temporales y espaciales de la violencia, en las disputas político-militares entre los actores en contienda y su simultaneidad con las reformas democráticas, y la búsqueda de la paz. En esa medida, las etapas del conflicto armado que propone el ¡Basta ya! tienen como punto de partida la transformación de la violencia bipartidista a la violencia guerrillera (1958-1982). Para ese periodo se describen las continuidades y rupturas entre la violencia bipartidista y la emergencia de los grupos guerrilleros en el contexto del Frente Nacional. Se destacan los intentos fallidos de reforma a la estructura de tenencia de la tierra y la limitada incidencia de los actores disidentes que cuestionaban el régimen del Frente Nacional, como los asuntos de mayor relevancia.

Un segundo periodo es el denominado de Expansión guerrillera, políticas de paz y eclosión paramilitar (1982-1996). Allí, como en las otras síntesis, se relacionan los diferentes intentos presidenciales de paz, la emergencia de grupos paramilitares, la creciente penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana y la expansión del conflicto a nuevos territorios más articuladas a la vida económica y política de la nación. Al tercer periodo se le denomina como los años de la tragedia humanitaria: la expansión de guerrillas y paramilitares, el Estado a la deriva y la lucha a sangre y fuego por el territorio (1996-2005). Allí se describe, cómo en esa etapa la guerra y la violencia alcanzan su mayor intensificación y expansión geográfica y, por tanto, los mayores niveles de victimización contra la población civil. Un periodo en el que, enfatizan los autores, se transformaron sustancialmente las relaciones de los actores armados con la población civil. Finalmente, el cuarto periodo tiene que ver con la negociación y desmovilización de las AUC y el traslado de las FARC hacia sus retaguardias, en razón a la ofensiva estatal que va de 2005 a 2012. De esa etapa, los autores destacan dos dinámicas simultáneas: por un lado, la arremetida contra las guerrillas que se concretó en la política de la Seguridad Democrática; y por otro, el desenlace de la fallida negociación con las AUC, la temprana emergencia de los GAPD y sus nuevas características.

Estas las lecturas más atinadas de los expertos colombianos en el problema que hoy golpea duramente al país con masacres y exterminio de líderes sociales, que deberían ser punto de referencia de los principales actores involucrados en el actual contexto político.

Horacio Duque, en kaosenlared

TRABAJADORAS DE COMEDORES ESCOLARES

En apenas unos días empieza el curso escolar en Navarra y todavía existen muchas incertidumbres sobre cómo va a ser esa vuelta a la actividad y a la prestación de los servicios complementarios, entre los que se encuentran los comedores escolares.

La formación y la educación que nuestros hijos e hijas reciben en el centro no se circunscribe únicamente a las aulas, sino que todas las actividades que desarrollan mientras permanecen en el mismo (transporte, actividades extraescolares y, por supuesto, el tiempo que están en el comedor) forman parte de ella.

Las cocineras desempeñan una labor fundamental, elaborando menús equilibrados y saludables, que son la base del desarrollo físico de los menores y la protección de su salud.

Por su parte, las monitoras son las encargadas de organizar los comedores, de que estén en las mejores condiciones y de que nuestros hijos coman no solo aquello que “les gusta”, desempeñando también una función formativa de la cual se beneficiarán a lo largo de toda su vida. Tienen un conocimiento individualizado de cada uno de ellos (alergias, intolerancias…) y es que, como se suele decir, “cada niño es un mundo”. Lo que les ocurre en el aula o en el recreo les afecta en su actitud, estado emocional o autoestima y quienes primero lo van a detectar son las trabajadoras que están en el comedor.

Y cómo no, las auxiliares de limpieza, que ayudan a las cocineras en su función y son responsables de que las instalaciones estén limpias y preparadas para que el servicio de comedor se dé con total seguridad.

Todas ellas, que en Navarra alcanzan la cifra de unas 2.300 personas, forman parte de la comunidad educativa, y es necesario tenerlas en cuenta a todos los efectos.

La labor de las trabajadoras de los comedores escolares es esencial en el desarrollo físico y psicológico de nuestras hijas e hijos y en sus manos recae una gran responsabilidad. Son profesionales que tienen un amplio conocimiento de su trabajo, pero con unas condiciones laborales en general precarias, con contratos parciales y alta temporalidad. Llevan desde mediados de marzo en el desempleo, afectadas por ERTES y cobrando una prestación calculada sobre pequeñas bases de cotización.

Es bueno reconocer que su labor, siempre fundamental, lo es aún más en la actual situación, pues deberán extremar las medidas de seguridad y salud mientras atienden las tareas antes referidas. Por eso, es imprescindible que se articulen medidas que garanticen la salud y la seguridad, tanto para las trabajadoras como para el alumnado, en estos tiempos de COVID-19.

Es necesario y urgente que se abran mesas de diálogo en las que participen todos los agentes implicados (empresas, administración, sindicatos y familias).

Desde CCOO Servicios queremos participar y tener voz en dichas mesas, para acordar entre todos y todas cómo se va a desarrollar el servicio, con un plan definido antes del inicio de curso, con directrices claras y homogéneas para toda la comunidad educativa en las distintas modalidades (presencial, no presencial o una combinación de ambas) que se puedan dar en cualquier momento.

La elaboración de este plan y el diálogo continuo nos permitirá no sólo garantizar la prestación del servicio en las mejores condiciones de seguridad y salud, sino anticiparnos y ser ágiles a la hora de dar respuestas acertadas a los problemas que pueden ir surgiendo a lo largo del curso.

Dentro de las medidas concretas que desde nuestra organización trasladaremos a la mesa de diálogo, podemos resaltar las siguientes:

- Reducir el número de la ratio de alumnos por monitora para garantizar las medidas de seguridad.

- Doblar el servicio de comedor de forma generalizada en todos los centros, y que preste este servicio de forma prioritaria las trabajadoras actuales, profesionales ya contrastadas y con conocimientos amplios de su labor, por lo que habría que ampliar las horas de sus contratos.

- Constituir las mesas de seguridad y salud por parte de las empresas, para cumplir los protocolos fijados en el Convenio Colectivo Sectorial y las medidas dictadas por las autoridades sanitarias.

- Ante posibles cierres de los centros educativos, mantener la contratación de estas trabajadoras para seguir atendiendo las necesidades de becas comedor de la forma más segura posible, sin buscar fórmulas que puedan poner en riesgo la salud y la alimentación equilibrada de la infancia, en especial de las familias más vulnerables.

La formación y la educación no terminan en las aulas y en tiempos de crisis sanitaria hay que extremar la seguridad, también en los comedores escolares. Para ello tenemos que reconocer el papel de estas trabajadoras, esenciales siempre, pero fundamentales e imprescindibles ahora, garantizando sus derechos laborales. Velar por la seguridad en el desempeño de sus funciones, evitar sobrecargas de trabajo y garantizar sus contratos y condiciones laborales revertirá en la salud y seguridad de los/as menores y de sus familias.

Josu Ros Azpíroz, secretario general de CC.OO-Servicios de Navarra

GEROA SOCIALVERDES RECORRERÁ NAVARRA PARA EXPLICAR SU NUEVO PROYECTO POLÍTICO

El movimiento político Geroa Nafarroako Sozialberdeak Europan/Geroa Socialverdes de Navarra en Europa, el partido que van a poner en marcha líderes contrastados de Geroa Bai con Uxue Barkos a la cabeza, va cogiendo velocidad. El proyecto, en el que se lleva trabajando desde la legislatura pasada, aspira a ordenar la variedad de sensibilidades que representan los llamados independientes y no adscritos –Geroa Bai es una coalición compuesta por PNV, Atarrabia Taldea y la asociación Zabaltzen, además de otras corrientes– bajo el marco de un partido socialverde, una etiqueta inédita en Navarra y que va a obligar al movimiento a explicar qué va a ser Geroa Nafarroako Sozialberdeak Europan.

La idea original, expresada el pasado 6 de agosto en un comunicado, era tener listo el partido en dos o tres meses. Pues bien, ya hay un calendario más concreto y la labor del partido va a empezar ya: durante lo que queda de agosto y la primera semana de septiembre, los miembros firmantes del acta fundacional de Geroa recorrerán Navarra para mantener reuniones con grupos reducidos de 10 personas, a las que explicarán los pormenores del proyecto y de las que recogerán ideas para completar tanto los estatutos como las ponencias políticas, que se terminarán de redactar –ya están muy avanzadas– en septiembre. Y en el mejor de los escenarios –que puede truncarse por cómo avance la pandemia de covid–, el congreso para la conformación del partido se celebraría la primera semana de octubre.

Desde que se anunció el proyecto, muchos han sido quienes han preguntado dudas. Y, desde la Ejecutiva provisional de Geroa –que la forman los firmantes del acta–, veían necesario "ir y socializar", aparcar la frialdad del teléfono o el correo electrónico y celebrar encuentros "más íntimos, más cálidos". Todo lo que lo permitan las medidas sanitarias –por eso los grupos de diez personas o menos–, que seguro que obligarán a hacer más desplazamientos. De hecho, a partir de mañana lunes, Geroa ya va a contar con las fichas de afiliación e información para repartir en esos encuentros.

Mismo día, lunes 24, en el que ya se perfilarán los miembros de los equipos redactores de las ponencias. Habrá tres ponencias importantes: la organizativa, que perfilará los estatutos; la política, de posicionamiento ante la actualidad; y la socialverde, una ponencia teórica que tratará de explicar qué entiende Geroa por ser socialverde.

Ya se ha redactado un documento base con los estatutos –las reglas de juego del partido–, que han bebido de los de Zabaltzen, Atarrabia Taldea y del resto de corrientes internas. Hay, no obstante, un margen para lo que se pueda recoger durante las próximas semanas en el tour por Navarra. La ponencia política también se redactará, sobre unos ejes conocidos: Europa, autogobierno, Derechos Humanos... Y otra gran ponencia tendrá que ver con qué entiende Geroa que es un partido socialverde. Será un "marco teórico", pero también aterrizará sobre "aspectos concretas". ¿Un ejemplo? Qué nuevo rumbo tiene que tomar la energía eólica, los parques eólicos, en una tierra que fue pionera en su día y que tiene que repensar el futuro.

LA INCÓGNITA DEL CONGRESO

Con todo eso hecho, llegará el turno del congreso. Se quiere hacer un "congreso tradicional", algo difícil en la actual situación sanitaria. Un equipo de organización ya piensa en cómo llevarlo a cabo: el sitio y el formato, que también tendrá una potente plataforma online para seguirlo por streaming. Pero, incluso para los que lo sigan de esta manera, Geroa quiere proponer que al menos se junten en pequeños grupos, de tres o cuatro personas, para darle al visionado un toque más comunitario. Es algo que se está estudiando.

Si todo va bien, para la primera semana de octubre se podría celebrar el congreso: equipo directivo, ejecutiva, estatutos y ponencias, y el partido, como quien dice, ya está. Ahora bien, puede haber retrasos. En caso de haberlos, el movimiento sí que tiene claro que no deberían demorarse más del mes de octubre.

A.Irisarri, en Diario de Noticias

23 DE AGOSTO, ANIVERSARIO DE LA MATANZA DE CADREITA

El 23 de agosto de 1936, el Obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, fue el primer prelado del Estado Español en definir el Golpe Militar Fascista como una Cruzada. Aquel mismo día se realizó una macroprocesión en Pamplona en honor a Santa María La Real, donde todas las fuerzas implicadas en la represión y el levantamiento fascista comulgaban al unísono con el cuerpo de Cristo.

Mientras esto ocurría en Pamplona, horas antes 53 presos políticos republicanos eran maniatados y montados en autobuses con la falsa de promesa de ser liberados. Todos ellos habían sido hechos prisioneros entre los meses de julio y agosto de aquel fatídico año 36. Los autobuses fueron conducidos a Cadreita, a la Corraliza bardenera de Valcaldera.

Allí, falangistas y carlistas, se repartieron las suertes de ir dando a muerte a los 52 republicanos, ya que uno de ellos, Honorio Arteta, consiguió escapar malherido. La matanza de Cadreita fue una de la mayores “sacas” de las tantas cometidas en Navarra por el fascismo.

La infamia y la hipocresía del Régimen Franquista, bendecido por la Iglesia Católica, fue de tal desfachatez que a estos asesinados de Valcaldera los sacaron de la fosa de Cadreita y fueron llevados al Valle de Los Caídos intentando alejar y tapar la memoria y la huella de la represión fascista realizada en Navarra.

En su memoria

La insistencia y gestiones de algunos familiares a nivel personal consiguieron, parece ser, que los restos fueran traídos en 1979 a Corella donde se les rindió algún pequeño sepelio u homenaje. A partir de aquí se pierde la pista de los restos de los 52 asesinados en Valcaldera.

Desde aquel 23 de agosto de 1936, hasta el día de hoy, sus familiares no saben dónde están los restos de sus seres queridos. Secuestrados en Pamplona, asesinados en Cadreita, secuestrados de nuevo y llevados los restos al Valle de Los Caídos para escarnio de las familias y en secreto, y de nuevo sus restos desaparecidos.

En ningún cementerio navarro queda constancia que fueran depositados los restos de estos republicanos. En Cadreita, en el caso de la Corraliza de Valcaldera, no existe justicia, no existe verdad, y no quieren que exista memoria. Después de 84 años, los diferentes gobiernos del postfranquismo no han tenido ni dignidad ni voluntad alguna para dar respuesta a los familiares de los desaparecidos.

Asesinados por ser fieles y defender el Estado de Derecho Republicano y la soberanía popular y democrática, a día de hoy sus familiares vivos exigen al Estado Español, encargado de la cadena de la custodia de sus cuerpos, que responda a sus legítimas exigencias de justicia, verdad y reparación.

Todavía hoy

Mientras esto no ocurra, mientras la noche siga tapando la luz de los hechos acaecidos y los cuerpos o sus restos sigan desaparecidos, el Estado Español seguirá en las antípodas de lo sucedido en otros Países y Naciones donde los fascismos se impusieron  también por las armas y tras ser derrocados o muertos sus dictadores, la ruptura democrática conllevo implícitamente la búsqueda de los desaparecidos y castigo a los culpables.

La farsa montada tras la muerte de Franco en 1975 supuso en el Estado Español todo lo contrario, la bendición democrática a los sustentadores económicos, políticos, militares y policiales del Régimen del Dictador y su heredero, el emérito borbón Juan Carlos se ha cobrado el Botín de Guerra.

Aquí cabría decir, “sin palabras” y acabar el artículo, pero la llegada del Manifiesto de los 90 exministros defendiendo la figura del monarca ladrón y de la monarquía, no hace sino ensuciar, todavía más,  la memoria de los represaliados y desparecidos de la Matanza de Cadreita, y aquí sí, Viva la República.

Santi Lorente, en Ateneo Republicano

LIMPIANDO AL REY DESESPERADAMENTE

Hasta hace muy poco, concretamente hasta 1901, existía en Gran Bretaña una noble profesión que consistía en limpiar el culo del rey. Según cuenta una entrada de Strambotic, que a su vez resume un artículo de Historic-U.K., el cometido del Groom of the Stool era mantener en perfecto estado de revista el trasero real, lo que requería cargar una silla fabricada ex profeso con un agujero, apartar los pesados ropajes que llevaban encima los monarcas, darle conversación durante el tránsito intestinal y limpiarle luego a conciencia, lo cual no dejaba de ser engorroso en una época en que escaseaba tanto el papel. Al contrario de lo que se pudiera suponer, se trataba de un cargo de mucho prestigio, ambicionado por los jóvenes vástagos de las grandes familias hasta el punto de que uno de los nueve "novios del taburete" de los que disfrutó George III llegó a alcanzar el puesto de Primer Ministro.

En España, que se sepa, el oficio nunca prosperó, aunque visto el caudal de lameculos que han salido en defensa del rey emérito, está claro que no sería por falta de candidatos. Ahora, además, no hay ningún problema con el papel, especialmente papel de periódico. Dalí, siempre obsesionado con la escatología, cuenta que en El Escorial los grandes pintores iban al cagadero real para ampliar los colores de su paleta, mientras que en Francia, tras el nacimiento del Delfín, se recogía la mierda del pequeño heredero al trono y se pedía a los grandes pintores de la corte que se inspirasen en el cromatismo de los moñigos principescos. Hoy día, entre las toallitas húmedas y los retretes con chorro a presión incorporado, el sirviente íntimo parece una figura innecesaria, sólo que los excrementos metafóricos son mucho más difíciles de quitar y precisan de operaciones bastante más delicadas que el papel higiénico.

La más espectacular, por el personal implicado en ella, es el manifiesto que han firmado más de setenta ex ministros, ex presidentes autonómicos y altos cargos defendiendo la figura del rey, reprochando la investigación emprendida para aclarar sus numerosos delitos fiscales y lamentando el escándalo de su huída a Emiratos Árabes Unidos. Se trata de un auténtico catálogo de figurones de la Transición, tanto del PSOE y del PP como de la extinta UCD, quienes coinciden en alegar la presunción de inocencia de Juan Carlos, sin caer en la cuenta de aquella vieja sentencia atribuida a Julio César que viene a decir: "La mujer del César, además de serlo, debe parecerlo". Un dicho que podría extenderse más que a su mujer al propio César, en este caso un hombre virtualmente blindado durante décadas por un bochornoso artículo de la Constitución Española, y que lleva tiempo apareciendo en la prensa europea asociado a escándalos de corrupción, blanqueo de capitales y repugnantes adulterios.

Entre el ser y el parecer, el propio Juan Carlos sería el primero en preguntarse qué habrá hecho él distinto a sus antepasados, una histórica ristra de rijosos, ladrones y holgazanes de marca mayor. Por lo demás, difícilmente podría construirse una lista de abogados defensores más apropiada que la encabezada por Martín Villa, un ministro de raigambre franquista acusado de varios delitos de homicidio y crímenes contra la humanidad; Esperanza Aguirre, una ex presidenta que amamantó una banda de cuatreros a sus faldas e imputada en diversas tramas corruptas; y Alfonso Guerra, el chistoso vicepresidente que tuvo que dimitir, implicado en una acusación de tráfico de influencias en medio del proceso contra su hermano Juan Guerra. Visto el percal, en la lista de novios del taburete borbónico únicamente faltaban otros personajes esenciales de la Transición, como Mario Conde, Roldán o el Dioni. Normal que el rey haya decidido exiliarse con los amigos del Golfo.

David Torres, en Público

18 LOCALIDADES DE LA VALDORBA QUE CARECÍAN DE TRANSPORTE PÚBLICO TENDRÁN SERVICIO DE AUTOBÚS

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, a través de la Dirección General de Transportes, ha sacado a licitación el servicio de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera entre Pamplona-Tafalla, que aumentará la calidad y ampliará la oferta de transporte público en la Zona Media, dando servicio a poblaciones de la Valdorba que hasta ahora no disponían del mismo, y dispondrá de paradas adicionales para facilitar los desplazamientos por motivos sanitarios y educativos, entre otros.

El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta que el plazo de duración es de 6 años, es de 8.946.471 euros. El presupuesto base de licitación asciende a 4.128.918 euros para el plazo de duración del contrato y se pueden presentar ofertas hasta el 14 de septiembre. Se trata de la segunda concesión que entrará en funcionamiento dentro del Plan Integral de Transporte Interurbano de Viajeros por Carretera (PITNA).

El servicio está diseñado con una visión comarcal y estructurado para conectar prácticamente el 100% de los núcleos de población con Tafalla, como localidad comarcal de referencia, y enlazar con Pamplona, ha informado el Gobierno. La concesión se estructurará en un total de 16 líneas: 3 troncales, 6 radiales y 7 a la demanda. Las líneas con destino Pamplona tendrán establecidas paradas en el entorno hospitalario y el campus de la Universidad Pública de Navarra (UPNA9 en ciertos horarios para adecuarse a las demandas de desplazamientos por motivos sanitarios, educativos, etc.

De esta manera se va a prestar servicio de transporte en poblaciones de la Valdorba que carecían de transporte público. Orísoain, Artariain, Amunarrizqueta, Iracheta, Leoz, Uzquita, Sansomain, Benegorri, Bézquiz, Amatriain, Sánsoain, Maquirriain, Olleta, Eristain, Solchaga, Olóriz, Oricin y Echagüe contarán con un servicio a la demanda que conectará con Tafalla y Pamplona, mediante trasbordos con la línea troncal que corresponda.

En Tafalla se extiende el servicio hasta el centro de salud y se incorpora una línea denominada 'Urbano Tafalla', que comunicará las 3 paradas establecidas en el municipio, incluyendo su extensión al centro de salud comarcal en determinados horarios.

JUAN CARLOS I Y LOS OJOS DE SUECIA

Cuando se afirma que la monarquía no es incompatible con la democracia y se esgrimen ejemplos como el de la monarquía sueca, se apunta a un argumento razonable. Se trata del último baluarte defensivo de los partidarios del trono, y merece la pena comprobar su consistencia. Desde él, la cuestión consiste en establecer hasta qué punto nuestra monarquía concreta se parece – jurídica, histórica e incluso genealógicamente – a esa monarquía y a las de otros Estados que también suelen citarse, como Noruega u Holanda. Y hay diferencias palpables. Aunque las mismas se encarnan en una misma realidad – en una misma familia, de hecho -, pueden deslindarse a efectos analíticos cuatro grandes categorías. Una es institucional: carencias democráticas. Otra es histórica: deslegitimación de origen. Otra es política: exceso de nacionalismo español. La última es moral: la corrupción de Juan Carlos I. Esta última, además, se extiende hasta configurar cierta institucionalidad blanda, pero omnipresente. Vayamos por partes.

La concreta configuración institucional de la monarquía adolece, en el texto de 1978, de manifiestas impurezas cuando se la contrasta con requisitos básicos de la teoría de la democracia. Que el Rey disponga del “mando supremo de las Fuerzas Armadas” (art. 62) constituye una rémora del absolutismo inaceptable hoy en día. Que sea el Rey – y no los propios partidos, a través de la presidencia del Congreso o de cualquier otro cauce - quien proponga, según establece el 99, al candidato a presidente del Gobierno carece de justificación democrática. Que en pleno 2020 se mantenga en un texto constitucional europeo la cuasi ley sálica consagrada en el artículo 57 - se preferirá “el varón a la mujer” – supone una aberración. Es sencillamente incomprensible que todos esos artículos permanezcan hoy vigentes, porque los tres violan principios básicos del abc democrático. No se trata de derecha e izquierda, se trata de que, si alguien defiende alguno de los tres, no puede hacerlo desde el espacio de la democracia.

La restauración histórica de la monarquía en 1969 se llevó a cabo por decisión de Franco y se fundamentó en la victoria “del 18 de julio”. La corona nació como institución de una mitad de los españoles frente a otra. Esa mácula de origen fue luego expiada con la aprobación popular de la constitución, primero, y con el relato triunfante del papel jugado por el Rey durante el golpe de estado de 1981, después. La monarquía logró así superar su indudable ilegitimidad de origen, y a partir de los 80 el rey pasó de ser el “rey de unos” a convertirse en “el rey de todos”. Pero las marcas de nacimiento asoman en cada crisis. Tanto los posicionamientos de los líderes de Vox, PP y Ciudadanos como lo que las encuestas nos dicen sobre sus votantes evidencian que el rey sigue siendo considerablemente más valorado por la derecha que por la izquierda. La estima por la monarquía cae a plomo entre los jóvenes, y entre los mayores de 40 no es capaz de superar la divisoria izquierda/derecha. Se trata de una deriva preocupante, porque la monarquía solo subsistirá mientras no sea considerada una institución de parte.  

La pregunta sobre cuántas naciones hay en España no puede responderse desde ninguna atalaya teórica. Pero desde la realidad electoral que marcan las urnas – desde hace más de 100 años, y cada vez que se permiten – es indiscutible que millones de ciudadanos se consideran, en mayor o menor grado, parte de otras naciones diferentes a la española. La monarquía puede atender a esa realidad empírica – en la línea defendida tradicionalmente por Herrero de Miñón - o defender, por el contrario, la tesis de la única nación española. El actual Rey dejó clara su apuesta por esta última en su discurso del 3 de octubre sobre el procés catalán. Un movimiento que recuerda mucho la estrategia del PP: sacrificar Cataluña para ganar en el resto de España. Pero la monarquía no es un partido político. Su semántica es otra, y todo apunta a que Juan Carlos la entendía mejor que su hijo. Que los sectores más a la derecha del espectro político no dejen de alabar ese movimiento - y que lo comparen nada menos que con el relato oficial del papel del Rey durante el Golpe de Tejero – es comprensible porque, como buenos nacionalistas, esos sectores no ven la pluralidad nacional como una opción política, sino como una traición moral. Llevan mucho tiempo intentando – y en parte logrando – que en el imaginario social se confundan las expresiones “nación” y “constitución”. Felipe VI sabrá si es el canto de sirena que le conviene seguir escuchando.

Es en este contexto, por lo demás, en el que seguramente se ha de entender la eterna negativa a permitir un referéndum sobre la monarquía. Ni siquiera optaron por ello en los años en los que la popularidad de Juan Carlos hubiera garantizado una victoria segura. Se trata de una posibilidad que muchos continúan solicitando sin entender bien el tipo de país en el que vivimos. Ciertamente, una consulta popular otorgaría una legitimidad indiscutible a una magistratura vitalicia. Pero España no es un país sencillo: aunque se lograra la victoria en el conjunto de España (algo que hoy está por ver), el precio consistiría en dejar patente el probable fracaso de la opción en el País Vasco y en Cataluña. Y, entonces, ¿cómo te presentas como Rey de todos en esos territorios? Nada tiene de extraño que el título del monarca fuera, en otros tiempos, el de “Rey de las Españas”: salvando todas las distancias, aquello era una monarquía “plurinacional”, tal y como lo es la república que se propone como alternativa a lo que hay. En Zarzuela saben que les conviene seguir blandiendo el referéndum constitucional de 1978 – en el que la monarquía iba incrustada en la opción “democracia”, que era lo que en realidad se votaba – como remedo de aval popular directo.

Los indicios de las prácticas corruptas de Juan Carlos I son cuantiosos, y lo son desde el principio de su actividad política, durante el franquismo (1977: dinero del Sha de Persia; 1979: Centeno y las comisiones por petróleo; años 80: casos De la Rosa, Colón de Carvajal, Mario Conde). Larsen parece ser solo un hilo suelto en una trayectoria de décadas, una trayectoria que explica que el New York Times publicara en 2012 que su fortuna personal se estima en unos 2000 millones de euros. Una hebra de toda esa tela parece estar ya en los juzgados – si España no hace nada, Suiza activará los mecanismos del Estado de Derecho - y tendrá su trayectoria judicial. Pero el problema no es tanto la suerte penal de Juan Carlos I como la inusitada y voluntaria ceguera que nuestro sistema político, mediático y judicial ha demostrado – y sigue demostrando – al respecto.

Es un lugar común afirmar que el hecho de que la transición desde la dictadura a la democracia fuera pactada supuso ciertos peajes. No se purgaron las fuerzas armadas, ni las fuerzas de seguridad, ni la judicatura. Pero hay otra cosa, más difusa, que tampoco se purgó. Durante el franquismo la mixtura entre los negocios y lo público era de tal entidad que ni siquiera se percibía como corrupción. Era el orden natural de las cosas, “el Estado” como “lo stato”, en el sentido italiano original de “lo establecido”, “lo que es”. Berlanga atrapó con sus películas esa realidad chabacana y gris en la que empresarios y ministros hacían negocios en cacerías. Ese enjuague caciquil tampoco se purgó: los partidos políticos de la naciente democracia se lo encontraron al acceder al poder y sencillamente se acoplaron. Nada tiene de extraño que los dos partidos que acabaron en 2015 con el bipartidismo denunciaran con ahínco ese estado de cosas al que denominaron “capitalismo de amiguetes”.  Vox, otro partido nuevo, esgrime igualmente la lucha contra la corrupción como marca de distinción. Hoy tan solo descubrimos que la cabeza del Estado de esos años también, según cabe presumir, cobraba comisiones. Pujol amenazó con que las ramas del árbol irían cayendo de una a una. Pues bien, ya hemos llegado a la copa. El árbol está desnudo… pero todo sigue como si nada.

Volvamos a Suecia. Allí los jóvenes no recuerdan ningún caso de corrupción reciente. El rey no tiene una máquina de contar dinero en palacio, ni necesitará salir del país si decide abdicar. Los empresarios no le regalan yates. No es jefe del ejército. Carece de acceso privilegiado a la agencia sueca de inteligencia. No goza de inviolabilidad absoluta (esto es: extendida también – según raudos exegetas – a los delitos penales, algo que carece de parangón legal a no ser que nos remontemos a las satrapías míticas de la antigüedad). Allí la corte también es diferente: nadie confunde el hecho de ser monárquico con la inaudita pleitesía mojigata, aceitosa y completamente vacía de todo contenido que exhiben aquí los aduladores del trono, que son, no por casualidad, los sectores más vinculados al nacionalismo español o los más beneficiados por el capitalismo de amiguetes.  Allí ser partidario de la dinastía reinante supone criticar al rey cuando este se salta las más elementales normas morales de comportamiento, no dedicarse a tapar todas las irregularidades y a tildar de traidor a quién se atreve a señalarlas.

Así que sí: cuando se afirma que la monarquía no es incompatible con la democracia y se esgrimen ejemplos como el sueco, se apunta a un argumento esencialmente cierto. Pero precisamente por ello se ha de apurar la copa hasta las heces. El debate quizás no sea tanto la forma del Estado – república o monarquía –, como la forma concreta de esta monarquía concreta. Constitucionalmente, la configuración institucional de la Corona necesita democratizarse para parecerse más a Suecia. Y, dinásticamente, la familia que ocupa el trono necesita también que sus soberanos – que somos nosotros - la empecemos a mirar con ojos mucho más suecos. Sabemos que Don Juan tenía dinero en Suiza. Que la infanta Cristina firmaba - sin enterarse, según concluyó sagazmente nuestro independiente Poder Judicial - papeles corruptos. Que el Secretario de la Casa Real estaba al tanto. Que Juan Carlos recibía millones y millones de jeques árabes y pagaba millones y millones a comisionistas internacionales. Que su hermana Pilar mantuvo una cuenta en el paraíso fiscal de Panamá durante las fechas exactas de su reinado. Que durante décadas el Rey desembarcaba en sus visitas internacionales rodeado de un berlanguesco séquito empresarial de incierto, por decirlo suavemente, encaje lógico-constitucional. Que el New York Times, el periódico más prestigioso del planeta, estimó la fortuna personal del emérito en unos 2000 millones de euros. Sea esa la cantidad, sea mayor o sea menor, sabemos que existe. Solo en la Fundación Lucum aparecían 100 millones.

¿Es mucho exigir que se nos informe del montante? ¿Es mucho preguntar quién va a heredar ese dinero? Si no es Felipe, ¿heredarán entonces las hijas? ¿Los nietos? Es brutal: todos los posibles heredereros de ese dinero corrupto aparecen citados en la Constitución, en su artículo 57, por su primer apellido. ¿Piensa el actual monarca darnos algún tipo de explicación? ¿De veras no va a ir nada a la hacienda de los españoles, a pagar hospitales y escuelas? Y, sobre todo, ¿por qué este extraño silencio entre nuestros representantes? ¿No son estas las preguntas obvias que deberían hacerse todos los partidos, de Vox a Podemos? No tiene nada que ver con el hecho de que sean monárquicos o republicanos, de derechas o de izquierdas, clásicos o transversales: tiene que ver con la más elemental concepción de lo que significa “democracia”. Ya no quedan ramas por caer, pero en ciertos sectores “lo stato” sigue vigente… ¿hasta cuándo?

Jorge Urdánoz, en eldiario.es

ARGUMENTOS Y ACTIVIDAD XENÓFOBA DE UN ALCALDE NAVARRO

 La recién publicada carta del señor alcalde de Marcilla ante la posibilidad de usar un edificio en su pueblo para realizar el aislamiento de posibles menores extranjeros no acompañados (MENA) infectados de covid y su convocatoria de un pleno municipal, en nombre de Navarra Suma, para rechazarla evidencia cierta actitud de esta agrupación.

Su argumentación sobre la epidemia consiste en: los MENA infectados no cumplirán el aislamiento, saturarán los servicios médicos y contagiarán al resto de Marcilla. Los rudimentos de una epidemia, al alcance de alumnos de EGB, superan al alcalde, no obstante lo peor es su nulo interés de aprender, ya que si consultara sus temores con los expertos estos refutarían todos supuestos.

Su actividad muestra también el típico temor xenófobo fundamentado en la idea de quien llega de fuera nos contamina, expresado antes por el alcalde de Tudela, de la misma formación, que activó una cruzada contra “los de fuera” que se aprovechaban del bienestar navarro, aunque quedó en nada impidió una investigación policial, unos meses antes de la pandemia. La parlamentaria señora Álvarez asoció a los MENA con las drogas, visibilizando sus prejuicios, y de forma parecida se manifestó el señor Esparza el año pasado.

No es nueva esta actitud prejuiciosa y estigmatizadora en UPN, seguramente al creer que “nadie es más de aquí” que ellos, y que tienen la autoridad moral de definir al de aquí y al de allí, algo que seguramente es la base de su patriotismo excluyente. Los demás o son vascos o no son suficientemente de aquí, y por ello tienen una legitimidad disminuida. Ser de aquí es amar la jota, las fiestas populares, y algunas cosas más que parecen emocionar al navarro de bien según UPN, aunque sobre todo es votarles a ellos.

Junto a esta visión excluyente de UPN y Navarra Suma, la propagación de sus prejuicios usando también las instituciones para trasladar a la población el miedo al contagio debido a los MENA impulsa una sociedad estigmatizadora y racista. De ese modo alienta la estigmatización de los MENA y de quienes trabajan con ellos dando por hecho que son agentes infecciosos. El próximo pleno de Marcilla basado en su argumentación prejuiciosa puede ayudar a linchar, al menos simbólicamente, a ciertas personas, y en especial perjudicar el logro de la convivencia en una sociedad cuyo horizonte es incluir a todas las personas al margen de su procedencia y otras condiciones. Es obligado preguntar a Navarra Suma y a UPN: ¿Apoyan ustedes esa visión tan irracional sobre la epidemia? ¿Quieren ustedes establecer esa segregación estigmatizante en la comunidad navarra? Su respuesta inevitable se dará en el pleno de Marcilla y en lo que allí se acuerde.

Gerardo E.Delgado, en Diario de Noticias

EL ARRESTO DE URIBE PUEDE REMOVER CUATRO DÉCACAS DE NARCOPARAMILITARISMO EN COLOMBIA

La Justicia colombiana tiene abiertas cerca de 60 investigaciones contra Álvaro Uribe, más de una docena de ellas en la Corte Suprema y 46 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Las investigaciones abarcan una amplia gama de delitos, nexos estrechos con el paramilitarismo ultraderechista y el narcotráfico, más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales durante sus mandatos presidenciales (2002-2010), espionaje y un largo etcétera.

Sin embargo, al igual que le pasó al gángster estadounidense Al Capone en los años 30 ─fue detenido no por sus numerosos crímenes sino por evasión fiscal─ Álvaro Uribe se encuentra en realidad en detención domiciliaria preventiva por causas comparativamente de nivel menor a nivel penal.

Como explicaba Pablo Elorduy en estas mismas páginas días atrás, la Corte Suprema lo investiga por soborno y fraude procesal, pero, al igual que en el caso de Al Capone son hilos que conducen directamente al gran ovillo y que de desenrollarse provocarán un verdadero terremoto político que puede arrastrar al actual Gobierno de Iván Duque ─delfín de Uribe─ y alterar todo el escenario político en Colombia e incluso en la región.

La omnipotencia del hombre tal vez más poderoso de Colombia le hizo incurrir en errores que lamentará. Álvaro Hernán Prada, diputado del partido de Uribe, el Centro Democrático, y uno de sus abogados personales, Diego Javier Cadena Ramírez ─letrado de narcotraficantes en Colombia y en EE UU─ intentaron sobornar en la propia cárcel a varios de los testigos con los que contaba la acusación para incriminar a Uribe, para que cambiaran su testimonio y lo exculparan.

Bajo la promesa de cambios en su situación judicial en un caso y en otro con entrega de una fuerte suma de dinero a su familia, se intentó que cambiaran su testimonio en el que inculpaban a Uribe.

Uno de esos testigos clave, el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, nació y se crió en la hacienda ganadera de dos mil hectáreas 'Guacharacas' de la familia Uribe Vélez, en Antioquia, donde su padre era el encargado.

Él fue quien confirmó que fue allí donde tras sufrir en enero de 1995 un ataque de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el robo de 600 reses y caballos, Álvaro Uribe y su hermano Santiago decidieron crear un grupo armado.

Álvaro Uribe era entonces gobernador de Antioquia, y usó su poder para poner en marcha inicialmente la Asociación de Seguridad Privada El Cóndor, que operó en varios municipios de ese departamento.

El representante legal de la misma era un conocidísimo ganadero y narcotraficante amigo de Álvaro Uribe, Luis Alberto Villegas Uribe y entre sus miembros había otros ganaderos relacionados con el narcotráfico, como Santiago Gallón Henao, quien reconoció esa relación en 2010 ante el Juzgado Primero Penal de Antioquia.

Según la Fiscalía, los hermanos Uribe, junto con los hermanos Gallón Henao y los hermanos Villegas Uribe acordaron constituir el Bloque Metro, un grupo paramilitar que se empezó a entrenar en la propia hacienda 'Guacharacas'.

Poco después esta organización se integró formalmente en las derechistas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) comandadas por Carlos Castaño.

Las AUC llegaron a tener miles de hombres y protagonizaron numerosas masacres en zonas rurales que consideraban que podían prestar apoyo logístico en la región a las guerrillas de las FARC o del ELN. El control del territorio y la complicidad de las autoridades les permitió financiarse impunemente con el narcotráfico.

Las miles de horas de conversaciones telefónicas interceptadas por el CTI (Cuerpo Técnico Judicial) de la Fiscalía durante años permitieron a la Justicia confirmar la versión de más de 40 testigos y reunir un abrumador cúmulo de pruebas contra Álvaro Uribe, su hermano Santiago ─en la cárcel por su vinculación con el grupo narco Doce Apóstoles que también se reunía en la hacienda familiar─, el diputado Prada, el abogado Cadena y una serie de otros políticos y empresarios.

Por ello la Corte Suprema decidió dar este paso histórico: detener por primera vez en la historia de Colombia a un ex presidente.

Entre las conclusiones del documento de 1.554 páginas de la Corte se puede leer: “Puede hacerse la inferencia razonable de que por interpuesta persona y en distintos eventos que se ofrecer recurrentes el senador Uribe Vélez efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos y/o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor”.

Álvaro Uribe recibió en su propia cara, como un bumerán, la causa por 'infamia' que él mismo inició en 2014 contra el senador de izquierda Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo. Cepeda había acusado en 2012 a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago de haber creado el Bloque Metro, y al ser elegido senador por el Polo en 2014 presentó esa acusación en el hemiciclo aportando el testimonio de varios ex paramilitares, lo que en su momento provocó ya un debate nacional.

La Corte Suprema terminó exculpando a Cepeda en 2018 a quien Uribe acusaba de manipular testigos, y comenzó a investigarlo a él mismo, logrando probar que fue el ex presidente quien intentó en realidad sobornar a los testigos de Cepeda para que cambiaran su testimonio.

El arresto domiciliario de Uribe es ya de por sí un triunfo para la izquierda y para los defensores de derechos humanos en Colombia.

Iván Cepeda es filósofo de profesión, portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), hijo de la activista Yira Castro y del congresista Manuel Cepeda Vargas, de la Unión Patriótica, asesinado en 1994 por paramilitares en connivencia con el Ejército.

La UP había reunido a partir de 1985 a guerrilleros de las FARC-EP desmovilizados tras un anterior acuerdo de paz, el celebrado durante el Gobierno de Belisario Betancur. Durante los '80 y '90 fueron asesinados ocho de sus congresistas, 13 diputados, 109 concejales, 11 alcaldes, dos candidatos presidenciales y más de 4.000 militantes de la UP.

La defensa de los derechos humanos por parte de Iván Cepeda lo ha hecho merecedor de numerosos reconocimientos en Colombia y en el extranjero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2010 al Estado colombiano por su complicidad con los grupos paramilitares en el asesinato del padre de Iván Cepeda y de muchos otros militantes, parlamentarios, periodistas y activistas de izquierda durante las décadas de 1980 y 1990.

La Fiscalía de la Nación declaró en 2014 esos asesinatos políticos como crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, poco después de esa declaración la experiencia se repetía. Tras el último acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016 las FARC se convirtieron en partido político. Más de 220 de sus exguerrilleros han sido asesinados ya en el tiempo transcurrido desde entonces.

Las ramificaciones que pueda tener la causa por la que la Corte Suprema colombiana ordenó el arresto domiciliario de Álvaro Uribe podrían dar lugar a remover las páginas más siniestras de la historia colombiana de las últimas cuatro décadas.

Algunas de las otras investigaciones judiciales que tiene abiertas el ex presidente se centran en sus relaciones con famosos narcotraficantes, como con el Cartel de Medellín y con el propio Pablo Escobar y varios de sus lugartenientes; con la financiación de sus campañas electorales de 2002 y 2006 por parte del narcotráfico, o la brutal guerra sucia librada contra la guerrilla que se cobró más de 10.000 víctimas.

Al menos 2.000 de ellas fueron 'falsos positivos', campesinos y personas marginales secuestradas y asesinadas por el Ejército, presentadas luego a la prensa con uniformes y armas como guerrilleros para reivindicar los 'éxitos' del Gobierno contra la guerrilla.

La familia Uribe tiene un origen humilde pero a partir de los años '80 todo empezó a cambiar. La buena relación de Alberto Uribe Sierra ─padre de Álvaro Uribe─ con narcotraficantes ganaderos y criadores de caballos de pura sangre del estado de Antioquia y su papel como testaferro de ellos hizo que en pocos años se convirtiera en un potente hacendado.

Una a una fue comprando fincas dedicadas también a esas actividades que permitían blanquear el dinero de las drogas. Según investigaciones periodísticas el asesinato del padre del ex presidente en 1983 en su propia finca 'Guacharacas' fue debido a un ajuste de cuentas y no durante un intento de secuestro por parte de las FARC como intentó presentarlo la familia.

Varias de las haciendas familiares, no solo las 'Guaracharacas' sino también 'San Cipriano', 'La Mundial' y otras habrían sido utilizadas no solo por los narcoparamilitares sino también por la Brigada XIV del Ejército colombiano para torturar y asesinar a campesinos y peones rurales acusados de ayudar a la guerrilla.

En 1981 el ex presidente ahora arrestado era director de la Aeronáutica Civil, lo que facilitaba el otorgamiento de licencias a aeropuertos privados y a helicópteros y avionetas utilizados por los narcos. Otros directores anteriores habían sido asesinados por los narcos por negarles licencias a ganaderos tan 'respetables' como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Jorge Ochoa Vázquez y otros.

En 2004 Newsweek, The New York Times y otros medios estadounidenses revelaron un informe de 1991 de la Agencia de Inteligencia de Defensa del 23 de septiembre de 1991 que se acababa de desclasificar en el que se calificaba a Álvaro Uribe de “amigo personal cercano de Pablo Escobar” al que intentaba ayudar consiguiendo que el narcotraficante pudiera conseguir un escaño como congresista.

“Cables diplomáticos de Estados Unidos sugieren nexos de Álvaro Uribe con narcotraficantes”. Así titulaba también años más tarde, el 25 de mayo de 2018 un artículo en The New York Times en el que se daba cuenta de documentos del Departamento de Estado desclasificados esos días, datados en 1992 y 1993.

Esos cables informaban de reuniones de diplomáticos estadounidenses con distintos políticos colombianos en los que estos reconocían abiertamente las relaciones de Uribe con el narcotráfico. En uno de ellos recogían declaraciones de Alejandro González, senador del Partido Liberal, en el que militaba entonces Uribe en las que decía que este “temía por su vida porque no pudo cumplirle a sus contactos del Cartel de Medellín” la promesa de negociar un acuerdo con el gobierno para lograr la rendición de Escobar.

En otro cable se informaba que en una reunión en la embajada estadounidense en Bogotá Luis Guillermo Véz Trujillo, senador también del Partido Liberal, se quejaba que el clan familiar narco de los Ochoa Vásquez había financiado las campañas electorales de Uribe. El ex presidente es primo de los Ochoa.

A pesar de todo este cúmulo de pruebas que pesan sobre Uribe y varios miembros de su familia, el expresidente ha llegado a sus 68 años sin ser nunca detenido. Hasta ahora.

Su arresto y la contundencia de las acusaciones en las que basa su fallo la Corte Suprema parecieran augurar un juicio de importancia histórica en Colombia.

El actual presidente, Iván Duque, delfín de Álvaro Uribe y líder de Centro Democrático está precisamente ahora, a dos años de las elecciones presidenciales, en su etapa más baja, con solo un 30% de popularidad.

Violando la tradicional norma de los presidentes de respetar los fallos de la Justicia en respeto a la división de poderes, Duque se ha mostrado públicamente airado con la detención de su mentor, ha defendido su inocencia y ha prometido hacer lo imposible para conseguir revertir su situación.

Pero el presidente no las tiene todas consigo. En marzo pasado el propio Duque se veía arrastrado junto con Uribe por declaraciones del ganadero José Guillermo Hernández, Ñeñe, acusado de ser testaferro de cárteles de la droga, en las que este reivindicaba con orgullo en unas grabaciones haber ayudado a comprar votos en la segunda vuelta de las presidenciales de 2018 en las que salió electo Iván Duque. Hernández fue asesinado en Brasil tres meses después, en junio pasado.

Roberto Montoya, en El Salto 

JAVIER FABO PUBLICA "EL CASTOR EN LA PENÍNSULA IBÉRICA"

Tras recorrer durante tres meses parte de Europa en bicicleta y completar 5.030 kilómetros con el objetivo de defender al castor, el marcillés Javier Fabo se ha adentrado ahora en una nueva aventura y ha publicado el libro 'El castor en la Península Ibérica. Pasado, presente, futuro'.

Después de sacar a la luz 'La fauna invisible en los tramos bajos del río Aragón' hace una década, Fabo se metió de lleno en el mundo del castor y, tras seis años de intensa investigación, ha publicado este nuevo ejemplar con el que pretende que aquellos que lo lean "tengan una percepción de lo que el castor aporta al ecosistema. De lo importante que es el hecho de que esté protegido. Un libro hecho con muchos años de recopilar datos, experiencias y viajes, pero sobre todo hecho con pasión. Pasión por un animal en particular y por un medio ambiente en general", explicaba este vecino.

El libro, fruto de años de vivencias, cuenta con datos empíricos, históricos y científicos y él mismo se ha encargado de maquetarlo mientras que para pulir los textos y las fotografías ha contado con la colaboración de algunos compañeros de Alnus así como con amigos naturalistas a los que agradece su disposición.

Dinámico, ligero y ameno, Fabo explica que a día de hoy existe novela juvenil y cuentos para niños que hablan sobre el castor o que lo tienen como protagonista, pero que hasta ahora no había un libro divulgativo específico sobre el castor en la Península Ibérica.

El libro comienza con una introducción sobre los ríos para después adentrarse de lleno en la anatomía de los castores; el uso del espacio, la alimentación, las costumbres, etc.

Después, el autor hace una cronología temporal empezando por la prehistoria (habla de los 95 yacimientos recopilados en la península y de la infinidad de artículos y tesis que hay publicados sobre paleontología), para después tratar el pasado más reciente de este animal; aborda el castóreo como medicina, habla sobre su pelo, que le hizo llegar al borde de la extinción porque se utilizaba para hacer sombreros, así como de la 'carne de cuaresma'. Y es que decían que al tener escamas en la cola era un pez y que, por lo tanto, se podía comer en esa época.

Además, en el interior del libro también podemos enterarnos de algunas leyendas que se le asocian al castor como, por ejemplo, que se pensaba que se autocastraba justo antes de ser cazado.

Fabo también aborda las incidencias que pueden ocasionar estos animales, sobre todo en los frutales o chopera. Aunque entiende el malestar que puede generar entre los damnificados, la solución es bastante sencilla; basta con la colocación de un vallado de alambre o una malla. "El que sufre daños por castores tiene que denunciarlos porque al tratarse de una especie de especial protección deberían ser sufragados o, al menos, los medios utilizados para que estos daños no se produzcan", insistía.

Y por último, y en cuanto a lo que le depara el tiempo a esta especie, apunta también en el libro que "el futuro del castor es el futuro de los ríos. Proteger al castor es proteger los ríos.

Diario de Noticias