viernes, 30 de marzo de 2018

ACCIÓN Y REACCIÓN

Desde hace unos meses el elemento más visible de la situación catalana es la crisis del independentismo, que se muestra incapaz para dar una respuesta eficaz a las limitaciones impuestas por el Supremo y el Constitucional al proceso de investidura.

Tras los intentos fallidos de Puigdemont y Jordi Sánchez, el independentismo no tenía más que dos opciones. Una, presentar un candidato, incurso en proceso judicial, pero en situación de abordar presencialmente la investidura. La otra, inclinarse por un candidato limpio.

La decisión de optar por Turull encendió las alarmas en los poderes del Estado, pues no podían permitir que un encausado por rebelión pudiese ser nombrado president. Ello provocó el adelanto in extremis del auto de procesamiento y el ingreso en prisión del candidato. Los únicos que podían neutralizar esta estrategia eran los cuatro diputados de la CUP. Sin embargo, incomprensiblemente optaron por la abstención, malográndose la investidura.

La estrategia de Llarena, más política que procesal, había funcionado. Para la satisfacción plena sólo restaba añadir al ingreso en prisión de los encausados la detención de Puigdemont, extremo que se cumplió el domingo en Alemania. Sin embargo, nada garantiza que la operación planeada para derrotar al independentismo irredento termine según lo previsto. Puede salir el tiro por la culata.

El acoso  judicial y policial está teniendo su reacción en importantes sectores, tanto internos como internacionales, que muestran su rechazo a esta estrategia de reducir toda la dimensión del problema a una cuestión criminal. Ahora mismo, Cataluña está más presente que nunca en el ámbito internacional, no por un asunto de delincuentes sino como ejemplo de un problema político nefastamente tratado por el Estado español.

Llaman la atención los editoriales de esta semana de los diarios "The Times" y "The New York Times", donde en el primero se afirma que "Madrid necesita comenzar a hablar con sus oponentes y dejar de buscarlos en la cárcel" y en el segundo se sugiere a Alemania contribuir con un gesto conciliador con Cataluña para "calmar una confrontación que ha ido demasiado lejos". También hay que destacar el requerimiento efectuado a España por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para "tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos".

Se han producido reacciones en la sociedad catalana como la creación de la plataforma "Espacio Democracia y Convivencia" que agrupa a decenas de entidades sociales y a CC.OO. y a UGT, con la pretensión de luchar por la libertad de los políticos presos. El propio Sindic, nuestro Ararteko, ha reprochado al TC haber convertido en delito el referéndum.

Tenemos también la situación que se le podría crear a España si Alemania rechaza la petición de entrega de Puigdemont. Una hipótesis nada descartable a la luz de lo que se establece en el auto de procesamiento, pues en el mismo se afirma que la rebelión prevista en el Código Penal contempla actuar "violentamente" como acción distinta a actuar "con violencia". Una distinción jurídica que no tiene plasmación en el Código Penal ni en la doctrina jurisprudencial. Esta interpretación, fabricada "exnovo" puede servir para el enjuiciamiento en España, si tal doctrina la confirma en su día el Constitucional, pero puede ser letal para la pretensión de entrega del detenido, pues en el Código Penal alemán se condena la alta traición por actuar "con violencia o por medio de amenaza con violencia". Si Puigdemont, según Llarena, no actuó con violencia sino violentamente, podría encontrarse España con la negativa alemana; pues ésta sólo podría autorizar la entrega por rebelión si en los hechos enjuiciados hay acción "con violencia". Si la justicia alemana dice que no, en ese mismo instante se acabó la credibilidad internacional e interna del caso contra Puigdemont y el resto de los procesados.

Xabier Gurrutxaga, en el Diario Vasco

jueves, 29 de marzo de 2018

UPN MANIPULA LOS DATOS DEL EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EN LA MANCOMUNIDAD DE PERALTA, FALCES, FUNES Y MARCILLA

UPN ha preguntado al vicepresidente Laparra cuáles son los motivos por los que distintas entidades locales se han visto perjudicadas en la resolución de la convocatoria del Programa de Empleo Social Protegido, “sufriendo un recorte importante en la financiación y el número de meses que tienen para contratar a personas en situación de exclusión social”. 

Los regionalistas se han referido, por ejemplo, al caso de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Peralta, que engloba los municipios de Peralta, Falces, Funes y Marcilla, y que “ha sufrido un recorte de un 26%, habiéndosele concedido este año un total de 79 meses de empleo frente a los 107 que se le concedieron en 2017”.

Ante estas dudas de UPN, os ofrecemos información detallada con información facilitada por los servicios técnicos, tanto de la Mancomunidad de servicios sociales de Peralta, Marcilla, Funes y Falces, como del propio Departamento de Derechos Sociales de Navarra.
Financiación y meses, Empleo social protegido Mancomunidad de Servicios Sociales de Peralta, Marcilla, Funes, Falces , concedido por Gobierno de Navarra.

Concedido € Concedido meses
Año 2013   57.851,09€ 38 Gobierno UPN
Año 2014   52.375,52€ 35 
Año 2015   69.124,54€ 45 
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Año 2016 218.995,50€ 144 Gobierno actual
Año 2017 171.870,54€ 107
Año 2018 133.412,95€ 79


Los datos hablan por sí solos, UPN utiliza la información de forma sesgada para criticar la gestión del Gobierno y la de la Mancomunidad de Servicios. Hablan de un recorte importante con respecto al año pasado y obvian por ejemplo:

1- Que el actual Gobierno ha destinado en estos tres años 524.278,99 €, para empleo social protegido en la Mancomunidad de Peralta, Marcilla, Funes y Falces, frente a los 179.351.15€ destinados por el Gobierno ostentado por UPN, en los últimos tres años de la legislatura pasada. Es decir, en un período similar, el actual Gobierno ha triplicado los recursos destinados a empleo social protegido en nuestra Mancomunidad de servicios sociales.

2- La partida destinada para Empleo social protegido por el Gobierno de Navarra en el año 2018 ha sido de 6.000.000 €, la misma cantidad que la destinada en el año 2017, por lo tanto ningún recorte, aunque se quiera hacer ver que si hay recorte. El recorte el que UPN hizo en los años anteriores.

3- El que este año la Mancomunidad haya recibido menos importe tiene que ver con el cambio en las bases de la convocatoria. Desde Gobierno de Navarra consideraron, y así lo hicieron saber en la reunión que mantuvieron con los responsables políticos de la zona en enero de 2018, que la distribución de los recursos debe tener correspondencia con las necesidades que se detectan y que se pretenden corregir. A más necesidades (medidas con indicadores objetivos), más recursos.

4- Para la determinación de las ayudas a conceder a cada entidad solicitante, se han tenido en cuenta diferentes bloques de criterios, por un lado el tamaño de los municipios, el porcentaje de personas desempleadas en la comarca, la tasa de pobreza severa y el número de personas perceptoras de la renta garantizada.

Sigue UPN en su nota de prensa diciendo lo siguiente: 
Para UPN, “llama la atención este recorte cuando están en constante aumento las unidades perceptoras de Renta Garantizada en dicha Mancomunidad y en otras”. En concreto, han apuntado, en 2015 había 292 unidades perceptoras y hoy hay 340. “Es el mundo al revés y da muestra de la errática política que está llevando a cabo el cuatripartito”, ha manifestado.

Según los datos facilitados por la Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona de Peralta Marcilla, Funes y Falces, los beneficiarios de Renta garantizada, se han reducido en la zona,(Peralta, Marcilla, Falces y Funes), desde 2014 hasta 2017 en un 11,28%, desde los 1427 hasta los 1266, produciéndose también un descenso en las solicitudes de Renta garantizada.
Sin duda este último dato es un indicador de que la situación a nivel social ha mejorado y se contradice con la información facilitada por UPN en su nota de prensa.

¿Cómo es posible que UPN cuando gobernara destinara al empleo social protegido menos de la mitad de recursos que ahora, habiendo más necesidad en aquel momento?
¿Cómo es posible que se planteen estas dudas teniendo en cuenta los datos existentes y ante su actuación cuando gobernaban, contraria a lo que predican ahora?

UPEI (Unión Peraltesa de Izquierdas)

ACUSAN A MUNILLA DE PROVOCAR UN AGUJERO DE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS

Una nueva polémica sacude de nuevo a la Diócesis de San Sebastián. Un grupo de religiosos y laicos guipuzcoanos ha hecho público un manifiesto en el que acusan al obispo José Ignacio Munilla de haber creado un agujero económico de más de un millón de euros en las cuentas de la  Iglesia de Gipuzkoa.
Denuncian que parte del déficit se debe a una pérdida de 700.000 euros en valores del Banco Popular, y 500.000 euros más en el mantenimiento del patrimonio. Los firmantes del manifiesto titulado 'No a espaldas de la diócesis', dicen que, ahora, el obispo pretende "tapar esa deuda con una reestructuración patrimonial". "Los responsables de la diócesis están decididos a emprender una reestructuración de gran envergadura del patrimonio del obispado", recoge el manifiesto.
"Llevamos varios años cargando con un agujero de un millón de euros para arriba cada año. En ningún momento se presenta el balance de situación del Obispado, único instrumento para poder comprobar las causas que han podido originar este agujero", añaden. Los denunciantes destacan que el vicario general les dijo que "parte del déficit del último ejercicio se debe a una pérdida de 700.000 euros en valores del Banco Popular".
Por todo ello, instan a que se realice "una auditoría externa" que aclare la situación. "Además, pedimos una información veraz y transparente sobre la venta de diversas viviendas en el centro de la ciudad, así como de las viviendas cuya venta pueda estar en curso", añaden.

El Obispado niega las acusaciones
El Obispado de San Sebastián ha defendido la "profesionalidad, prudencia y transparencia" con la que, según explica, gestiona "el patrimonio recibido por sus fieles, al tiempo que recuerda que sus cuentas "son publicadas anualmente" en el Boletín Diocesano, además de estar disponibles en su página web.
La Diócesis donostiarra ha respondido de esta manera, en un comunicado, a las críticas. Explica que este "posible" proyecto de reestructuración patrimonial ya fue dado a conocer el pasado 22 de febrero al Consejo Presbiteral sin que ninguno de sus miembros "mostrase una posición contraria".
El Obispado aclara en su escrito que su gestión económica "está supervisada por el Consejo Diocesano de Economía", integrado por "reconocidos profesionales en materia económica y jurídica".
eitb.eus

LA MAYORÍA DE LOS ALEMANES RECHAZAN LA EXTRADICIÓN DE PUIGDEMONT

La mayoría de los alemanes rechaza la extradición del president Carles Puigdemont, según una encuesta del diario conservador Welt elaborada por el Instituto Civey. La pregunta es "¿Debe extraditarse al expresidente regional catalán Puigdemont a España?". La mayoría es apretada. El 51% dice que no, el 35% que sí y un 14% no sabe. La oposición a la extradición es mayoritaria en todos los segmentos ideológicos excepto entre los votantes de la CDU/CSU, la coalición democristiana de la canciller Merkel.
Visto de otro modo, si el caso Puigdemont tuviera algún peso en una hipotética campaña electoral, la opción más popular para los partidos sería rechazar la extradición. Por otra parte, es un indicador de que el asunto ha entrado en la vida pública alemana y que la gran mayoría de ciudadanos tiene una opinión formada.
Entre los votantes de los "partidos de gobierno", las diferencias son estrechas. Entre los Verdes se oponen el 49% (el 34% están a favor); entre los socialdemócratas del SPD son el 46% y el 41%, respectivamente; entre los liberales del FDP el 44% y el 40%. Entre los partidarios de la CDU/CSU, el 51% está a favor de la deportación y el 33% en contra.
En los extremos del arco partidario, la oposición a entregar Puigdemont es clara: no lo quieren el 71% de los votantes del partido postcomunista Die Linke (La Izquierda) y el 66% de la eurófoba y xenófoba Alternativa por Alemania (AfD).
Entre los alemanes occidentales, rechazan la extradición el 49% (el 36% la apoya), cifra que alcanza el 59% entre los össis, los alemanes orientales (el 29% la apoya). La razón de la diferencia, según Welt, es que tanto AfD como Die Linke tienen más seguidores en los estados de la antigua RDA. La canciller Merkel también es össi.
Por sexos, la proporción de partidarios de no entregar a Puigdemont es más alta entre mujeres que entre hombres. El 56% de las mujeres se opone a la extradición (29% son favorables). Entre los hombres, el 47% se opone (el 40% está a favor).
Respondieron la encuesta 5.057 personas entre el 26 y el 28 de marzo. El error estadístico de los resultados es del 2,5%.
La euroorden cursada por España está ahora en manos de la Fiscalía de Schleswig-Holstein, el estado federado donde Puigdemont fue detenido el lunes pasado. La Fiscalía tiene que decidir si pide la ejecución de la extradición al Tribunal Territorial de Schleswig. Los abogados en Alemania del president Puigdemont han reclamado al gobierno federal que evite la entrega de su cliente a España, en una declaración por escrito publicada este jueves.
elnacional.cat

miércoles, 28 de marzo de 2018

JUSTICIA RESTAURATIVA PARA LOS JÓVENES DE ALSASUA

Hace poco tiempo tuvimos ocasión de decir públicamente que al Partido Popular, cuando todo se le tuerce, siempre le queda el Código Penal. Hay determinadas maneras de hacer política donde se busca la confrontación con un enemigo minoritario, en parte real o en parte simulado. Alguien que supuestamente es capaz de poner en jaque el orden, el sistema, de amenazar los cimientos más profundos de la democracia y la paz. Alguien al que se debe combatir con todas las fuerzas en el nombre de lo más sagrado. Y alguien a quien, por supuesto, se puede y se debe ganar.
Ese enemigo se encuentra en todas partes, pervive misteriosamente como una hidra cuyas cabezas se reproducen automáticamente, aparece de forma ubicua, está entre nosotras. No podemos bajar la guardia en ningún momento. En el proceso de identificación concreta del mismo, aparecen los organismos oficiales del Estado como aquellas personas a las que solamente cabe agradecer que hayan descubierto a los culpables, a los que hay que exponer rápidamente al escrutinio público. Quiénes son ellos y ellas, de qué familias proceden, dónde viven, dónde militaron antes, qué uso hacían de las redes sociales...
Esto opera como una suerte de justificación posterior que viene a reforzar la justeza de la actuación estatal. Una vez señalados, son construidos como enemigos. Algunas formalidades como el derecho a un juicio justo con todas las garantías, formalidades por las que tantas personas han luchado a lo largo de la historia, se convierten en ilusorias, arrasadas por un juicio paralelo de intensidad y parcialidad imposibles de contrarrestar. En esta deriva de populismo punitivo, a la que especialmente desde la reforma aznarista del año 2003 hemos sido sometidos, la prisión como elemento simbólico goza de la máxima importancia. Nada estigmatiza tanto como una entrada en prisión. Prácticamente te convierte en culpable, a pesar de que el juicio no se haya celebrado. Esta entrada en prisión es posible porque además se ha legislado de forma indiscriminada para extender conceptos tan graves como el terrorismo o el odio hasta convertirlos en una banalidad en la que cabe casi cualquier conducta mediante una interpretación más o menos extensiva, según el contexto y el lugar.
El denominado caso Altsasu es un ejemplo claro. Ha sido posible por la vigencia del concepto del terrorismo de ETA más allá de su cese de la actividad armada y de su desarme. Ha sido posible por la extensión del concepto de colaboración con banda armada más allá de la propia existencia de la banda armada. Ha sido posible por una modificación de los tipos penales en el año 2015 que desdibuja el concepto de terrorismo. Ha sido posible por la competición feroz entre la derecha populista española por la hegemonía compitiendo por ver quién hace un uso más eficaz de la demagogia por encima de los hechos. Ha sido posible por la existencia de unos medios de comunicación que sólo consideran el contenido desde la emoción que les haga vender publicidad y por encima de cualquier planteamiento pedagógico y racional. Ha sido posible porque sistemáticamente se ignora a la doctrina penal, es decir, a la ciencia del Derecho Penal, ha sido posible por la pervivencia de las inercias en los órganos judiciales, especialmente en la Audiencia Nacional, y porque el coste de la desmesura y de la prisión provisional es nulo en términos de crítica social, aunque sea dolorosísimo para los afectados y sus familiares.
Esta es una manera de abordar los conflictos que genera la violencia dentro de la sociedad que sólo crea enemigos irreconciliables, mensajes simplistas, división y dolor. En ese sentido, lo que ocurre no tiene que ver nada con la justicia sino con un determinado concepto que es el control social a través del miedo a la represión penal. Esto nos hace una sociedad bastante menos libre, y sometida en cuanto a lo que está bien y lo que está mal al éxito de determinadas estrategias políticas o mediáticas de quienes tienen más opciones de hacer presión social para poner todo el peso del reproche sobre algunas personas y no sobre otras y descuida, cuando no manipula descaradamente, a las víctimas de los delitos, al poner el foco exclusivamente en los agresores y en qué hacer con ellos, en lugar de tener una visión restauradora de los conflictos a través de la llamada justicia restaurativa.

Eduardo Santos, secretario general de Podemos-Ahal Dugu de Navarra y portavoz de Justicia de Unidos Podemos en el Congreso 

martes, 27 de marzo de 2018

HACE CUARENTA AÑOS Y PARECE QUE FUE AYER

El 1 de noviembre de 1977, tras celebrar en el cementerio la misa de Todos los Santos, Javier Vesperinas, párroco de Marcilla (Navarra), se marchó a casa. Al cabo de un rato recibió la visita de una persona que tenía un negocio en el pueblo para pedirle cambio. El sacerdote aprovechó para preguntarle algo que le venía intrigando desde hacía unos años: ¿por qué varios vecinos, incluido el que ahora le visitaba, a pesar de acudir asiduamente a las misas que él oficiaba, nunca estaban presentes en la festividad que se conmemoraba ese día? El visitante le respondió: “es que ese día, Don Javier, nosotros vamos a dejar flores donde están nuestros muertos”. Vesperinas se quedó perplejo y reclamó una explicación. Ese día se enteró, con estupefacción, de que muchas personas del pueblo no habían podido enterrar en el cementerio a sus familiares asesinados por los franquistas en la Guerra Civil. Por esa razón, cada 1 de noviembre, en lugar de acudir a la misa que se celebraba en el cementerio de Marcilla, se desplazaban a las fosas comunes en las que yacían los restos de los suyos.

A partir de ese momento, como me contó el sacerdote cuando lo entrevisté, empezó a mantener conversaciones discretas con los familiares afectados y se propuso conseguir los permisos preceptivos para trasladar los restos al cementerio. El proceso no fue nada sencillo; primero tuvo que vencer las resistencias de los que tenían a sus deudos desperdigados por las fosas. El sacerdote, en sus anotaciones de la época, consigna: “Reuniones a escondidas y en secreto; miedo. Por primera vez se juntan, se cuentan sus sufrimientos comunes”. Y, posteriormente, tuvo que convencer al secretario del gobernador civil quien, tras escuchar sus propósitos, le espetó: “¿pero a qué viene usted? ¿A estropear la recién nacida democracia?”. Solo cuando el párroco le garantizó que se obraría con total discreción y que no permitiría que se politizara la iniciativa obtuvo su consentimiento. El secretario le aconsejó hacer el traslado “de noche, un día de trabajo y en silencio”. El Ayuntamiento de Marcilla, sin embargo, se mostró muy colaborador y proporcionó tanto un terreno en el cementerio como una dotación económica para que se construyera un mausoleo en el que reposarían los restos de los republicanos dispersos en distintas fosas sin identificar.

A pesar del sigilo con el que se procedió, el funeral celebrado el 5 de marzo de 1978 fue multitudinario y, a continuación, muchos acudieron también al cementerio. A los partidos, efectivamente, se les mantuvo al margen de esta iniciativa y la inscripción de esta primera lápida, en contraste con las que se harían con posterioridad, solo decía: “En memoria de los muertos en agosto, septiembre y octubre de 1936”. No se decía que habían sido fusilados; ni siquiera se mencionaba la guerra civil. Pero, claro, era la primera de estas características en la provincia.

Dos meses después, los vecinos de Casas de Don Pedro (Badajoz) consiguieron algo muy parecido, aunque las circunstancias fueron diferentes. El enorme tesón de Felisa Casatejada, cuyos hermanos de 17 y 19 años habían sido fusilados sin juicio alguno después de finalizada la Guerra Civil y arrojados a una fosa común, consiguió convencer al alcalde, al párroco e incluso al gobernador civil de la pertinencia de exhumar los restos de los fusilados e inhumarlos en el cementerio. Los dos primeros, de ideología conservadora, sufrieron presiones por parte de la derecha más recalcitrante del pueblo, pero se mantuvieron firmes en su apoyo a Felisa y a los demás familiares afectados. Estos tuvieron que comprar el terreno del cementerio a la Iglesia y costearse el panteón, y no les dejaron poner más inscripciones que los nombres de los fusilados. Además, como la actitud de una parte del pueblo fue tan hostil, optaron por velar los restos durante dos noches en el campo, pues temían que los destruyeran, y durante los primeros meses vigilaron el panteón, hasta bien entrada la madrugada, para evitar actos vandálicos.

Esta iniciativa, en contraste con la de Marcilla, tuvo un claro perfil ideológico, como lo demuestran las banderas socialistas y comunistas que se depositaron sobre los féretros. Otra gran diferencia entre ambos casos es que los familiares de los fusilados de Casas de Don Pedro, lejos de proceder con discreción, llamaron a un reportero de Interviú para que cubriera la iniciativa. Con ello pretendían, tal y como me han explicado, publicitar las injusticias que se habían cometido en el pueblo e informar a los familiares que ya no residían allí de lo que estaban haciendo.

Las exhumaciones que tuvieron lugar en estos dos pueblos, de las que estos días se cumplen 40 años, fueron el pistoletazo de salida para que, en sus respectivas provincias, otros municipios se atrevieran a adoptar iniciativas semejantes. Según mis investigaciones, tras el primer ciclo de exhumaciones (que tuvo lugar desde la muerte de Franco hasta mediados de los años 90), el 93,5% de los municipios navarros con más de un 1,5% de la población fusilada por los franquistas logró trasladar los restos, mientras que en Badajoz hizo lo propio el 32,7% de los municipios.

La represión en Navarra estuvo mucho más concentrada geográficamente que en Badajoz, lo que facilitó la propagación de estas iniciativas de dignificación en la zona más directamente afectada. Pero, además, la eficacia reparadora de los navarros fue mayor porque estuvieron mejor coordinados, a lo que, sin duda, contribuyó el respaldo decidido que obtuvieron, desde el principio, de muchos párrocos —que pidieron en sus homilías un perdón sincero por la actitud de la Iglesia durante la guerra civil— y el visto bueno del obispo, con la condición, eso sí, de que estas iniciativas no se politizaran.

Otra singularidad del caso navarro, que cobra gran actualidad en nuestros días, es que ellos son los únicos que han conseguido hasta la fecha sacar los restos de sus familiares del Valle de los Caídos, donde habían sido llevados sin su consentimiento. Esto que hasta hace pocos días parecía imposible a los ojos del prior actual de la congregación benedictina que administra la Basílica del Valle, se consiguió en 1980, en circunstancias mucho menos propicias que las actuales. Como se mostró hace años en un documental, de Cuelgamuros salieron cajas con restos de más de 130 fusilados en la zona de la Ribera navarra y los vecinos de los pueblos afectados se los repartieron para enterrarlos en sus respectivos camposantos.

Las dificultades que existen hoy en día para ejecutar la sentencia judicial que obliga a devolver algunos restos son, como se sabe por los informes que existen, importantes, pero de carácter exclusivamente técnico. Como ha habido una gran negligencia en la custodia de las criptas y/o capillas, se han desmoronado no pocos columbarios, un número indeterminado de cajas se ha deshecho. Ello explica que, por desgracia, muchos huesos están esparcidos y, por lo tanto, mezclados. Pero, si las cajas sobre las que existen demandas de familiares estuvieran bien conservadas, nada ni nadie deberían impedirles que se llevaran sus restos. Hay varias reformas pendientes relacionadas con ese proceloso monumento. Una de las más urgentes es que las autoridades civiles tomen el control de los lugares en los que reposan los restos y que una comisión técnica determine cuáles están en buen estado y cuáles requieren una intervención urgente. Para muchos, quizá la mayoría, ya será demasiado tarde por el estado de abandono en que se encuentran los columbarios, pero las autoridades políticas no pueden seguir esquivando este asunto, dejando que la naturaleza siga su curso hasta que nada pueda hacerse al respecto.

Paloma Aguilar, en eldiario.es

lunes, 26 de marzo de 2018

"LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE ES INHUMANA Y CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN"

A Garbiñe Biurrun no le ha pillado de sorpresa las masivas y transversales movilizaciones de los pensionistas y las feministas que han tenido a Bilbao como epicentro. “Lo veía venir”, asegura, en parte por su mirada siempre puesta en lo que pasa en la calle y también por lo que olfatea en los juzgados de lo Social del Palacio de Justicia de Bilbao donde la magistrada tolosarra toma el pulso a la vida cotidiana, entre sentencia y vista judicial.

¿Siguen los trabajadores llevando en masa a los tribunales sus demandas por la reforma laboral?
-En estos momentos la litigiosidad ha descendido en la CAV, y está volviendo a niveles anteriores a la crisis, también la relacionada con la reforma laboral que fue una reacción a los despidos colectivos en gran número. Ha descendido mucho y sigue habiendo otras demandas vinculadas a la reforma laboral y las condiciones de trabajo, los convenios colectivos y la limitación de la ultraactividad. No es tan masivo como en tiempos de la crisis pero sigue habiendo algunas demandas. En estos momentos las demandas son más variadas, hay bastantes en materia de reclamación de diferencias de indemnización por la extinción de contratos temporales.

¿Por qué ha bajado esa combatividad de los asalariados: por el final de la crisis o porque los trabajadores tragan con todo?
-No lo sé. Los jueces solo conocemos la patología, esto es, el problema o el mal. Solo espero que todo trabajador que tenga una reclamación lo haga y, si no lo hace, que no sea por miedo. Yo animo a todos los trabajadores a que reclamen todos sus derechos.

La litigiosidad parece que se está trasladando al movimiento feminista y de los pensionistas. ¿Le ha sorprendido?
-Son dos movimientos muy transversales que abarcan a toda la sociedad porque nos afectan a todos, mujeres y hombres, ya que están demandando otra manera de organizar nuestras vidas y derechos. En el caso de los pensionistas, también afecta a mucha gente ya que están implicados los directamente aludidos pero también aquellos que en el futuro van a ser pensionistas. No me ha sorprendido porque ya se veía venir. En la CAV, en Nafarroa e incluso en España el ambiente estaba muy caliente porque había reivindicaciones históricas como el fin de la violencia machista y de la brecha salarial, la conciliación laboral y la corresponsabilidad de la familia que han supuesto el detonante para estas movilizaciones.

El Ararteko tiene dudas de que la subida del 0,25% de las pensiones sea legal. ¿A usted qué le parece?
-También lo creo así, como no es legal ni constitucional el actual salario mínimo interprofesional. Tampoco me parece legal mantener las pensiones por debajo del salario mínimo porque la Constitución dice que los poderes públicos garantizarán la suficiencia a las personas de la tercera edad mediante pensiones periódicamente actualizadas. A mi juicio, hay que actualizarlas con arreglo al coste de la vida, al índice de precios al consumo. Hacerlo por debajo de ese nivel no garantiza esa suficiencia que dicen garantizar.

Podría pensarse que la Ley de Seguridad Ciudadana achanta a los ciudadanos a la hora de salir a la calle a manifestarse. Sin embargo, esto no pasa con los pensionistas ni con el movimiento feminista. O sea, que esa ley no está paralizando a la ciudadanía.
-En estos sectores es evidente que no. Afortunadamente no veo ninguna intención de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana a los pensionistas como si lo están haciendo con raperos, tuiteros proactivos y otros grupos que se expresan de una determinada manera. No creo que nadie tenga el valor de actuar contra los pensionistas.

¿Está la ‘ley Mordaza’ limitando la libertad de expresión de la ciudadanía y propiciando un Estado policial?
-De todos modos esta ley ha servido para contener la contestación social de una parte de la población, normalmente joven, que con frecuencia pone el dedo en la llaga de muchos de los problemas del país. El hecho de que el mundo del arte y los cantantes estén trasladando determinadas ideas de una manera concreta tampoco es casual.

¿Se debe poner algún límite a quienes desde las redes sociales se dedican a insultar o enaltecer la violencia?
-Hace unas pocas semanas hemos tenido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que corregía y condenaba al Estado español y dejaba claro que quemar una fotografía del rey no es delito y entra dentro de la libertad de expresión. Estrasburgo entiende que la libertad de expresión ampara también el insulto porque no hacerlo socava uno de los pilares del Estado democrático. ¿Dónde está el límite? Hasta donde se incite a la violencia, ahí pondría yo la frontera. Otro límite es la incitación al odio a colectivos minorizados, aunque en este caso yo lo matizaría porque decir que yo odio a un determinado colectivo, no creo que suponga un delito de odio.

¿Por qué suscribió el manifiesto contra la prisión permanente revisable?
-Me parece que la prisión permanente revisable es un eufemismo para referirse a la cadena perpetua, que es lo que esconde ese término. Una pena de esa naturaleza contraviene la Constitución porque es inhumana y somete a la persona a un trato degradante y eso lo prohíbe la Constitución. La mayoría de los expertos de todo el mundo consideran que a partir de los 15 o 20 años de prisión la personalidad se desestructura porque pierde la capacidad de decisión, la libertad de pensar y de ir tomando decisiones cotidianas.

¿Dificulta la reinserción?
-No solo la dificulta sino que es totalmente contraria a la reinserción porque una persona que ha perdido esa capacidad de decisión difícilmente va a poder reinsertarse en una sociedad que le va a exigir posicionamientos, decisiones, trabajo… Además, en el caso español, la Prisión Permanente Revisable prevé la primera revisión de la pena a los 25 años de estancia en la cárcel. Es un horizonte muy lejano para la reinserción, ya que la personalidad queda muy debilitada.

¿Podrían de alguna manera los y las juezas impedir o limitar esa norma, si se aprobara?
-Es complicado. Si cae a juzgar un delito sancionable con la prisión permanente revisable, de ahí no te puedes salir. En la calificación del delito sí que puede haber un margen, pero eso sería trampear, calificar un delito de una manera distinta para evitar la prisión permanente sería complicado.

¿Los recibimientos a presos de ETA o miembros de la banda fallecidos deben tener un reproche penal o entran dentro de la libertad de expresión?
-Creo que no debieran tener un reproche penal porque entran dentro de la libertad de expresión aunque estén ensalzando a una persona que ha cometido terribles delitos. No se está produciendo ningún aliento ni incitación a la comisión de otros delitos.

¿No suponen hurgar en la herida de las víctimas?
-A mí personalmente no me gustan nada este tipo de actos y menos aún que se digan que no son homenajes cuando vemos que incluso les bailan un aurresku y homenajeando a alguien públicamente y en la calle. Comprendo el dolor de las familias y amigos de las víctimas asesinadas por los homenajeados. Aunque suene contradictorio, yo estaría a favor de que el ayuntamiento hiciera una declaración que dijera que recibe a este o cualquier otro expreso que regresa a su municipio después de cumplir su condena y deseándole que se integre y rehaga su vida.

Grupo Noticias

INOZO ALA HORDAGO?

Espainiako prentsak bozkario alaiz eta atsegin handiz ekin dio Puigdemonten atxilotzearen atzean CNIk garatutako lanak adierazteari: jarraipen balizak zituela bere autoan ipinita, haren sakelakoa ere kontrolpean zuela, uneoro non zebilen jakin ahal izateko eta abar. Honelako albisteei darraizkien  iruzkinetan berriz, atxiloketaren aldeko eta aurkako aldarrikapenez at, albistea bera zalantzan jartzen zuenik ez nuen topatu atzo.
Inozo ala hordago?Nahikoa da mapa bati begiratzea, Helsinkitik Bruselara dagoen tartearen handia ikusteko. Bi mila kilometro baino gehiago, Michelin gidaren arabera. Nork egiten ditu bi mila kilometro pasa autoz gaur egun? Prentsan irakur ahal izan denez halaber, Puigdemontek bazuen itzulerarako hegazkin txartela, ostiral arratsalderako, eta atxiloketa agindurik ez zegoen oraindik indarrean Finlandian, Espainiak dokumentazio osoa gaztelaniaz bidali zuelako eta Finlandiak atzera bota eta ingelesez bidali zezan eskatu ziolako. Bere abokatuek adierazi zuten gainera Finlandian joko zuela poliziarengana atxiloketa aginduak han harrapatzen bazuen edota Belgikan egingo zuela gauza bera, han egokitzen bazitzaion agindua jasotzea.
Puigdemontek bazekien han edo hemen, komisaldegira joan beharko zuela, Espainiak atxiloketa euroagindua piztu zuela jakin zuenetik. Finlandian gera zitekeen, Bruselara itzuli zitekeen hegazkinaz, baina ez bat eta ez bestea, bi mila kilometro pasa  autoz egitea erabaki zuen, nik esan behar banu, kontuak aterata Espainiak, egin duena egingo zuela. Honuzgero hamaika aldiz erakutsi digu gizonak inozotik ez duela izpirik ere.
Sorgin-ehizaren atzean dagoen PPko buruzagitzak gogoeta egingo zuen oso harreman onak dituela Merkel-ekin eta Alemaniako legedian badela aberriaren aurkako traizioaren delitua, bai eta autodeterminazio erreferendumak egiteko eskubidearen ukazio esplizitua. Baina Puigdemonten aldetik ere ez bide dute begi txarrez ikusi Alemanian atxilotzeko aukera, hainbat arrazoi tarteko.
Batetik, botereen arteko banaketa erreala delako Alemanian, eta bertako tribunalen epaietan bere aldeko izan daitezkeen bi aurrekari astun daudelako: Ezin da inor estraditatu, eskabidearen atzean motibazio politikoa badago, ez eta eskabidea egiten duen estatuan epaiketa bidegabea izango badu. Llarenak orain artean hain naro garatu dituen “lege”-argudio harrigarrietan oinarri sendoa ikusi bide dute Puigdemonten abokatuek aurrekari horiek ustiatzen saiatzeko.
Bestetik, garbi ematen du Puigdemontek ez zuela ihes egin bere burua salbatzeko, Kataluniaren auzia nazioarteko plazan eraginkorrago jartzeko baizik. Eta hein honetan ulertzen dut atxiloketa lekuaren aukera. Kataluniaren gaia nazioarteko plazan baretzen ari zen une batean, Europako agintea eta lidergoa duen estatu nagusira jo du, estatu txiki periferiko batetik lortu zezakeena baino askoz ere burrunba handiagoa eskuratuz bere helbururako, atzo bertan Alemaniako prentsa guztian ikus zitekeen bezala. Eta hau hasi besterik ez da egin, epailearen erabakia  hiru hilabete barru iritsiko delako ohiko epeen arabera. Hiru hilabete Europako plaza nagusiko lehen lerroan, Europako naziorik boteretsuenaren iritzi publikoari eraginez, zalantzarik gabe Katalunian piztuko den suak lagunduta.
Azkenik, Alemaniaren aukerak, badu beste hobaririk ere. Espainiak ezin dio presiorik egin, estatu txiki bati egingo liokeen moduan. Eta gaia alemaniar iritzi publikoan eragiten hasten bada, bertako politikariak ernegatzeraino, Alemaniak badu behar hainbat indar Espainiari PPk gustuko izango ez duen irtenbide bat exijitzeko. Hori esango nuke izan dela Puigdemonten hordagoa. Etorkizunak esango digu luze baino lehen nork zituen karta hobeak.
Gaur esan daitekeen bakarra, zera, tipoari ez zaiola ausardiarik falta.

Juan Inazio Hartsuaga, zuzeu.eus

DECIDE SCHLESWIG-HOLSTEIN

Alemania, el país más poderoso de Europa, tiene a partir de ahora la última palabra sobre el futuro de Carles Puigdemont, con muy importantes consecuencias sobre la convalecencia de Catalunya y la política española en su conjunto. La vertiginosa detención de Puigdemont en Alemania, poco después de cruzar la frontera con Dinamarca, coloca la cuestión catalana en el cuadrante aparentemente más deseado por todas las partes en conficto: el veredicto internacional. El veredicto del país más fuerte de la Unión Europea. Un país federal dotado de innegables mecanismos de garantía democrática.
Si Alemania entrega a Puigdemont a la justicia española en los próximos días o semanas, los soberanistas sufrirán un duro golpe político y emocional. La fantasía del apoyo internacional a la independencia catalana se vendría definitivamente abajo, después de haber chocado con la dura realidad durante los meses de octubre y noviembre. Quedaría confirmado que, en las actuales circunstancias, la secesión de Catalunya es una falsa ventana de oportunidad. Una ventana pintada en una pared de ladrillo (el Estado español, en fase de reafirmación), soportada por un muro de hormigón (la Unión Europea, en fase de redefinición), a su vez protegido por tirantes de acero (Estados Unidos, en fase proteccionista).
Todo indica que el Gobierno español ha querido que Puigdemont fuese detenido en Alemania, y no en Dinamarca o Finlandia, una vez localizado por los servicios secretos, que no le perdieron de vista desde su llegada a Helsinki. El aparato del Estado ha escogido el veredicto de Alemania, mientras el hombre de Amer se entregaba al papel de Pimpinela Escarlata en Escandinavia, movido por el deseo de desafiar a Madrid, atraído por la demanda mediática y acaso confundido por la insensata adulación de sus incondicionales: “¡Eres el puto amo!”
Si Puigdemont es entregado con todos los cargos, el triunfo político será para Mariano Rajoy y para nadie más. Rajoy vería ratificada su relación preferente con Berlín, después de haber conseguido embridar el déficit público español en el 3%. Vería premiada su disciplina y se confirmaría que la estabilidad de España gana valor ante la nueva incertidumbre italiana.
Si la entrega fuese denegada, el bofetón a Rajoy sería tan fuerte, que el Partido Popular podría entrar definitivamente en barrena. Si fuese entregado sin reconocimiento del delito de rebelión, el teorema de la violencia en Catalunya, construido con tanto afán por el juez Pablo Llarena, saltaría por los aires.
Decide la justicia del land de Schleswig-Holstein, puesto que Alemania es un país verdaderamente federal.

Enric Juliana, en La Vanguardia

sábado, 24 de marzo de 2018

LA CADENA PERPETUA Y EL CINISMO

Las noticias vuelan a velocidad supersónica. Lo de ayer ya es viejo. La noticia bomba de esta mañana será por la tarde un pedazo de tiempo perdido en el rincón de los olvidos, como los amores y el dolor enrabietado en las estrofas de un bolero. No sé cuánto durará en primera plana la burla a que el PP está sometiendo la justicia de las pensiones. Tampoco lo que durará en esa misma prensa y nuestras conciencias igualitarias la huelga feminista y las grandísimas manifestaciones del 8 de marzo. Nada dura nada. Vean, si no, lo poco que se ha mantenido en el candelero periodístico la maquinaria de corrupción puesta en marcha por los Gürtel y la implicación en esa canallada de los más altos nombres del PP y del gobierno, con su presidente al frente. Nada dura nada. ¿Se acuerdan ustedes de que hace sólo unas pocas semanas la noticia bomba era la posibilidad de que quienes cometían determinados delitos se pudrieran en la cárcel? A esa barrabasada se la llamó Prisión Permanente Revisable. Fue un escándalo de noticia que enseguida desapareció del mapa informativo. Pero luego vino la desaparición del niño Gabriel Cruz y ahí vimos al ministro Zoido saliendo a todas horas con el padre y la madre del niño. De nuevo se demostraba el aprovechamiento del dolor familiar para intereses políticos partidistas y de gobierno. Ahora ha aparecido el cadáver de Gabriel y volverán enseguida ese aprovechamiento y el clamor por la implantación de la cadena perpetua para algunos delitos. No me lo invento. En la televisión aparecía una multitud a la puerta de la comisaría donde habían llevado a la mujer, presunta asesina del niño, gritando desaforadamente: “¡cadena perpetua!”.

Porque la prisión permanente revisable es, diga lo que diga el PP, como la cadena perpetua. La cadena perpetua es que te pudras en la cárcel hasta que te saquen con los pies por delante, en un ataúd que nadie reclamará porque a esas alturas de tu vida encarcelada no quedará nadie que pueda esperarte a la salida. Los muertos están más solos que la una, decía Bécquer a su manera de genial y romántico ladrón de emociones superlativas. La prisión permanente revisable es lo que propone el gobierno de Rajoy -con el apoyo más fuerte aún de un Ciudadanos cada día más dispuesto a pasarle al PP por la derecha extrema- para sacarle las tripas al dolor de unas familias que han perdido hijos o hijas a manos de la violencia cruelísima de asesinos la mayoría de las veces convictos y confesos. Las entrañas de Rajoy están más sucias que la laguna donde Rafael Chirbes escondía la mierda de una sociedad podrida hasta las cachas. Lo digo porque hay que tener mucho estómago para ponerse al lado de esas familias, hacerse la foto y soltar, para no seguir perdiendo votos, que el gobierno iba a endurecer el ya durísimo Código Penal y asegurar así la cadena perpetua para algunos delitos.

Como si la cadena perpetua fuera a restañar el daño y el dolor de esas familias que se han visto trágicamente golpeadas por unos crímenes como los que salen -muchas veces con un morbo que da asco- en las portadas de los medios de comunicación y en los telediarios. La cadena perpetua no arregla nada. Lo empeora. La cárcel tiene el loable objetivo de cambiar la cabeza de quien ha cometido un delito. Nadie es lo mismo siempre. Cambiamos con el tiempo. El tiempo nos enseña a cambiar, a convertir los errores en una escuela de renovado aprendizaje, a mirarnos en el espejo y escupir cada día menos a la imagen que vemos reflejada en el cristal con cagadas de mosca porque lo heredamos de la abuela. Sólo los imbéciles se consideran de una pieza, intachables de la cabeza a los pies. Lo decían Cioran y Joan Fuster: no os fieis de las personas que a sí mismas se consideran intachables.

La cadena perpetua que proponen el gobierno del PP y Ciudadanos es un machete carnicero que abre en canal la más mínima justicia que el dolor de las familias exige cuando un crimen execrable les ha roto el corazón. Lo que se propone desde el gobierno no es una ley que mejore la posibilidad de hacer más justa la justicia, sino aumentar hasta dimensiones estratosféricas un infame oportunismo electoral y el rencoroso sabor de la venganza.

El PP está dotado, muy dotado, para el cinismo. Y en la propuesta de ensanchar las penas de prisión, con el cuerpo del crimen último todavía caliente y el recuerdo de los más lejanos aún en brasa viva, es una muestra más de ese cinismo que para Rajoy y su partido no tiene límites. Y digo yo que ese cinismo que insulta de una manera tan despiadada el dolor de la gente que sufre en carne propia un crimen sí que tendría que estar penado por la ley. Si quieren ustedes, discutimos si con la de prisión permanente revisable o cualquier otra. Pero debería de estar penado por la ley que un presidente de gobierno y sus ministros se cachondeen hasta de los muertos cuando se trata de sacar votos a costa del dolor que llena muchas casas -demasiadas casas- de un país que cuando salga de la crisis, si es que sale, ya no habrá nadie esperándolo a la puerta.

Alfons Cervera, en El Viejo Topo

viernes, 23 de marzo de 2018

REGRESIÓN

Involución democrática, re-centralización, neo-autoritarismo, populismo al servicio de tecnócratas economicistas nada amigos del pueblo (el pueblo, ya se sabe, por definición vulgar e ignorante, necesitado de guías expertos con mano de hierro), reinstauración de la censura, sistema judicial garantista, ¿cómo no?, pero garantizador de impunidad para todo abuso de autoridad… Podría rellenar el artículo de otros semejantes términos, expresiones y calificaciones del ámbito del lenguaje político, expresiones todas ellas matizables pero difícilmente rebatibles, como descripción del panorama actual de la democracia española. Sólo que todas ellas me remiten a otro término del ámbito del psicoanálisis perfectamente trasladable por analogía al de lo político: me remiten al término de regresión.
Conocida es la tesis sobre los objetivos de la llamémosle terapia de la tortura científica, la practicada y teorizada por la CIA: su objetivo no es obtener información utilizable, va más allá. Pretende destruir la estructura mental de la víctima sometiéndola a un proceso de regresión vital que la retrotraiga al estadio infantil e incluso embrionario de prepersona. La técnica es elemental y brutal: el shock.
Limitando la licencia analógica a su valor puramente aproximativo, es claro que se está sometiendo a la sociedad española a un proceso regresivo tras el impacto de series de shock en diferentes áreas de lo político, de lo social, de lo económico, de lo cultural: el shock económico provocado por el neoliberalismo ha surtido efectos sociales, políticos y culturales de carácter regresivo en gran parte de la sociedad, de esa clase media destruida, de la clase trabajadora desposeída de derechos tan trabajosamente, valga la redundancia, conseguidos. No de toda la sociedad, por supuesto y felizmente, pero sí de suficientes gentes como para hacer patente una regresión mental colectiva. Y gentes no todas del pueblo llano y vulgar, también gentes que han pasado por ser guías ideológicos y políticos de más altos y ambiciosos vuelos. Ahí está el caso de un Alfonso Guerra que ha decidido, por lo visto, dar el salto a Ciudadanos, a ese auténtico emblema de la actual regresión española.
Paradigmática en esa regresión es el área de lo judicial: la justicia, aquella concepción surgida en sus orígenes inmemoriales como sustitución y encauzamiento de impulsos vengativos, ordenado, eso sí, por el sistema de cada época y lugar, casi siempre injusto pero con clara pretensión del destierro de la venganza, está regresando a aquellos orígenes inmemoriales, al estadio de prejusticia, al estadio de instrumento institucional y político para la aplicación del instinto humano de venganza, algo asumido y jaleado por gran parte de la sociedad e impulsado por toda una caterva de terapeutas del shock de los grandes medios de comunicación.
Hay muchos ejemplos conocidos, pero ahora mismo tenemos uno muy cercano en Navarra: el de la justicia vengativa, regresiva, con respecto a los jóvenes de Altsasu.

Bixente Serrano Izko, en Diario de Noticias

INDIGNACIÓN ENTRE DOCENTES DE LA REY JUAN CARLOS: "HAN CONVERTIDO ESTA UNIVERSIDAD EN EL BASURERO ACADÉMICO DEL PP"

La  manipulación de las notas de un máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, está causando entre profesores, directores de másteres y coordinadores de grado indignación por el daño que estos hechos causan a la reputación de esta institución pública. Entre los docentes consultados, sólo el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la URJC, Manuel Villoria (dirigente de la ONG Transparencia Internacional) permite que su nombre trascienda: “Han convertido esta universidad en el basurero académico del PP”, afirma en conversación telefónica con eldiario.es.
Villoria señala que “la constante relación de cargos y carguillos del PP con la Universidad está destrozándola”. Este miércoles eldiario.es publicó que el profesor del máster falsificado de Cifuentes, Pablo Chico de la Cámara, fue colocado por el PP en el Ayuntamiento de Pozuelo. También que Enrique Álvarez Conde, quien fuera director del máster (aunque no está claro que lo fuera cuando, presuntamente, lo cursó Cifuentes),  fue alto cargo de Mariano Rajoy en el primer Gobierno de Aznar, al frente del Instituto Nacional de Administración Pública.
La indignación en los campus de la URJC se palpa especialmente en las carreras más técnicas, en las que la tentación del enchufismo y el tráfico de influencias es más difícil. “Muchos profesores se matan a trabajar y al final te acaba cayendo esta mierda”, señala Villoria.
El catedrático asegura que, “nada más conocer la noticia” de la manipulación de notas escribió un correo electrónico al rector de la URJC, Javier Ramos: “Le dije que lo único que podía hacer por ayudar a la Universidad era ir él mismo a denunciar los hechos ante la Fiscalía”. Este catedrático desconfía de la investigación abierta por la Universidad. “Al fin y al cabo será realizada por funcionarios y los funcionarios están sometidos a la presión de la jerarquía universitaria”, añade Villoria.
Esa vía judicial ha sido abierta este jueves por diversas asociaciones de universidades públicas de Madrid, quienes han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial. Reclaman que Cifuentes sea citada en calidad de investigada y aporte las pruebas que dice tener sobre la obtención del máster.

“Llamadas de arriba” para interesarse por notas
Una profesora contratada de la URJC e investigadora, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que ella misma ha recibido en otras ocasiones llamadas “de arriba” interesándose por calificaciones de determinados alumnos y asegura que esto no pasa sólo en la Rey Juan Carlos: “Esta noticia podría darse en otras universidades públicas... y en las privadas, ni te cuento”.
Según esta investigadora la gran asignatura pendiente de la institución universitaria son “el control y la transparencia”. Esta opinión es compartida, con matices, por una directora de máster y coordinadora de un grado de la URJC que también quiere mantenerse en el anonimato.
“Aquí se creó en 2015 la Escuela de Másteres Oficiales, con una Oficina de Seguimiento y Garantía de Calidad, para evitar estas cosas”, apunta esta docente, y subraya el desánimo que cunde entre el profesorado: “Estábamos recién recuperados del escándalo de la salida del rector Suárez y ahora llega esto como un jarro de agua fría. Esto mancha a la Universidad y a los que trabajamos en ella”.
Esta docente se refiere a la polémica del ex rector de la URJC, Fernando Suárez, quien, según reveló en exclusiva eldiario.es en 2016, plagió artículos académicos e incluso la tesis doctoral de una alumna.
¿Es verosímil todo lo que está pasando con los documentos? Para esta directora de máster, nos encontramos ante “procesos absolutamente sospechosos”. “Yo no sé cómo han gestionado otros sus programas; pero yo en mi máster sí tengo un banco de datos y un sistema de archivo muy eficiente. De hecho, cuando vienen las comisiones de valoración para másteres acreditados en el Espacio Europeo de Educación Superior es imprescindible contar con un archivo eficiente. Los inspectores te pueden pedir aleatoriamente cualquier TFM (Trabajo de Fin de Máster) de un alumno y tienes que poder encontrarlo”.
Los docentes contactados coinciden en una cosa: en la URJC se trabaja mucho y muy duro y su reputación está siendo enfangada. También coinciden en que, desgraciadamente, nada de esto les pilla ya de sorpresa.

Toño Fraguas, en eldiario.es

jueves, 22 de marzo de 2018

LA ALTERNATIVA CORELLANA INDEPENDIENTE SALE AL PASO DE LAS INJURIOSAS ACUSACIONES DE UPN

El grupo municipal de ACI ha respondido a las acusaciones de UPN de Corella sobre la adjudicación "a dedo" de trabajos municipales a la empresa del hijo de una concejal asegurando que "ningún edil dice a los técnicos municipales a quién contratar".
La formación del alcalde, Gorka García Izal, señala en su comunicado que la decisión de adjudicación directa de los trabajos municipales cuyo presupuesto no superase el máximo legal se tomó a principio de legislatura y siempre alternando a las empresas corellanas y ha considerado que UPN recurre a la injuria, la descalificación y la mentira en este asunto.
"Dependiendo del volumen de los trabajos, se han pedido presupuestos y cuando el volumen ha sido pequeño se ha adjudicado directamente siempre dentro de la legalidad e intentando repartir el trabajo entre todas las empresas corellanas", explican, añadiendo que la responsabilidad de la contratación siempre la asume el equipo de gobierno.
Desde ACI aseguran que existen cuatro empresas de la ciudad capacitadas para llevar a cabo trabajos agrícolas para el Ayuntamiento y que a todas ellas se les ha ofrecido la realización de trabajos concretos alguna vez, declinando algunas de ellas las ofertas y otras no.
Asimismo, explican que entre esas cuatro empresas no solo está la del hijo de la concejal de ACI, sino también la del concejal de UPN del área de Agricultura, la cuál "ha trabajado muchos años durante gobiernos anteriores de los regionalistas y también durante el actual mandato de ACI y PSN" y lo ha hecho "con el mismo sistema que UPN ahora critica".
Con respecto a los trabajos a los que se refiere UPN, ACI indica que uno de ellos fue el arreglo de caminos para el que regularmente la Comunidad de Bardenas cede maquinaria a los municipios congozantes. "Debido a que dentro del personal del ayuntamiento no había en ese momento ningún trabajador capaz de llevar estas máquinas, se le encargo a la empresa del hijo de la concejala (que no estaba en vendimia como el resto de empresas) que llevara las máquinas.", señalan.
ACI añade que para mejorar y aprovechar la máquina y hacer el mayor número de kilómetros, otra persona de esta empresa llevó una cisterna de riego y, durante los trabajos se rompió la denominado maquina apisonadora (rulo) alquilándose una a una empresa ribera durante unos días. "Los trabajadores cobraron por sus trabajos y no por la maquinaria", añaden.
El otro trabajo agrícola es la retirada de sarmientos para las fiestas del Villar, que habitualmente por una persona a la que, según el grupo municipal de ACI, "no había forma de hacerle un contrato legal". 
"En 2017 después de muchos avisos de intervención y más de 15 años incumpliendo la ley, se decidió no encargarle los trabajos hasta que se encontrara una fórmula legal", señala la nota de ACI.
Tras encargar los trabajos a través de una empresa externa, y pese a que se hizo "más rápido y más barato por la maquinaria utilizada", los agricultores a quienes se les recogían los sarmientos preferían la poda manual y más cara. Por esa razón, en 2018 "se buscó con tiempo una fórmula legal y la persona que los hacia manualmente ha vuelto hacerlo".

Explicaciones en el pleno
Desde ACI aseguran que ante las preguntas de UPN se dieron todas las explicaciones en el pleno del día 14 de diciembre y después, con los técnicos y sus informes, en la comisión de agricultura del día 8 de febrero.
Si le parce poco ético a UPN, e podrá fijar en todo lo que durante lustros hicieron sus equipos de gobierno, que como es lógico, nosotros no queremos repetir.

Plaza Nueva

"DICCIONARIO DEL FRANQUISMO", DE PEDRO ANGOSTO

El franquismo fue una de las dictaduras mas largas de la Europa del siglo XX. Condicionando de tal forma la vida de los españoles que, aún hoy 80 años después del golpe de Estado del general Franco, notamos su huella en la sociedad española. Profunda, diría. Es también un gran desconocido para varias generaciones que no llegan a entender, por tanto, las raíces de muchos hechos del presente. Su estudio suele pasarse de soslayo en los colegios, nunca queda tiempo en el temario para llegar a ese punto, según se ha denunciado en numerosas ocasiones.
Pedro Luis Angosto, doctor en Historia por la Universidad de Alicante, acaba de publicar un “Diccionario del franquismo” (Editorial Comares, 2018) , biográfico, con los protagonistas y cómplices desde 1936 a 1978. Un exhaustivo trabajo de casi 500 páginas, con numerosas fuentes bibliográficas que recoge más de 350 biografías. Según Angosto no están todos pero sí los decisivos. “No solo los militares traidores que empuñaron las armas contra el gobierno legítimo de la Segunda República sino también quiénes le dieron cobertura doctrinal, publicitaria y financiera”. Un trabajo arduo dado que la dictadura franquista procuro borrar huellas que los fascismos derrotados no pudieron hacer.
La Transición acabó siendo una especie de ley de Punto Final que otras dictaduras terminaron por derogar llegada la democracia. No ha ocurrido así en España y nos vemos en “una especie de neutralidad que ha favorecido la aparición de un revisionismo histórico qué pretende demostrar que la guerra civil no fue más que un enfrentamiento entre dos bandos igualmente culpables”. Lo dice el profesor Josep Fontana en el prólogo, particularmente alarmado por ese intenso y casi furibundo revisionismo que pretende reescribir la Historia. Que la está reescribiendo.
Al margen de los hechos claros, del levantamiento militar, la guerra y la dictadura, por mucho que se los quiera remozar, hay una razón de aplastante lógica que esgrime Fontana: “Confieso que nunca he entendido que se pueda valorar del mismo modo una república que formó maestros, abrió escuelas y creo bibliotecas públicas en los pueblos, y un régimen militar que asesinó maestros, cerró escuelas y bibliotecas y quemó libros”.
Una introducción que enmarca el franquismo en el momento histórico en el que se produjo y señala las principales características del régimen. Sin duda, una oportunidad para repasar de dónde vienen algunos nombres que hoy siguen ostentando poderes importantes de la vida española.  Y sobre todo de saber más de un tiempo de tinieblas al que se le echa más oscuridad encima por el desconocimiento. Una gran y buscada laguna para muchos españoles.
“No es posible, dice Angosto, que ningún sistema democrático pueda desarrollarse sobre la mentira, la ocultación, la manipulación, la impostura, cada país tiene que saber de su pasado, de todo su pasado, pero sobre todo del que afecta de modo indubitable a su presente y a su futuro”.

Rosa María Artal, en El Periscopio

miércoles, 21 de marzo de 2018

LAS NUEVAS DICTADURAS LATINOAMERICANAS

La radicalización reaccionaria de los gobiernos de países como Paraguay, Argentina, Brasil, México u Honduras comienza a generar la polémica en torno de su caracterización.
Ninguno de esos regímenes ha sido el resultado de golpes de estado militares, en los casos de Brasil, Honduras o Paraguay la destitución de los presidentes fue realizada (parodia constitucional mediante) por el poder legislativo en combinación más o menos fuerte con los poderes judicial y mediático. En Brasil la Presidencia pasó a ser ejercida por el vicepresidente Temer (ungido por un golpe parlamentario) cuyo nivel de aceptación popular según diversas encuestas rondaría apenas el 3 % de los ciudadanos. En Paraguay ocurrió lo mismo, y el presidente destituido fue remplazado por el vicepresidente a través de un procedimiento parlamentario express y luego fueron realizada elecciones presidenciales que consagraron a Horacio Cartes un personaje de ultraderecha claramente vinculado al narcotráfico.
En Honduras se realizaron elecciones presidenciales en noviembre 20171, la “Alianza de Oposición contra la Dictadura” había ganado claramente pero el gobierno haciendo honor al calificativo con que lo había marcado la oposición consumó un fraude escandaloso afirmando así la continuidad del dictador Juan Orlando Hernandez.
Un caso por demás curioso es el de Argentina donde se realizaron en 2015 elecciones presidenciales en medio de una avalancha mediática, económica y judicial sin precedentes contra el gobierno y favorable al candidato derechista Maurizio Macrì. El resultado fue la victoria de Macrì por escaso margen quien apenas asumió la presidencia avanzó sobre los otros poderes del estado logrando al poco tiempo de hecho la suma del poder público. Si a esa concentración de poder le agregamos el control de los medios de comunicación y del poder económico nos encontramos ante una pequeña camarilla con una capacidad de control propia de una dictadura. Completa el panorama el comportamiento cada vez más represivo del gobierno que por primera vez desde el fin de la dictadura militar en 1983 ha decidido la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos mediante la constitución de una “fuerza militar de despliegue rápido” integrada por efectivos del Ejército, la Marina y la Aeronáutica y la conformación de una fuerza operativa conjunta con la DEA utilizando la excusa de la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”2. De ese modo Argentina se incorpora a una tendencia regional impuesta por los Estados Unidos de reconversión convergente de las Fuerzas Armadas convencionales, las policías y otras estructuras de seguridad en policias-militares capaces de “controlar” a las poblaciones de esos países. No siguiendo el viejo estilo conservador-cuartelario inspirado en la “doctrina de seguridad nacional” sino estableciendo espacios sociales caóticos inmersos en el desastre, precisamente atravesados por el narcotráfico (promovido, manipulado desde arriba) y otras formas de criminalidad disociadora siguiendo la doctrina de la Guerra de Cuarta Generación.
En México como sabemos se suceden los gobiernos fraudulentos inmersos en una creciente ola de barbarie y en Colombia la abstención electoral tradicionalmente mayoritaria llegó recientemente a cerca de dos tercios del padrón electoral3 adornada por un muy publicitado “proceso de paz” que logró la rendición de las FARC asegurando al mismo tiempo la preservación de la dinámica de saqueos, asesinatos y concentración de ingresos que caracteriza tradicionalmente a ese sistema. En estos dos casos no nos encontramos ante algo “nuevo” sino frente a regímenes relativamente viejos que fueron evolucionando hasta llegar hoy a constituir verdaderos ejemplos exitosos de aplicación de las técnicas más avanzadas de desintegración social. La tragedia de esos países muestra el futuro que aguarda a los recién llegados al infierno.
El panorama queda completado con las tentativas de restauración reaccionaria en Bolivia y Venezuela. En el caso venezolano la intervención directa de Estados Unidos busca recuperar (recolonizar) la mayor reserva petrolera del mundo en momentos en que el reinado del petro-dolar (fundamento de la hegemonía financiera global del Imperio) entra en declinación rápida ante el ascenso de China (el mayor comprador internacional de petróleo) que busca imponer su propia moneda respaldada por oro (el petro-yuan-oro) en alianza presisamente con Venezuela y otros gigantes del sector energético como Rusia e Irán.
En Bolivia el aparato de inteligencia imperial realiza una de sus manipulaciones de manual inspirada en la doctrina de la Guerra de Cuarta Generación. Pone en acción sus apéndices mediáticos locales y globales intentando desplegar la histeria (en este caso racista) de franjas importantes de las clases medias blancas y mestizas contra el presidente indio. Aquí no solo se trata de barrer a un gobierno progresista sino de apropiarse de las reservas de litio, las mayores del mundo (según distintas prospecciones Bolivia contaría con aproximadamente el 50 % de las reservas de litio del planeta), pieza clave en la futura reconversión energética global.

Principales características
Las actuales dictaduras tienen todas la característica de presentar una imagen civil con apariencia de respeto a los preceptos constitucionales, manteniendo un calendario electoral con pluralidad de partidos y demás rasgos de un régimen democrático de acuerdo a las reglas occidentales. Por otra parte no nos encontramos ante mecanismos explícitos de censura y aunque marginales o en posiciones muy secundarias se escuchan algunas voces divergentes. Los prisioneros políticos pasan casi siempre por los juzgados donde los jueces los condenan de manera arbitraria pero aparentando apoyarse en las normas legales vigentes. Los asesinatos de opositores son minimizados u ocultados por los medios de comunicación y quedan por lo general envueltos por mantos de confusión que diluyen las culpas estatales amalgamando de manera sistemática los crímenes políticos con las violencias policiales contra pobres y pequeños delincuentes sociales y represiones a las protestas populares
Esa máscara democrática, prolijamente desprolija, resulta ser lo que es: una máscara, cuando constatamos que los medios de comunicación convertidos en un instrumento de manipulación total de la población están controlados por monopolios como el grupo Clarín en Argentina, O Globo en Brasil o Televisa en México cuyos propietarios forman parte del estrecho círculo del Poder. O cuando llegamos a la conclusión de que el sistema judicial está completamente controlado por ese círculo del que participan los principales intereses económicos (transnacionalizados) manejando a discreción al aparato policial-militar. Y que en consecuencia los partidos políticos significativos, los medios de comunicación, las grandes estructuras sindicales y otros espacios de potencial expresión de la sociedad civil están estratégicamente controlados (más allá de ciertos descontroles tácticos) mediante una embrollada maraña de represiones, chantajes, crímenes selectivos, abusos judiciales, bombardeos mediáticos apabullantes disociadores o disciplinadores y fraude electoral más o menos descarado según el problema concreto a resolver.
El nuevo panorama ha provocado una notable crisis de percepción donde la realidad choca con principios ideológicos, conceptualizaciones y otras componentes de un “sentido común” heredado del pasado. No somos víctimas de un rígido encuadramiento de la población con pretensiones totalitarias explícitas anulando toda posibilidad de disenso, buscando integrar al conjunto de la sociedad a un simple esquema militar, sino ante sistemas flexibles, en realidad embrollados, que no intentan disciplinar a todos sino más bien desarticular, degradar a la sociedad civil convirtiéndola en una víctima inofensiva, apabullada por la tragedia.
No se presentan proyectos nacionales desmesurados, propios de los militares “salvadores de la patria” de otros tiempos o imágenes siniestras como la de Pinochet, ni siquiera discursos hiper optimistas como el de los globalistas neoliberales de los años 1990 o personajes cómicos como Carlos Menem, sino presidentes sin carisma, por lo general torpes, aburridos repetidores de frases banales preparadas por los asesores de imagen que conforman una red regional globalizada de “formadores de opinión” made in USA.
En suma, las dictaduras blindadas y triunfalistas del pasado parecen haber sido reemplazadas por dictaduras o protodictaduras grises que ofrecen poco y nada montadas sobre aplanadoras mediáticas embrutecedoras. Siempre por detrás (en realidad por encima) de estos fenómenos se encuentran el aparato de inteligencia de los Estados Unidos y los de algunos de sus aliados. La CIA, la DEA, el MOSSAD, el M16 según los casos manipulan los ministerios de seguridad o de defensa, los de relaciones exteriores, las grandes estructuras policiales de esos regímenes vasallos y diseñan estrategias electorales fraudulentas y represiones puntuales.

Capitalismo de desintegración
Se forjan así articulaciones complejas, sistemas de dominación donde convergen élites locales (mediáticas, políticas, empresarias, policial-militares, etc.) con aparatos externos integrantes del sistema de poder de los Estados Unidos.
Estas fuerzas dominan sociedades marcadas por lo que podría ser calificado como “capitalismo de desintegración” basado en el saqueo de recursos naturales y la especulación financiera, y la creciente marginación de población, radicalmente diferente de los viejos capitalismos subdesarrollados estructurados en torno de actividades productivas (agrarias, mineras, industriales). No es que en los viejos sistemas no existiera el saqueo de recursos ni el bandidaje financiero, en algunos momentos y países ocupaban el centro de la escena pero en el largo plazo y en la mayor parte de los casos quedaban en un segundo plano. La superexplotación de la mano de obra y el acaparamiento de las ganancias productivas aparecían como los principales objetivos económicos directos de aquellas dictaduras.
Tampoco es cierto que ahora las élites dominantes se desinteresen de los salarios o de la propiedad de la tierra, por el contrario desarrollan una amplio abanico de estratagemas destinadas a reducir los salarios reales y adueñarse de territorios, ya que si en los viejos capitalismos no existía solamente producción sino también especulación y saqueo, en los actuales la base productiva, en retracción a causa del pillaje desmesurado, sigue siendo una fuente importantisima de beneficios. Sin embargo su preservación, su reproducción en el largo plazo no está en el centro de las preocupaciones cotidianas de las élites atrapadas psicológicamente por la dinámica parasitaria de la especulación financiera y su entorno de negocios turbios.
Entre otras cosas porque en el actual imaginario burgués ha desaparecido el largo plazo, sus operaciones más importantes están regidos por el corto plazo lumpecapitalista. En el saqueo de recursos naturales a través de la megaminería a cielo abierto, de la extracción de gas y petróleo de esquisto o de la agricultura basada en transgénicos, se utilizan tecnologías orientadas por la velocidad del ritmo financiero al servicio de gente que no tiene tiempo ni interés para dedicarse a temas tales como la salud de la población afectada, el equilibrio ambiental y otras áreas impactadas por los “daños colaterales” del éxito empresario (financierización del cambio tecnológico, la cultura técnica dominante como auxiliar del saqueo).
Estos capitalismos de desintegración son conducidos por élites que pueden ser caracterizadas como lumpenburguesías, burguesías principalmente parasitarias, transnacionalizadas, financierizadas, oscilando entre lo legal y lo ilegal, crecientemente alejadas de la producción. Son inestables no por accidentes de la coyuntura sino por su esencia decadente. Por encima de ellas se encuentran las grandes potencias y sus élites embarcadas desde hace tiempo en el camino de la degradación, en un planeta donde los productos financieros derivados representaban a fines de 2017 unas siete veces el Producto Bruto Global, donde la deuda global total (pública más privada) era de casi tres veces el Producto Bruto Global, donde solo cinco grandes bancos estadounidenses disponían de “activos financieros derivados” por unos 250 billones de dólares (13 veces el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos), donde sumadas las ocho personas más ricas del mundo disponen de una riqueza equivalente al 50 % de la población mundial (los más pobres).
La formación y encumbramiento de esas élites latinoamericanas son el resultado de prolongados procesos de decadencia estructural y cultural, de un subdesarrollo que incluyó hace ya varias décadas componentes parasitarias que se fueron adueñando del sistema, lo fueron carcomiendo, envenenando, pudriendo, siguiendo la lógica sobredeterminante del capitalismo global, no de manera mecánica sino imponiendo especificidades nacionales propias de cada degeneración social.
Por debajo de esas élites aparecen poblaciones fragmentadas, con trabajadores integrados desde el punto de vista de las normas laborales vigentes separados de los trabajadores informales, precarios. Con masas crecientes de marginales urbanos, de pobres e indigentes estigmatizados por los medios de comunicación, despreciados por buena parte de las clases integradas que se van achicando en la medida en que avanzan los procesos de concentración económica y pillaje de riquezas.
No se trata entonces de espacios sociales estancados, segmentados de manera estable sino de sociedades sometidas a la reproducción ampliada de la rapiña elitista transnacionalizada, a la sucesión interminable de transferencias de ingresos de abajo hacia arriba y hacia el exterior, a la degradación ascendente de la calidad de vida de las clases bajas pero también de porciones crecientes de las capas medias.
Algunos autores se refieren al fenómeno calificándolo de “neoliberalismo tardío”4, algo así como un regreso a los paradigmas ideológicos neoliberales que tuvieron su auge en los años 1990 pero en un contexto global desfavorable a ese retorno (ascenso del proteccionismo comercial, declinación de la unipolaridad en torno de los Estados Unidos, etc.). Nos encontraríamos entonces frente a una aberración histórica, un contrasentido económico y geopolítico protagonizado por círculos dirigentes empecinados en su subordinación al Imperio norteamericano, interrumpiendo la marcha normal, racional, progresista y despolarizante que predominaba en América Latina. Las derechas latinoamericanas se encontrarían embarcadas en un proyecto a contramano de la evolución del mundo.
Pero ocurre que el mundo no se encamina hacia una nueva armonía, un nuevo ciclo productivo, sino hacia la profundización de una crisis de larga duración, iniciada hace casi medio siglo. La misma se caracteriza entre otras cosas por la declinación tendencial de las tasas de crecimiento de las economías capitalistas centrales tradicionales y la hipertrofia financiera (financierización de la economía global) impulsando el quiebre de normas, legitimidades institucionales y equilibrios socioculturales que aseguraban la reproducción de la civilización burguesa más allá de las turbulencias políticas o económicas. La mutación parasitaria-depredadora del capitalismo tiene como centro a Occidente articulado en torno del Imperio norteamericano pero envuelve al conjunto de la periferia y también afecta a potencias emergentes como China o Rusia muy dependientes de sus exportaciones donde los mercados de Europa, Estados Unidos y Japón cumplen un papel decisivo. Así es como la tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno de China se vienen desacelerando y la economía rusa oscila entre la recesión, el estancamiento y el crecimiento anémico.
Un aspecto esencial de la nueva situación global es el carácter abiertamente devastador de las dinámicas agrarias, mineras e industriales motorizadas tanto por la potencias tradicionales como por las emergentes, cuyos efectos han dejado de ser una borrosa amenaza futura para convertirse en un desastre presente que se va amplificando año tras año.
Todo ello nos debería llevar a la conclusión de que los regímenes reaccionarios de América Latina no tienen nada de tardío, de desactualizado, de desubicación histórica sino que son la expresión de la podredumbre radical de sus élites, de su mutación parasitaria enlazada con un fenómeno global que las incluye. Lo que nos permite descubrir no solo la fragilidad histórica, la inestabilidad de esas burguesías, tan prepotentes y voraces como enfermas, sino también las vanas ilusiones progresistas negadoras de la realidad, que al calificar de tardío al lumpencapitalismo dominante lo marcan como anormal, anómalo, a destiempo, alentando la esperanza del retorno a la “normalidad” de un nuevo ciclo de prosperidad en la región, más o menos keynesiano, más o menos productivo, más o menos democrático, más o menos razonable, ni muy derechista ni muy izquierdista, ni tan elitista ni tan populista. El sujeto burgués de ese horizonte burgués fantasioso solo está en su imaginación, la marcha real del mundo lo ha convertido en un habitante fantasmagórico de la memoria. Mientras tanto los grandes “empresarios”, los círculos concretos de poder, participan de cuerpo y alma en la orgía de la devastación, tan desinteresados en el largo plazo y el desastre social y ambiental como en la racionalidad progresista (a la que consideran un estorbo, una traba populista al libre funcionamiento del “mercado”).

Reacciones populares y profundización de la crisis
La gran incognita es la que se refiere al futuro comportamiento de las grandes mayorías populares que fueron afectadas tanto desde el punto de vista económico como cultural por la decadencia del sistema. Las élites pudieron aprovechar la desestructuración, las irracionalidades sociales generadas por un fenómeno perverso que atravesó tanto las etapas derechistas como las progresistas. Durante los períodos de gobiernos de derecha civiles o militares promoviendo y garantizando privilegios y abusos de todo tipo, afirmando un “sentido común“ egoísta, disociador, subestimador de identidades culturales solidarias. Pero cuando llegaron las experiencias progresistas esas élites utilizaron la degradación social existente, la fragmentación neoliberal heredada (enlazada en algunos casos con tradiciones de marginación muy enraizadas) impulsando irrupciones racistas, neofascistas de las capas medias extendidas a veces hasta espacios medio-bajos donde se mezclan el pequeño comerciante con el asalariado integrado (en consecuencia por encima del marginado, del precario).
Vimos así en Brasil, Argentina, Bolivia o Venezuela movilizaciones histéricas de clases medias urbanas neofascistas exigiendo las cabezas de los gobernantes “populistas”, manipuladas por los medios de comunicación y los poderes económicos que el progresismo había respetado como parte de su pertenencia al sistema (admitida abiertamente, silenciada o negada de manera superficial o insuficiente).
Ahora las llamadas restauraciones conservadoras o derechistas no están restaurando el pasado neoliberal sino instaurando esquemas de devastación nunca antes vistos. Pudieron triunfar gracias a las limitaciones y desinfles de progresismos acorralados por las crisis de sistemas que ellos pretendían mejorar, reformar o en algunos casos superar de manera indolora, gradual, “civilizada”.
Pero las crisis nacionales no se detienen, por el contrario son incentivadas por los comportamientos saqueadores de las derechas gobernantes que siguen practicando sus tácticas disociadoras, de embrutecimiento colectivo, buscando generar odio social hacia los pobres. Los medios de comunicación trabajan a pleno detrás de esos objetivos y como la declinación económica avanza empujada por las políticas oficiales y por la marcha de la crisis global, las manipulaciones mediáticas comienzan a demostrarse impotentes ante la marea ascendente de protestas populares. La virtualidad del marketing neofascista empieza a ser desbordado por la materialidad de las penurias no solo de los pobres sino también de capas medias que se van empobreciendo. Males materiales que al amplificarse les abren la puerta a la rebeldía de quienes nunca fueron engañados y de los que han sido embaucados. Es así como en Brasil el repudio popular al gobierno de Temer es abrumador o en Argentina la imagen edulcorada de Macri se va diluyendo velozmente mientras se extienden las protestas populares.
La represión, la militarización de los gobiernos de derecha aparece entonces como alternativa de gobernabilidad, las dinámicas dictatoriales de esos regímenes van engendrando dispositivos policial-militares con la esperanza de controlar a los de abajo, van funcionando con cada vez mayor intensidad los mecanismos de “cooperación hemisférica”: operaciones conjuntas con la DEA, suministro de armamento y capacitación para el control de protestas sociales, multiplicación de estructuras represivas nacionales y regionales monitoreadas desde los Estados Unidos.
Se trata de un combate con final abierto entre fuerzas sociales que buscan sobrevivir y que al hacerlo pueden llegar a engendrar vastos movimientos de regeneración nacional, radicalmente antisistémicos y élites degradadas e inestables, dependientes del amo imperial (que se reserva el derecho a la intervención directa, si las circunstancias lo requieren y permiten), animadas por un nihilismo portador de pulsiones tanáticas.

Jorge Beinstein, en kaosenlared

martes, 20 de marzo de 2018

EL ESTADO CONFIRMA QUE LA IGLESIA SE APROPIÓ DE UNA DE LAS JOYAS MUDÉJARES DE ARAGÓN

El Estado, a través de la Dirección General de Patrimonio, acaba de confirmar que la jerarquía católica se apropió de la Iglesia de San Juan de los Panetes de Zaragoza, considerada una de las joyas del arte mudéjar aragonés por su famosa torre inclinada del siglo XVI. En una resolución de la DGP, el Ministerio de Hacienda y Función Pública es taxativo sobre la titularidad del bien: “Su pertenencia al Estado está clara”. San Juan de los Panetes figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, según corrobora la DGP, y es un monumento afectado al Ministerio de Educación.
Esa circunstancia no impidió, no obstante, que el Arzobispado de Zaragoza inscribiera el monumento a su nombre en 1989 a través del privilegio claramente inconstitucional de las inmatriculaciones, que le ha permitido a la Iglesia católica apropiarse de miles de bienes del patrimonio histórico de todo el país. El Estado podrá recuperar este tesoro artístico, declarado Monumento Nacional desde 1933, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza y el impulso del colectivo ciudadano MHUEL y la Coordinadora Recuperando.
La resolución de la Dirección General del Patrimonio demuestra que el procedimiento de las inmatriculaciones les ha otorgado a los obispos una prerrogativa arbitraria y sin garantías jurídicas, sobre la que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ya sentenció en términos muy duros al condenar al Estado a una fuerte indemnización por permitir que la Iglesia se apropiara de otro templo en Ucieza.
La inscripción de San Juan de los Panetes, además, se produjo debido a una presunta negligencia del registrador de la propiedad y en fraude de ley, ya que el arzobispo de Zaragoza la inmatriculó nueve años antes de que el ex presidente José María Aznar reformara la normativa para ampliar el privilegio de los diocesanos a la inmatriculación también de los templos de culto, hasta entonces considerados de dominio público.
El dictamen de la DGP confirma igualmente que el uso religioso y la condición objetiva de iglesia no predeterminan su titularidad, lo que vuelve a tumbar uno de los argumentos usados sistemáticamente por la jerarquía católica para apropiarse de gran parte del legado cultural. No es la primera vez que la Iglesia se ve obligada a devolver bienes religiosos inmatriculados. Es el caso, entre otros, de las ermitas de Aranda de Duero, Ochagavía y los Santos Mártires, esta última en Córdoba.
La Dirección General de Patrimonio también certifica en esta misma resolución que el Arzobispado de Zaragoza registró a su nombre “sin título de dominio inscribible” otras tres joyas arquitectónicas del mudéjar aragonés: la Catedral de San Salvador, la Iglesia de la Magdalena y Santiago el Mayor. En estos tres casos sorprendentemente acepta como prueba de propiedad las inmatriculaciones diocesanas, cuyo procedimiento rechaza, en cambio, en el supuesto de San Juan de los Panetes.
La Coordinadora Recuperando considera que este expediente vuelve a poner de manifiesto la pasividad de las administraciones públicas en su obligación de defender el patrimonio cultural, que es objeto de un proceso sistemático y arbitrario de apropiación por parte de la jerarquía católica. Por ello, presentará una queja formal ante la Dirección General de Patrimonio y el Defensor del Pueblo. La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando) agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos, entre ellos MHUEL, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral, Redes Cristianas, Europa Laica, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Asturiano o la recién constituida Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla.

Coordinadora Recuperando

lunes, 19 de marzo de 2018

EL GOBIERNO DE NAVARRA INICIA EN TAFALLA EL DESPLIEGUE COMARCAL DEL PLAN SOCIOSANITARIO

El Gobierno de Navarra ha iniciado en Tafalla el proyecto de atención integrada social y sanitaria, un proyecto conjunto entre los dos departamentos en orden a prestar un "servicio integral, cercano y centrado en las necesidades de cada persona que lo requiera", tal y como han explicado este lunes la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés, y el director general de Salud del Ejecutivo foral, Luis Gabilondo.
El proyecto pretende ofrecer "un conjunto integrado de prestaciones sanitarias y sociales que superan los límites competenciales de cada uno de los departamentos para atender a personas con complejas necesidades de cuidados y que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de ambos servicios".
Los departamentos de Salud y Derechos Sociales han escogido la comarca de Tafalla para comenzar la implantación del Plan por su situación geográfica, sus recursos asistenciales que facilitan su puesta en marcha y por su experiencia en el ámbito de la coordinación sociosanitaria.
El plan ya ha sido presentado tanto a los 26 municipios de la zona (con una población de 44.552 habitantes), como a los profesionales sanitarios y mancomunidades de servicios sociales de Tafalla: Tafalla, Olite, Peralta, Carcastillo y Artajona. Tras su implantación completa, durante los próximos seis meses, se evaluarán las actuaciones antes de su extensión a otras zonas de Navarra.
El Proyecto de Atención Integrada Sociosanitaria, han señalado, va a garantizar "un nuevo modelo, de acceso indistinto vía sanitaria o de servicio social, a personas con altas necesidades sanitarias y sociales con el objetivo de facilitar a las personas de la comarca el mayor grado posible de autonomía, calidad de vida en sus actividades diarias de la persona afectada y de su cuidador principal, para que deseen y puedan permanecer en su hogar durante el mayor tiempo posible, previniendo con ello la institucionalización y la necesidad de constantes ingresos hospitalarios".
El nuevo modelo de atención requiere el desarrollo de nuevos servicios sociosanitarios de ámbito comarcal que apoyen la labor de los profesionales de salud y de servicios sociales de cada zona. Los profesionales contarán también con nuevos métodos de trabajo y sistemas de información.
Tras una valoración integral y conjunta, desde las dos perspectivas, la persona usuaria accederá a los servicios en el entorno más próximo posible a su domicilio. Las acciones irán encaminadas a prevenir situaciones de fragilidad, promover la recuperación o el mantenimiento de funcionalidad para mantener o aumentar la autonomía, paliar los sufrimientos y facilitar la reinserción social.
La población beneficiaria tendrá necesidades, tanto desde la salud, como desde el punto de vista social. Casos en los que concurren simultáneamente problemas de salud y sociales, tanto de autonomía funcional o de la suficiencia instrumental o de las relaciones sociales. En este segmento pueden encontrarse personas con alto grado de dependencia, al margen de su edad, pero también mayores de 80 años que vivan en soledad, encamados crónicos o quienes padezcan enfermedad y dificultades de integración social, ha indicado el Ejecutivo.
La metodología a aplicar por los profesionales sanitarios y de servicios sociales es común e incluye actividades para la prevención, la educación, los autocuidados y la rehabilitación. También tiene en cuenta a las personas cuidadoras, mediante acciones de formación y apoyo. Tras el seguimiento periódico de los casos, el método contempla unos índices de medición de objetivos y resultados, principalmente de la capacidad funcional de la persona usuaria.

DOS NIVELES DE INTERVENCIÓN
El plan atenderá a la población en dos niveles: atención primaria, con los recursos sanitarios y sociales existentes en las zonas básicas, y un segundo a nivel de la comarca. En este último caso, un equipo coordinador creado ex profeso, asumirá los casos más complejos que requieran recursos que excedan a los existentes en el primer nivel.
El equipo coordinador de comarca gestionará los recursos sociosanitarios específicos del distrito: equipo de soporte domiciliario, que reforzará la atención domiciliaria de los casos más complejos; recursos de convalecencia y rehabilitación (camas de convalecencia residencial, plazas residenciales para ingresos temporales, centros de día rehabilitadores y apoyo a la rehabilitación funcional domiciliaria); y otros recursos de apoyo de desarrollo progresivo (teleasistencia, transporte para acudir a Centros de Día, preparación individualizada de la medicación en colaboración con las farmacias, Escuela de Cuidadores/de Mayores, especialistas consultores de geriatría y medicina interna, descentralización de los servicios de cuidados paliativos u hospitalización domiciliaria y ayudas orteoprotésicas en calidad de alquiler). Estos recursos pretenden dar respuesta a las situaciones más complejas.
Con la idea de "reforzar una estrategia preventiva de la fragilidad y la dependencia", complementariamente a la atención directa, se ha previsto una serie de acciones de trabajo en red apoyada en las zonas básicas. En primer lugar, se propone a las entidades locales la constitución de cinco zonas básicas de Consejos de Intervención Comunitaria. En este órgano participarán representantes de las entidades locales, centros escolares, asociaciones de mayores, asociaciones ciudadanas y un técnico de promoción de la salud con la idea de priorizar las actuaciones, participar en programa y promover el voluntariado y las redes de ayuda mutua.

Europa Press