lunes, 30 de abril de 2018

FRACASO EN LA REUTILIZACIÓN DE VASOS EN LA CARPA

En los últimos años la mayoría de las Mancomunidades y muchos Ayuntamientos han adquirido lotes de vasos reutilizables para su préstamo en fiestas y otros eventos. De esta forma se está consiguiendo una concienciación ambiental y una importante reducción de la basura que generan los vasos desechables o de un solo uso. 
En Pamplona el sistema, que es similar a otros sitios, consiste en que el Ayuntamiento pone vasos reutilizables gratuitamente a disposición de colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro que organicen eventos. Estas entidades deberán cobrar un euro por cada vaso a las personas usuarias, y reintegrarlo con su devolución. Lo recaudado con los vasos que no se devuelven es entregado al Ayuntamiento, que empleará ese dinero para abonar el transporte y limpieza de los vasos, la reposición de vasos extraviados y la adquisición de nuevos. 
Ya hay un movimiento creciente de personas en todo el mundo que están apostando por un estilo de vida libre de plásticos de un solo uso. Hace unas semanas Greenpeace inició una interesante campaña para reducir el plástico en el embalaje de los alimentos y también hemos conocido que el Ayuntamiento de Pamplona y las Comisiones de Fiestas de los barrios van a suscribir convenios para la extensión del vaso reutilizable a todas las fiestas.  
Sin embargo, ¡qué contrasentido!, en la fiesta que la Carpa Universitaria celebró recientemente, la reutilización brilló por su ausencia. Hablamos tal vez del 2º evento de carácter privado más grande celebrado en Navarra, tras el Oinez. Desde el año 2011, como dice la web de la Carpa, la Comisión organizadora de la misma pone en circulación un vaso reutilizable de medio litro: “El día del evento en cada una de las barras os venderán un vaso reutilizable por 1€ con vuestra primera consumición, así luego podréis utilizarlo en cualquier barra para seguir pidiendo (…) Con esta medida conseguimos hacerle un favor al medio ambiente y generar un 75% menos de residuo plástico”. 
La triste realidad es que al final de las consumiciones en ningún sitio de la Carpa había posibilidad de entregar los vasos para su reutilización, ni de recuperar el euro pagado por el mismo. Algunos vasos recogidos por los usuarios amplían su colección privada. Otros acaban abandonados en el medio ambiente y la gran mayoría terminan en el  contenedor amarillo, si han tenido suerte o en el vertedero de Góngora.
Ese comportamiento de la Comisión de la Carpa y de otras entidades organizadoras de txoznas festivas, supone un engaño a las personas participantes y a la sociedad, porque no solo no beneficia al medio ambiente sino que lo perjudica. Hay que tener en cuenta que el vaso reutilizable puede ser lavado y utilizado más de 20 ó 30 veces, según su calidad. Con dos ediciones anuales de la Carpa (primavera y otoño) se podrían utilizar teóricamente los mismos vasos al menos durante 10 años. Por otra parte, el vaso reutilizable sólo contribuye a reducir el consumo de materias primas y energía a partir del 5º uso del mismo, ya que comparado con el vaso desechable pesa y cuesta entre 5 y 6 veces más. 
Así que el impacto medioambiental de la Carpa, acumulativo desde el año 2011, es escandaloso: Se siguen fabricando miles y miles de vasos reutilizables, con un coste de producción mayor que el de los desechables, y que como no se reutilizan, producen un enorme daño contaminante, con costes de recuperación medioambiental mucho mayores que los relativos al vaso desechable. 
Con este comportamiento impuesto por la Comisión de la Carpa y la empresa organizadora ESITECNA ZERO S.L., se está además enviando a la sociedad navarra un mensaje contrario a todas las campañas que ayuntamientos y mancomunidades emprenden sobre el vaso reutilizable.  Va también en contra de la filosofía del Plan de Residuos de Navarra, que prima la prevención, después la reutilización, en tercer lugar el reciclaje y, por último, si no queda otro remedio, el vertido de residuos.  
Detrás de esta actuación se plantea un negocio mal entendido. Una empresa de bebidas alcohólicas regala a la organización de la Carpa los vasos reutilizables, que llevan impresa su publicidad. La  Comisión cobra 1 € a los asistentes por unos vasos que nada le han costado y finalmente se desentiende de recoger los vasos y de devolver el euro. Beneficio asegurado, sí, pero fraudulento. 
No todo vale. Los criterios medioambientales, en este caso los de la reutilización de envases, deben prevalecer, no sometiéndose a los intereses y beneficios económicos de la organización. 
No es sólo la pésima imagen que dan la Comisión de la Carpa y la empresa organizadora. La imagen de la propia Universidad Pública de Navarra (UPNA), del Club Deportivo Amaya, de la empresa de bebidas, del Ayuntamiento de Pamplona, y de las y los universitarios, se ensucia por los miles de vasos que no se reutilizan y se desechan. 
Bastaría una cláusula en la cesión de los vasos por parte de la empresa de bebidas -por cierto, existe la responsabilidad del productor de envases-, o en la cesión del espacio por parte del Club Deportivo, o una intermediación decidida de la UPNA y/o del Ayuntamiento, para conseguir una buena cantidad de vasos reutilizables y un muy menor daño ambiental.  
Afortunadamente, la nueva Ley de Residuos de Navarra, que se aprobará en fechas próximas, establecerá previsiblemente una normativa y procedimientos sancionadores para estos eventos, incluso los privados, conforme a las Directivas Europeas sobre residuos.  
Esperamos además que una ciudadanía cada vez más concienciada y unos organizadores de eventos que tomen el relevo, conscientes de la importancia de la lucha contra el cambio climático y la contaminación, organicen carpas y txoznas más sostenibles y ecológicas, en las que vayan desapareciendo los envases de un solo uso, sustituidos por los reutilizables. 

Ana Malón, Julen Mendiguren, Juan del Barrio, miembros de la Compañía de las 3 Erres, (Reducir, Reciclar, Reutilizar)




sábado, 28 de abril de 2018

SÍ HUBO INTIMIDACIÓN

No es fácil juzgar, con la que está cayendo -se lo aseguro-, opinar libremente acerca de una Sentencia de la relevancia de la dictada por la Audiencia Provincial de Navarra tras el juicio a "La Manada". Un juicio, en el que se ventilaban, sustancialmente, denuncias por cinco delitos continuados de agresión sexual y en la que se ha condenado a los acusados, en esencia también, como autores de delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, a la pena de nueve años de prisión de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; a lo que se suma el alejamiento de la víctima a 500 metros durante 15 años y 5 años de libertad vigilada.

No es sencillo opinar sobre hechos que se abordan judicialmente ya que normalmente no conocemos los detalles de las pruebas y porque, junto a ello, nos falta el ejercicio complicado y comprometido de su valoración. En este caso, además, no hemos tenido siquiera conocimiento del contenido de las principales pruebas practicadas en el juicio oral, ni de las declaraciones de la denunciante ni de los acusados, ni de otras pruebas de tanta relevancia como los vídeos o las testificales y periciales que con tanto detenimiento analiza el tribunal. Lo que plantea también, en mi opinión, la cuestión de la (in)oportunidad de la celebración del juicio a puerta cerrada.

Pero, en todo caso, resulta que analizamos unos hechos que, como tal y como los ha tenido por acreditados el tribunal, son tremendos. Y a los que califica como delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento por entenderse, como ya toda la ciudadanía conoce, que no se produjo ni violencia ni intimidación sobre la víctima -a la cual, ahora ya podemos denominar como tal. Todo ello cuando lo ocurrido, según el propio tribunal determina, fue en resumen: que la joven fue objeto de penetraciones varias -ahorro al lector los detalles-, hallándose "totalmente en shock", con "intenso agobio y desasosiego"; que "le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados"; que esto se consumó en un lugar "recóndito y angosto, con una sola salida, rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión", consiguiendo una situación "conforme a lo pretendido y deseado por los procesados y querida por estos". De modo -relata la sentencia- que "la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción". Una denunciante "agazapada, acorralada contra la pared por dos de los procesados", que "expresó gritos que reflejan dolor". "No apreciamos ninguna actividad de ella; estas imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados", concluyen los dos magistrados que optaron por la condena de los acusados.

Es decir, el tribunal ha creído a la denunciante, en toda la extensión de sus declaraciones y de sus sensaciones. "Yo también te creo". Y es precisamente por ello que surgen la incredulidad y el enfado sociales: "Cómo es posible que estos hechos, detalladamente descritos, no constituyan, si no violencia, sí una situación de intimidación -lo que, por otra parte, es lo mismo a los efectos de determinar el tipo penal aplicable-?. La jurisprudencia tiene determinado que constituye intimidación el constreñimiento psicológico, consistente en la amenaza o el anuncio de un mal grave, futuro y verosímil, sin que se exija, en los delitos de agresión sexual, que la intimidación sea irresistible, inevitable o extremadamente grave. Basta con que sea suficiente y eficaz para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima.

Y en este caso -resulta claro a la luz de los hechos probados- que los acusados han generado en la víctima un miedo tal que acepta en silencio y con los ojos cerrados -esto es verdaderamente revelador: silencio y oscuridad- lo que ellos querían hacer con ella. Y esto, se quiera o no, es intimidación. Y si no ha sido así, habría que absolverlos. Porque lo acontecido, según los hechos determinados por la propia sentencia- no fue una situación de "prevalimiento", como se determina, que se contempla jurídicamente para situaciones de abuso de superioridad digamos que "ordinarias" en el ámbito laboral, familiar, académico....y sin restar gravedad a las mismas. Aquí concurre una situación de intimidación relevante y eficaz capaz de anular la capacidad de decisión de la víctima, como las mujeres entendemos fácilmente.

Por eso gran parte de la ciudadanía considera que la decisión es contradictoria en sí misma; porque los hechos son estremecedores y siguen la versión de la víctima, y pese a ello, no se aprecia siquiera intimidación. ¿Esto tiene alguna explicación? Seguramente más de una. Pero sobre todo, el desconocimiento de las deliberaciones -que por otra parte, y según previsión legal, son secretas-, las cuales podrían arrojar luz sobre si en el fondo no se ha registrado algún pacto incluso para salvar la mínima condena.

Pero fallan, además, explicaciones a otro nivel, acerca de lo que ocurre en los poderes públicos, y, singularmente en la judicatura, en la que servimos sin una preparación específica en igualdad de género y en otros terrenos también sensibles. Y resta una reflexión profunda acerca de cómo solventar la brecha demasiado ampla abierta entre la justicia y la ciudadanía. De cómo articular un diálogo efectivo entre ambas como sí lo hay, con más o menos déficits, entre otros poderes del Estado y la sociedad.

Garbiñe Biurrun, en El Diario Vasco


viernes, 27 de abril de 2018

LOS TRABAJADORES PIERDEN LA BATALLA ANTE LAS MUTUAS

La relación entre los trabajadores en activo y las mutuas siempre ha sido difícil. Y amenaza con complicarse aún más si sale adelante el decreto que prepara el Gobierno central para desarrollar la Ley de Mutuas. En síntesis, ese decreto dará más poder a las mutuas a la hora de gestionar la contingencia común, es decir, las enfermedades comunes (como la gripe) y los accidentes no laborales que repercuten en el trabajo al tener que coger la baja.
"Ahora, la mutua", explica, Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras Euskadi, "no puede darte un tratamiento médico determinado si el trabajador no quiere.  El nuevo reglamento pretende dar más poder a las mutuas en la contingencia común a nivel de tratamientos médicos y pruebas diagnósticas. La mutua me puede ofrecer tratamiento médico, pero ahora el trabajador elige si lo hace con los medios de la mutua o con Osakidetza. El reglamento pretende pasar por encima del consentimiento del trabajador y que la mutua imponga el tratamiento y las pruebas diagnósticas".
Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, debido a que manejan dinero público. Las pagan los trabajadores, directamente en el caso de las contingencias profesionales y accidentes de trabajo a través de las nóminas, e indirectamente vía Seguridad Social en el caso de las enfermedades comunes. Según los sindicatos, no parece muy lógico que los sujetos y pagadores de la prestación no tengan ninguna participación en la contratación de la mutua, ni en su gestión. Ríos cree que el reglamento de mutuas que tramita el Gobierno resulta "absolutamente lesivo para los derechos de los trabajadores porque no es otra cosa que un mecanismo de presión" para las personas que están de baja por contingencia común. "Si están de baja", añade, "es porque así lo ha decidido un profesional de la sanidad como es el personal facultativo de Osakidetza".
A su juicio, es "verdaderamente deplorable" que el Gobierno "pretenda criminalizar a estas personas dando más poder a las mutuas para gestionar la contingencia común", al tiempo que ha opinado que esta decisión supondría también una forma de "privatización de la sanidad pública". "La movilización tiene que extenderse a todos los centros de trabajo para que las contingencias comunes queden en manos de la seguridad social, que es donde tienen que estar, y no en las mutuas".
Ríos entiende que se trata de un recorte de derechos laborales. "Al fin y al cabo, una asociación de empresarios interfiere en el tratamiento del trabajador para recuperarse de una enfermedad. Las mutuas son los instrumentos, pero el que está interesado en acelerar las altas son los empresarios".
Las mutuas vascas gestionan ya las enfermedades comunes de más del 50% de los trabajadores vascos. Si en el caso de las enfermedades profesionales las mutuas dan servicio casi al 100 % de los empleados afiliados a la Seguridad Social, en el caso de las contingencias comunes el colectivo crece año tras año.
Eduardo Azurmendi, en eldiario.es

jueves, 26 de abril de 2018

LO VEN FACTIBLE

Lo ven factible. Ven perfectamente factible que una cría de 18 años, para terminar bien la fiesta, decida meterse con 5 hombres en un portal de una ciudad desconocida. Perdón por lo de hombres. Ven factible que ella quisiera mantener relaciones sexuales simultáneas con 5 animales a la vez y sin protección, claro. Para que si se queda embarazada, al menos no sepa de cuál de ellos es. Perdón por lo de animales. Ven factible que la joven disfrutara de ser penetrada por delante, por detrás y por la boca, mientras se le tiraba del pelo, se le sujetaba la cabeza con varias manos, se le bloqueaba la cadera para anular su voluntad... Ven factible que si no se movía, no gritaba y no abría los ojos sería porque quería disfrutar del momento. Disfrutar de sus risas y de su compadreo. De cómo se animaban entre ellos, de cómo se jaleaban y de cómo pedían turno. El paraíso en la Tierra. Sentirse deseada. ¿Qué más se puede pedir, mujer? Ven factible que si, cuando ellos consideraron oportuno, se marcharon y le robaron el móvil fue porque entre tanto jolgorio y tanto consentimiento, lo cogieran sin querer. Despites tontos a las tantas. Ven factible que en un grupo de WhatsApp en el que participan 21 bestias y en el que se habla de cloroformo, cuerdas, burundanga y violaciones... sea inofensivo. Ven factible la casualidad que supondría el hecho de que la joven de Pozoblanco, meses antes, también mintiera. También se inventara que 4 depredadores abusaron de ella. ¿Cómo vamos a dudar de ellos? Ella tiene que demostrar que es inocente, una vez más. Ven factible que sea una relación sexual consentida aquella que, tras reproducir el vídeo recibido de la misma, hace que uno de los participantes diga: "¿Pero está muerta?". De gusto, supongo que pensarán. Ven factible que una mujer, después de mantener relaciones sexuales consentidas, acabe en el hospital. Ven factible que, tras conocer desde sus casas la noticia de que varios individuos habían sido detenidos por una violación múltiple, todos ellos pensaran que podría tratarse de sus amigotes. Así de suave y romántico sería el vídeo. Así de ideal. Todo muy normal. Ven factible que una chica que apenas ha cumplido la mayoría de edad, no tenga nada más interesante que hacer en su vida que denunciar una violación que no ha ocurrido para enfrentarse meses después en un juicio a sus 5 caras, a su asqueroso vídeo. Ven factible el consentimiento y la aprobación de una chica que termina tirada en un portal, llorando sola en un banco hasta que se la encuentra una pareja, mientras ellos siguen con la fiesta. Esa fiesta que, dado que les encanta, espero, no decaiga entre rejas. ¿Hay algo más gratificante en esta vida que recibir lo que uno da?

Ven factible que ellos - los de "hay que prepararse bien, que luego queremos violar todos" - digan la verdad. Pero no ven del todo factible que la joven, los policías y los médicos digan la verdad. No ven factible que todas reconozcamos haber sufrido agresiones sexuales - del tipo que sean - a lo largo de nuestra vida. Eso no les parece tan factible. Les suena todo muy raro. No lo ven. No lo quieren ver. Porque si lo vieran, si realmente lo vieran, tendrían que bajarse de su pedestal. Ese mismo en el que está 'La Manada'. Y hasta ahí podríamos llegar.

TODOS A LA GREÑA Y LUEGO EL PSN

Un año escaso resta para que se midan en las urnas las tres porciones casi idénticas de la tarta electoral navarra según los comicios de 2015, a saber: los 160.352 votos que articularon un Gobierno sustentado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E;los 161.151 sumados por las fuerzas de oposición clásica agregando a los 151.158 de la tríada parlamentaria UPN-PSN-PP los 9.993 de Ciudadanos, a la postre estériles para conformar Ejecutivo por no alcanzar por cuatro décimas el 3% del sufragio que reporta escaño;más las 159.094 abstenciones registradas. La primera de las cuitas se dirime en el seno de los bloques antes que entre ellos, pues la fuerza de cada sigla determina su hegemonía en los mismos para estructurarlos y optimizar su apoyo social. En el cuatripartito gubernamental se trata de comprobar quién rentabiliza en mayor medida la estabilidad del Gobierno foral y la consolidación de las cuentas públicas desde los presupuestos del ascendente de la presidenta Barkos como gestora, así como de su atractivo electoral, y de la fortaleza de EH Bildu como organización. Un segundo lance se libra en el conglomerado del cambio en 2015, pues bajo la óptica programática I-E aparece como el receptor natural y teóricamente mayoritario de los eventuales votos que extravíe Podemos por su fractura interna, sin que se atisbe hoy una confluencia en ese vector político. En cuanto al frente opositor, debe calibrarse para empezar el grado de liderazgo de Esparza y en un doble sentido: primero, a la vista de si supera o no los quince escaños actuales del regionalismo;y, en segunda instancia, en función de la distancia respecto al segundo clasificado entre los aspirantes de la alternativa. Sin casi pronunciarse en Navarra, Ciudadanos se proyecta como la gran amenaza de un PP a menos de un punto porcentual de desaparecer del Legislativo pero también de UPN debido a su flacidez al menos pública en la defensa del autogobierno. Y luego está el PSN, alineado con la oposición conservadora por la fáctica de sus hechos pero alentando de nuevo desde la dialéctica discursiva la expectativa de contribuir a un pacto de progreso. Su ejecutoria reciente y vigente, así como el descarte del PP y EH Bildu para gobernar, permiten ubicar por pura aritmética al PSN en una ecuación con UPN+Ciudadanos. Y cómo pedir el voto abrigando una opción y su contraria en un contexto de creciente polarización y frente al espejo de una historia jalonada de renuncias en favor del navarrismo conservador.
Víctor Goñi, en Diario de Noticias

miércoles, 25 de abril de 2018

HARTZAREN ETORRERA EZTABAIDAGAI PIRINIO ATLANTIKOAN

Udazkenerako bi hartz eme askatu nahi ditu Nicolas Hullot Frantziako Ekologia ministroak Pirinioetan, Biarno aldean. Egitasmoaren azaltzeko, Pirinio Atlantikoetako prefetak elkarrizketak ireki ditu aste honetan, baina erabakia du ministroak: «Ezin diegu lezioa eman beren lurraldean desagertzear diren animaliak dituzten herriei, guk gero dudak baldin baditugu gure lurraldean diren espezieak babesteko». Datorren astelehenean Pauen (Biarno) manifestatzera deitu dute hartzak ekartzearen aurka azaldu direnek. Mendiak kudeatzen dituen Zuberoako sindikatuak hartzen kontrako mozio bat onartu du.

Oraindik zehaztekoa da Europako zein herritatik ekarriko dituzten bi hartzak. Gaur egun, 37 hartz daude Pirinioen erdigunean, Ariege mendialdetik Garona Garaira. Beste bi banako daude Biarnon, hartz arrak, Aspe haranetik Ossaukora, goi Pirinioetan. Cannellito da bi ar horietako bat, Pirinioetako hartzaren azken ordezkaria, haren ama Cannelle 2004ko azaroan ehiztari batek hil zuenetik. Hartza bi alditan askatu dute Pirinioetan azken hamarkadetan: 1996an eta 2006an.

«Inoiz ez dira egon askatuak izan diren eremuetan», azaldu du Thibault Françoisek, Couserans probintziako (Okzitania) kabalzain eta artzain batek. Laborarien Konfederazioko kidea da, eta 37 hartz dauden eremuan dabil lanean. Haren ustez, Hulloten iragarpena komunikazio tresna bat da: «Biodibertsitatearen arazoari erantzuteko egiten duela dio, salbatzeko hartza sartuko duela. Berak soilik sinetsi lezake halako gauza bat: biodibertsitatea hartzaren problematika baino askoz urrunago doa».

Ekologia ministroaren iritzi berekoa da, berriz, Jenofa Cuisset, militante ekologista historikoa: «Erraza da elefanteen egoera salatzea, Lurraren beste puntan, gure lurraldean diren espezieak lasai desagertzen uzten ditugun bitartean». Haren erranetan, bi hartz horien askatzea ez da hartza berriz sartzea, baizik eta jadanik dagoen populazioa sostengatzea. «Hartz emeak askatuko dira, bi hartz ar direlako zonalde horretan. Gero segur da ez direla askatu ditugun eremuan geldituko». Biodibertsitatearen aldeko parioa dela berretsi du Cuissetek: «Ekuazio sinplea da: planeta honetan etxekideak ditugu; batzuk gizakiak dira, eta besteak ez. Eta errespetatzea dagokigu. Gizakiak soilik geratuko garelarik, ohartuko gara zerbait eskas dugula». Baina erantsi du erabakia ez dela Hulloten eginkizuna: «Aspaldiko presio sozial bat da; ez da haren erabakia, naturaren defentsarako mugimenduarena baizik».

ELB, kontra
Panpi Saint Marie laboraria eta ELB sindikatuko bozeramailea Hulloten iragarpenaren kontra agertu da: «Mendiko biodibertsitatea artzainak ekartzen du: bazterrak irekiak atxikitzen ditu, ardiak eramanez». Mendialdeak krisi sakonean direla azpimarratu du, eta ez du lehentasun gisa ikusten hartzaren problematika. «Parisko saloi batzuetan ekologistei plazer egiteko erabakitzea hartza behar dela berriz hemen sartu, eguneroko zailtasunei hori gehitzea… Medialdeko laborariek bortizkeria handi bat bezala bizi dute ».


Laborariak mendi eremuetarako plan zabal bat aldarrikatu du, eta baieztatu du horretan hartzak lekua baduela: «Hartza hor da, hori da errealitatea; ez ditugu denak akabatuko, ez garahartza izatearen printzipioaren kontra». Haren erranetan, ordea, ezinezkoa da hartzarekin batera mendialdean bizitzea: «Biziki abila da». Gobernuak neurriak hartu zituen 2006an, artzainek lanean segitzeko. Artaldeen babesteko Pirinioetako mendiko txakur bereziak erabiltzea bultzatu zuen, eta estatuak kalte-ordain bat bere gain hartu du hartzak hildako ardi bakoitzeko; aurkitzen diren hilotzentzat da, ordea. Cuisset ekologistaren erranetan, artzain frankok errefusatu dituzte neurri horiek.

François kabalzainak onartu egin zituen neurriak, eta bost zakur berezi izan ditu artaldea zaintzeko, zazpi urtez jarraian: «Uda bakoitzean 50-100 kabala falta zitzaizkidan 1.500 ardiko tropatik, baina zakurren presentzia soilak ez du arazoa konpontzen». Iazko uda gogoratu du, eta katastrofikoa izan zela azaldu du: «Markak hautsi ditugu: 700 kabalaren kalte-ordainak, 900 eskas, eta hori mendiko hogei artaldetan». Horietako batek baino gehiagok artaldearen %10 galdu dute; batek, %43. «Hartzak pusaturik, 200 ardi ezpondatik behera erori dira». Konfederazioko kideak salatu du ministroak horren bilanik egin gabe hartu duela erabakia. Hala nola 2009an ingurumen taldeko ordezkariak, hautetsiak, kabala hezitzaileak eta abar biltzen zituen hartzari buruzko organoa desegin zuten, eta Françoisek dio ordutik «egiten utzi» dutela, gaur arte. Hortaz, egoera aztertzeko eskatu diote Emmanuel Macronen gobernuari: «Baietz erran ziguten, abenduan eginen zutela, gero urtarrilean, martxoan… Eta oraindik ez da abiatu. Egiteko moldeak ez du zentzurik».

Otsoa, hedatuago
Pirinioetan askoz ere hedatuago dago beste harrapakari bat: otsoa. Frantziako 30 departamendutan nabari dute haren presentzia. «Oraindik txarragoa da; sekulako kalteak egiten ditu», deritzo Saint-Mariek. Françoisek azpimarratu du kalteak antzekoak direla banako kopuruaren arabera: «Hartzarekin bezala, ez dugu lortzen artaldeen babestea; eskaintzen zaizkigun neurriak ez dira martxan, eta estatuak kontsiderazio gutxi erakusten digu».

Ipar Euskal Herriko Hitza

martes, 24 de abril de 2018

EL GENOCIDIO ARMENIO, EL GENOCIDIO SILENCIADO

" (...) Me tiene sin cuidado lo que la débil civilización de Europa occidental diga de mí. He indicado -y nadie pronunciará siquiera una palabra de crítica a lo que haya hecho un escuadrón de artillería- que nuestras aspiraciones en la guerra no consisten en alcanzar determinadas líneas sino la destrucción física del enemigo. Consecuentemente tengo listos mis arietes (se refiera a las SS) por ahora sólo en el Esta con órdenes de matar cruelmente y sin compasión a hombres, mujeres y niños de origen e idioma polaco. Sólo así ganaremos el espacio vital que necesitamos. (...) Después de todo, ¿quién se acuerda hoy del aniquilamiento de los armenios?" (Palabras de Adolf Hitler, el 22 de agosto de 1039, a las conciencias de sus generales, a quienes les garantizaba impunidad, mientras las tropas nazis estaban siendo preparadas para invadir Polonia).

El 24 de abril de 1915 comenzó el primer holocausto moderno y que terminó en 1923, con el resultado terrible y angustioso de la desaparición, deportación, exterminación o eliminación física de más de un millón y medio de armenios, por parte del del Gobierno de Turquía dirigido por el Comité para la Unión y el Progreso, más comúnmente conocidos como de los "Jóvenes Turcos". El genocidio armenio se desarrolló bajo el amparo de la Primera Guerra Mundial, donde Turquía era aliada de Alemania; hechos que las autoridades turcas aprovecharon para crear un estado homogéneo de turcos musulmanes, por lo que emprendieron acciones de exterminio de armenios, asirios y griegos.

No era la primera vez que el pueblo armenio era agredido por sus mandatarios turcos. Así, entre 1894 y 1897 fueron masacrados alrededor de 200.000 armenios por el sultán Abdul Hamid II, obsesionado con que una supuesta nación armenia traicionaría a su imperio y en 1909, en la provincia de Adana fueron asesinados no menos de 15.000 y un máximo de 30.000 armenios.
Cuando los Jóvenes Turcos, del Comité para la Unión y el Progreso, dieron un golpe de Estado, el 23 de enero de 1913, de inmediato adoptaron un claro sesgo nacionalista, que les indujo a cambiar sus tendencias modernizadoras por el expansionismo del imperio otomano y "la unión sagrada de la raza turca". Implantando, por un lado una dictadura que buscaba por la fuerza un estado homogéneo bajo la idea de una nación uniforme étnicamente, negando cualquier presencia de minorías, y por otro lado edificando una nuevo aparato estatal sobre la brutal expoliación en un proceso de acumulación de capital con la aniquilación de poblaciones enteras y la apropiación de sus bienes.

Ya en 1910, el Congreso del "Comité para la Unión y el Progreso" (CUP) celebrado en Salónica entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre de 1910, había aprobado por unanimidad la siguiente declaración expuesta por su secretario general, Nazim Fehti:

"Propongo al Congreso el exterminio total de los armenios del Imperio otomano; es necesario aniquilarlos. Para llevar a cabo este propósito hay que efectuar, frente a todas las dificultades, absueltos de conciencia, de sentimientos de humanidad, pues la cuestión no es de conciencia, de sentimientos de humanidad, pues la cuestión no es de conciencia ni de sentimientos humanitarios: es sólo de índole política, íntimamente vinculado con el beneficio y futuro de Turquía.
Así terminará inmediatamente la Cuestión Armenia.
El gobierno turco se liberará de la intromisión extranjera en sus asuntos internos.
El país se desembarazará de la raza armenia y así brindará un amplio campo a los turcos.
Las riqueza de los armenios pasaran a ser propiedad del gobierno turco.
Anatolia será territorio habitado exclusivamente por los turcos.
Se aplastará el obstáculo más importante para el logro del ideal panturánico."

La primera etapa del proceso genocida, hace 103 años, se inició el 24 de abril de 1915, en una muestra horrible de delirio, con la decapitación de la intelectualidad armenia, cuando fueron detenidos en Estambul 235 líderes de la comunidad armenia (profesores, políticos, intelectuales, artistas, científicos, sacerdotes, escritores,...), ampliándose, en los días siguientes, hasta la cifra de 800. Todo ello con el triple fin de: eliminar a la cúpula pensante armenia que era la que tenía más posibilidades de condenar del modo más efectivo el plan de exterminio, evitar al pueblo armenio de una orientación confiable e impedir que las noticias cruzaran las fronteras. Siendo deportados a Ankara y ejecutados en el transcurso del viaje, en lo que se considera como el comienzo de la limpieza étnica; fue el comienzo de una operación de mayor envergadura, una acción policial que desembocaría en el primera genocidio moderno, perpetrado por el gobierno de los Jóvenes Turcos con la intención de hacer desaparecer a la comunidad armenia ya que está no tenía cabida en su proyecto de nación racial, cultural y religiosa.

La segunda etapa fue la eliminación de los hombres aptos físicamente y en edad de combatir, aquellos entre 18 y 40 años, que habían respondido al llamamiento otomano de movilización general al estallar en julio de 1914 la Primera Guerra Mundial y entrar Turquía en ella en noviembre. Los soldados armenios fueron destinados a construir caminos y vías férreas para luego ser aniquilados en puestos de vanguardia como "carne de cañón", al tiempo que otros fueron detenidos (unos 70.000), fusilados y enterrados en fosas comunes. Así muchos de los que hubieran tenido capacidad de sublevarse, resistirse a las deportaciones o combatir en contra del gobierno otomano, fueron masacrados con anticipación.
Al mismo tiempo se organizaron "brigadas de trabajo" formadas con hombres de 16 a 60 años, destinado a construir infraestructuras varias como caminos y trincheras, en las que luego se les ejecutaba sin explicarles el motivo. Muchos moría antes del tiro morral por la extenuación física, la carencia de alimentos, los castigos brutales y la falta de higiene.

La tercera etapa, consecuentemente, fue más fácil. Seguidamente se emitió una "Ley de Traslado y Reasentamiento" aprobada el 27 de mayo de 1915, anunciando la deportación de todos los armenios, Pero lo que en realidad se produjo fue una lenta y sostenida masacre que se aplicó a la población civil: Los varones adultos serían fusilados, deportando, inmediatamente, sin ningún medio de supervivencia, a mujeres, niños y ancianos.
A los sobrevivientes les obligaron a emprender una ruta, a través de la estepa de Anatolia y con destino a los desiertos de Siria, haciéndoles marchar semidesnudos, descalzos, sedientos, hambrientos y sumergidos en un clima constante de terror, En el trayecto de las "marchas del hambre" hacia Siria y Mesopotamia, sin apenas acceso a comida o agua, diezmados por las enfermedades murieron casi todos, sufriendo el robo de sus pocas pertenencias y siendo violadas mujeres y niñas tanto por los soldados que les vigilaban como por las bandas de forajidos kurdos, circasianos y turcos. Además de las marchas interminables, numerosas aldeas fueran quemadas. Familias enteras fueron calcinadas dentro de sus iglesias cristianas mientras los soldados trucos rodeaban los edificios en llamas y disparaban a los que intentaban escapar.

La deportación de la comunidad armenia significó un paso más en su aniquilación, y en donde el abuso sexual generalizado formó parte del genocidio; exhibiendo desnudos a los deportados en Damasco, donde eran vendidos como esclavos y esclavas sexuales en algunas zonas. Método usado para ser una importante fuente de ingresos para los soldados turcos que les acompañaban.
Al maltrato físico, exterminador si se quier, se unió la expropiación y confiscación de bienes, El 13 de septiembre de 1915, por la "Ley Temporal de Expropiación y Confiscación", el Gobierno otomano tomó posesión de todas las propiedades armenias abandonadas. Eso incluía la tierra, el ganado y las casas. 

El número total de víctimas, en donde casi todos murieron de hambre o de las múltiples enfermedades que contraían, es objeto de controversia. Hace unos años, el presidente Erdogan del Estado turco reconoció que serían menos de 500.000 en un contexto de hambre y guerra, lo que había afectado también a otras minorías no musulmanas. Otras fuentes elevan la cifra a dos millones, si bien las fuentes mas documentadas fijan un número en torno a 1.500.000. En cualquier caso, un genocidio en toda regla.

Después de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional condenó el genocidio armenio, y varios países advirtieron, ya en 1915, que los Jóvenes Turcos serían condenados por el terrible y extraordinario crimen. Pero la cuestión sigue todavía abierta, porque los distintos gobiernos turcos se resisten a reconocer su responsabilidad, argumentando que la guerra civil en Anatolia acompañada por un gran hambruna fue la responsable de la muerte entre 300.000 y 500.000 armenios y de otros tantos turcos.
Como consecuencia de este genocidio, la nación armenia, que contaba con 3 millones de habitantes, fue reducido a la mitad, Si las heridas del genocidio siguen tan abiertas, 103 años después, es debido, principalmente a que los responsables de los hechos no lo reconocen; Turquía sigue negando sistemáticamente el genocidio. Dolorosamente el pueblo armenio no tiene ni influencia en gobiernos poderosos, ni poseen bancos, ni tienen productores de cine,...

Actualmente son 28 estados (Alemania, Argentina, Armenia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Eslovaquia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Polonia, República Checa, Rusia, Siria, Suecia, Suiza, Uruguay, Vaticano y Venezuela) los que han reconocido el genocidio armenio y en 1987 el Parlamento Europeo adoptó una resolución reconociendo el genocidio armenio. También 42 estados de los EEUU han reconocido oficialmente y de forma abierta el genocidio armenio. Así como otros gobiernos regionales de distintos países; en España en concreto, Baleares, Cataluña, Navarra y el País Vasco; y en el Reino Unido se han manifestado en el mismo sentido Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Países como España, EEUU e Israel, no usan el término genocidio para referirse a estos hechos.

Pero Turquía sigue negando el genocidio y los familiares de las víctimas siguen padeciendo un luto incompleto. Pero no sólo es la postura oficial del estado turco, sino que también es apoyada por la casi totalidad de la ciudadanía turca que se resiste a hablar de "genocidio", usando términos como "catástrofe" o "desastre". Usando un lenguaje que trata de eludir la responsabilidad del Estado turco como perpetrador, instigador y autor de los crímenes y violaciones contra más de un millón de personas con el fin de llevar a cabo una limpieza étnica para acabar con las reivindicaciones nacionalistas de la minoría armenia.

Los armenios son un viejo pueblo que ha preservado su historia y su cultura gracias a una diáspora que ha transmitido su identidad a través de varias generaciones familiares. Francia, EEUU, Líbano y Argentina son los núcleos más importantes de una comunidad repartida a nivel global, sin olvidar sus ancestros. La actual República de Armenia no tiene las fronteras ni la población que tenía antes del genocidio, pero es un elemento de estabilidad en una región muy sensible a los diversos movimientos "sísmicos" internacionales.

Cada 24 de abril se evoca en Armenia el "Día de la Conmemoración del Genocidio Armenio", donde cientos de miles de personas caminan hacia el monumento conmemorativo del genocidio, erigido en la colona de Tsitsenakaberd sobre el desfiladero de Hrazdan, en Erivan, la capital de Armenia, y donde depositan claveles o tulipanes rojos alrededor de la "llama eterna".
Esta evocación se repite con diversos actos en todas las comunidades dispersas por el mundo que conforman la "diáspora armenia".

"Armenia expira, pero renacerá.
La poca sangre que el queda es una sangre preciosa de la que nacerá una posteridad heroica.
Un pueblo que no quiere morir, no muere. Después de la victoria de nuestros ejércitos, que combaten por la libertad, los Aliados tienen deberes que cumplir. Y el más sagrado de estos deberes es devolver la vida a los pueblos mártires, a Bélgica, a Serbia. Entonces garantizaremos la seguridad y la independencia de Armenia. Inclinados sobre ellos le dirán:
¡Hermana, levántate! No sufras más.
Eres ya libre de vivir según tu genio y tu fe."
(Extracto del discurso pronunciado por Anatole France en el homenaje a Armenia el 9 de abril de 1916 en la sesión pública convocada por el decanato de la Sorbona).

lunes, 23 de abril de 2018

BIENVENIDOS AL INFIERNO

A cuenta del Caso Alsasua y azuzados por la amable visión que exportan algunos cuando pisan Madrid, a la prensa de extremo centro esta semana le ha dado por hablar de Navarra. Y no precisamente par bien. Por lo visto, el Apocalipsis ya esta aquí y ni nos hemos enterado. “En el Gobierno de Navarra está ETA”, decía en Antena 3 Eduardo Inda, que como es de Pamplona en las tertulias le toman en serio cuando dice estas cosas. “En el Gobierno de Navarra hay antiguos miembros de Herri Batasuna, que según la justicia formaba parte de ETA, así que en el Gobierno de Navarra está ETA”, soltó en el tío en una muestra del rigor con el que se ha analizado estos días la realidad de esta tierra, convertida por algunos en un lugar tan hostil e inhóspito que dan ganas de ir a vivir a donde el Estado Islámico.
Hay que entender que en Madrid las cosas se ven siempre con una perspectiva especial. Sobre todo desde ese búnker mediático que tanto mima últimamente al partido de Rivera, donde Rajoy es un pusilánime y Montoro un traidor al que cualquier día empuran por decir que en Cataluña no ha habido prevaricación. Y claro, a partir de ahí, Sánchez es un bolchevique, Iglesias un bolivariano y la mitad de los navarros medio terroristas. Y eso cuando están a buenas. Porque con el calentón de esta semana no se ha librado casi nadie.
Ni siquiera UPN, que según José María Carrascal viene a ser el culpable de todo. “UPN empezó marcando diferencias con España y ha terminado preso del nacionalismo vasco, con todo lo que ello significa de pérdida de identidad y aceptación de la violencia como arma secesionista legítima para ellos”, decía en un artículo a toda página en ABC, en el que se preguntaba incluso a ver “¿dónde ha quedado la nobleza navarra?”, que por lo visto somos todos unos bárbaros.
La serenata de Carrascal venía a cuenta de la presencia del Gobierno foral en la manifestación del pasado sábado. Así que a lo mejor el buen hombre se ha liado con las corbatas de colores y ha pensado que aquí sigue gobernando UPN. Que vete a saber lo que se puede llegar a imaginar uno si se cree lo que va contando por ahí Ana Beltrán, que ha engañado al PP para que simule en un vídeo que lo de Navarra es peor que lo de Cataluña. Como si el partido de Rajoy no tuviera ya pocos incendios que apagar como para inventarse otro nuevo.
El documento en cualquier caso no tiene desperdicio. “¿Preocupado por la situación de Cataluña? Pues escucha lo que pasa en Navarra”, reza una voz en modo Teletienda mientras se oyen gritos de Independencia y suena música de terror. Que ya de paso, podían haberle puesto la de Piratas del Caribe, que pega bastante más con los bucaneros de Génova 13. “Desde 2015 el Gobierno está en manos de la Izquierda Abertzale”, afirma el PP, que asegura que en Navarra “se está imponiendo un proceso de batasunización” que pasa por “imponer la ikurriña”, “imponer el euskera” e “imponer la anexión al País Vasco”. Venga, a ver si superas eso, Esparza.
El PP incluso pide “ayuda” a los españoles de bien para que “Navarra no deje de ser Navarra”, no vaya a ser que acabe con el máster de Cristina Cifuentes en el limbo de los objetivos desaparecidos. Algo que va a pasar tarde o temprano, y la culpa va a ser del PSOE. Que, según el ABC, “permite la consolidación de una política panvasquista contraria al espíritu y la letra de la constitución que actualizó los derechos forales”.
Porque eso, que además de ser una crítica al PSOE parece un aviso a navegantes, es “lo mismo” que está pasando “en Baleares con su presidenta socialista”, donde también “se están aplicando los protocolos de infestación nacionalista que tan buen resultado han producido para el separatismo”. Y para que no falte nadie a la fiesta, tienen su parte de culpa también UGT, CCOO y, por supuesto, Podemos. Cómo no.
“Gran parte de la izquierda española está dispuesta a defender sin límites la estrategia etarra sin armas”, denuncia Hermann Tertsch, analista de cabecera de los ideólogos de la derecha foral y española. Que si dice eso de los sindicatos, no es difícil imaginarse qué puede pensar de Uxue Barkos, foco central estos días de la ira del hooliganismo de pandereta. “Un Gobierno que apoya al terrorismo frente a la Guardia Civil debe ser inhabilitado. Los españoles pasarán algún día por encima de los partidos que permiten esto y acabarán con esta triste farsa”, proclama Tertsch en una llamada a su Cruzada particular.
La verdad es que a veces dan hasta miedo. Suerte que el susto se pasa cuando la exageración adquiere tintes grotescos. “Barcos quiere obligar a los niños navarros a hablar euskera hasta en el recreo”, afirma OKdiario. “Como todo nacionalista aspira, a convertirse en un dictador. Barkos está destrozando Navarra económica y socialmente. Ahora, ya, convertida en liberticida”, denuncia Carlos Cuesta. “640.000 navarros se ven obligados a escolarizar a sus hijos en otra lengua con grave perjuicio para su formación”, advierte Federico Jiménez Losantos, que no se refiere al inglés sino al euskera.
Hay incluso quien con la excusa del juicio le ha puesto nombre a nuestro particular Apocalipsis. “Alsasua no ha dejado de ser un pudridero que ha ido infectando a las autoridades navarras, en un proceso de burbuja tan específico que me atrevo a denominarlo como Síndrome de Alsasua”, afirma Maite Pagazaurtundua.
Otras, como Isabel San Sebastián, consideran que el problema es que la gente buena ha tenido que huir de Navarra, y que por eso ahora se pierden las elecciones. “Las fuerzas separatistas que han estado beneficiándose del terror etarra gobiernan el País Vasco y Navarra tras expulsar del censo de votantes a todo el que supusiese un obstáculo para sus planes”. Una opinión que parece compartir incluso El País, para quien el Caso Alsasua “refleja los modos de una sociedad intolerante secuestrada todavía por la xenofobia y el silencio cómplice”. En resumen, que los navarros son gente chunga y votan mal. Y que a ver qué es eso de presionar a la Justicia que ya sabemos que los de Alsasua son todos terroristas. Ponme otro chupito, anda.

Ibai Fernández, en Diario de Noticias

INTENTO DE INVOLUCIÓN EN NICARAGUA, BAJO EL FORMATO DE REVOLUCIÓN DE COLORES

Ya son varios días de manifestaciones violentas en la nación centroamericana. Tanto el perfil del mensaje político como el comportamiento de los medios, además del empleo de métodos insurreccionales de protesta y por la propia historia de un país ocupado e intervenido por Estados Unidos en distintas oportunidades, indican que estamos en la presencia de un nuevo intento de cambio de régimen bajo el formato de revolución de colores. Con respecto a los objetivos y su pragmática global, nada nuevo. Socavar la paz de Nicaragua y fabricar las condiciones internas para una etapa de acoso geopolítico, se dibujan como los propósitos inmediatos de la operación.

Insurgencia 2.0
Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, anunció el lunes 16 de abril una serie de reformas con el fin de aumentar los aportes de trabajadores y empleadores a la seguridad social; también informó sobre la creación de un tributo especial a las pensiones del 5%.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) fue la primera organización de peso en rechazar los anuncios debido a que generaba “incertidumbre” y limitaba la creación de empleos por parte del sector privado.
Que específicamente este sector haya sido el primer doliente debería decirnos bastante sobre el cuerpo de “demandas” e intereses que inicialmente promovieron las manifestaciones. Un evidente ejercicio de solidaridad de clase. El país todavía hasta ese día estaba en calma total.
Al día siguiente de la información de las reformas surgió una cuenta en Twitter llamada #SOSINSS, el nombre en sí genera dudas sobre la razón particular de vincular la señal internacional de socorro (recurso operativo típico de las revoluciones de colores en redes sociales) con el Instituto de Seguridad Social. Su propio curso de acciones disiparía todas las sospechas 24 horas después.
En principio moldearon el sentido político que promovería la agitación. Las publicaciones iniciales construían una narrativa de cohesión ciudadana frente a las reformas, que por medio de un tratamiento selectivo de los impactos, se colocaba en aparente confrontación con el Estado, razón por la cual tenía un sorpresivo sentido de urgencia salir a protestar.
Este relato configuró un esquema de apoyo público inicial en los sectores medios y bajos a los intereses de la clase empresarial que luego se ampliaría hacia los medios locales (El Confidencial, La Prensa, entre otros) y los internacionales (Reuters, BBC, El País, etc.).
Después saltaron a instrumento de movilización y convocatoria. Apartando cualquier responsabilidad, se volcaron como medios de difusión y convocatorias de “plantones” en edificios gubernamentales, y en específico en las sedes del INSS, los cuales se transformarían en los puntos de partida de un violencia callejera en ascenso. Ahora sí se entendía el uso propagandístico del #SOS. Los conatos de protesta iniciaban y la violencia escalada rápida pero focalmente.
El uso de esta cuenta parece haberle permitido a agitadores profesionales y sus nexos con capas de la criminalidad operar con flexibilidad en el terreno, suprimir la identificación con algún frente político ligado con la oposición nicaragüense y por ende con Estados Unidos, y camuflar bajo el ropaje de una acción ciudadana acciones de violencia extrema contra centros de salud, sedes de patrimonio cultural, centros de acopio y sitios gubernamentales. Ya el jueves y el viernes, el país estaba en tensión y trifulcas callejeras.
Los “plantones” no sólo fueron expandiéndose hacia varios puntos de la geografía nacional (en 8 departamentos aproximadamente), sino que fueron mutando progresivamente a cúmulos de violencia extrema donde resalta el uso de armas de fuego no convencionales para intensificar el choque con las fuerzas de seguridad, la alteración de la tranquilidad pública y la vialidad y el ataque armado contra distintos espacios públicos y la ejecución de saqueos a comercios.
La cuenta #SOSINSS, que ya había cumplido su papel como articulador de las protestas y convocante de primera línea en redes sociales, cambió su orden de prioridad hacia el control y direccionamiento del flujo informativo alrededor de los choques. Esto con el fin de glorificar la violencia, situar como víctimas a los actores que protagonizaban los choques con la fuerza pública y servir de fuente primaria para la prensa internacional, un aspecto fundamental en la posterior cartelización de cifras manipuladas en torno a los hechos.

Protestas marca USAID, criminalidad y el discurso del cambio de régimen
Como parte de la cartilla globalizada que describe una revolución de colores, las protestas en apariencia han sido ciudadanas, protagonizadas por los jóvenes y los sectores de la iglesia católica, antipolíticas (sin nexos con partidos tradicionales) y en principio con fines reivindicativos.
Lo que empezó con algunas manifestaciones dispersas en rechazo a las reformas del INSS, adquirió un esqueleto de movimiento ciudadano con vocación al choque callejero y la violencia armada, la clásica mutación de las revoluciones de color en busca de lograr mayores grados de confrontación que debiliten al Estado y lo coloquen en una situación defensiva.
En lo narrativo parece estar la intención de configurar un frente político (posmoderno) donde puedan articularse un conjunto de “demandas” gremiales prefabricadas por la USAID, lo que a su vez contribuye a reflotar la imagen de la oposición ampliando su base de apoyo político hacia “la juventud” y los “descontentos”. Es por esa razón que las protestas tienen un corte juvenil y universitario, son los extras que necesitan para desviar la atención de los grupos armados que inflingen los ataques más graves.
Porque el signo USAID en este nuevo intento de cambio de régimen en Nicaragua no sólo está en el profuso financiamiento que entrega a organizaciones políticas opositoras y ONGs locales, fondos que pudieron tener como destino probable el adiestramiento en tácticas de subversión y guerra urbana. Un total de 31 millones de dólares entregados nada más en 2016 han recibido bajo la cobertura de “Desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil”.
Eslogan que puede ser útil para promocionar foros y actividades académicas, pero también para dar asesoramiento en cómo enfrentar a las fuerzas de seguridad y hacer uso de bandas criminales con una presencia notoria en el país.
Este aspecto representa la porción más grande del financiamiento a estas organizaciones gestionado por la USAID en Nicaragua. Esta institución resalta públicamente que el dinero entregado tiene como finalidad desarrollar la gobernanza civil utilizando los medios de comunicación en el país centroamericano.
En nota del 16 de abril el portal Nicaleaks le daba rostro, nombre y apellido a los organizaciones financiadas que promovieron la violencia en las calles: “Esta mañana, los dirigentes de las ONG opositoras, como el Cenidh, CPDH, Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Hagamos Democracia, entre otros, así como grupos políticos (FAD, MRS, etc,.) y medios de comunicación como la misma Prensa y Confidencial, amanecieron con los brazos y bolsillos abiertos en espera que la USAID siga destinando dinero para eternizar el estatus de vida que llevan”.
En esa exposición de motivos se ubica la sustancia política marca USAID en el curso de las protestas violentas. Muestra de ello es el Departamento de Estado de EEUU, que para mantener un clima de tensión permanente en las relaciones de EEUU con Nicaragua, emplea una narrativa de promoción de la libertad de expresión, la democracia y de mayor participación de la sociedad civil como condiciones “naturales” que deben imperar, animando claramente a la oposición a socavar el gobierno de Ortega mediante el uso de los medios de comunicación y con manifestaciones violentas. La utilidad práctica de la “gobernanza” a la que se refiere la USAID.
Como si se tratara de una imagen pasando por una fotocopiadora, los primeros “plantones” que rechazaban las reformas del INSS mutaron hacia un movimiento insurreccional que justifica su existencia en las mismas demandas del Departamento de Estado, agregando por supuesto la agenda “anticorrupción” y la ausencia de libertad de expresión, que también provienen de la oferta de productos políticos de la USAID. De un reclamo en apariencia reivindicativo, la razón política de la movilización se trasladó hacia exigencias de cambio político.
Y es que detrás de esa neolengua presentada como escala de valores indispensable para cualquier sociedad (la democracia liberal, la libertad de expresión, etc.), que pasa por encima del contexto cultural y político de cada país, se camuflan los nuevos atributos del poder global: la ampliación de la zona de control y sometimiento sobre el cuerpo social, político, económico e institucional de la periferia, mediante el uso de estructuras privadas (ONGs, medios de comunicación, programas de cooperación económica privada, etc.) que pujen por subordinar desde adentro al Estado y a la sociedad a las preferencias del capital financiero transnacional.

Geopolítica: Canal Interoceánico, la Nica Act acelera los motores y el poder del “poder blando”
A diferencia de las protestas también violentas del año 2015, dirigidas a simular un escenario de rechazo generalizado al Canal Interoceánico, éstas de 2018 reflejan un cambio de naturaleza por un lado, y por otro, los frutos tangibles de los últimos años de financiamiento de la USAID: el adiestramiento y proliferación de los medios y las redes sociales en Nicaragua fueron armas utilizadas para alterar la estabilidad política del país, quizás por primera vez con ese nivel de eficacia, capacidad y resonancia.
En aquel momento fue el Movimiento de Renovación Sandinista, que buscaba perfilarse como una opción electoral seria para la oposición, la cara visible que organizó parte de las movilizaciones y asumió una pronunciada direccionalidad política.
Una realidad totalmente contraria a la luz de un movimiento de laboratorio que emergió de las redes sociales, que se organizó en la calle con agitadores con conexiones no visibles, adquirió un barniz juvenil y encontró su propia forma de oxigenarse empleando rumores y operaciones de propaganda para ablandar a las fuerzas de seguridad e inducir mayor inestabilidad.
Es así como se han agregado expresiones musicales juveniles y frentes de estudiantes universitarios como vanguardia ideológica y moral, y sobre todo como coberturas gremiales, de la operación de cambio de régimen. Sensibilizar a la opinión pública y utilizar las redes sociales para glorificar la violencia, toda vez que en el terreno los agentes criminales hacen el trabajo sucio, forma parte del manual global de las revoluciones de color. Nada nuevo, salvo la adaptación de sus fines en lo local.
En tanto método de laboratorio, sus objetivos son múltiples y no caminan siempre en una dirección lineal, sino adaptados a las condiciones y límites del Estado-víctima. Es por eso que las manifestaciones violentas no parecen tener un objetivo final en sí mismo, más bien podrían apuntar a generar condiciones de inestabilidad y “rechazo” interno con la suficiente resonancia para impulsar una operación de acoso geopolítico.
Por esa razón han concurrido a respaldar el choque violento en las calles y a tildar como “violenta” la contención de las manifestaciones, ONGs de la talla (por su presupuesto en dólares proveniente de EEUU, nada más) de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, ambas escoltadas por la Secretaría General de la OEA, la Unión Europea y los gobiernos de EUU y Costa Rica.
Por medio de esa persuasión se intenta estandarizar el tratamiento en torno a los choques callejeros, negando las propias coordenadas de la personalidad nicaragüense que asume la política con varios decibeles de intensidad, a su vez que glorifica como víctimas a los instigadores que dirigieron las manifestaciones a la violencia profesional.
Es probable que esta maniobra interna pueda servirle al Senado de los EEUU para acelerar la aprobación de la Nica Act, una ley dirigida a cerrar los canales de financiamiento del país en el sistema financiero internacional dominado por Washington. Según sus promotores, los senadores Marco Rubio, Bob Menendez, entre otros, la razón de su aplicación es la falta de elecciones libres, violaciones a la Ley, los derechos humanos y la corrupción del gobierno nicaragüense.
Ahora la oficialización del bloqueo financiero contra el país centroamericano podría venir bajo la excusa de defender a los manifestantes o para evitar una “mayor represión” por parte del sandinismo, haciendo uso de la ventaja comparativa que le da tener a la USAID como acto reflejo de la “sociedad civil” en “defensa de la democracia”.
“No voy a dejar de defender la democracia, eso es parte de nuestra política y seguirá siendo parte de nuestra política”: apoyándose esa misma premisa el embajador gringo Paul Trivelli se justificaba ante la prensa cuando, en 2006, ofrecía públicamente millones de dólares a todas las organizaciones que buscaran hacerle oposición, electoral o no, al gobierno de Daniel Ortega.
La capa fundamental de este nuevo intento de cambio de régimen en Nicaragua parece estar atravesado por una condición inalterable y sumamente conflictiva: su ubicación geográfica y el interés binacional entre Nicaragua y China por construir un Canal Interoceánico de 270 kilómetros que desplace al de Panamá como única arteria comercial entre los dos océanos.
La culminación y entrada en funcionamiento de este mega proyecto en el mediano plazo significaría una pérdida tangible en el control financiero y comercial de EEUU, lo que tendría implicaciones tanto en su posición de dominio sobre la región, como también en su estatus de rector comercial a nivel mundial, justo cuando emprende una guerra financiera de larga duración contra China.
Lo que se está jugando EEUU en Nicaragua es fundamentalmente la ventaja geoestratégica que desde principios de siglo XX le ha dado el Canal de Panamá. Y la urgencia geopolítica por impedir que el proyecto avance tiene su medida en el financiamiento entregado a la oposición durante años y la sobredosis de violencia armada en los últimos días. Es indispensable para ellos un cambio de gobierno en Nicaragua para colocar una nueva administración que desista del Canal Interoceánico.
No en balde uno de los ganchos narrativos de las manifestaciones es la oposición férrea al proyecto, un aval político prefabricado pero no por eso menos útil para que la Nica Act cierre los grifos de financiamiento hacia el Canal.
Lo atestiguamos en la Primavera Árabe, durante el Maidán ucraniano, en el marco de la protestas en Brasil, y en 2014 y 2017 específicamente en Venezuela: las operaciones de cambio de régimen no culminan cuando lo hacen las protestas, sino que mutan y asimilan un conjunto de frentes que le dan una continuidad más agresiva desde el poder formal.
Lo ocurrido en los últimos días puede ser instrumentado para dar forma a sanciones económicas, complicar el posicionamiento diplomático del país y desmovilizar los objetivos políticos prioritarios del gobierno de Daniel Ortega mediante el acoso foráneo. Y ese es el cálculo inicial de fabricar una primavera a la nicaragüense adaptada a las capas de criminalidad y crimen organizado que tienen vida en el país y que pueden ser empleados si la agenda política propuesta se presenta como rentable. Habla también de esa capacidad de adaptación el rol de agitadores en el terreno que han tenido sectores de la iglesia católica.
Mientras esta etapa germinal va agarrando una tonalidad más sobresaliente, los medios locales e internacionales ya cometieron sus respectivos crímenes elevando la cifra de muertes a 10, cuando en realidad murieron cinco -entre ellos un efectivo policial y el periodista del Canal 6, Ángel Gahona- para luego trasladar la responsabilidad de todos los hechos al gobierno de Daniel Ortega mientras se finge demencia por los daños humanos y materiales generados por los grupos violentos. Ninguna de las víctimas participaba en las protestas.
La fábrica globalizada de fake news se pone a prueba en Nicaragua y al servicio de grupos armados profesionales que ejecutan actos de violencia extrema. Y la siguiente maniobra de los medios está en pleno desarrollo: crear un mártir que evite una desmovilización de la violencia y otorgue una carga simbólica para mantener la agenda a flote en caso de un reflujo. Pareciera que Ángel Gahona cumple con las características necesarias en medio de la urgencia por una muerte política que le dé cuerpo físico a la confrontación.
La clase empresarial por su parte hace suya la violencia en las calles y opera en función de lograr una concesión del gobierno que luego sea vendida como una “victoria del pueblo”. Esto nos deja una fotografía lo bastante nítida para describir la técnica política del golpe blando y/o revolución de colores. Parafraseando: no se busca la caída del régimen por métodos directos, sino a partir del uso de las herramientas culturales, tecnológicas y políticas de la globalización, así como su propio discurso reinvindicativo, para provocar un cambio político que no tenga las huellas de un poder extranjero.
Lo sabemos en Venezuela, donde una exigencia reivindicativa (“referendo revocatorio”, “elecciones generales”, etc.) es utilizada como una demanda inalcanzable, pues todo se trata de encubrir bajo un reclamo vestido de ciudadano una agenda de violencia interna y cerco internacional y financiero promovida por Washington. Desde el año 2002.
“Un Estado y una política que no los deja constituirse como ciudadanos y un mercado que no les permite realizarse como consumidores (…) y si pudieran emigrar para mejorar sus condiciones de vida, lo harían”: esto dice una nota publicada en el medio local El Confidencial, quien ha intentado manufacturar un carácter juvenil de las protestas. Más que una acotación al aire, es quizás una demostración de que la política marca USAID tiene una capa social dónde calar culturalmente, pues cobran políticamente las crisis existenciales de la juventud emergente y globalizada, únicamente preocupada por el desarrollo de su “talento individual”, y acomodarse en un lugar de “éxito” dentro de la sociedad de consumo global.
Es la vía del poder blando por donde avanzan los rasgos más distintivos de la destrucción de la conciencia nacional, de su cuerpo social y ético, el sandinismo y el chavismo bajo la misma zona de peligro en lo cultural.
Otro desagradable guiño con Venezuela, por cierto, donde la base opositora (centrada en la clase media) que también fue víctima de la revolución de colores, hoy se debate entre irse del país, pedir una intervención extranjera a gritos o frustrarse a sí misma absteniéndose en las próximas elecciones presidenciales. Todo ese peso mientras siente en carne viva los daños económicos de la agenda posterior que resultó de las convocatorias de movilización y “plantones” que ella respaldó.
Traumas sociales que quedan sin resolver, toda vez que también sirve un activo político para un poder global igual de demente.
El porcentaje de poblaciones de acceso a Internet en el país centroamericano roza apenas el 19%; quedará esperar a ver si más allá de las redes sociales la grieta que dibujan los medios es tal, o si su alcance ya es suficiente para que opere el poder que de verdad financió la violencia.

William Serafino, en Misión Verdad

sábado, 21 de abril de 2018

¿POR QUÉ MONTORO SE ENFRENTA A LLARENA? EL PNV PUEDE SABERLO

El dato más extraordinario del caótico panorama político español es el enfrentamiento sin cuartel que en estos momentos libran el ministro de Hacienda y el juez del Tribunal Supremo que instruye el caso del 1 de octubre contra los dirigentes del independentismo catalán. Y es excepcional no solo porque no tiene precedente alguno, sino también porque puede llevar nada más y nada menos que a la puesta en libertad de Carles Puigdemont en Alemania y, en consecuencia, a un cambio sustancial de la situación jurídica de sus compañeros encarcelados.
Un movimiento tan importante como ese tiene necesariamente que responder a motivaciones de gran calado. Y estas han de buscarse en el contexto político. Aunque algunos han dicho que Montoro podría estar actuando por su cuenta, esa hipótesis no es muy creíble. El ministro de Hacienda no se habría atrevido a desafiar al Tribunal Supremo si no contara con el beneplácito del su superior jerárquico, el presidente del Gobierno. Y el hecho de que hace algunas semanas el propio Mariano Rajoy dijera lo mismo que ahora asegura su ministro, esto es, que el Govern de Puigdemont no utilizó un solo euro del presupuesto catalán para financiar el referéndum del 1 de octubre, confirmaría que la iniciativa de Montoro no es precisamente individual y caprichosa.
En principio, el ministro únicamente defiende su gestión. Desde el pasado 15 de septiembre tenía el encargo expreso de controlar las cuentas de la Generalitat justamente para evitar que esta desviara fondos para financiar el referéndum. Y cuenta con los informes de su poderoso aparato de investigación fiscal para asegurar que él ha cumplido rigurosamente con ese compromiso. El juez Pablo Llarena se basa en cambio en las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, que concluyen, por el contrario, que el Govern malversó casi dos millones de euros en los gastos necesarios para llevar a cabo la consulta popular.
Con los datos disponibles es imposible saber cuál de las dos fuentes acierta. La posibilidad, además, de que se utilizara la ingeniería financiera, vía facturas falsas, por ejemplo, lo hace aún más difícil, al tiempo que esta debilitaría la acusación, porque sería bastante más complicado probarla. En todo caso, distintas fuentes jurídicas han asegurado que es justamente al ministerio de Hacienda y no a la Guardia Civil al que los jueces recurren cuando tienen dudas de este tipo. Porque tiene toda la información, es la última palabra.
Montoro caminaría, pues, sobre seguro. Pero, ¿por qué ha hecho valer sus argumentos sólo hace una semana, cuando el juez Llarena había formulado hace sus meses su acusación de malversación contra los dirigentes independentistas sobre la base de los informes de la Guardia Civil y la había ratificado también hace meses en sus sucesivas euro-órdenes de detención de los que habían huido al extranjero? ¿Por qué solo ahora, cuando el Tribunal de Schleswig Holstein está a punto de pronunciarse sobre esa materia en lo relativo a Puigdemont, tras haber desechado, al menos en principio, el delito de rebelión? ¿Es porque ha sentido de repente la necesidad de defender su buena gestión o por otros motivos?
La decisión del Partido Nacionalista Vasco de no apoyar las enmiendas a la totalidad del presupuesto para 2018 puede aportar alguna luz en ese misterio. Sobre todo por la declaración que la ha acompañado este jueves. En ella se dice que el PNV quiere así conceder “una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo político en el Estado español y en Catalunya, así como a la restauración de un Govern legítimo”. Añaden que su iniciativa es “la mejor para propiciar la desactivación a la mayor brevedad posible del artículo 155”. Y concluye que el anuncio llega después de que los dirigentes vascos hayan mantenido en los últimos días “contactos con diversos actores políticos, incluidos dirigentes de las formaciones independentistas catalanas”.
Con otras palabras: el PNV está diciendo que, finalmente, hay una negociación en curso sobre la crisis catalana. La primera que se anuncia oficialmente. Y la sustancia de la misma es que los nacionalistas apoyarán los presupuestos de Rajoy. Con algo a cambio que, sin embargo, no figura en el citado texto: que se modifique la situación de los dirigentes independentistas encarcelados o en el exilio. Es solo una hipótesis, pero cuadraría perfectamente con la contestación de Montoro al juez Llarena. Y, además, podría contar con el beneplácito de “dirigentes independentistas catalanes”.
En definitiva, y todo a una velocidad de vértigo porque los plazos acucian en los diversos escenarios del contencioso, el Parlament investiría a un nuevo president a cambio de la seguridad de que Puigdemont será exculpado y de que a los presos y exiliados se les abrirá esa misma puerta a medio plazo. Y se desactivaría el 155. Por su parte, Rajoy tendría un presupuesto y casi dos años más en el poder. Tal resultado merecería hacerle un feo al juez Llarena y más con lo negro que lo tiene que el PP por culpa del escándalo Cifuentes. Porque sin presupuesto, una moción de censura podría ponerse encima de la mesa en pocas semanas. Y si tuviera lugar provocaría que las elecciones generales se celebraran incluso antes que las municipales y autonómicas. Pedro Sánchez acaba de decir que no desdeña esa eventualidad.
Es solo una hipótesis. Pero una reflexión adicional puede avalarla. La de que Rajoy no tiene posibilidad alguna de maniobra si no intenta algo totalmente distinto de lo que ha hecho hasta ahora, que es lo mismo que nada. Hundiéndose en los sondeos, enfrentado con todos los demás partidos, denostado por la mayoría de la ciudadanía, sólo puede intentar sobrevivir eliminando de la escena a Cristina Cifuentes y aceptando las condiciones que el PNV le ponga para aprobar el presupuesto. Hay demasiadas incógnitas y actores en juego, entre ellos el juez Llarena, como para estar seguros de que la cosa va a salir. Veremos qué pasa.

Carlos Elordi, en eldiario.es

jueves, 19 de abril de 2018

DECLARACIÓN DE ETA AL PUEBLO VASCO SOBRE EL DAÑO CAUSADO

ETA, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, quiere reconocer mediante esta declaración el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada, así como mostrar su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición.

En estas décadas se ha padecido mucho en nuestro pueblo: muertos, heridos, torturados, secuestrados o personas que se han visto obligadas a huir al extranjero. Un sufrimiento desmedido. ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor, y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo, pues hace ya mucho que este conflicto político e histórico debía contar con una solución democrática justa. De hecho, el sufrimiento imperaba antes de que naciera ETA, y ha continuado después de que ETA haya abandonado la lucha armada. Las generaciones posteriores al bombardeo de Gernika heredamos aquella violencia y aquel lamento, y nos corresponde a nosotros y nosotras que las generaciones venideras recojan otro futuro.

Somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras.

A consecuencia de errores o de decisiones erróneas, ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto, tanto en Euskal Herria como fuera de ella. Sabemos que, obligados por las necesidades de todo tipo de la lucha armada, nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna. También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás. A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Estas palabras no solucionarán lo sucedido, ni mitigarán tanto dolor. Lo decimos con respeto, sin querer provocar de nuevo aflicción alguna.

Entendemos que muchos consideren y expresen que nuestra actuación ha sido inaceptable e injusta, y lo respetamos, pues a nadie se le puede forzar a decir lo que no piensa o siente. Para otros muchos también han sido totalmente injustas, pese a utilizar el disfraz de la ley, las acciones de las fuerzas del Estado y de las fuerzas autonomistas que han actuado conjuntamente, y tampoco esos ciudadanos y ciudadanas merecen ser humillados. De lo contrario, deberíamos interpretar que ha existido un daño justo que merece aplauso. ETA, en cambio, tiene otra posición: ojalá nada de eso hubiese ocurrido, ojalá la libertad y la paz hubiesen echado raíces en Euskal Herria hace mucho tiempo.

Nadie puede cambiar el pasado, pero una de las cosas más perjudiciales que se podría hacer ahora sería intentar desfigurarlo o ocultar determinados episodios. Reconozcamos todos la responsabilidad contraída y el daño causado. Pese a no tener ni el mismo punto de vista ni los mismos sentimientos, todos deberíamos reconocer, con respeto, el sufrimiento padecido por los demás. Eso es lo que quiere expresar ETA.

Precisamente de cara al futuro, la reconciliación es una de las tareas a llevar a cabo en Euskal Herria, algo que en su medida se está produciendo con honestidad entre la ciudadanía. Es un ejercicio necesario para conocer la verdad de modo constructivo, cerrar heridas y construir garantías para que ese sufrimiento no vuelva a suceder. Dando una solución democrática al conflicto político se podrá construir la paz y lograr la libertad en Euskal Herria. Para apagar definitivamente las llamas de Gernika.

LA JUSTICIA ESPAÑOLA Y LA AUDIENCIA NACIONAL

Los jueces. El caso Altsasu no es la consecuencia solo de una legislación antiterrorista. Toca también la cuestión de los jueces. De forma simplista y para entender determinadas situaciones, suelo decir que no hay administración de justicia sino jueces que administran la Justicia, cada juez con su contexto personal e ideología. Por circunstancias histórico-culturales, entre ellas la masacre de la guerra de 1936 y su posguerra y la campaña de limpieza ideológico-cultural de los cuarenta años de franquismo, la mayoría sociológica española hoy es conservadora y, en el tema vasco y en el tema catalán, reaccionaria. Esta mayoría se encuentra igualmente presente entre los jueces y fiscales. Una muestra de ello nos la ofrece la cifra de miembros de cada una de las cinco asociaciones de jueces y de cada una de las tres asociaciones de fiscales. La Asociación Profesional de la Magistratura es en número de jueces la mayor de las asociaciones, supera en más del doble a la que le sigue y su ideología se suele identificar con la del PP (dicho en Wikipedia). E incluso en la minoritaria asociación progresista de Jueces para la Democracia, los jueces que son progresistas en los temas vasco y catalán son a su vez minoría dentro de dicha asociación. Precisamente, el procés ha revelado divergencias en el seno de Jueces para la Democracia que motivaron la salida de un grupo de jueces catalanes y la creación por los mismos de Agora Judicial, nueva asociación a la que es de desear toda clase de parabienes.

La Audiencia Nacional. Ciertamente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es el órgano en el que se produce una mayor concentración y radicalismo del sector judicial conservador. En el caso de Altsasu, como en otros, la Audiencia Nacional está aplicando la legislación antiterrorista con un criterio más represivo que el pretendido por el legislador antiterrorista. O, al menos, con un criterio tan intensamente represivo como el querido por el legislador, lo que ya es decir. Pero el peso de la mayoría conservadora es patente en el funcionamiento del conjunto de la organización judicial, sobre todo en sus órganos más altos. Un ejemplo son las resoluciones, sobradamente conocidas, del magistrado Pablo Llarena Conde, juez instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso Puigdemont y otros altos cargos de la Generalitat. No es causalidad que el magistrado Llarena ostentara la presidencia de la Asociación Profesional de la Magistratura en el periodo 2013 a 2015. Y que en las apelaciones relativas al caso Puigdemont y cargos de la Generalitat, la Sala Segunda del Tribunal Supremo está apoyando, de todas todas, las resoluciones de Llarena. Que la justicia es independiente quiere decir que Rajoy no telefonea a este o a aquel juez; pero el teléfono sobra cuando el problema es que este juez piensa igual que Rajoy.

En un artículo publicado en un periódico de ámbito vasco, en enero de 2015, el catedrático de derecho internacional privado Juan José Álvarez, manifestaba: «En ningún país europeo existe un tribunal de excepción semejante a la Audiencia Nacional. En otros países que han vivido fenómenos de terrorismo (…) se excluye a la institución del jurado de la competencia (…) de tales delitos, pero se atribuye la competencia a juzgados ordinarios, sin necesidad de crear tribunales centrales». Y tras un claro razonamiento concluía: «la normalización democrática ganará en credibilidad cuando se dé el paso, tan necesario (…), de desmantelamiento de un tribunal de excepción (la Audiencia Nacional) que representa una anomalía democrática».

En abril de 2016, en un debate sobre la Audiencia Nacional de ETB2 en el que interviene el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juan Calparsoro, los abogados Boye de Madrid y Castells de aquí, un profesor de derecho procesal de la Universidad de Deusto y el periodista Yoldi de Madrid, todos salvo el periodista, o sea todos los juristas, se pronuncian fundamentadamente a favor de la clausura de la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional. También Margarita Robles Fernández, magistrada, diputada del PSOE y en la actualidad portavoz del grupo en el Congreso, se mostró, en entrevista grabada por la misma televisión, contraria a la existencia actual de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La asociación Jueces para la Democracia, aunque no se ha pronunciado oficialmente, revela, a través de los artículos publicados en su revista, una opinión generalizada de que las competencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deben ejercerse por los jueces naturales, que son los jueces y tribunales de los territorios en los que se ha cometido el hecho que se juzga. Y entre los jueces que han expresado dicha opinión en la revista, algunos han sido magistrados de los altos Tribunales. Creemos que la idea de la sinrazón o mejor dicho contra razón jurídica de la Audiencia Nacional se encuentra extendida, aunque absolutamente carente de coordinación, en los ambientes jurídicos.

Pero para comprender por qué existe la Audiencia Nacional, hay que mirar para atrás. La Audiencia Nacional se crea a través de tres decretos dictados el mismo día 4 de enero de 1977, a saber: El Decreto 1/77, que crea la Audiencia Nacional, el Decreto 2/77, que suprime el TOP (Tribunal de Orden Público), y el Decreto 3/77 que transfiere a la Audiencia Nacional toda la competencia en la materia llamada de terrorismo y alguna más. De este modo y sin solución de continuidad se crea la Audiencia Nacional, se extingue el TOP y pasan a aquella las competencias y función de este y también las que desempeñaban en la represión política los Consejos de Guerra. Y los funcionarios del TOP que lo desean siguen en la Audiencia Nacional. Por ejemplo R. Gómez Chaparro del Juzgado de Instrucción de Orden Público adscrito al TOP pasa a ser titular del Juzgado Central nº 1 de la Audiencia Nacional.

Pero el origen franquista de la Audiencia Nacional va más allá. Arranca de una serie de anteproyectos el primero de los cuales se redacta en 1967, bajo el ministro de Justicia Antonio Mª Oriol Urquijo. Los anteproyectos denominaban al órgano judicial proyectado Tribunal Central de lo Penal, aunque ya uno de ellos le llama “Audiencia Nacional”. Fruto de estos anteproyectos fue La Ley de Bases de la Justicia, sancionada y, en el BOE de 30.11.1974, promulgada por Francisco Franco. Sus bases 7ª y 9ª contemplan la creación del Tribunal Central de lo Penal que previéndose, en aquella fecha, como una actualización del TOP franquista, devino a posteriori el antecedente directo y condicionante de la Audiencia Nacional del régimen hoy vigente. El primer presidente de la Audiencia Nacional fue Rafael Mendizabal Allende, que posteriormente fue magistrado de los Tribunales Supremo y Constitucional y Juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mendizabal había sido procurador en Cortes designado por Franco y se autoatribuye la paternidad de la idea, ya en los años sesenta, de crear la Audiencia Nacional.

En Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Portugal, existen leyes especiales para el terrorismo; pero la función de juzgar el hecho reprochado la desempeñan jueces naturales y no especiales. La disolución de la Audiencia Nacional, permítasenos aplicarle la expresión analógica de búnquer judicial, será un primer paso, necesario e importante en el camino hacia un sistema judicial que nos aproxime al resto de Europa.

Patxi Zabaleta y Miguel Castells, en GARA y Grupo Noticias

KOLDO MARTÍNEZ A ENRIQUE GOÑI: "¿QUÉ PASÓ CON LA CAJA DE LOS NAVARROS Y LAS NAVARRAS?

¿Reconoce Sr. Goñi estas palabras suyas del pasado 28/02/2018 en el Congreso de los Diputados en respuesta al diputado Sr. Matute?
“Mire, subidas de sueldos. ¡Pero si es que está explicado hasta en los papeles de la UDEF! Cuando yo llego a Caja Navarra digo que quiero el mismo sueldo que tenía el anterior director, exactamente el mismo. Lo que ocurre es que en el anterior equipo tenían la costumbre de tener un sueldo más dietas de sociedades participadas; con lo cual, el sueldo efectivo era menos transparente y muy superior. Y yo lo que hice fue decir no, el mismo sueldo es el mismo sueldo, pero las dietas las cobra la caja y mi salario es transparente. Y usted se ha referido a un salto… Mire, yo tuve un seguro de fidelización, y por eso se produce un salto… ¡Si está explicado, señor Matute, está explicado! No, no, yo no me he subido diez veces el sueldo. En todo caso, yo jamás he tenido atribuciones sobre mi sueldo. Para eso existía una Comisión de nombramientos y retribuciones.”

Y, claro Sr. Goñi, hemos ido a las fuentes que Ud. cita para conocer lo que cobraba en CAN; por cierto uno de los secretos mejor guardados estos años. 
¿Reconoce Sr. Goñi que cuando se incorporó al Grupo CAN en 2001 cobró de Corporación CAN y de 6 sociedades relacionadas con CAN un total de 171.857,78€, de los que sólo de Corporación CAN eran 146.526,79€?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2002 cobró de CAN y de 16 sociedades relacionadas con CAN un total de 344.735,24€, de los que sólo de CAN eran 216.154€?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2003 cobró de CAN y de 17 sociedades relacionadas con CAN un total de 389.664,40€, de los que sólo de CAN eran 230.941,10€?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2004 cobró de CAN y de 10 sociedades relacionadas con CAN un total de 534.635,50€, de los que sólo de CAN eran 430.423€?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2005 cobró de CAN y de 5 sociedades relacionadas con CAN un total de 563.078,18€, de los que sólo de CAN eran 486.972,11€?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2006 cobró de CAN y de 3 sociedades relacionadas con CAN un total de 690.549,29€, de los que sólo de CAN eran 675.193,22€?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2007 cobró de CAN y de 2 sociedades relacionadas con CAN un total de 701.067,79€, de los que sólo de CAN eran 693.454,89€?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2008 cobró de CAN y del resto de sociedades relacionadas con CAN (1) un total de 727.205,28€, de los que sólo de CAN eran 722.589,9€?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2009 cobró de CAN y del resto de sociedades relacionadas con CAN (1) un total de 735.796,85€, de los que sólo de CAN eran 732.719,93€?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2010 cobró de CAN 1,657.584,67€, de Banca Cívica 200.842,08€ y de CECA 9.230,76€, con un total de 1,867.657,51?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2011 cobró de CAN 450.135,13€, de Banca Cívica 763.119,48€, y de CECA 12.302,68€, sumando un total de 1,225.562,29€?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2012 cobró de Banca Cívica 356.348,83€, de Criteria Caixaholding 143.302,79€, de Caixabank S.A. 10.125,00€, y de CECA 3.072,94€, sumando un total de 512.849,56€?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2013 cobró de Criteria Caixaholding un total de 580.212,81€?
¿Reconoce Sr. Goñi que en 2014 cobró de Servihabitat XXI, S.A.U (empresa de Caixabank) un total de 603.423,65€?

Desconocemos los ingresos en CAN de sus predecesores en su cargo, Sr. Goñi. Pero ¿Qué pueden pensar al comparar estas cifras con las de ellos, y sus afirmaciones en el Congreso que acabamos de reproducir? Desde luego, Sr. Goñi, sí que sus ingresos desde que se incorpora al grupo CAN en 2001 hasta 2010 se multiplican por 10,86…

¿Ha cobrado Ud. algún bono de fidelización? ¿En qué consistía? ¿Lo llegó a cobrar alguien más en CAN o Banca Cívica?
. ¿Es consciente Sr. Goñi de que sus ingresos personales en CAN entre 2001, cuando ud. se incorpora, y 2010 (integración en Banca Cívica), se incrementaron en 10,86 veces?
¿Es consciente Sr. Goñi de que esta multiplicación por 10,86 de sus ingresos personales se produjeron en unos años que coincidieron con el deterioro de la CAN, con la bajada de su Coeficiente de Solvencia y de su Ratio de Eficiencia, y con la bajada de resultados por actividades ordinarias de la Caja?
¿Es consciente Sr. Goñi de que en 2008 ya había multiplicado por 4 sus ingresos con respecto a cuando se incorporó, y fue el primer año de la historia de CAN en que hubo pérdidas por la actividad ordinaria de la Caja?
En sus contratos con CAN, y en lo referente a sus ingresos, tenía reconocida una parte fija de sus emolumentos y una “parte variable”
¿Qué parámetros u objetivos empresariales determinaban que Ud. cobrara esa “parte variable”?
¿Influía la Cuenta de Resultados en su “parte variable”? Y si es así, ¿Es consciente Sr. Goñi de que Ud. es el primer Director General de CAN que ha recurrido sistemáticamente a los “atípicos” en una parte sustancial de los Resultados, incluso en año de pérdidas por la actividad ordinaria, y que pudiera haber repercutido positivamente en su “parte variable”? ¿Es así, Sr. Goñi?.

¿Qué puede pensar la sociedad navarra? 

¿En qué tipo de empresa se puede cobrar cada vez más cuando los indicadores principales de la empresa administrada son cada vez peores? 
¿Qué tipo de control y tutela sobre sus ingresos hizo la Comisión de Control, el Gobierno de Navarra, y el Presidente de Caja y Gobierno Miguel Sanz?

¿Qué valor tenía Banca Cívica cuando es comprada por Caixabank? Créame Sr Goñi que su respuesta el pasado viernes me impresionó por la crudeza con la que respondió, diferenciando entre lo que vale y lo que se paga. Decía UD: 
“Si Ud. vende una casa con hipoteca habrá que valorarla y el precio es el total incluida su hipoteca: 977M de FROP en Preferentes + 900 M€ en acciones + parte de los intereses 2º año 85 M€ + 903 M€ de 47.000 preferentistas + sus cupones+… Ah ¿Quién pone los 3.280M de los Guindos? ¿los pone Banca Cívica? La Bca española fue rescatada. Si yo vendo mi casa y hay termitas (y las termitas son los Guindos), el que la compra tiene que valorar. Como mínimo éste era el precio de salida. Era prácticamente imposible seguir como Banca Cívica   Los que no hicieron lo que hizo Banca Cívica fueron rescatados”
El relato resulta estremecedor, Sr Goñi, y coincide con el Acta de Caixabank, pero falta otro párrafo de ese Acta que es más estremecedor:
125.- ¿Qué puede pensar la sociedad navarra al conocer que la valoración que Caixabank hace de los fondos propios de Banca Cívica en el momento de la absorción es de 0 €? 

Le puedo leer el párrafo completo: “Como consecuencia del resultado de esta due diligence, continúa el Vicepresidente y Consejero Delegado, el valor teórico contable, que a 31 de Diciembre era de 2.735 millones, se reduce en el déficit de provisiones netas que importa 2.373 millones y quedan unos fondos propios ajustados de 363 millones. Pero, añade, el coste de la reestructuración a realizar por Banca Cívica antes de la integración asciende a 363 millones, por lo que la estimación de los fondos propios de Banca Cívica que se incorporarían es 0”.  (Página 6)

Repito, Sr. Goñi: “los fondos propios de Banca Cívica que se incorporarían es 0”.  Impresionante ¿No cree?