sábado, 30 de noviembre de 2019

EL 60% DE LOS LUDÓPATAS NO PUEDE DEVOLVER SUS PRÉSTAMOS

Tres de cada cinco jugadores que acaban pidiendo dinero prestado, ya sea a parientes y conocidos o a casas de préstamos, y ya sea para financiar su adicción o para tapar los rotos que con ella causan en la economía familiar, no pueden devolverlo como consecuencia de su propensión a las apuestas, según explica Jesús Cortés, investigador especializado en juegos de azar.

Cortés, que esta semana intervino en la jornada sobre juego organizada por la asociación de consumidores Actora Consumo en Zaragoza, señaló cómo el 59,4% de los encuestados en el Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno del juego en población clínica española de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda, elaborado con datos de 2016, respondió afirmativamente a esta pregunta: “¿Ha pedido en alguna ocasión dinero prestado a alguien y no se lo ha devuelto a causa del juego?”.

Los préstamos no solo proceden de familiares, amigos y conocidos de los jugadores, que en ocasiones, y cada vez con más frecuencia, recurren a las casas de microcréditos. Algunas de ellas aplican intereses de hasta el 2.000% anual que obligan a quienes optan por esa vía de financiación a devolver en doce meses una cantidad veinte veces superior a la que han recibido.

La encuesta, realizada a más de medio millar de usuarios de asociaciones y centros asistenciales que facilitan atención y ayuda a personas con problemas relacionados con la conducta de juego, incluye datos reveladores sobre quiénes están siendo los perdedores con la expansión del negocio del juego. En España, el volumen de dinero apostado, 46.000 millones al cabo del año, ya dobla el gasto que las familias realizan en gas y electricidad y supera, también, el valor nominal de las hipotecas contratadas el año pasado para adquirir viviendas.

El perfil del ludópata que ofrece el estudio es el de un cuarentón español casado y con trabajo, “con un nivel socioeconómico (medido a través del índice de posición social) medio-bajo o bajo” y que reside en un barrio seguro y “sin problemas relevantes” de inseguridad o de tráfico de drogas.

“En relación a la experiencia de acontecimientos vitales estresantes -añade-, identifican un promedio de seis sucesos a lo largo de la vida, siendo los más comunes la pérdida de familiares o amigos y tener o haber tenido problemas económicos”.

Más de la mitad de la muestra cumplía los criterios que la Asociación Americana de Psiquiatría considera indicativos de un trastorno del juego de carácter grave, que consisten en apostar en al menos cuatro tipos de juegos con regularidad (el 30% lo hace online), y “haber acumulado una media de deudas por juego superior a 20.000 euros en el pasado y casi 15.000 en la actualidad”.

Su edad media de inicio se sitúa en los 21 años, aunque algo mas de un tercio de ellos lo hizo cuando todavía era menor de edad, y uno de cada tres ha recibido tratamiento por trastornos mentales antes de ser consciente de su adicción al juego, normalmente por depresión y/o ansiedad.

Por último, los perfiles impulsivos, a menudo vinculados a evitar situaciones de ansiedad, estrés, pesimismo o tristeza y también a la urgencia asociada a gratificaciones inmediatas, resultan más frecuentes entre los ludópatas que en el conjunto de la población.

Cortés alertó sobre cómo junto con la proliferación de las casas de apuestas y la expansión del juego online han comenzado a proliferar los establecimientos de microcréditos, tanto presenciales como virtuales. “Las casas de micropréstamos están creciendo junto a las de juego, aunque no solo”, señaló.

Las consecuencias de combinar impulsividad, deudas y adicción al juego en entornos sociales afectados por la pobreza parecen obvias: mayores niveles de endeudamiento y de pérdida de los bienes que avalan esos débitos, en un bucle de alto riesgo personal y social.

Y ese es uno de los motivos que llevó a organizaciones vecinales de todo el país, en una iniciativa que obtuvo una mayor respuesta en los barrios más vulnerables, a salir a la calle la pasada primavera para reclamar una regulación que evite la expansión de esos negocios.

Cortés llamó la atención sobre algunas novedades que han comenzado a detectarse en estos sectores, como el hecho de que la publicidad que algunas casas de apuestas difunden en las redes sociales comience a obviar la advertencia de que el juego está vetado a menores de edad o, también, facilitar en internet el acceso a juegos en formato demo, sin dinero pero sin tampoco aplicar un filtro de edad y cuyo uso genera los estímulos de recompensa que caracterizan a los envites de azar.

“Los beneficios de las empresas vienen de las pérdidas de los jugadores”, señaló, al tiempo que criticó la perversión de conceptos como el de “juego responsable”. “Eso es una manera de atribuir la responsabilidad de la adicción al jugador y descargarla de quien ofrece el juego. Sería como hablar de rayas de cocaína responsables”, anotó.

Eduardo Bayona, en Público

jueves, 28 de noviembre de 2019

EL SILENCIO DE LOS INTELECTUALES DE MADRID

Desde hace más de un siglo, los intelectuales han sido identificados con los principales críticos sociales, los denunciadores de las injusticias y los defensores de los valores universales y las libertades ciudadanas. En la tradición democrática española, los frecuentes posicionamientos públicos de los intelectuales han sido considerados unas muestras de valentía política y de responsabilidad social.
El pasado 30 de octubre, poco antes de iniciarse la reciente campaña electoral, unos 200 intelectuales españoles hacían público un manifiesto, divulgado ampliamente por los medios de comunicación de Madrid, en el cual se pedía la dimisión del presidente de la Generalitat Quim Torra, “por alentar el enfrentamiento y difundir el odio entre conciudadanos”, y se exigía la convocatoria de elecciones al Parlament de Catalunya. La gran mayoría de los firmantes eran escritores, profesores y periodistas de conocida orientación progresista de Madrid, aunque también había algunos catalanes.

Algunas personalidades influyentes de la capital tienen unos principios ideológicos muy elásticos
Una semana después, el 7 de noviembre, ya en plena campaña electoral, la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobaba por mayoría de votos una propuesta presentada por el grupo Vox, que contó con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, en la cual se pedía “ilegalizar los partidos separatistas que atentan contra la unidad de España”. La propuesta concretaba que había que hacerlo aunque estos partidos utilizaran “los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello”.
Esta votación significa uno de los más explícitos ataques a los valores democráticos producidos en los últimos cuarenta años. Se trata de una Cámara representativa, elegida democráticamente, que se manifiesta mayoritariamente contra la libertad de asociación y de expresión y exige la ilegalización de formaciones políticas aunque util­icen procedimientos legales y democráticos para conseguir sus fines. Si fuera acep­tada esta propuesta por algún gobierno, las ilegalizaciones podrían afectar no sólo a los partidos independentistas catalanes –ERC, Junts per Catalunya, CUP, etcé­tera–, sino también a vascos –como PNV y Bildu–, valencianos – Compromís– y gallegos –BNG–.
La votación de la Asamblea de Madrid es un síntoma del peligro que existe hoy en el Estado español de evolución hacia un ré­gimen político cada vez más autoritario. ­Realmente es preocupante que, con procedimientos que pretenden ser democráticos, la votación de una asamblea representativa se proponga limitar las libertades a conveniencia de la ideología propia con el fin de excluir de la vida política a los considerados desafectos a la situación. Más o menos como lo que hizo Hitler en el año 1933 y que convirtió Alemania en una dictadura.
Todavía estoy esperando que los 200 in­telectuales que firmaron el manifiesto arriba mencionado hagan de nuevo pública su opinión, pero ahora con un escrito para ­condenar radicalmente la votación de la Asamblea de Madrid y su peligroso signi­ficado político. Aunque la mayoría de ellos viven en Madrid, han pasado más de 20 días y no ­hemos visto ningún comunicado al respecto. Tampoco la Fiscalía ni la Audiencia Nacional han considerado oportuno abrir una investigación ante la posible ilegalidad de la resolución votada por la Asamblea madri­leña. No quiero ni pensar qué habría pasado si el Parlament de Catalunya hubiera votado una resolución pidiendo la ilegali­zación, por ejemplo, de grupos franquistas, como Vox.
No deja de ser curioso que estos intelectuales manifiesten tanta sensibilidad por todo lo que pasa a 600 kilómetros y tanta pasividad y tolerancia por lo que sucede al lado de casa. Tal vez es que no quieren importunar a los que reparten buena parte de los cargos y prebendas en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. Pero no seamos tan malpensados, seguro que deben de tener otras ocupaciones más urgentes.
Hace unos días, en las páginas de La Vanguardia, Ignacio Sánchez-Cuenca, dando un repaso a la actuación de los intelectuales que habían promovido opciones españo­listas, como Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos, les recomendaba que no de­dicaran más tiempo a la política y lo hicieran a lo que se las da mejor, las letras. Coincidiendo con esta opinión, podríamos añadir que hay un sector influyente y bien conec­tado de la intelectualidad de la capital que está mostrando unos principios ideológicos muy elásticos y acomodaticios y que sabe administrar muy bien la denuncia y el si­lencio en función de sus intereses, de sus ­filias y ­fobias.
Hoy parece claro que el intelectual con auténtica autoridad moral, como el surgido a principios del siglo XX, es ya un producto histórico irrepetible. Hace casi 20 años, en mayo del 2000, las revistas francesas Esprit y Le Débat recogían una amplia discusión sobre “la muerte del intelectual”, con una notable variedad de opiniones, la mayoría, sin embargo, muy pesimistas. Ciertamente, hoy el silencio de los intelectuales ma­drileños es tan o más mortal y sintomático que sus manifiestos críticos. Realmente, los tiempos, y los intelectuales, están cam­biando.

Borja de Riquer i Permanyer, en La Vanguardia

miércoles, 27 de noviembre de 2019

TUBALA BRESS WEEK, BANDA SONORA DEL DICIEMBRE TAFALLÉS

Por séptimo año Tubala Brass Week se adueña de la programación musical tafallesa durante el puente de diciembre. El evento, que gira en torno a la música de viento metal, combina conciertos, charlas, exposiciones de instrumentos, un taller de música folk y clases magistrales de la mano de grandes intérpretes.

La plantilla docente de las clases magistrales de este 2019 está compuesta por artistas de primera línea, como el trombón solista de la Filarmónica de Los Ángeles, David Rejano o los integrantes del premiado cuarteto francés Ensemble Epsilon. También suenan otros grandes nombres como el del investigador y trompetista canario Sebastián Gil, el trompetista vigués Rubén Simeó y el trombonista bilbaíno Alberto Urretxo. Como es habitual, Tubala Brass Week hace un guiño al alumnado infantil, ofertando un taller de música folk a manos de la agrupación navarra La Muza Band.

Un concierto al día
Con la voluntad de ofrecer recitales de distintos estilos y formatos, el evento ha programado seis conciertos durante la semana. El martes 3 la apertura del ciclo corre a cargo de la agrupación La Tafallesa y el trompeta Sebastián Gil. El miércoles 4 es el momento del alumnado de las Escuelas Municipales de Música de Tafalla y Pamplona, que proponen un show con proyección de videomapping para envolver al público en la sonoridad de los 8 bits, la música de los videojuegos. El jueves 5 los protagonistas son el trombonista David Rejano y la Orquesta Sinfónica de Navarra de la mano del maestro Manuel Hernández-Silva. De 2002 a 2007 Rejano formó parte de la Sinfónica por lo que, en cierto modo, regresa a una de sus casas musicales para esta ocasión con el Concierto para trombón y orquesta op. 70 de Salvador Brotons. Y como contraste con la agrupación orquestal, el viernes 6 La Muza Band y su atrevido folk balcánico se suben a escena.

El fin de semana no se queda corto, el sábado 7 se celebra Auzoband, un concierto benéfico con motivo de las inundaciones del pasado julio en la Zona Media. Bajo la batuta del director olitense David Sánchez Andión, medio centenar de músicos profesionales participan de forma voluntaria en este recital solidario en el que actuarán los solistas Rubén Simeó y Alberto Urretxo. Para clausurar el festival, Tubala Brass Week apuesta por el cuarteto francés Ensemble Epsilon. Además de interpretar un concierto para todos los públicos, el grupo estrenará la pieza musical Danza Centenaria en homenaje al cien aniversario de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Tafalla. La compositora villafranquesa Vanessa Garde ha sido la encargada de dar forma a esta obra, en la que mezcla el sonido del cuarteto de brass con la rítmica del tamboril y la épica de las bandas sonoras. Por supuesto, los Gigantes se pondrán de largo para bailar este tema escrito a su medida.

Música de primera mano
Durante los días 6 y 7 de diciembre los pasillos del Kulturgunea acogerán exposiciones de material musical de distintas marcas abiertas a profesionales y curiosos. Además, como un modo de acercar el trabajo de diferentes especialistas musicales, TBW vuelve a apostar por encuentros gratuitos con artistas. El viernes 6 de diciembre el luthier Fernando Lacunza impartirá una charla sobre los cuidados de los instrumentos de metal. El último día del festival, el domingo 8 de diciembre la autora villafranquesa Vanessa Garde hablará de su meteórica trayectoria en el mundo de la composición musical, su carrera a caballo entre España y EEUU. Además, abordará las inspiraciones que le han llevado a escribir Danza Centenaria, la obra encargo de esta edición del festival.

Hoy miércoles 27 de noviembre el evento se ha presentado en Tafalla con la presencia de su director artístico Íñigo Remírez de Ganuza, el edil de cultura de Tafalla, Xabier
Alcuaz, que ha puesto en valor el compromiso del festival con la localidad y ha comentado que echa de menos “una mayor implicación del Gobierno de Navarra con el festival”. Asimismo, han estado presentes el Director de Store Tafalla, Aleix Estrada Torrens y el Director del Área de Negocio Pamplona Centro de Caixa Bank, David González, que ha referido que tras siete años de anddura Tubala Brass Week “se consolida como una de las ofertas culturales más potentes de Navarra”.

Toda la información sobre inscripciones, compra de entradas y programación puede encontrarse en la web del evento: www.tubalabrassweek.com.

POBRE DÍA DE NAVARRA

Orreaga Fundazioa volverá a celebrar este próximo día 3 de diciembre el Nafarren Biltzarra – Día de Navarra 2019, haciendo contrapunto, con más voluntad que medios, pero con contenido popular, a unas celebraciones meramente institucionales sin reflejo en el ambiente de calle. Este día que nació “cojo”, por haber surgido “de arriba hacia abajo”, como si se tratase de “el día” de una comunidad autónoma cualquiera , con concesiones de “medallas” a personajes como Félix Huarte Goñi, que entre otros muchos méritos tiene el de haber sido “constructor del Valle de los Caídos”. 
Nos gustaría que ese día celebrásemos con orgullo el ser navarros por pertenecer a esta comunidad, la “Nabarra Osoa”, reducida por imposición externa y, no lo olvidemos, por colaboraciones internas, a las fronteras actuales. Una comunidad  tan singular, antigua y rica en gestas históricas, aunque es de reconocer casi siempre como perdedores, pero no derrotados. Esto no le quita valor a los hechos, demostrados a lo largo de siglos, el sacrificio y entrega dignos de mejor suerte.
Las últimas elecciones autonómicas han traído en nuestra Comunidad, un cambio en el Gobierno y también en algunos ayuntamientos, con el ascenso de algunos partidos que odian las raíces de esta tierra... sus propias raíces. Disfrazándose de “navarrísimos” y buscando “sumar” apoyos con otros partidos cuyo fin último es españolizar Navarra, intentan borrar aquellas señas de identidad, ocultando y/o desfigurando nuestra historia y nuestro rico acervo cultural. Prefieren ser “súbditos” de un reino extraño, que ciudadanos en su propia tierra. (Ejemplo más reciente: Escudo de los Borbones vs. Escudo de Iruñea)
Una de esas riquezas culturales que posee Navarra y que con tanto empeño han intentado quitárnosla, es el Euskera. Durante siglos los conquistadores han puesto todo su empeño en eliminarlo empleando todos los medios a su alcance y para su desgracia y gracias al esfuerzo colectivo todavía no lo han conseguido. (Otro ejemplo cercano en el tiempo, censura a los payasos Pirritx, Porrots eta Marimotots).
Ya, durante la Edad Media, el Euskera era la lengua mayoritaria en Navarra, se mantuvo muy fuerte durante los siglos XV, XVI y XVI y no es hasta los siglos XIX y XX cuando se observa el declive del mismo. En la actualidad se sigue perpetuando ese retroceso a través de medidas como la Ley del Vascuence de 1986, renovada actualmente, una ley que conviene recordar, relega a los vasco-hablantes a ciudadanos de segunda categoría. Esta forma de actuar nos ha traído "uno de los mayores descalabros culturales de Navarra" y como no...  nuestros enemigos lo ven con satisfacción y regocijo.
Pero como no se trata solamente de llorar, es por esto que también queremos señalar y desenmascarar en ese día a quienes actualmente están detrás del genocidio cultural contra el Euskera y por contra, a quienes trabajan en su recuperación.  Este año 2019 la denominación Conde de Lerín que otorga Orreaga Fundazioa, recaerá en el sindicato español de ámbito navarro, la Unión General de Trabajadores (UGT), por sus continuos y reiterados posicionamientos políticos en contra de la cultura vasca de Nafarroa, principalmente en temas tan fundamentales para la recuperación de nuestra identidad como es el Euskera. 
También queremos premiar a quienes trabajan día a día por esta Comunidad y en este caso la denominación  Mariscal Pedro de Navarra 2019 recaerá en la institución Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, en el Centenario de su fundación, por su trabajo en velar por el Euskera, investigando y formulando leyes gramaticales, promoviendo su uso y los derechos de la lengua.
Así mismo, el galardón que anualmente concede esta Fundación a la persona o entidad que se ha destacado a lo largo de su vida por su trabajo en defensa de la identidad navarra, se ha concedido a Joxe Ulibarrena; escultor, ceramista, escritor, fundador del Museo Etnográfico del Reyno de Pamplona.  Con este motivo, el día 2 a las 19:00, en el Palacio del Condestable, tendremos la oportunidad de asistir a la proyección del documental “Esculpiendo la Historia. Joxe Ulibarrena”, de Angel Sanchez Garro.
Los actos que tradicionalmente Orreaga Fundazioa celebra el día 3 ante el monumento a los Fueros serán estos: a las 11,45, Ofrenda Floral y Aurresku, seguido de kalejira con participación de txistularis, akordeonistas, trikitixas... por el Casco Viejo hasta el kiosko de la Plaza del Castillo, donde a la 1:00 del mediodía se realizará el ekitaldi principal con actuaciones musicales, bertsolaris, y donde se podrá escuchar el Pregón que para este día ha preparado el citado Joxe Ulibarrena. 
Sirvan estas líneas para agradecer públicamente a todos los grupos participantes en los actos de ese día, que siempre lo hacen de manera voluntaria y sin compensación económica, y a todas las personas que haciendo frente a las habituales inclemencias del tiempo de este día 3 de diciembre, se unen a estos actos con fin de celebrar este Nafarren Biltzarra de manera diferente.

Koldo Amatria, presidente de Orreaga Fundazioa

martes, 26 de noviembre de 2019

LIBRO-HOMENAJE A FERMÍN BALENTZIA, EL CANTAUTOR QUE NO HA QUERIDO GRABAR DISCOS

Fermín Balentzia es probablemente un caso único en el mundo musical de Euskal Herria. A pesar de que ha compuesto cientos de canciones, algunas de ellas convertidas en auténticos himnos populares, nunca ha querido grabarlas. La insistencia de Jose Mari Esparza ha hecho posible un libro-disco que recoge 30 piezas.

Nacido en Salinas de Ibargoiti en 1948, en plena dictadura franquista, Fermín Balentzia Mendia quedó marcado para siempre por el clima de posguerra que le tocó vivir. Estudió en Iruñea, fue obrero en Potasas y conoció los ambientes obreros, sindicales y revolucionarios. También tomó conciencia de que era vasco, descubrió el abertzalismo y se preocupó de aprender euskara y de intentar recuperar la lengua de sus antepasados.

En compañía de su inseparable guitarra, que aprendió a tocar de oído, Fermín Balentzia comenzó a cantar y componer canciones con apenas 20 años. Eran composiciones de música sencilla pero de contenido profundo. Hablaban de libertad, de lucha obrera, de solidaridad, de represión política y policial, y hacer eso en pleno franquismo le supuso ser perseguido, detenido y multado.

Todavía conserva las multas que le impuso el Gobierno Civil y las prohibiciones para cantar, pero eso no le impidió recorrer barrios y pueblos transmitiendo los mensajes de sus canciones, y sin cobrar nada por ello. En la ORT, partido en el que militó, le reprocharon que sus temas eran «demasiado nacionalistas», y aquello le impulsó a dejar esa organización. Si la censura franquista no había podido con él, tampoco iba a dejar que un partido político le impidiera componer y cantar las canciones que brotaban de su interior.

Para sus composiciones se inspiraba en hechos que le habían impactado o en sus propias vivencias personales. Así han ido surgiendo, a lo largo de medio siglo, canciones tan conocidas como "La pastora de Ibardin", "Txantxangorria", "Elogatzaga", "Extranjeros", "Llegan los americanos", "El botellón", "El pantano de Lumbier", "Duerme mi pequeño", "Navarra tiene cadenas", "El paloteado", "Amaiur", "Germán", "Maravillas", "Si canta Tafalla" o "Ya me estoy haciendo viejo", que es una canción que se ha dedicado a sí mismo, una especie de resumen de una vida en la que también ha recuperado viejas coplas y melodías, ha hecho cientos de jotas y bertsos y ha dedicado canciones íntimas a sus amigos.

Engarce con las nuevas generaciones
Con la transición de la dictadura a la monarquía surgieron grupos vascos bien formados, con montajes musicales a los que no podía llegar Fermín Balentzia, un bardo que solo disponía de su voz y su guitarra y cuyos escenarios habituales habían sido las calles y plazas de Euskal Herria. Fue entonces cuando dejó de cantar y de componer, pero pasados unos años vio que había un vacío importante en el campo musical vasco, que había temas políticos y sociales que no se abordaban, y eso le animó a retomar el canto, a recorrer plazas y gaztetxes y a enganchar a nuevas generaciones con sus canciones reivindicativas y de contenido social.

Ahora, medio siglo después de aquellas primeras composiciones, Fermín Balentzia ya ha engarzado a tres generaciones de vascos, y lo sigue haciendo a pesar de sus 71 años de edad, de un cáncer de garganta que padeció y de una delicada operación de rodilla de la que se está recuperando.

En todo este tiempo nunca ha querido grabar un disco, a pesar de que algunas de sus composiciones se han convertido en auténticos iconos populares. Nunca se ha acercado a un estudio de grabación porque nunca le ha atraído la fama, no le ha gustado entrar en los círculos comerciales discográficos ni le ha gustado ir de figurón por la vida.

Pero, además de canciones, Fermín Balentzia también ha hecho muchos amigos a lo largo de su vida, sobre todo en el ámbito de la recuperación de la memoria histórica en Nafarroa. Muchos de ellos defendieron su candidatura al Premio Príncipe de Viana de la Cultura, y aunque finalmente no se lo concedieron, sí recibió el Txupin Etxepare 2019, un premio que otorgan cada año las peñas de Iruñea y que Fermín Balentzia lleva en la vitrina de su corazón.

Otro de sus amigos, Jose Mari Esparza, ha conseguido algo más difícil: convencerle para editar un libro-disco con 30 canciones que fueron grabadas de forma artesanal y casi clandestina, canciones que durante años han ido pasando de mano en mano y que estaban desperdigadas en varios CDs.

Ese libro, que acaba de ser editado por Txalaparta bajo el título “Vivir para cantarla-Kantuari emana”, recoge una amplia entrevista en la que Fermín Balentzia repasa sus vivencias, su militancia antifranquista, sus canciones más conocidas, su peculiar forma de componer, sus deseos de llegar al último peldaño de su vida con la ilusión de ver a su pequeño país “sonriente, justo y libre”.

Se trata de un libro-homenaje que también recoge una miscelánea de textos de una veintena de conocidos personajes y escritores, entre los que figuran Fertxu Izquierdo, Laura Mintegi, Joseba Asiron, Joseba Sarrionaindia, Patxi Zabaleta, Anje Duhalde, Grazi Etxebehere y Agurtzane Berrio, así como las letras de esas tres decenas de canciones. Fermín Balentzia ha compuesto muchísimas más a lo largo de su vida, y lo sigue haciendo, pero hasta ahora no había caído en la cuenta de que ni siquiera las tiene registradas.

Iñaki Vigor, en GARA

sábado, 23 de noviembre de 2019

LA TURISTIFICACIÓN SE ADENTRA EN UN BARRIO QUE SE NIEGA A DESFALLECER

Alde Zaharra acoge el 85% de los actos de todo tipo que se celebran en Iruñea, organizados por diferentes asociaciones y movimientos populares que se congregan en el barrio, haciendo de este un epicentro de lucha y escenario en el que se tejen redes sociales vecinales para encarar las diferentes problemáticas en comunidad, desde el asamblearismo y la organización. Refugio de la izquierda en años malos y no tan malos, Alde Zaharra ha sido como las personas de 50-60 años que se preocupan más por la edad que por la muerte. No obstante, parece que hoy día su deceso es una realidad; no física pero sí relacionada con la pérdida de su idiosincrasia e identidad. Y es que en los últimos años viene padeciendo un proceso lento, sigiloso y disfrazado, con una narrativa posmoderna, de «revitalización del barrio» o «regeneración». Conceptos con un reverso peligroso que tienen mucho que ver con la gentrificación y la turistificación, intensificadas gracias a la nueva normativa que aprobó el pasado jueves el Pleno del Ayuntamiento de Iruñea.

Antes que nada, y ante alarmistas partidarios de la turismofilia, es necesario señalar que, obviamente, Alde Zaharra no es el Barrio Gótico de Barcelona, ni Alde Zaharra de Donostia, donde, por cierto, la ordenanza de 2017 prohibió la instauración de nuevos pisos turísticos. Sin embargo, tanto desde la plataforma Bizitzeko Alde Zaharra, integrada en la iniciativa AZ Ekimena, como desde Alde Zaharrean Bizi/Convivir en lo Viejo, avisan: la gentrificación es un proceso lento, muy eficaz, y por eso hacen falta medidas preventivas.

En el libro de Lisa Vollmer “Estrategias contra la gentrificación”, la autora alemana resalta que el concepto de gentrificación permite explicar los procesos de regeneración urbana que tienen como resultado el aumento del precio del suelo y el desplazamiento de poblaciones de menos ingresos de unos barrios a otros, siendo esta la «esencia» de la gentrificación y no un «efecto colateral no deseado». Vollmer insiste, además, en la necesidad de encarar este problema desde la crítica a los intereses de la industria inmobiliaria. Por tanto, el debate se aleja del hipster con gafas de pasta que vende té matcha en el portal de tu piso, ya que este no es el origen del problema, sino una expresión del mismo. Una pena.

Para Javier Uhalde, de Alde Zaharrean Bizi, el problema comenzó en 2006, con la modificación de la normativa que permitió que se pudieran instaurar pisos turísticos en plantas elevadas. «Lo que está ocurriendo es que lo que era un barrio residencial ya no es residencial», remarca. Algo que se agrava ahora con la nueva modificación de la ordenanza. Esta regulación permitirá implantar apartamentos turísticos en las primeras plantas de los edificios y el uso de bloques enteros como alojamiento turístico siempre y cuando no se destine a esta finalidad más del 25% de la manzana.

«La normativa no dice nada de las habitaciones, que también se podrían alquilar», puntualizan miembros de Bizitzeko Alde Zaharra. Asimismo, subrayan que a todo esto hay que añadir los alojamientos turísticos que ya existen en Alde Zaharra.

Según el análisis urbano de la relación entre alojamientos turísticos y residentes que elaboró en 2017 Meridiano Zero, encargado por el anterior Gobierno municipal, hay 221 alojamientos reglados entre hoteles, hostales, pensiones, albergues y apartamentos turísticos en Iruñea, y un total de 4.515 plazas. El 47,5% de los negocios de alojamiento y el 37,8% de las plazas turísticas se encuentran en Alde Zaharra.

Además, en este estudio se identificaron 227 apartamentos turísticos ilegales en la ciudad y 790 plazas, concentrando el 68,6% del total de la oferta ilegal, en plataformas P2P (AirBnb, Homeaway, Wimdu, etc). El 34% del total de alojamientos no reglados y el 41,6% de las plazas se centraron en Alde Zaharra, la zona más turística de la capital.

Si analizamos la oferta total de alojamientos por cada 1.000 residentes, el barrio con mayor presión en cuanto al número total de plazas regladas sigue siendo Alde Zaharra, con un valor de 165,6 pl/1.000hab. En el mapa se aprecia que el resto de barrios presentan niveles muy inferiores. Teniendo en cuenta las plazas ilegales, el resultado es de 178,9pl/1.000hab, mientras que la media de Iruñea, quitando Alde Zaharra, es de 16,7pl/1.000hab.

En segundo lugar está Mendebaldea, con 92,1pl/1.000hab. Por tanto, solo se identifica Alde Zaharra con un nivel de presión relativamente crítico. Igualmente, el informe señala que el 45,5% de los residentes en este barrio tiene entre 100 y más de 400 plazas de alojamiento turístico reglado en un radio de 100 metros de su portal. Así, en 2017 se veían afectadas 4.695 personas, con diferente intensidad, pero de forma muy directa en su día a día. Por el contrario, el 77,5% del total de residentes de la ciudad no cuenta con ninguna plaza de alojamiento a 100 metros o menos de su vivienda de residencia –esta cifra se incrementa al 81,7% si se excluye los residentes en Alde Zaharra –, mientras que esta situación en el propio Alde Zaharra se da solo en el 0,5% de su población, concretamente en Caballo Blanco.

«Con esta modificación se han eliminado las distancias y ahora los pisos se regulan por manzana», señalan desde Bizitzeko Alde Zaharra, añadiendo que esto puede dar pie a la creación de macrohoteles en varios lugares del barrio, ya que el cruce de calles posibilitaría la acumulación de alojamientos. De igual modo, la nueva ordenanza facilita la imposición del megahostel de Unzu, de 277 camas y 10 apartamentos de lujo. Para Bizizeko Alde Zaharra, este es el «elemento más visible de la transformación social y urbanística que está sufriendo Alde Zaharra», pues, frente a la posibilidad de un modelo de turismo respetuoso con el barrio, «el proyecto de Unzu no hace sino ahondar en un modelo de barrio impuesto que alimenta los intereses privados y fomenta un modelo de consumo enfocado al turismo».

Otro factor importante, y que está pasando desapercibido, indica Uhalde, es «el anteproyecto de Ley de Áreas de Promoción Económica (APE) en el que trabajaba el anterior Gobierno de Nafarroa y que continúa trabajando este Gobierno», que permitiría la calificación como APE de diferentes áreas de la ciudad, una iniciativa público-privada para, según el Ejecutivo navarro, «revitalizar los centros urbanos». Sin embargo, Uhalde explica que «Alde Zaharra va a ser la primera y esto da lugar a la privatización del espacio público. Es para echarse a temblar».

Hacia la expulsión
Vollmer destaca en su ensayo que la turistificación va de la mano de la gentrificación debido al «uso turístico del espacio residencial» y su consecuencia notable es la expulsión de los residentes y sus comerciantes. Peter Marcuse, investigador de la gentrificación, describe varias formas de expulsión. La expulsión directa implica «la demolición de la vivienda o la pérdida de la misma por el aumento del alquiler»; la indirecta ocurre cuando «las familias se marchan de un barrio porque este resulta cada vez menos atractivo para las capas poblacionales»; y la excluyente examina las viviendas disponibles para familias de bajos ingresos.

En este sentido, los últimos datos que proporciona el Servicio de Sociología del Ayuntamiento de Iruñea señalan que la población ha aumentado un 6% en lo que a Iruñea se refiere, pasando de 195.734 en enero de 2006 a 207.649 en setiembre de 2019. En Alde Zaharra, en cambio, la población ha descendido un 8,25%, de 12.312 a 11.387. Y no solo eso; mientras la población menor de 5 años ha descendido un 14% en Iruñea, en Alde Zaharra lo ha hecho en un 40%.

Desde Bizitzeko Alde Zaharra afirman que «siempre dicen que este modelo de turismo es bueno para el barrio, pero hay que preguntarse para quién». Así, critican la proliferación de hostales cuando, en lo que a infraestructuras se refiere, Alde Zaharra sigue siendo el único barrio sin un polideportivo. Tampoco cuentan con un instituto, a pesar de que existen dos colegios de Primaria.

Por otro lado, incidiendo en la expulsión indirecta de la que habla Vollmer, el barrio es cada vez menos atractivo para la inmigración. Las personas migrantes han aumentado un 28% en Iruñea en los últimos trece años, pero en Alde Zaharra han descendido un 28%. La subida del precio del alquiler también es un factor a tener en cuenta. De acuerdo con la web Idealista, en octubre de 2019 el precio por metro cuadrado era de 10 euros, en tanto que en abril de 2012 era de 8,7 euros/m2 y en abril de 2014, de 7,3.

Desde colectivos vecinales remarcan que es necesario declarar Alde Zaharra como «Zona Turística Saturada antes de que sea demasiado tarde y pase como en otras ciudades, donde la gentrificación es irreversible». «Estaremos enfrente», advierten.

Ibai Azparren, en GARA


EL LABERINTO NAVARRO

Parodiando al gran humorista Chumi Chumez, podríamos preguntarnos si este nuevo gobierno de Navarra es de regalo o de verdad. Es algo que sólo el tiempo lo dirá, pero viendo su andadura en estos últimos meses (sobre todo y fundamentalmente por parte del PSOE-PSN), surgen negros nubarrones sobre su futuro. 
Se suele decir que “obras son amores y no buenas razones”, y las obras realizadas por el PSN antes, durante y después de las elecciones han dejado mucho que desear. Ya nada más saberse el resultado, y con la excusa de formar un gobierno de “progreso” (como si no lo hubiésemos tenido en los 4 últimos años y en el que reiteradamente se negó a entrar), pidió la alcaldía de Iruña, la presidencia del parlamento, y por supuesto la presidencia del gobierno de Navarra. Y todo eso con apenas 11 parlamentarios, mientras el cuatripartito, a pesar del gran bajón fundamentalmente debido a la previsible debacle de PODEMOS, tenía 19. Y siguió llenándose la boca con la palabra de “gobierno de progreso”, pero no tuvo ningún escrúpulo para regalar a Navarra + la alcaldía de Iruña, de Lizarra-Estella, de Huarte (para sí mismo, metiéndose en un barrizal al que le llevó su falta de escrúpulos y ambición política, y del que ha salido como ha podido: seguramente no será el último), del valle de Egües, de Barañain etc. e incluso intentó la de Tafalla. Alcaldías que en buena lógica y dado que pretendía formar dicho gobierno de progreso debieran de haber correspondido a Bildu o Geroa Bai. Y en todo este esperpento, Esporrin ha hecho y sigue haciendo el triste papel tragicómico que en su día le hicieron representar a Puras, llegando incluso a decir la necedad de que si en Iruña había un alcalde de derechas era por culpa de Bildu. Por supuesto Ábalos se encargó de dejar claro que si Maya era el nuevo alcalde había sido por decisión del PSOE (y el PSN a obedecer). 
Y ya con la mayoría de los grandes municipios de Navarra, incluida la capital, en manos de Navarra+, llegamos a la mesa del parlamento y su presidencia, donde el comportamiento del PSN hasta prácticamente el final no fue precisamente muy leal hacia sus futuros socios de gobierno, donde sólo accedió a ceder la presidencia a Geroa Bai en el último minuto (algún día alguien nos contará los trapicheos y zancadillas habidas). 
Por lo demás ha seguido con su juego incongruente y estúpido (también peligroso), de mandar a Bildu al rincón castigado sin hablarle cual niño malo, cuando a la vista está que sin su abstención nunca hubiese salido Chivite presidenta. 
.- El nuevo PSOE nació en el congreso de Surennes (Francia) celebrado en 1974, con fuerte apoyo y financiación de la socialdemocracia alemana. Tenia, entre otros objetivos, el de intentar suplantar y quitarle la hegemonía que en aquel momento ejercía el PC dentro del movimiento obrero. Ante la proximidad de la muerte del dictador Franco había mucho miedo al PC entre la oligarquía, y se necesitaba un partido socialista dócil, para contener las reivindicaciones populares que se avecinaban. Durante 40 años ha cumplido fielmente la labor encomendada, y el dúo PP-PSOE se han alternado en el gobierno (según intereses del poder único). Como ha dicho hace poco creo que Zapatero, cuando la derecha está en el gobierno hace políticas de derecha, y cuando está la izquierda también. 
Las nuevas políticas del PSOE también se dejaron sentir en Navarra. Los socialistas de Navarra estaban integrados dentro del PSE (Partido Socialista de Euskadi), pero en diciembre de 1981 en una reunión en Tafalla se materializó la segregación del PSN del PSE. Una persona muy allegada a mí estuvo como invitada a esa reunión, y al parecer fue tal el grado de desprecio de los representantes navarros alli presentes hacia sus colegas de la Comunidad Autónoma Vasca, que incluso Maturana (presente en representación del PSE) le pidió perdón reiteradamente a esta persona! Al parecer era el nuevo papel asignado al PSN desde Madrid: evitar que el sentimiento vasco (versus navarro) fuese aumentando en Navarra. La ikurriña que por decisión de los respectivos ayuntamientos (incluidos los concejales del futuro PSN) ondeaba en todas las grandes ciudades de Navarra, excepto Tudela, fue poco a poco desapareciendo. A través de mociones de censura, el nuevo PSE contribuyó a ir quitando de ciudades y pueblos, allá donde pudo, el símbolo que hacía unos pocos años había ayudado a colocar. De no haber habido esta involución del PSN, seguramente la Ikurriña hoy en día estaría ondeando en aquellos ayuntamientos que así lo hubiesen votado, y sería un tema ya normalizado y olvidado. 
A su vez como me contó esta persona, le daba pena cada vez que iba a la sede del partido ver cómo iban quitando de la dirección a todos los que además de ser socialistas se sentían vascos (versus navarros). De las declaraciones de Urralburu (que más tarde sería presidente de Navarra) a finales de los 70: “Navarra no se entiende sin el resto de Euskalerria, y Euskalerría no se entiende sin Navarra”, se pasó a perseguir y expulsar a los que así pensaban. Y lo que es peor, a nadie se le dio una explicación de un giro de 180o tan brusco. En la nueva alma del PSN no cabía la raíz vasca de Navarra, y como luego veríamos, tampoco las políticas de izquierdas, con su seguidismo a UPN. El PSN se estaba deslizando hacia la irrelevancia política (en las elecciones de 2015 fue la quinta fuerza política), y para el era casi de vida o muerte en estas últimas elecciones primero, atraer al electorado que se le había ido a Podemos (hay que reconocer que éste se lo puso en bandeja), y después intentar liderar-formar un gobierno, si los números le daban (como así ha sido). 
.- El PSN ha estado diciendo que no iba a hablar ni con Navarra+ ni con Bildu (en un intento de teatralizar su supuesto cambio de look político que lo tendrá que demostrar), y que se había mantenido fiel a esta premisa. Sin embargo y nuevamente mirando a los hechos y no a las palabras, se puede decir que ha hablado con los dos y bien claro. Ha regalado a Navarra+ todo el poder municipal que ha podido arrebatar tanto a Bildu como a Geroa Bai, y resulta un contrasentido de lo más preocupante que haya hecho esto con el que iba a ser su socio de gobierno (Geroa Bai), y con Bildu cuya abstención era necesaria para la formación de dicho gobierno. 
En esta chiquillada política de “te ajunto no te ajunto” hay que decir que la postura de Bildu ha sido mucho más coherente y honrada con sus postulados de izquierdas que la mantenida por el PSN, que con su actitud ha parecido que estuviese buscando que el gobierno nunca llegara a formarse. 
En todo este a veces grotesco lío político, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Unida deberían haber presionado más por mantener el cuatripartito unido, y haberle exigido más contundentemente al PSE el negociar con los cuatro. Supongo que habrá habido sus planteamientos tácticos (quitar excusas a la formación del gobierno progresista), pero a la larga esa cuña que el PSN ha conseguido meter en el cuatripartito, a la larga repito seguramente traerá más de un problema. 
Con más suspense del que debiera de haber tenido, por fin hemos vuelto a tener otro gobierno progresista. Bienvenido sea, pero las dudas siguen ahí, y no sobran motivos para ello: .- Bildu cuya abstención era absolutamente necesaria, paradójicamente esta en la oposición, porque ahí le han mandado las “cabezas pensantes” (por llamarles algo) del PSOE-PSN, que decidieron que “ahora” no hay que hablar con ellos (aunque sea mentira, como los hechos tozudamente van demostrando). .- Aunque tarde, muy tarde, el PSN (o una parte de el) parece se ha dado cuenta (forzado por la situación), de que hay que convivir, que hay que respetar las distintas sensibilidades socio-políticas que coexisten en Navarra, pero habrá que esperar a ver hasta dónde es capaz de llegar para que esa convivencia sea posible, y si es capaz de romper amarras con la derechona. Por ahora apenas hay juicio de intenciones y bastante ambigüedad. .- Nada más saberse el resultado electoral el PSN ya anunció que lucharía contra las “políticas identitarias”, pero está claro que esta frase hecha es un cajón de sastre, que puede servir de excusa para apoyar o rechazar cualquier tipo de políticas, y avivar nuevas luchas artificiales que tanto daño han hecho en Navarra. Todos hacen/hacemos políticas identitarias (aunque no se quieran reconocer como tales), y habrá que exigirle al PSN que clarifique este término, y que nos diga si luchar por la defensa de la cultura euskalduna de Navarra entra dentro de su concepto de “política identitaria”. .- El PSN da por hecho que el haber obtenido la presidencia de Navarra y haber conformado un gobierno en el que es mayoritario, es prueba suficiente para decir que estamos ante un gobierno progresista, pero esto lo tendrá que demostrar en la práctica. Son muchos años de no solo haber impedido la formación de gobiernos de progreso cuando ha habido posibilidades de hacerlos, sino de haber demostrado, en otros casos, un seguidismo y subordinación a los intereses de la derecha Navarra, rayanos en el más puro servilismo. .- Poco antes de la formación del gobierno, Chivite llegó a decir que la abstención necesaria podía venir (además de Bildu) de otra parte. Y esa otra parte solo podía ser Navarra+. No pareció muy acertada esa afirmación, y aparte de rifi-rafes y declaraciones altisonantes que más parecen de cara a la galería, el PSN (a través del gobierno) va dando una de cal y otra de arena, como si no se atreviese a romper definitivamente con la derecha, a la que tan unida ha estado en estos últimos años. .- Prácticamente el poder municipal más importante está en manos de Navarra+ (en parte porque así lo quiso el PSN). En el Valle de Egües e Iruña ya ha habido desencuentros importantes entre PSN y los partidos del cuatripartito, y especialmente en Iruña el alcalde Maya actúa con total prepotencia como si tuviese mayoría absoluta, y al parecer sin ningún temor a que el PSN (que le regaló la alcaldía) presente una moción de censura. .- Ante la sentencia contra la ley foral del 2016 que regula el uso del euskara en la función pública (que según los expertos es más política que jurídica, aunque no hace falta ser experto para darse cuenta de ello), el Gobierno de Navarra (por la negativa del PSN) no se ha atrevido a recurrirla, lo cual parecía lógico hacerlo. .- Ante este panorama: cuando saltará la sorpresa? Ojala nunca, pero los datos ahí están, y habrá que ver si el PSN, con la derechona descolocada y desbocada, es capaz de aguantar todos los ataques que a buen seguro se intensificarán con el paso del tiempo. 
Son otros tiempos que ya empezaron hace algunos años, incluso antes del último gobierno, pero en Navarra la resaca postfranquista ha retrasado todo lo que ha podido que la política, el gobierno, se adapte a las exigencias de la sociedad civil. Seguramente esta legislatura, como continuadora de las políticas progresistas iniciadas en la anterior va a tener una gran trascendencia en el futuro socio-político-económico de Navarra, para conseguir esa ansiada “normalización” de la sociedad, tan deseada por la amplia mayoría. Todos los partidos van a tener que ponerse las pilas, pero seguramente van a ser PSN y UPN los que más cambios van a experimentar en esta legislatura. 
El izquierdismo del PSOE ha estado en función de la derecha correspondiente a cada zona-provincia. En Navarra el PSN siempre ha estado bastante escorado a la derecha, pues enfrente tenía a una de las derechas más recalcitrantes y retrógradas de todo el estado. El PSN navarro actualmente lo podríamos dividir en dos sectores: los listos, y los menos listos (para ser amable). 
Los listos (los que quieren volver a funcionar como PSN), parece, repito parece, que le han visto las orejas al lobo, y que se han dado cuenta que con sus políticas seguidistas de la gran derechona, iban camino de la irrelevancia política, como en cierto modo pudieron constatar en la anterior legislatura, donde vieron con impotencia que los números daban para formar un gobierno progresista sin ellos (aunque habría sido de agradecer que hubiesen participado en él). Este sector, liderado por la nueva presidenta Chivite ha tardado 40 años en enterarse que Navarra es una comunidad plural, diversa, y que eso no solo no es malo, sino que es un gran valor. 
El sector de los menos listos (como muestra ahí están Lizarbe y Roberto Jiménez, los dos abogados que se sienten orgullosos del recurso y posterior sentencia contra la ley del euskara del 2016 para la función pública), se contentan con seguir siendo P, donde lo de socialista y navarro en la práctica es algo superfluo. Los de este sector (los que se encontraban en la dirección) estaban cómodos con sus gobiernos con la derechona (la Navarra de los quesitos), pero no sus electores, que han ido disminuyendo en las sucesivas votaciones. 
La impresión es que ahora mismo hay confrontación entre ambos sectores, y habrá que ver si Chivite y su gobierno aguantan tanto las divergencias dentro del partido, como los embates de la derecha que ha decidido irse al monte, y que a buen seguro irán a más. 
Según la presidenta Chivite su gobierno esta comprometido con “una Navarra foral, innovadora, igualitaria, y en convivencia dentro de la pluralidad”, y aunque ya se empezaron a dar los primeros pasos en la última legislatura, en esta toca seguir profundizando la labor iniciada en sanidad, políticas sociales, una tributación más progresista, trabajo, educación., y si de verdad se quiere una sociedad igualitaria y plural la zonificación lingüística debe desaparecer. Es una aberración que en pleno siglo XXI, contra un idioma originario de una zona (en este caso el euskara), minorizado después de siglos de prohibiciones y marginación de la enseñanza pública, se dicte una sentencia política (difícil por no decir imposible entenderlo de otra manera) que lo quiera valorar menos que otros idiomas extranjeros (en este caso comunitarios) en partes de esa zonificación, que nunca debió de existir. 
Por su parte UPN no se quiere enterar, o no admite lo mismo da, que estamos en otros tiempos, que la gente en Navarra está más informada (internet), que tenemos que convivir derechas e izquierdas, navarros que como tal nos sentimos vascos y los que no, y que basar casi toda su estrategia política en el tema de la ikurriña y el euskara, como elementos de confrontación, es repudiado cada vez por mas gente, incluso dentro del propio partido. Ya no cuela “...ribero quieren que aprendas euskara y olvides el castellano, y cómo hablarás con tus vecinos de Aragón y la Rioja? (panfletos como este se distribuyeron por mi pueblo, Carcastillo, y otros de la Ribera a principios de los 80), pues la gente ha constatado en la realidad que eso era y es una gran mentira. El lenguaje ha cambiado, pero siguen con el mismo mensaje: ataque constante al idioma originario de Navarra, y en su afán de intentar diferenciarse de sus otros dos socios (PP y Cs), aparecer como más español que nadie. Las dos palabras mágicas son: imposición y discriminación. No importa que en este caso sean palabras vacías de contenido y sin ningún sentido: tienen una gran fuerza semántica, y siempre habrá gente dispuesta a aceptarlo, aunque no sepa el porqué. 
Tampoco son conscientes que ya no controlan masivamente los medios de comunicación, y airean constantemente que el cuatripartito ha tenido un gran retroceso en estas últimas elecciones (cierto, sobre todo por el varapalo de Podemos), pero ocultan cuidadosamente que a pesar de ese retroceso ha superado a Navarra + en más de 10000 votos. Está claro que en un proceso de “normalización” de Navarra un partido como UPN en su versión actual no tiene ningún sentido, y tendrá que “reinventarse” si no quiere ir directamente al basurero de la historia 
Para terminar, como he apuntado antes, creo hay una tarea que debe de asumir y zanjar de una vez por todas este gobierno, y no es otra que acabar con la zonificación del euskara (que creó 3 clases de ciudadanos navarros), tal como existe en la Comunidad Autónoma Vasca donde no hay distinciones respecto al euskara. Toda la ciudadanía navarra debe de tener el mismo tratamiento hacia el euskara, y tener el derecho a conocerlo, viva en la zona que viva. Por lógica, después se utilizará más donde ahora está más vivo, pero todos los navarros/navarras tienen derecho a poder recuperar, usar su idioma originario que no solo se fue perdiendo por un efecto de diglosia (ante un idioma mayoritario en el estado y con todo el apoyo de dicho estado), sino principalmente a partir de la implantación del sistema de enseñanza obligatoria hacia finales del siglo XVIIIl donde solo se podía enseñar el castellano, y desde entonces arreciaron las prohibiciones de utilizar el idioma, palizas a los niños/as que lo hablasen, y amenazas a los maestros si lo enseñaban (hay mucha información al respecto publicada). 
En aquel tiempo más de la mitad de los navarros/as lo hablaban y utilizaban mayormente como único vehículo de comunicación. Si la ley del euskara de 1986 (aún con el handicap de la estúpida zonificación) se hubiese hecho 100 años antes, seguramente nadie se habría atrevido a plantear el tema de la zonificación (está claro que en el 86 se hizo para entorpecer la difusión del idioma, aparte que la relación de fuerzas era la que era), pues el idioma estaba todavía vivo en la Valdorba, o Puente la Reina/Gares, o el Roncal, utilizándose también mucho en la capital según dicen crónicas de la época, pero si se hubiese tardado 50 años más en hacer dicha ley, tal vez ni hubiese hecho falta, pues el euskara estaría prácticamente muerto o apenas sin relevancia. 
La zonificación no solo está trayendo problemas donde no debiera de haberlos, y como botón de muestra ahí está el aludido recurso sobre la ley foral del euskara del 2016, que con su aberrante sentencia ha creado más incertidumbres de las que trataba de aclarar: la valoración en la zona mixta y castellana de los idiomas comunitarios que nadie habla en Navarra (otra cuestión es que algunos los conozcamos), por encima del propio euskara (que sí hay mucha gente que los habla en dichas zonas), y sobre todo que alguien que viva en la zona euskalduna, si va a la capital Iruña/Pamplona (donde están concentrados la mayoría de los servicios al ciudadano) no va a poder expresarse en su idioma, con lo que se conculcarían sus derechos lingüísticos. 
Es hora de que los dos idiomas de la Alta Navarra (euskara y castellano) tengan el mismo status, y se acabe ya con esa utilización torticera a la que tan acostumbrados nos tiene la derecha, que con sus declaraciones salidas de tono y contra el euskara, parece que vivieran en cualquier lugar menos en Navarra, y el PSN tendrá que deshojar su particular margarita sobre este tema. 
En 1983, estando con la peña Beterri de Tudela en Mauleón (hermanado con Tudela), le oímos al alcalde de aquel tiempo Pérez Sola (PSN) decir desde la tribuna: “aquí estamos los de la provincia más grande de Euskalerria, juntos con los de la más pequeña”. Pues eso, que nos quedamos todos tan asombrados, que nos pellizcábamos para saber si lo oído era real o soñado.
Desde Turquía. 
Jose Eladio-Josela 

miércoles, 20 de noviembre de 2019

SEIS CLAVES DE LA SENTENCIA DE LOS ERES: ASÍ SE CREÓ EL SISTEMA FRAUDULENTO PARA CONCEDER AYUDAS EN ANDALUCÍA

De acuerdo con la sentencia, Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran "la cúspide de la pirámide" que decía la jueza Mercedes Alaya en sus autos antes de que, durante la toma de posesión de Susana Díaz el 10 de septiembre de 2013, pidiera la imputación de los expresidentes de la Junta y también exministros socialistas. Los 1.821 folios de la resolución judicial que condena a las personas que durante 23 años consecutivos (julio 1990-septiembre 2013) dirigieron la política andaluza y a seis de sus consejeros asegura en sus hechos probados que en el seno de la administración autonómica se creó, usó y mantuvo durante una década un sistema para eludir la fiscalización de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis que se concedieron con cargo a fondos públicos.
En 679.432.179,09 euros cifra el fraude la sentencia, tal y como había expuesto la Fiscalía Anticorrupción al finalizar el juicio. En la sentencia no se habla de responsabilidad civil ni de quién debe pagar el dinero malversado (hay diez condenados por ese delito) porque las acusaciones, ante la reserva de acciones civiles planteada por la Junta de Andalucía, retiraron su petición en este procedimiento.
Con todo, estas son algunas claves de una sentencia larga y técnica donde se plasma que los ahora condenados "tenían conocimiento", "participaron" o "consintieron" el fraude.

1. Una "necesidad política", un "sistema ágil"
Según los hechos probados, en la década de los 90 y en el año 2000 la Consejería de Empleo tenía establecido un sistema de ayudas para dar respuesta a las situaciones de crisis económicas de empresas mediante la tramitación de un expediente de subvención excepcional, al no existir regulación específica de la materia, con la fiscalización previa por la intervención delegada de la Consejería.
El 19 de junio de 2000, dicha intervención delegada emitió un informe de fiscalización de disconformidad respecto a una ayuda de 151 millones de pesetas por no estar amparada en un régimen de ayudas notificado a la Comisión Europea, entre otros reparos. Aquello retrasó la pronta resolución de los conflictos sociolaborales de aquel año "que alteraban la paz social", exigiendo un mayor compromiso presupuestario de la Junta. La prolongación de las ayudas exigía un cambio en la tramitación, como excepcionales, de estas subvenciones, lo que provocó que Empleo confeccionara un proyecto de Decreto para su regulación que no llegó a ser elevado para su aprobación por el Consejo de Gobierno, tras las advertencias de la Intervención General de la Junta, pese a intentarse por tres veces entre finales de 2000 y comienzos de 2001.
"La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos", zanja la sentencia.

2. Un gasto "ficticio"
Por ello, y desde entonces, la Junta se sirvió de la figura de las transferencias de financiación o de modificaciones presupuestarias para hacer que los fondos percibidos por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), creado en 1987, se destinaran a pagar lo ordenado por la Consejería de Empleo en relación a ayudas sociolaborales a determinadas empresas, entre ellas Santana Motor en mayo o diciembre de 2001, 'en materia de relaciones laborales', 'acciones que generan empleo' o 'transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro', entre otros conceptos.
Las transferencias de financiación tenían como objeto equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del IFA, de forma que si se transfieren fondos por importe superior a los necesarios para conseguir el equilibrio en su cuenta de resultados, entre ingresos y gastos, se habría de reintegrar a la Tesorería de la Junta. Pero el destino de los fondos que se percibían por transferencias servían para abonar lo que la Consejería de Empleo ordenaba, y donde realmente se residenciaba el gasto. Esta operativa se modificó en 2010, incluyendo en el presupuesto de explotación de IDEA una rúbrica específica para los pagos por encargo de la Consejería. El IFA estaba sujeto a la función fiscalizadora mediante el control financiero permanente, que era el control regular posterior de las operaciones de contenido económico mediante procedimientos y técnicas de auditoria.
Las transferencias de financiación a favor del IFA provocó que este recogiera "de forma ficticia como gasto en su presupuesto de explotación, el importe de las transferencias", bajo la rúbrica 'otros gastos de explotación', a los solos efectos de compensar la consideración como ingreso de las transferencias pero sin que realmente el montante de dichos gastos se fuera a incrementar, puesto que en la contabilidad financiera del IFA los pagos ordenados de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis no se recogían en la cuenta de pérdidas y ganancias, ni como ingreso ni como gasto. Esta operativa contable, tanto financiera como presupuestaria, se inició en el año 2000 y se prolongó hasta el año 2009, dice la sentencia.

3. Todo el poder para Guerrero
Hasta julio de 2001, los fondos recibidos por el IFA a través de dichas transferencias de financiación eran movilizados a las empresas mediante convenios particulares entre los máximos responsables de la Consejería de Empleo y el IFA, que firmaron el 17 de julio de 2001 un acuerdo marco para la materialización de ayudas en materia de Trabajo y Seguridad Social, que no fue objeto de informe por el Gabinete Jurídico de la Junta, por la Intervención General de la Junta de la Andalucía, ni por los servicios jurídicos del IFA. Las ayudas "soslayaron la preceptiva fiscalización crítica o previa de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo", dice la sentencia.
El primer efecto conseguido fue no poder identificar quién era el beneficiario de las subvenciones excepcionales. El sistema de ayudas articulado hasta esa fecha tenía su presupuestación de manera correcta y ,se identificaba a los destinatarios de cada ayuda.
Así, a través de varias modificaciones presupuestarias aprobadas en 2000 y 2001, se puso a disposición de Francisco Javier Guerrero Benítez, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, "sin competencia legal para la concesión de subvenciones", un total de 93 millones de euros para "sin sujeción a la fiscalización de la Intervención de la Junta de Andalucía y sin necesidad de tramitar expediente alguno, en este caso, el de subvenciones excepcionales", como se venía haciendo por la propia Consejería de Empleo. Entre enero de 2001 y diciembre de 2003, el Consejo Rector del IFA fue informado acerca de 44 convenios formalizados. Tras la adscripción del IFA a la Consejería de Innovación en el año 2004, nada cambió en el proceder: entre enero de 2004 y junio de 2008, el Consejo Rector fue informado de 53 convenios suscritos. A partir del mes de junio de 2008, gran parte de las ayudas fueron pagadas por la Agencia IDEA.

4. El aval del presupuesto y las advertencias del interventor
Ya para la elaboración y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2002 se introdujó la aplicación presupuestaria en la que se recogían los créditos a favor del IFA en el nuevo programa 31L, que sustituyó al 22E. Los responsables de la Consejería de Empleo plantean en la propuesta de anteproyecto de presupuesto la utilización de esa aplicación en contra de la clasificación económica del gasto establecida por la Consejería de Economía y Hacienda. Y en Consejo de Gobierno fue aprobado "con conocimiento de los incumplimientos de su utilización".
Esta operatoria contable, tanto financiera como presupuestaria, se inició en 2000 y se repitió en los siguientes hasta 2008. En 2009 se consignaron transferencias de financiación de explotación que presupuestariamente se consideraron por IDEA como transferencias de financiación de capital, y que continuaron destinándose al pago de subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo, explica la sentencia.
En los mismos términos y circunstancias se elaboraron y aprobaron los anteproyectos de ley de presupuestos de la Junta de los años siguientes. Un informe adicional del interventor general, Manuel Gómez, dijo en 2005 que la tramitación de las subvenciones excepcionales se hizo "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido". De aquel tuvo conocimiento Griñán como consejero de Hacienda "a través de" su viceconsejera Martínez Aguayo, según reza la sentencia.
De aquellas "deficiencias detectadas en el citado informe adicional al de cumplimiento de 2003", "una mera lectura de todos los puntos bastaría para cualquier lector, cualesquiera que fueran los conocimientos que sobre la materia tuviera, dedujera, primero, que en la concesión de esa ayuda y de todas las que son semejantes, no se ha seguido procedimiento administrativo alguno, y segundo, que se ha omitido la fiscalización previa, con lo que eso supone respecto de la función de control, para evitar que los fondos públicos salgan indebidamente de la Junta de Andalucía", dice contundente la sentencia en ese sentido.

5. "Con conocimiento de las deficiencias"
En 2005, la cantidad dispuesta para Guerrero fue de 73 millones de euros, "sin sujeción a la fiscalización de la Intervención de la Junta de Andalucía, y sin necesidad de tramitar expediente alguno, en este caso, el de subvenciones excepcionales". Así, 86 millones en 2006, 87 millones en 2007, 94 millones en 2008, 80 millones en 2009, etc. Pese a las "irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas Consejerías" que recogía la Memoria de Control Financiero Permanente de 2006, el presidente Chaves y los exconsejeros acusados "procedieron a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes, y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso", "con conocimiento de las deficiencias e irregularidades descritas".
La publicación de unas bases reguladoras no llegó hasta que se dictó en forma de Orden, en fechas 1 de abril de 2011 -aprobación de las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales-, 13 de marzo de 2012 -establecimiento de las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a las personas trabajadoras, beneficiarias de una ayuda sociolaboral.

6. Hasta 680 millones "para atender compromisos"
El montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y 31L que se dispuso año a año "para atender los compromisos asumidos frente a terceros" por ayudas sociolaborales, ayudas a empresas, y otros conceptos mediante el mecanismo de las transferencias de financiación a la agencia IFA/IDEA entre 2000 y 2009 fue de 680 millones de euros, recoge la sentencia, tal y como había cifrado la Fiscalía Anticorrupción al finalizar el juicio. En la sentencia no se habla de responsabilidad civil porque las acusaciones, ante la reserva de acciones civiles planteada por la Junta de Andalucía, retiraron su petición en este procedimiento.
El caudal de fondos públicos que permitió nutrir a la Dirección General de Trabajo y de la Seguridad Social de las cantidades de las que dispuso para atender los compromisos asumidos frente a terceros fue de (año e importe): 2000 6.977.751 euros, 2001 86.022.863 euros, 2002 66.538.654 euros, 2003 55.646.899 euros, 2004 42.472.719 euros, 2005 73.061.471 euros, 2006 86.591.000 euros, 2007 86.656.003 euros, 2008 94.744.185,09 euros y 2009 80.720.634 euros.
Como ayudas sociolaborales para el pago de primas de pólizas de rentas y capital se vieron beneficiadas unas 77 empresas, que tuvieron la necesidad de presentar expedientes de regulación de empleo, extintivos, o simplemente reducir plantilla mediante despidos, dice la sentencia. En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, al no efectuarse una convocatoria que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse su concesión, como era exigida, y no registrarse, como era obligado, en el registro de la base de datos y subvenciones de la Junta, "se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas, un importante número de empresas en situación de crisis económica". También se usaron los fondos a "fines completamente ajenos" como campañas de comunicación, formación del voluntariado de los Juegos del Mediterráneo en Almería o financiación de hasta 16 muestras de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo.
Los 19 condenados "tuvieron conocimiento del uso del procedimiento" y "de las conclusiones de la Intervención Andaluza a partir de la comunicación del informe adicional de ayudas de 2003" y cuyas conclusiones "fueron repitiéndose, en mayor o menor medida, en los sucesivos informes de la Intervención de las cuentas anuales de IDEA de los ejercicios siguientes", así como "de las consecuencias de la gestión de los fondos del programa 31L", "que posibilitaron y permitieron que, año tras año, -conforme a las facultades y potestades que su cargo le permitía, en los periodos ya reseñados-, se siguiera reproduciendo el mecanismo", dice el 23º y último hecho probado de la sentencia.

Javier Ramajo, en eldiario.es

lunes, 18 de noviembre de 2019

EL FRAUDE DE LA OEA PARA EL GOLPE EN BOLIVIA

“Declarar es muy fácil, probar y comprobar es lo difícil”, fue la frase con que Fernando del Rincón, periodista de CNN, abrió su programa destinado a hablar del “fraude” en las elecciones bolivianas. Pese a todos sus esfuerzos, él tampoco lo logró. Declaró mucho y probó poco y nada.

Algo parecido le pasó a la Organización de Estados Americanos (OEA). Dedicada desde la noche misma de las elecciones a darle argumentos a la oposición golpista --sembrando sospechas sobre el recuento de votos y hablando de “un inexplicable cambio de tendencia”--, se cuidó sin embargo de utilizar la palabra “fraude” , que no figuró en ninguna de sus declaraciones.

El único que rompió la consigna fue nada menos que el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, expulsado del Frente Amplio por impulsar la intervención militar en Venezuela, quien aseguró el martes en la sesión extraordinaria de la OEA que “en Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”.

Pero más allá del uso de la palabra “fraude”, los documentos de la OEA fueron la columna vertebral sobre la que se construyó el relato que habilitó el golpe de estado en Bolivia . La validez de sus conclusiones quedó severamente cuestionada cuando el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) dio a conocer su trabajo ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA , que demuele las apresuradas conclusiones del documento apadrinado por Almagro.

El CEPR es un prestigioso centro de investigación con base en Washington, fundado por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot. Su Junta Consultiva incluye a dos premios Nobel de Economía como Robert Solow y Joseph Stiglitz.

El relato de la OEA
Todo el relato de la OEA se basó en la interrupción por casi 24 horas del escrutinio provisorio (llamado Transmisión de los Resultados Electorales Preliminares, TREP) cuando ya estaban cargadas el 83,85% de las actas.

El sistema electoral boliviano prevé que será declarado ganador el candidato que supere el 50% de los votos o el que, con más del 40%, aventaje por 10 puntos a su inmediato competidor. Cuando el conteo rápido fue interrumpido, Evo Morales había pasado el 45,7% del total y le llevaba 7,87% a Carlos Mesa, el otro candidato con aspiraciones.

Cuando se retomó el conteo rápido y se llegó al 95,63% de las actas, el resultado fue de 46,86% para el presidente y 36,32 para el opositor, con más de 10 puntos de diferencia. Finalmente, en el escrutinio oficial, el oficialismo llegó al 47,08%, un 10,5% por encima de Mesa. En otras palabras, Evo había sido reelegido sin necesidad de recurrir a un ballottage.

El principal argumento de la OEA para reclamar que se repitan las elecciones fue “el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares [del conteo rápido]”. Sin embargo, sostiene el informe del CEPR, “la misión no proporcionó evidencia sustentando estas declaraciones que sugieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o ‘difícil de explicar’”.

El conteo rápido y el oficial
Los investigadores del Centro estadunidense muestran que la mayor parte de los señalamientos de la OEA se hacen sobre el escrutinio provisorio y no sobre el oficial, que se inició poco después y no se interrumpió en ningún momento.

El conteo rápido se realiza en base a fotografías de las actas y su única función es responder a la ansiedad de los medios y la población con resultados creíbles a pocas horas de terminada la votación. (Dicho sea de paso, la propia OEA recomendó que se haga.) Pero esos resultados no tienen ningún valor legal.

En Bolivia, el único cómputo vinculante es el oficial, confeccionado por los Tribunales Electorales en base a las actas verdaderas. Eso explica por qué, en la noche de las elecciones, grupos coordinados de opositores atacaron, y en varios casos incendiaron, algunos de los locales donde se llevaba a cabo el recuento oficial, obligando a trasladar el lugar de trabajo de las autoridades electorales. Esas “mudanzas” serían utilizadas después por la OEA para cuestionar el funcionamiento del escrutinio.

El estudio de CEPR muestra también que, contrariamente a lo sugerido por la oposición, los dos escrutinios confluyeron en un resultado muy similar. “Al final, el conteo oficial, que es legalmente vinculante y completamente transparente, coincidió estrechamente con los resultados del conteo rápido”, afirmó Guillaume Long, uno de los investigadores.

El cambio de tendencia
Lo que explica el “cambio de tendencia” que tanto preocupó a la OEA no es otra cosa que el fuerte contraste entre el voto ciudadano y el voto rural. Las preferencias en los centros urbanos, donde crece la participación de los sectores medios y altos, son menos favorables a Evo Morales que en los territorios campesinos, el área pobre de la que él mismo proviene. Lógicamente, las actas de las urnas ciudadanas llegan a los centros electorales antes de las que provienen de los apartados sectores rurales. De allí surge la consistencia de la tendencia proyectada desde el comienzo mismo del conteo, que muestra la paulatina y permanente ampliación de la diferencia entre Morales y Mesa, hasta llegar al 10,5 final.

No conformes con esas proyecciones, los expertos del CEPR realizaron más de 500 simulaciones en base a los resultados informados con el 83,85% de las actas, cuando se interrumpió el conteo rápido, y concluyeron que el triunfo de Evo Morales por más de 10 puntos no sólo era posible sino altamente probable.

Del fraude a la inconstitucionalidad
Todos estos datos explican por qué poco a poco se fue abandonando el argumento del “fraude” en el escrutinio de los votos, para resucitar con más fuerza la “inconstitucionalidad” de la participación del Presidente aymara en las elecciones. Cabe recordar que Evo Morales perdió en 2016 por estrecho margen un prebliscito sobre la posibilidad de habilitar su candidatura para un nuevo periodo. Y que finalmente logró en 2017 un fallo del Tribunal Supremo que le dio luz verde a sus aspiraciones .

Más allá de las opiniones que merezcan esas dos iniciativas del presidente depuesto, actualmente no pueden tener la menor relevancia. El fallo que lo habilitó fue aceptado tanto por la oposición interna, que legalizó las elecciones al presentarse, como por los organismos internacionales que ahora aparecen al frente del cuestionamiento, como la OEA, que le dio pleno respaldo en mayo de 2018. “Decir que Evo Morales no puede participar sería absolutamente discriminatorio”, proclamó por aquellos días el propio Luis Almagro.

Pero los vientos cambiaron. Una de las pocas definiciones de la autoproclamada presidenta provisoria de Bolivia, Jeanine Áñez , fue justamente anunciar su decisión de anular ese fallo del Tribunal Constitucional. 

Si lo hace, quedaría expuesto el principal objetivo del Golpe: la proscripción de Evo Morales, de la misma forma que la destitución de Dilma Rousseff y la prisión de Lula da Silva tuvieron el objetivo de proscribir al primer presidente obrero de la historia de Brasil.

¿Serían democráticas unas elecciones con el principal candidato proscripto, aunque acaba de obtener nada menos que el 47 por ciento de los votos? Los argentinos están calificados para opinar al respecto, después de todo algo muy parecido se vivió después del golpe militar que derrocó a Juan Domingo Perón y lo proscribió por décadas. No solo la sangre de los asesinados por la represión une a los dos países.


Algunos datos más que interesantes para seguir leyendo
1. Antonio Costas, el vicepresidente del Tribunal Electoral que con su renuncia abonó buena parte de las denuncias periodísticas sobre el supuesto “fraude”, aseguró a los medios que quisieron escucharlo que su disgusto fue con la “innecesaria” suspensión del conteo rápido. Y reveló que ésta se produjo por una alerta de ataque informático, pero que el “alboroto” técnico y la “impericia” del Tribunal, no cambiaron de ninguna manera la veracidad de los resultados.

2. Según la ley boliviana, una vez que los jurados electorales firman el acta de recuento de una mesa, el día de las elecciones, los votos físicos ya no tienen valor, puesto que en ningún caso se ha de volver a contarlos. Si un acta recibe observaciones, se vuelve a votar en la mesa a la que esta corresponde. Así que nadie se preocupa demasiado por conservar con cuidado los votos. Eso explica por qué pasaron al olvido los videos de denuncia, que se viralizaron en las redes y los medios en la noche de las elecciones, donde jóvenes exaltados mostraban papeletas y urnas como “prueba” del fraude, mientras sus compañeros les prendían fuego.

3. Declaraciones de Evo Morales al diario español El País desde México: “El golpe de Estado empezó el 21 de octubre, después de las elecciones, con la falsa acusación de que había fraude. Ahora me doy cuenta de que la denuncia es el verdadero fraude. Durante dos semanas, se va intensificando y el golpe se consuma cuando la policía se amotina y pasa a ser golpista. Pedimos un diálogo con los cuatro partidos que tienen representación parlamentaria. Para evitar muertos y heridos, yo digo que no haya segunda vuelta sino elecciones y sin Evo candidato, con nuevos miembros del tribunal electoral. Y siguieron agrediendo. Hasta que renuncié, no había muertos de bala. Después, van cuatro o cinco.

En la madrugada del domingo, la OEA ya tenía listo el informe preliminar haciendo ver que había habido fraude. El compromiso era otro, porque nos habían dicho que no lo tendrían listo entero hasta el 12 y nos pidieron hasta el 13, es decir, hasta hoy. Yo pedí que me contactaran con el secretario general, Luis Almagro, a las tres o cuatro de la mañana, pero no quiso. Hablé con su jefe de Gabinete, Gonzalo Koncke, le dije que con ese informe iban a incendiar el país, que iba a haber muertos. Dicen que gané, pero no con claridad, entonces, debería haber segunda vuelta, pero no, quieren nuevas elecciones. Es una decisión política. Ahora dicen que hicimos un autogolpe. Luis Almagro espera instrucciones del Gobierno de Estados Unidos, así se puede entender. Yo tenía cierta esperanza en la OEA. Le dijimos que hicieran la auditoría, estaba convencido de que no hubo fraude. Nunca en la vida me ha gustado hacer algo ilegal. El tema de fondo es que no aceptan el voto indígena. Después del primer informe, el TREP, ganaba con el 7% pero faltaba el voto rural, el voto indígena. Dije que íbamos a ganar. Rechazan el voto indígena, es regresar a tiempos del pasado, a tiempos de la colonia.”

Ernesto Tiffenberg, en pagina12.com

domingo, 17 de noviembre de 2019

EL ODIO AL INDIO

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media”, medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

Álvaro García Linera, en celag.org


sábado, 16 de noviembre de 2019

EL INFORME DE COMPTOS AVALA LA GESTIÓN RIGUROSA Y RESPONSABLE DEL GOBIERNO DE BARKOS

Geroa Bai destaca que el informe de la Cámara de Comptos sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2018 “avala la gestión rigurosa y responsable del Gobierno de Barkos en materia económica y es muestra evidente de cómo se consiguió sanear y ordenar las cuentas de Navarra la pasada legislatura”. Geroa Bai subraya que “una vez más se demuestra que el Gobierno liderado por Uxue Barkos dejó una Navarra mucho mejor de la que se encontró”. 

La coalición recuerda que “cuando Uxue Barkos accedió al Gobierno heredóuna deuda pública cercana a los 3.500 millones de euros y unas arcas forales agotadas”. “Sin ir más lejos, el informe de Comptos referente a las cuentas generales de 2015 alertaba de la necesidad de tomar medidas que permitieran equilibrar las cuentas y reducir deuda, al tiempo que advertía de que podían generarse tensiones de liquidez y solvencia a corto plazo en la Hacienda Foral”, asegura.  

Frente a esto, Geroa Bai destaca que “la pasada legislatura con la aprobación de cuatro presupuestos generales de Navarra y una reforma fiscal se consiguió una política presupuestaria que además de consolidar la apuesta por los servicios públicos y el impulso de la economía,  permitió ordenar las arcas forales”. Según la coalición, “el informe de Comptos es claro en sus conclusiones y evidencia como a 31 de diciembre de 2018 se había conseguido reducir deuda, concretamente un 5% menos que el ejercicio anterior”. “El informe destaca también como por primera vez en 10 años se amortizó más deuda de la concertada”, destaca. 

“Asimismo, Comptos recuerda que la agencia de rating Standard&Poor´sotorgó a Navarra la calificación A+, la máxima posible teniendo en cuenta la calificación del Estado, así como un dato positivo en la evolución de la situación económico-financiera de la Hacienda Foral: los 158 millones de remanente de Tesorería a cierre de ejercicio para gastos generales”, destaca Geroa Bai.

“Además se consiguió cumplir en 2018 con todas las exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria como son: déficit, deuda y regla de gasto”, recuerda la coalición. “Sin embargo, y a pesar de las limitaciones y la interpretación restrictiva de esta ley, el Gobierno de Barkos consiguió acometer medidas que han permitido reforzar los servicios públicos y trabajar por la cohesión social, demostrando que es compatible una gestión rigurosa del equilibrio presupuestario con una política social ambiciosa”, indica. 

“Una gestión responsable- destaca Geroa Bai- que tuvo en frente a quienes porfines exclusivamente partidistas y electoralistas estos años intentó dañar la imagen de Navarra anunciando un apocalipsis y un caos que jamás llegó”. “Frente a ese relato interesado, la realidad y los datos demuestran que la estabilidad económica lograda la pasada legislatura permite ahora al nuevo Gobierno, liderado por María Chivite, hacer frente con ambición a los retos de futuro que deparan a Navarra con la tranquilidad que da unas cuentas saneadas y ordenadas”, subraya Geroa Bai.

Por último, Geroa Bai destaca “la importancia de la defensa de nuestro autogobierno y de nuestras herramientas fiscales que si se utilizan con responsabilidad y rigor son generadoras, como se ha demostrado, de mayor bienestar para la sociedad”. 

Pamplona Actual