martes, 22 de mayo de 2018

LA OTRA INMATRICULACIÓN: UNIVERSIDAD DE NAVARRA

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro presentó en el Ayto. de Pamplona/Iruña el 3 de Mayo una moción en la que denuncia el inmenso expolio de miles de bienes inmuebles puestos a su nombre por la Iglesia católica con el simple certificado del arzobispo, sin necesidad de acreditar ningún título de propiedad. Moción aprobada por todos los grupos, excepto UPN con el argumento básico de que la iglesia también forma parte del pueblo. Fernando Giménez, vicesecretario de la Conferencia Episcopal, reconoció la existencia de 30 a 40 mil inmatriculaciones, incluidas Catedral Pamplona, Mezquita Córdoba, Giralda Sevilla, etc… Les invito a entrar en su página web para conocer y apoyar si lo desean.

Pero la historia de la apropiación de bienes públicos por la Iglesia en el Estado español, NO empezó en 1998 con la aprobación del Decreto Aznar. En Navarra tenemos otro ejemplo sangrante con la Universidad privada. Durante la dictadura Escrivá de Balaguer funda el Opus Dei. Como consejero espiritual de Franco, Balaguer se da como misión seleccionar y formar las élites de la dictadura franquista hasta llegar a controlar lo esencial del poder. Cosa que consiguió ya en la época de los López (de Letona, Bravo y Rodó). Más tarde Balaguer fue enviado al Vaticano. Desde allí trabajó para extender su poder en América Latina y amortiguar el creciente peso de los seguidores de la Teología de la Liberación.

El 25 de Octubre de 1960 y en nuestro Ayto., monseñor afirmó: “Señor Alcalde: Al recibir de vuestras manos el honroso título de hijo adoptivo de esta noble ciudad de Pamplona, no voy a caer en la falsa humildad de decir que no merezco tan alta distinción. Si lo hiciera, faltaría a la verdad y causaría agravio a vuestra justicia. No cabe mayor prueba de cariño que ésta que yo he dado a Pamplona, al elegirla, entre todas las ciudades de España, como sede de la Primera Universidad del Opus Dei…” “… tengo una debilidad, y esa debilidad es Navarra, porque esta tierra jugosa, de hayedos y rastrojeras, con su fe inquebrantable, su apego a la tradición, su laboriosidad callada y su moral sin tacha…” Me pregunto si este señor sigue siendo hijo adoptivo de Pamplona…

Aquel día nos convertimos en sede de una cumbre del nacional catolicismo español, con asistencia multitudinaria de cardenales, ministros, obispos, capitanes generales, subsecretarios, abades, rectores, gobernadores, magistrados, catedráticos, fiscales, jerarquías y autoridades del glorioso Movimiento nacional. Lo digo en masculino, porque entre todas aquellas personas, no había una sola mujer. Y con el aplauso fervoroso de Diario de Navarra y Arriba España, el diario falangista.

Así pues entre 1963 y 67, el Ayto. de Pamplona cedió gratuitamente a las inmobiliarias del Opus (Ingemenesa, Ciunsa, Inunsa, ó Inmudensa) unos 300.000 m2 y promovió el expediente de expropiación de otros 900.000 m2. Para ello tuvo que pagar unos 500 millones de pesetas de 1974. Más otros 1.600 millones que pagó la Diputación de Navarra tan sólo entre 1960 y 1980 (20 años). A esta cantidad habría que añadir lo pagado de una manera u otra en estos últimos 38 años. Y añadirle que el Opus no ha pagado impuestos hasta esta legislatura, cosa que desconozco si ha comenzado a hacer. Hacienda eximió al Opus de abonar contribución, impuesto industrial, el de transmisiones y sucesiones, el de sociedades, y lo que es más sangrante, el IRPF “ podrá concertarse cada año globalmente ”… Es decir, Navarra no retiene los rendimientos económicos de los miles de trabajadores del Opus (del libro “El corralito foral” ). Y aparte la aportación del Estado, que en 1979 se cifraba en 120 millones, más lo abonado en los siguientes 40 años (del libro de M. A. Muez: Universidad del Opus: historia de un expolio).

¿Quiénes estaban en los consejos de Administración de aquellas sociedades creadas para camuflar todos estos bienes regalados al Opus? Quizá les suenen de algo: Huarte, Uranga, Aizpún, Gortari… los prohombres de Navarra, Diario de Navarra, fundador y primer presidente de UPN, junto con el inefable Ismael Sánchez Bella, auténtico artífice de este tinglado. Carrero firmó la expropiación de su puño y letra y J.I. del Burgo fue testigo providencial desde su atalaya como Director de Planificación de la Diputación.

Una de las condiciones (la base 8ª) que puso entonces el Ayto. para la donación fue: “Los terrenos del Campus cedidos a la Universidad (…) permanecerán abiertos al público, sin que puedan ser cerrados por tapias, setos o separaciones análogas”. No la han cumplido, ni tampoco esta otra; el Concordato español de 1953 con el Vaticano dice: “Las universidades erigidas por la Santa Sede en España se llamarán universidades de la Iglesia”. Y así lo cumplen las de Ávila, Murcia, Valencia, Comillas, Salamanca o París, pero no ésta, que se autodenomina Universidad de Navarra, y que obligó al crear la pública, a denominarla Universidad Pública de Navarra, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas.

El Ayto. durante el mandato de Velasco (abril 78- abril 79) solicitó al gobierno de Madrid la derogación del Decreto de Carrero del 73, que aprobaba el proyecto de la universidad del Opus y declaraba estas obras de Interés Social (el mismo camino que ha servido para iniciar el expediente de Salesianos), pero Balduz la dejó sin efecto hasta el día de hoy. ¿Podrá revertir Navarra algún día la propiedad de los terrenos de la Universidad privada y el resto de inmatriculaciones a lo público, que es de donde han venido? El tiempo lo dirá, y tan sólo depende de todxs nosotrxs… entre tanto, si todavía lo ostenta, retiremos el título de ‘hijo adoptivo’ de Pamplona a este gran expoliador.

Rebelión

lunes, 21 de mayo de 2018

FORZA ESPAÑA

Ciudadanos había creado la expectativa de que este domingo iba a ocurrir algo políticamente grande en Madrid. Algo así como la puesta de largo de En Marcha, la versión española del movimiento que condujo a Emmanuel Macron a la presidencia de la República francesa. Una nueva plataforma cívico-política capaz de ganar con autoridad las próximas elecciones generales. El marco suprapartidista que podría desarbolar definitivamente al Partido Popular. El banderín de enganche que están esperando muchos altos funcionarios para subir al caballo vencedor sin que parezca un obsceno cambio de camisa. La poderosa máquina electoral que podría resolver los múltiples empates del actual marasmo, así en Madrid, como en Barcelona. El aliado español que está esperando Macron para ejercer más presión sobre la Europa hanseática que se niega a mutualizar las angustias de los países endeudados. La gran maniobra desde arriba para canalizar, sin riesgos estructurales, las ganas de cambio de los de abajo. El Podemos de derechas –usted ya me entiende– que un día imaginó el banquero Josep Oliu. ¡En Marche! ¡En Marcha!

Esa era la expectativa alimentada por el partido naranja. Hubo en realidad otra representación. En el Palacio de Congresos de Madrid ayer al mediodía salió en escena la versión española de Forza Italia. Una Forza España sin magnate, pero con potentes apoyos mediáticos. Potentísimos. Una Forza España cuyo principal objetivo es chuparle la médula al Partido Popular, hasta dejarlo sin sentido.

Forza Italia fue el primer partido nacional-populista de la derecha europea después del derrumbe de la Unión Soviética. Había caído el muro, pero los poscomunistas italianos iban en camino de ganar las elecciones gracias al vacío creado por el terremoto judicial Manos Limpias. Los asesores de Silvio Berlusconi vieron el boquete que dejaba la vieja Democracia Cristiana y le dijeron a su jefe: ¡Es el momento, salta a la arena!. Lo hizo y venció. La serie de televisión 1992 (Sky Italia) lo explica maravillosamente bien. Una plataforma nacionalista con ribetes liberales que adoptaba sin complejos el grito de apoyo a la selección italiana de fútbol.

Berlusconi irrumpió en política rompiendo los atriles. El magnate se paseaba por el escenario con un micro inalámbrico como si estuviera en un plató de televisión. ¡Populista!, gritaban sus adversarios, ignaros de la novedad histórica que tenían ante sus narices. La televisión se iba a comer la política. Y después vendría internet. En eso estamos. Toda la política es hoy formato televisivo, encapsulado para la red.

Forza España se estrenó ayer en un escenario-plató. Bajo la batuta de los periodistas Albert Castillón y Beatriz Pino , cinco ciudadanos glosaron su amor a la España moderna. Un país en busca del orgullo triturado por la crisis económica. Conmovedor testimonio de la joven periodista Jimena Bañuelos, superviviente de un cáncer y satisfecha de la sanidad pública. Emocionantes alusiones a una de las fechas fundacionales del moderno patriotismo español: el día en que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. Ninguno de los oradores mencionó que Blanco era concejal del Partido Popular. Un detalle que lo explica todo: Ciudadanos va a saco a por los votantes del viejo partido alfa. Emociones, lágrimas y llamamientos a una españolidad sin complejos. El orgullo de ser español después de la crisis. El rearme nacional ante el tirón independentista de Catalunya.

La estrella del mitin fue Marta Sánchez, que volvió a cantar el himno con esa letra que no está llamada subir al podio. La artista también lloró y ahí el acto se deslizó por la pendiente. Atentos al dato que sigue: Manuel Valls dio apoyo en vídeo sin ninguna mención a la alcaldía de Barcelona. Faltaba sustancia. Faltaba nervio. Faltaba voluntad de poder.

Albert Rivera hilvanó un discurso de frases cortas, con mucho orgullo y poco programa. Tuvo un destello joseantoniano: “Yo no veo a trabajadores o empresarios; sólo veo a españoles”. Rivera no es Macron, la plataforma España Ciudadana todavía no está madura y las encuestas aún les vienen grandes. Pero Ciudadanos marca la iniciativa política gracias a la falla catalana. El Partido Popular no duerme, el PSOE les imita y Podemos se ha perdido en un jardín de Galapagar. No es poco para Forza España.

Enric Juliana, en La Vanguardia

AHÓRRENOS TIEMPO, SEÑORÍA

Primero fue la justicia alemana la que dijo que de rebelión ni hablamos y lo de malversación se lo van a tener que explicar más despacio a ver si lo entiende. Fue ridiculizada en España adjudicándole el sujeto de un “tribunal regional”, como si en las regiones no supieran tanto de derecho ni fueran igual de listos que en la gran capital. Ahora ha sido la justicia belga la que, a pesar de los esfuerzos de la fiscalía belga por enseñar al que no sabe, ha dicho que no porque la euroorden hay que saber pedirla y porque los delitos que invoca el juez Pablo Llarena no encajan ni a martillazos. La siguiente será la justicia escocesa y ya podremos cantar bingo para el ridículo monumental protagonizado por el juez Llarena y sus corporativistas colegas del Tribunal Supremo.
En lugar de reaccionar preguntándose si va a ser que está equivocado, como hace la gente sensata cuando tantos le dicen que no tiene razón, la respuesta del Tribunal Supremo ha sido cabrearse, que resulta una cosa muy madura y muy de elevada jurisprudencia, como corresponde a tan alta magistratura. Los alemanes no tienen ni idea de derecho internacional y a los belgas siempre les ha faltado compromiso con la justicia. Por suerte, la reacción de los tribunales alemanes y belgas ante tanta prepotencia seguramente no pasará de pensar que el TS español tiene dos problemas: acabar de cabrearse y luego apaciguarse.
Como ya avisamos aquí, la causa contra Puigdemont y su gobierno se desmorona de manera inexorable. Los esfuerzos del juez Llarena para mantenerla viva resultan cada vez más peligrosamente antijurídicos y radicalmente patéticos. Bélgica no rechaza la petición solo por un defecto de forma. La niega porque los delitos no encajan ni se sostienen. Igual que Alemania no duda de la veracidad del relato del juez, al contrario, lo asume como fiable y le dice que ni así cabe un delito de rebelión. Ni hay una conspiración mundial contra la intachable e hidalga justicia española, ni los europeos viven instalados en una visión franquista de España. Está pasando lo que suele acontecer en las democracias cuando el derecho y la justicia no te asisten: que pierdes.
En su penúltimo intento por mantener en pie como sea la causa, Llarena ha jugado la carta de pasar de rebelión a sedición, a ver si cuela. Pero seguirá faltando el alzamiento público y tumultuario para no acatar las órdenes de una autoridad, igual que faltaba la violencia para imputar rebelión. De haber algún tipo penal será desobediencia y no implica ni cárcel, ni inhabilitación, hasta que medie una sentencia firme. La malversación tampoco se sostiene porque ni la ha habido, ni puede considerarse corrupción.
Desobediencia es lo único que cabe y lo único que cabrá, señoría, lo sabe usted y lo saben sus compañeros de Sala, que mantienen a Oriol Junqueras y a los demás imputados en prisión por un vergonzoso sentido de lealtad corporativista. Compórtese como un juez del Supremo y póngase a la altura. Siga instruyendo la causa por desobediencia, libere a unos presos que nunca debieron entrar en prisión y permita que las cosas vuelvan a una mínima normalidad. O mejor aún, apártese de una causa que ya no está capacitado para instruir, le falta competencia y le sobra parcialidad. Ahórrenos tiempo a todos, señoría.

Antón Losada, en eldiario.es

AUMENTA EN NUEVE PUNTOS EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN PROBLEMAS CON SU COMPAÑÍA TELEFÓNICA


Crecen los conflictos telefónicos. El porcentaje de personas que tienen problemas con su compañía ha subido nueve puntos en el último año, del 24% al 33%, según indica una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.
Por edades, los que en mayor medida tienen problemas son las personas de mediana edad, de entre 30 y 65 años.

Facturas más caras
Los desacuerdos más habituales están relacionados con las facturas: muchos consumidores consideran que  les han subido la tarifa respecto a lo que había contratado -le ha pasado al 42% de los que han tenido problemas- o afirman directamente que los recibos con excesivos o incorrectos -36%-. 

No contratar por vía telefónica
En este sentido, Irache aconseja no contratar por vía telefónica, que es la más utilizada por las compañías. Muy habitualmente, el comercial promete condiciones muy atractivas, tarifas muy bajas, que posteriormente no se cumplen. 
De hecho,  lo que vale como contrato es la llamada verificadora que se produce después y en ella no siempre se reflejan las condiciones prometidas por el comercial. Pero éste anima al ciudadano a que acepte ya que le asegura que se trata de un simple trámite.
Curiosamente, muchas de las ofertas de compañías que llegan a través del teléfono no son confirmadas por escrito, ya sea email o correo postal, aunque el consumidor lo solicite.

Cobro por servicios que no se han contratado
El 25% de los que han tenido problemas dicen que les han cobrado por servicios no contratados. En este punto, se están dando un nuevo repunte de pagos a terceros que el consumidor asegura que no se han contratado. Sin embargo, en sus facturas aparecen varios cargos por estos servicios que el cliente nunca solicitó. En ocasiones son incrementos de veinte o treinta euros al mes, incluso menos, pero otras veces, los importes cobrados por estos servicios son totalmente desproporcionados, de hasta mil euros. Suelen tratarse de servicios de tarificación adicional, sobre todo de mensajería Premium, que el consumidor puede restringir en su contrato.
También se han cobrado conexiones a internet que el consumidor asegura que no ha realizado, sobre todo en personas que no tienen tarifa plana para este servicio y que pagan por cada conexión ya que no suelen hacer este tipo de uso del teléfono.

Interrupciones o falta de cobertura
En cuarto lugar, las personas con problemas de telefonía se quejan por la mala calidad del servicio, fundamentalmente por interrupciones o falta de cobertura. La Asociación ha atendido a personas que se muestran muy molestas porque, aunque la compañía le aseguró que tenía muy buena cobertura en su zona, posteriormente están teniendo continuas interrupciones y la cobertura en su zona de residencia es muy deficiente. Esto se da con más frecuencia en zonas rurales.
También ha habido problemas con el cambio de domicilio, sobre todo cuando el servicio de internet por cable va incluido. Aunque la compañía les asegura que se va a continuar con el servicio en la nueva vivienda sin ningún cambio, al llegar a su nueva casa no lo tienen. Pasado un tiempo sin internet, en ocasiones los consumidores se ven obligados a dar de baja  el contrato anterior y contratar un nuevo servicio. En ocasiones, incluso, les cobran el compromiso de permanencia.

Incumplimiento de condiciones o falta de información
Los siguientes motivos de queja con las operadoras son el incumplimiento de las condiciones o la falta de información -15% y 12%, respectivamente-. En este sentido, es fundamental no firmar hasta tener todas las condiciones por escrito y conservarlas para cualquier posible problema.

Dificultades para bajas y portabilidades
Tras ellos, los clientes se quejan de las dificultades para conseguir la baja de la compañía. Con demasiada frecuencia, los consumidores ven cómo no consiguen abandonar una compañía, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones, les siguen cobrando importes o les facturan permanencias.
En muchas ocasiones se trata de portabilidades de una compañía a otra. Como siempre, es más conveniente solicitarlo por escrito, para poder reclamar el cambio en plazo y condiciones. 

Permanencias injustificadas o desproporcionadas
En cuanto a la permanencia, debe haber sido aceptada expresamente en el contrato y sólo se puede aplicar proporcionadamente al tiempo que quede por cumplir. Sin embargo, se siguen viendo en Irache la aplicación de penalizaciones de hasta 300 euros, muchas de ellas  injustificadas o aplicadas de forma desproporcionada. Algunos comerciales prometen, como gancho comercial, que si el consumidor se va con ellos, la nueva compañía pagará la permanencia de la anterior, una promesa que en muchas ocasiones no se cumple.
También hay dificultades para devolver los router u otros aparatos una vez que el cliente se ha ido a otra compañía. A veces las compañías no explican cómo se puede devolver y les cobran a los clientes más de cien euros por ello. 

Irache recomienda informarse antes de contratar y denunciar las prácticas abusivas
Desde Irache se recomienda a los consumidores tomarse un tiempo antes de aceptar un contrato de telefonía, pedir las condiciones por escrito y poder estudiarlas detenidamente, si es necesario con asesoramiento. Asimismo, para cualquier gestión conviene comunicarse con la operadora de forma fehaciente, de forma que se pueda demostrar la gestión efectuada.
La gran competitividad del sector telefónico hace que en ocasiones se vulneren los derechos de los consumidores para conseguir nuevos contratos. En estos casos, conviene que el afectado denuncie las prácticas abusivas de las que ha sido víctima para denunciarlas y restituir sus derechos. 

Consumidores Irache

domingo, 20 de mayo de 2018

HOMENAJE A FAGOR EDERLAN EN TAFALLA POR FOMENTAR EL EUSKERA

Dentro de un ambiente especialmente festivo y participativo, se celebró en el día de ayer en Tafalla la décimo tercera edición del Día del Euskera-Euskararen Eguna, una jornada que un año más estuvo organizada desde la Comisión Municipal de Euskera del consistorio tafallés y que contó a su vez con el apoyo de varios colectivos culturales y folklóricos de la localidad. La cita de este año sirvió para homenajear a la empresa Fagor Ederlan Tafalla por su iniciativa de poner en marcha en el año 2012, dentro de sus propias instalaciones, un Plan de Normalización del Euskera, impartiendo clases de euskera entre sus empleados y colocando carteles y rótulos informativos de forma bilingüe, entre otras y diversas medidas.
La programación del día se inició a las 10 de la mañana con las dianas por diferentes barrios de la localidad a cargo de las bandas de txistularis y de gaiteros. Una hora más tarde, comenzaban las kalejiras que realizaron por las calles más céntricas, por un lado, varios grupos de dantzaris txikis de los diferentes centros educativos de la ciudad (Colegio Público Marqués de la Real Defensa, Ikastola Garcés de los Fayos y Escolapios), junto a las Comparsas de Gigantes de la Ikastola y de Asier Marco, acompañados de gaiteros y de txistularis y por otro itinerario, un nutrido grupo de instrumentistas de la Escuela Municipal de Música, bajo la batuta de su director, José María Velasco.
Al finalizar el recorrido, en la plaza de Navarra, ante la presencia de numeroso público, interpretaron varios bailes los gigantes de las comparsas de la Ikastola y de Asier Marco, así como más de una treintena de dantzaris txikis de entre 3 y 12 años de edad.
 Como representantes municipales acudieron a este acto, el alcalde, Arturo Goldaracena, y otros tres ediles de su grupo: Cristina Arconada, Iñaki Lerga y Jacinto Goñi (EH Bildu), además de las concejalas Soco Ojer (IE) y Goizeder Juango (Iniciativa por Tafalla). En esta ocasión, no acudieron ninguno de los representantes de los grupos de UPN ni del PSN. Con el acompañamiento de la técnica municipal de Euskera, Ana Flamarique, Cristina Arconada presentó el acto y a las personas homenajeadas con intervenciones en euskera y Soco Ojer y Goizeder Juango hicieron lo mismo, dirigiéndose a los presentes en castellano. En esta presentación apuntaron que “el euskera es una lengua viva en Tafalla y en las últimas décadas se ha incrementado el número de personas que la conocen. Esto debe traer consigo una mayor presencia social. Sin embargo su uso no depende exclusivamente de una elección personal, sino que viene condicionado por diversas variables: capacidad o facilidad para hablarlo, contar con una red de hablantes de euskera, presencia en la familia, círculo de amistades, plaza, trabajo…y la fábrica Fagor-Ederlan de Tafalla es un ejemplo de uso social, pues lleva años impulsando y facilitando el aprendizaje y uso del euskera en el ámbito laboral”.
El plan de fomento del euskera de Fagor lo pusieron en marcha en el año 2012 y desde entonces los empleados y empleadas que lo solicitan reciben clases pagadas por la empresa e impartidas por irakasles de AEK, además se ha rotulado en bilingüe la cartelería de la fábrica y se ha elaborado y repartido entre todo el personal un diccionario técnico con la terminología propia de la fábrica. En el comedor también se ha reservado una zona para quienes hablan con soltura el euskera y para quienes tienen un nivel más alto, dos veces al mes se dan clases de Mintza praktika. Se promueve su propio Día del euskera, concursos, campañas (‘Agurtu euskaraz’) y todo aquello que facilite la comunicación diaria en la lengua vasca. Por parte de Fagor-Ederlan recogieron la distinción cuatro empleadas de la fábrica: Leticia Garrido (sección de acabado), Maider Martínez (técnico comercial), Maitane Arrizubieta (ingeniera de calidad) y Naiara Mondragón (ingeniera de procesos). Esta última agradeció el homenaje recordando a las irakasles y a quienes en estos seis años han ido a clases”.

Diario de Noticias

LA DERECHA FÍA A LA BATALLA DE LAS LENGUAS SUS OPCIONES DE RECUPERAR VALENCIA, BALEARES Y NAVARRA

Hay muchas cosas que tienen en común Navarra, Baleares y la Comunidad Valenciana. Tres territorios marcadamente plurales, con diversidad identitaria y dos lenguas propias. Las tres hacen frontera con comunidades mayoritariamente nacionalistas con las que mantienen importantes vínculos históricos y culturales, algo que genera recelo en una parte importante de su población. Desde 2015 tienen además gobiernos socialmente progresistas y transversales en lo identitario. Y la derecha, que históricamente ha gobernado con comodidad en las estas regiones, está hoy en la oposición agarrada a la batalla lingüística como estrategia para recuperar el poder en 2019.
Son muchos los paralelismos que se pueden tejer en la historia reciente de las tres comunidades. Las fuerzas nacionalistas tradicionales han evolucionado hacia organizaciones más sociales y menos marcadas en lo identitario, como Geroa Bai, Compromís o MÉS, que han logrado muy buenos resultados, llegando incluso a gobernar. La irrupción de Podemos ha facilitado los cauces de diálogo con el resto de las fuerzas progresistas, permitiendo que las dos corrientes sumaran fuerzas hace tres años para desplazar a la derecha del poder en torno a un programa de reconocimiento de la pluralidad y de regeneración social y democrática. Un éxito electoral al que también ha contribuido el desgaste de la derecha por los distintos casos de corrupción o irregularidades administrativas que han llevado a los tribunales a expresidentes de las tres comunidades.
Tres gobiernos de autonómicos que, junto con las alcaldías de las principales ciudades, con Barcelona y Madrid a la cabeza, representan el vuelco electoral que se produjo en España en 2015. Un cambio que no logró tener su traslación al Gobierno del Estado, y que ahora sobrevive en medio de una corriente recentralizadora que, a la sombra del conflicto catalán, está impulsando a Ciudadanos a lo más alto de las encuestas con un programa antagónico.
 En definitiva, tres ejecutivos autonómicos, dos liderados por el PSOE y uno por Geroa Bai, que son objetivo de la derecha política española, que con el apoyo mediático de grandes grupos de comunicación trabaja para recuperar en 2019 el poder territorial perdido. Y que en Navarra cuenta además con el apoyo del PSN, la única de las tres federaciones socialistas que está en la oposición.
La vía elegida en todos los casos ha sido la misma: promover el conflicto identitario y la confrontación de lenguas azuzando el miedo a la pérdida del puesto de trabajo o a la exclusión. “Seremos parias en nuestra tierra”, repite habitualmente el líder de UPN, Javier Esparza. Un argumentario muy similar al que utilizan los portavoces de la oposición en Valencia y Baleares, donde es habitual escucharles hablar de “imposición lingüística” exagerando la realidad o descontextualizando los datos.
Lo ha sido así en el caso de Navarra, donde cualquier decisión del Ejecutivo foral ha sido elevada a la categoría de “imposición” del euskera. Los impresos bilingües en los trámites con la Administración Pública, la ampliación de la zona mixta a los municipios que mayoritariamente lo han solicitado, rótulos en los que se lee Navarra-Nafarroa a la entrada de la Comunidad, el derecho a estudiar en el modelo D en la zona no vascófona y, por supuesto, cualquier convocatoria de oferta pública de empleo.
Se ha insistido así en que en Navarra es imposible lograr una plaza si no se conoce el euskera y que la lengua será obligatoria para que las empresas puedan trabajar con la administración. Afirmaciones falsas desmentidas con los hechos. Porque la ley lo único que exige es un plan de formación para los empleados que deban atender al público y que voluntariamente quieran aprender euskera. Y porque en la última OPE de Salud el euskera puntuó un máximo de 2,73 puntos sobre 100, cuando el inglés o el alemán lo hicieron en 2 puntos. 0,73 de diferencia que da prueba del nivel de imposición real.
Es evidente que en Navarra se han dado pasos en el ámbito lingüístico. Entre otras cuestiones porque se partía del absurdo de que en toda la comunidad no hay ni una plaza de bibliotecario con requisito en euskera, a pesar de que buena parte del material de consulta está en esa lengua. O porque había una requisitos mínimos que atender en relación con un idioma que el Gobierno anterior había intentado invisibilizar todo lo posible.
Los pasos dados, sin embargo, quedan lejos de los que se han dado en la Comunidad Valencia y en Baleares, ambas gobernadas por el PSOE, y donde el idioma es requisito, no un mérito. En esta última, contar con un nivel básico de catalán es requisito para que los médicos puedan promocionar internamente o para tocar en la orquesta sinfónica de la comunidad, lo que le ha generado duras críticas a Francia Armingol (PSOE).
En Valencia, en cambio, la polémica ha venido de la mano del modelo educativo del Gobierno liderado por el socialista Ximo Puig. El Ejecutivo valenciano ha eliminado la exención de conocer y estudiar el valenciano en las zonas históricamente castellanohablantes, y ha aprobado una ley de plurilingüísmo que fija en la educación de todos los escolares un mínimo del 25% de horas lectivas para el valenciano y el castellano, y de entre un 15% y un 25% para el inglés.
Las medidas adoptadas en ambas comunidad, al igual que en Navarra, han propiciado una virulenta respuesta de la oposición. Tanto que el próximo 2 de junio coincidirán dos manifestaciones a la misma hora en Pamplona y en Valencia con el mismo objetivo, convocatoria similar a la que el pasado febrero tuvo lugar en Palma de Mallorca “contra la imposición del catalán”.
En Valencia, el PP ha calificado de “dictadura lingüística” la actuación del Ejecutivo autonómico. Considera que se persigue el “adoctrinamiento catalanista” y un “’procés’ valenciano”. E incluso ha vinculado las denuncias por los casos de corrupción a que los miembros del Gobierno autonómico “no quieren que Valencia esté al nivel de Barcelona”. En las islas, mientras, el PP ha denunciado que “es más importante saber catalán que medicina” y que se está “catalanizando la educación”.
La disputa ha saltado ya al ámbito nacional. Rajoy ha anunciado un recurso al Tribunal Constitucional contra la norma lingüística de la Generalitat por la “imposición del valenciano”. El portavoz del PP, Rafael Hernando, habla directamente de “adoctrinamiento” en las aulas de Valencia y Baleares. Mientras que Ciudadanos habla ya de prohibir por ley que la lengua cooficial sea requisito para ser funcionario.
Las lenguas cooficiales se han convertido así en eje vertebrador de la confrontación prácticamente desde el inicio de la legislatura en los tres territorios. Una tensión política que ha subido varios todos en los últimos meses, amplificada por determinados medios desde Madrid, y que irá a más conforme se acerquen las fechas de las próximas elecciones. Con la economía en auge y las coaliciones progresistas cohesionadas, que el eje identitario se imponga al social es la última carta que le queda a la derecha para recuperar el poder autonómico perdido en 2015.

Ibai Fernández, en Diario de Noticias

sábado, 19 de mayo de 2018

ARRANCAN LAS OBRAS DE MEJORA DE UNA PARTE DE LOS ALTOS DE PERALTA

El Gobierno de Navarra ya ha comenzado las obras de mejora de la NA-624 Peralta-Andosilla, concretamente en la zona que se conoce como Altos de Peralta, una vía que ha sido motivo de queja en los últimos años debido al mal estado y peligrosidad de la calzada. La actuación, que no contenta a quienes exigen una ejecución integral, consistirá en suavizar dos de las múltiples curvas que hay en este tramo.
Para ello, el Ayuntamiento peraltés tuvo que aprobar en pleno la desafección de unas parcelas de comunal, que es donde están las maquinarias trabajando en la actualidad. “La actuación es positiva, todo lo que sea mejorar, bienvenido sea. Está claro que es una solución parcial y que el problema no queda resuelto y, por lo tanto, habrá que seguir trabajando al respecto y el Gobierno, en la medida de lo posible, tiene que seguir mejorando este trazado”, apuntaba el alcalde peraltés, Juan Carlos Castillo.
Se trata de una de las carreteras secundarias de la Comunidad foral que más tráfico soporta, y es que por este tramo pasan cerca de 3.000 vehículos al día, muchos de ellos, casi el 10%, camiones. Hay que recordar que esta carretera une San Adrián y Peralta, dos de las localidades de la zona con más industria.
 De hecho, el arreglo de este vial, con un presupuesto de unos 7 millones de euros, ya estaba previsto dentro del III Plan Director de Carreteras de Navarra 2009-2016 pero por motivos económicos nunca llegó a efecto.
El Ejecutivo foral se ha encargado de la dirección de obra así como de su ejecución. Aunque los plazos no están claros, las afecciones al tráfico, que son mínimas puesto que apenas invaden un carril, permanecerán varias semanas, por lo que recomiendan circular con precaución.
A lo largo de los años han sido muchos los vecinos a título particular y los Ayuntamientos de la zona (Andosilla, Azagra, Falces, Funes, Marcilla, San Adrián y Peralta) que se han postulado a favor de un arreglo de esta carretera. De hecho, cientos de personas firmaron una petición recientemente exigiendo mejoras. “Los carriles son estrechos, de apenas tres metros de anchura, algo que obliga a los camiones que se van a cruzar a pararse o a invadir el carril contrario. El asfalto tiene unos cantos en los laterales de la plataforma de un grosor superior a los doce centímetros de altura y la cantidad de baches debido a los parcheos es alarmante. Todo ello sumado a la inexplicable cantidad de curvas que hay”, apuntaba el escrito que solicitaba la actuación urgente del Ejecutivo.
Diario de Noticias