miércoles, 20 de noviembre de 2019

SEIS CLAVES DE LA SENTENCIA DE LOS ERES: ASÍ SE CREÓ EL SISTEMA FRAUDULENTO PARA CONCEDER AYUDAS EN ANDALUCÍA

De acuerdo con la sentencia, Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran "la cúspide de la pirámide" que decía la jueza Mercedes Alaya en sus autos antes de que, durante la toma de posesión de Susana Díaz el 10 de septiembre de 2013, pidiera la imputación de los expresidentes de la Junta y también exministros socialistas. Los 1.821 folios de la resolución judicial que condena a las personas que durante 23 años consecutivos (julio 1990-septiembre 2013) dirigieron la política andaluza y a seis de sus consejeros asegura en sus hechos probados que en el seno de la administración autonómica se creó, usó y mantuvo durante una década un sistema para eludir la fiscalización de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis que se concedieron con cargo a fondos públicos.
En 679.432.179,09 euros cifra el fraude la sentencia, tal y como había expuesto la Fiscalía Anticorrupción al finalizar el juicio. En la sentencia no se habla de responsabilidad civil ni de quién debe pagar el dinero malversado (hay diez condenados por ese delito) porque las acusaciones, ante la reserva de acciones civiles planteada por la Junta de Andalucía, retiraron su petición en este procedimiento.
Con todo, estas son algunas claves de una sentencia larga y técnica donde se plasma que los ahora condenados "tenían conocimiento", "participaron" o "consintieron" el fraude.

1. Una "necesidad política", un "sistema ágil"
Según los hechos probados, en la década de los 90 y en el año 2000 la Consejería de Empleo tenía establecido un sistema de ayudas para dar respuesta a las situaciones de crisis económicas de empresas mediante la tramitación de un expediente de subvención excepcional, al no existir regulación específica de la materia, con la fiscalización previa por la intervención delegada de la Consejería.
El 19 de junio de 2000, dicha intervención delegada emitió un informe de fiscalización de disconformidad respecto a una ayuda de 151 millones de pesetas por no estar amparada en un régimen de ayudas notificado a la Comisión Europea, entre otros reparos. Aquello retrasó la pronta resolución de los conflictos sociolaborales de aquel año "que alteraban la paz social", exigiendo un mayor compromiso presupuestario de la Junta. La prolongación de las ayudas exigía un cambio en la tramitación, como excepcionales, de estas subvenciones, lo que provocó que Empleo confeccionara un proyecto de Decreto para su regulación que no llegó a ser elevado para su aprobación por el Consejo de Gobierno, tras las advertencias de la Intervención General de la Junta, pese a intentarse por tres veces entre finales de 2000 y comienzos de 2001.
"La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos", zanja la sentencia.

2. Un gasto "ficticio"
Por ello, y desde entonces, la Junta se sirvió de la figura de las transferencias de financiación o de modificaciones presupuestarias para hacer que los fondos percibidos por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), creado en 1987, se destinaran a pagar lo ordenado por la Consejería de Empleo en relación a ayudas sociolaborales a determinadas empresas, entre ellas Santana Motor en mayo o diciembre de 2001, 'en materia de relaciones laborales', 'acciones que generan empleo' o 'transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro', entre otros conceptos.
Las transferencias de financiación tenían como objeto equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del IFA, de forma que si se transfieren fondos por importe superior a los necesarios para conseguir el equilibrio en su cuenta de resultados, entre ingresos y gastos, se habría de reintegrar a la Tesorería de la Junta. Pero el destino de los fondos que se percibían por transferencias servían para abonar lo que la Consejería de Empleo ordenaba, y donde realmente se residenciaba el gasto. Esta operativa se modificó en 2010, incluyendo en el presupuesto de explotación de IDEA una rúbrica específica para los pagos por encargo de la Consejería. El IFA estaba sujeto a la función fiscalizadora mediante el control financiero permanente, que era el control regular posterior de las operaciones de contenido económico mediante procedimientos y técnicas de auditoria.
Las transferencias de financiación a favor del IFA provocó que este recogiera "de forma ficticia como gasto en su presupuesto de explotación, el importe de las transferencias", bajo la rúbrica 'otros gastos de explotación', a los solos efectos de compensar la consideración como ingreso de las transferencias pero sin que realmente el montante de dichos gastos se fuera a incrementar, puesto que en la contabilidad financiera del IFA los pagos ordenados de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis no se recogían en la cuenta de pérdidas y ganancias, ni como ingreso ni como gasto. Esta operativa contable, tanto financiera como presupuestaria, se inició en el año 2000 y se prolongó hasta el año 2009, dice la sentencia.

3. Todo el poder para Guerrero
Hasta julio de 2001, los fondos recibidos por el IFA a través de dichas transferencias de financiación eran movilizados a las empresas mediante convenios particulares entre los máximos responsables de la Consejería de Empleo y el IFA, que firmaron el 17 de julio de 2001 un acuerdo marco para la materialización de ayudas en materia de Trabajo y Seguridad Social, que no fue objeto de informe por el Gabinete Jurídico de la Junta, por la Intervención General de la Junta de la Andalucía, ni por los servicios jurídicos del IFA. Las ayudas "soslayaron la preceptiva fiscalización crítica o previa de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo", dice la sentencia.
El primer efecto conseguido fue no poder identificar quién era el beneficiario de las subvenciones excepcionales. El sistema de ayudas articulado hasta esa fecha tenía su presupuestación de manera correcta y ,se identificaba a los destinatarios de cada ayuda.
Así, a través de varias modificaciones presupuestarias aprobadas en 2000 y 2001, se puso a disposición de Francisco Javier Guerrero Benítez, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, "sin competencia legal para la concesión de subvenciones", un total de 93 millones de euros para "sin sujeción a la fiscalización de la Intervención de la Junta de Andalucía y sin necesidad de tramitar expediente alguno, en este caso, el de subvenciones excepcionales", como se venía haciendo por la propia Consejería de Empleo. Entre enero de 2001 y diciembre de 2003, el Consejo Rector del IFA fue informado acerca de 44 convenios formalizados. Tras la adscripción del IFA a la Consejería de Innovación en el año 2004, nada cambió en el proceder: entre enero de 2004 y junio de 2008, el Consejo Rector fue informado de 53 convenios suscritos. A partir del mes de junio de 2008, gran parte de las ayudas fueron pagadas por la Agencia IDEA.

4. El aval del presupuesto y las advertencias del interventor
Ya para la elaboración y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2002 se introdujó la aplicación presupuestaria en la que se recogían los créditos a favor del IFA en el nuevo programa 31L, que sustituyó al 22E. Los responsables de la Consejería de Empleo plantean en la propuesta de anteproyecto de presupuesto la utilización de esa aplicación en contra de la clasificación económica del gasto establecida por la Consejería de Economía y Hacienda. Y en Consejo de Gobierno fue aprobado "con conocimiento de los incumplimientos de su utilización".
Esta operatoria contable, tanto financiera como presupuestaria, se inició en 2000 y se repitió en los siguientes hasta 2008. En 2009 se consignaron transferencias de financiación de explotación que presupuestariamente se consideraron por IDEA como transferencias de financiación de capital, y que continuaron destinándose al pago de subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo, explica la sentencia.
En los mismos términos y circunstancias se elaboraron y aprobaron los anteproyectos de ley de presupuestos de la Junta de los años siguientes. Un informe adicional del interventor general, Manuel Gómez, dijo en 2005 que la tramitación de las subvenciones excepcionales se hizo "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido". De aquel tuvo conocimiento Griñán como consejero de Hacienda "a través de" su viceconsejera Martínez Aguayo, según reza la sentencia.
De aquellas "deficiencias detectadas en el citado informe adicional al de cumplimiento de 2003", "una mera lectura de todos los puntos bastaría para cualquier lector, cualesquiera que fueran los conocimientos que sobre la materia tuviera, dedujera, primero, que en la concesión de esa ayuda y de todas las que son semejantes, no se ha seguido procedimiento administrativo alguno, y segundo, que se ha omitido la fiscalización previa, con lo que eso supone respecto de la función de control, para evitar que los fondos públicos salgan indebidamente de la Junta de Andalucía", dice contundente la sentencia en ese sentido.

5. "Con conocimiento de las deficiencias"
En 2005, la cantidad dispuesta para Guerrero fue de 73 millones de euros, "sin sujeción a la fiscalización de la Intervención de la Junta de Andalucía, y sin necesidad de tramitar expediente alguno, en este caso, el de subvenciones excepcionales". Así, 86 millones en 2006, 87 millones en 2007, 94 millones en 2008, 80 millones en 2009, etc. Pese a las "irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas Consejerías" que recogía la Memoria de Control Financiero Permanente de 2006, el presidente Chaves y los exconsejeros acusados "procedieron a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes, y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso", "con conocimiento de las deficiencias e irregularidades descritas".
La publicación de unas bases reguladoras no llegó hasta que se dictó en forma de Orden, en fechas 1 de abril de 2011 -aprobación de las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales-, 13 de marzo de 2012 -establecimiento de las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a las personas trabajadoras, beneficiarias de una ayuda sociolaboral.

6. Hasta 680 millones "para atender compromisos"
El montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y 31L que se dispuso año a año "para atender los compromisos asumidos frente a terceros" por ayudas sociolaborales, ayudas a empresas, y otros conceptos mediante el mecanismo de las transferencias de financiación a la agencia IFA/IDEA entre 2000 y 2009 fue de 680 millones de euros, recoge la sentencia, tal y como había cifrado la Fiscalía Anticorrupción al finalizar el juicio. En la sentencia no se habla de responsabilidad civil porque las acusaciones, ante la reserva de acciones civiles planteada por la Junta de Andalucía, retiraron su petición en este procedimiento.
El caudal de fondos públicos que permitió nutrir a la Dirección General de Trabajo y de la Seguridad Social de las cantidades de las que dispuso para atender los compromisos asumidos frente a terceros fue de (año e importe): 2000 6.977.751 euros, 2001 86.022.863 euros, 2002 66.538.654 euros, 2003 55.646.899 euros, 2004 42.472.719 euros, 2005 73.061.471 euros, 2006 86.591.000 euros, 2007 86.656.003 euros, 2008 94.744.185,09 euros y 2009 80.720.634 euros.
Como ayudas sociolaborales para el pago de primas de pólizas de rentas y capital se vieron beneficiadas unas 77 empresas, que tuvieron la necesidad de presentar expedientes de regulación de empleo, extintivos, o simplemente reducir plantilla mediante despidos, dice la sentencia. En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, al no efectuarse una convocatoria que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse su concesión, como era exigida, y no registrarse, como era obligado, en el registro de la base de datos y subvenciones de la Junta, "se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas, un importante número de empresas en situación de crisis económica". También se usaron los fondos a "fines completamente ajenos" como campañas de comunicación, formación del voluntariado de los Juegos del Mediterráneo en Almería o financiación de hasta 16 muestras de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo.
Los 19 condenados "tuvieron conocimiento del uso del procedimiento" y "de las conclusiones de la Intervención Andaluza a partir de la comunicación del informe adicional de ayudas de 2003" y cuyas conclusiones "fueron repitiéndose, en mayor o menor medida, en los sucesivos informes de la Intervención de las cuentas anuales de IDEA de los ejercicios siguientes", así como "de las consecuencias de la gestión de los fondos del programa 31L", "que posibilitaron y permitieron que, año tras año, -conforme a las facultades y potestades que su cargo le permitía, en los periodos ya reseñados-, se siguiera reproduciendo el mecanismo", dice el 23º y último hecho probado de la sentencia.

Javier Ramajo, en eldiario.es

lunes, 18 de noviembre de 2019

EL FRAUDE DE LA OEA PARA EL GOLPE EN BOLIVIA

“Declarar es muy fácil, probar y comprobar es lo difícil”, fue la frase con que Fernando del Rincón, periodista de CNN, abrió su programa destinado a hablar del “fraude” en las elecciones bolivianas. Pese a todos sus esfuerzos, él tampoco lo logró. Declaró mucho y probó poco y nada.

Algo parecido le pasó a la Organización de Estados Americanos (OEA). Dedicada desde la noche misma de las elecciones a darle argumentos a la oposición golpista --sembrando sospechas sobre el recuento de votos y hablando de “un inexplicable cambio de tendencia”--, se cuidó sin embargo de utilizar la palabra “fraude” , que no figuró en ninguna de sus declaraciones.

El único que rompió la consigna fue nada menos que el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, expulsado del Frente Amplio por impulsar la intervención militar en Venezuela, quien aseguró el martes en la sesión extraordinaria de la OEA que “en Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”.

Pero más allá del uso de la palabra “fraude”, los documentos de la OEA fueron la columna vertebral sobre la que se construyó el relato que habilitó el golpe de estado en Bolivia . La validez de sus conclusiones quedó severamente cuestionada cuando el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) dio a conocer su trabajo ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA , que demuele las apresuradas conclusiones del documento apadrinado por Almagro.

El CEPR es un prestigioso centro de investigación con base en Washington, fundado por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot. Su Junta Consultiva incluye a dos premios Nobel de Economía como Robert Solow y Joseph Stiglitz.

El relato de la OEA
Todo el relato de la OEA se basó en la interrupción por casi 24 horas del escrutinio provisorio (llamado Transmisión de los Resultados Electorales Preliminares, TREP) cuando ya estaban cargadas el 83,85% de las actas.

El sistema electoral boliviano prevé que será declarado ganador el candidato que supere el 50% de los votos o el que, con más del 40%, aventaje por 10 puntos a su inmediato competidor. Cuando el conteo rápido fue interrumpido, Evo Morales había pasado el 45,7% del total y le llevaba 7,87% a Carlos Mesa, el otro candidato con aspiraciones.

Cuando se retomó el conteo rápido y se llegó al 95,63% de las actas, el resultado fue de 46,86% para el presidente y 36,32 para el opositor, con más de 10 puntos de diferencia. Finalmente, en el escrutinio oficial, el oficialismo llegó al 47,08%, un 10,5% por encima de Mesa. En otras palabras, Evo había sido reelegido sin necesidad de recurrir a un ballottage.

El principal argumento de la OEA para reclamar que se repitan las elecciones fue “el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares [del conteo rápido]”. Sin embargo, sostiene el informe del CEPR, “la misión no proporcionó evidencia sustentando estas declaraciones que sugieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o ‘difícil de explicar’”.

El conteo rápido y el oficial
Los investigadores del Centro estadunidense muestran que la mayor parte de los señalamientos de la OEA se hacen sobre el escrutinio provisorio y no sobre el oficial, que se inició poco después y no se interrumpió en ningún momento.

El conteo rápido se realiza en base a fotografías de las actas y su única función es responder a la ansiedad de los medios y la población con resultados creíbles a pocas horas de terminada la votación. (Dicho sea de paso, la propia OEA recomendó que se haga.) Pero esos resultados no tienen ningún valor legal.

En Bolivia, el único cómputo vinculante es el oficial, confeccionado por los Tribunales Electorales en base a las actas verdaderas. Eso explica por qué, en la noche de las elecciones, grupos coordinados de opositores atacaron, y en varios casos incendiaron, algunos de los locales donde se llevaba a cabo el recuento oficial, obligando a trasladar el lugar de trabajo de las autoridades electorales. Esas “mudanzas” serían utilizadas después por la OEA para cuestionar el funcionamiento del escrutinio.

El estudio de CEPR muestra también que, contrariamente a lo sugerido por la oposición, los dos escrutinios confluyeron en un resultado muy similar. “Al final, el conteo oficial, que es legalmente vinculante y completamente transparente, coincidió estrechamente con los resultados del conteo rápido”, afirmó Guillaume Long, uno de los investigadores.

El cambio de tendencia
Lo que explica el “cambio de tendencia” que tanto preocupó a la OEA no es otra cosa que el fuerte contraste entre el voto ciudadano y el voto rural. Las preferencias en los centros urbanos, donde crece la participación de los sectores medios y altos, son menos favorables a Evo Morales que en los territorios campesinos, el área pobre de la que él mismo proviene. Lógicamente, las actas de las urnas ciudadanas llegan a los centros electorales antes de las que provienen de los apartados sectores rurales. De allí surge la consistencia de la tendencia proyectada desde el comienzo mismo del conteo, que muestra la paulatina y permanente ampliación de la diferencia entre Morales y Mesa, hasta llegar al 10,5 final.

No conformes con esas proyecciones, los expertos del CEPR realizaron más de 500 simulaciones en base a los resultados informados con el 83,85% de las actas, cuando se interrumpió el conteo rápido, y concluyeron que el triunfo de Evo Morales por más de 10 puntos no sólo era posible sino altamente probable.

Del fraude a la inconstitucionalidad
Todos estos datos explican por qué poco a poco se fue abandonando el argumento del “fraude” en el escrutinio de los votos, para resucitar con más fuerza la “inconstitucionalidad” de la participación del Presidente aymara en las elecciones. Cabe recordar que Evo Morales perdió en 2016 por estrecho margen un prebliscito sobre la posibilidad de habilitar su candidatura para un nuevo periodo. Y que finalmente logró en 2017 un fallo del Tribunal Supremo que le dio luz verde a sus aspiraciones .

Más allá de las opiniones que merezcan esas dos iniciativas del presidente depuesto, actualmente no pueden tener la menor relevancia. El fallo que lo habilitó fue aceptado tanto por la oposición interna, que legalizó las elecciones al presentarse, como por los organismos internacionales que ahora aparecen al frente del cuestionamiento, como la OEA, que le dio pleno respaldo en mayo de 2018. “Decir que Evo Morales no puede participar sería absolutamente discriminatorio”, proclamó por aquellos días el propio Luis Almagro.

Pero los vientos cambiaron. Una de las pocas definiciones de la autoproclamada presidenta provisoria de Bolivia, Jeanine Áñez , fue justamente anunciar su decisión de anular ese fallo del Tribunal Constitucional. 

Si lo hace, quedaría expuesto el principal objetivo del Golpe: la proscripción de Evo Morales, de la misma forma que la destitución de Dilma Rousseff y la prisión de Lula da Silva tuvieron el objetivo de proscribir al primer presidente obrero de la historia de Brasil.

¿Serían democráticas unas elecciones con el principal candidato proscripto, aunque acaba de obtener nada menos que el 47 por ciento de los votos? Los argentinos están calificados para opinar al respecto, después de todo algo muy parecido se vivió después del golpe militar que derrocó a Juan Domingo Perón y lo proscribió por décadas. No solo la sangre de los asesinados por la represión une a los dos países.


Algunos datos más que interesantes para seguir leyendo
1. Antonio Costas, el vicepresidente del Tribunal Electoral que con su renuncia abonó buena parte de las denuncias periodísticas sobre el supuesto “fraude”, aseguró a los medios que quisieron escucharlo que su disgusto fue con la “innecesaria” suspensión del conteo rápido. Y reveló que ésta se produjo por una alerta de ataque informático, pero que el “alboroto” técnico y la “impericia” del Tribunal, no cambiaron de ninguna manera la veracidad de los resultados.

2. Según la ley boliviana, una vez que los jurados electorales firman el acta de recuento de una mesa, el día de las elecciones, los votos físicos ya no tienen valor, puesto que en ningún caso se ha de volver a contarlos. Si un acta recibe observaciones, se vuelve a votar en la mesa a la que esta corresponde. Así que nadie se preocupa demasiado por conservar con cuidado los votos. Eso explica por qué pasaron al olvido los videos de denuncia, que se viralizaron en las redes y los medios en la noche de las elecciones, donde jóvenes exaltados mostraban papeletas y urnas como “prueba” del fraude, mientras sus compañeros les prendían fuego.

3. Declaraciones de Evo Morales al diario español El País desde México: “El golpe de Estado empezó el 21 de octubre, después de las elecciones, con la falsa acusación de que había fraude. Ahora me doy cuenta de que la denuncia es el verdadero fraude. Durante dos semanas, se va intensificando y el golpe se consuma cuando la policía se amotina y pasa a ser golpista. Pedimos un diálogo con los cuatro partidos que tienen representación parlamentaria. Para evitar muertos y heridos, yo digo que no haya segunda vuelta sino elecciones y sin Evo candidato, con nuevos miembros del tribunal electoral. Y siguieron agrediendo. Hasta que renuncié, no había muertos de bala. Después, van cuatro o cinco.

En la madrugada del domingo, la OEA ya tenía listo el informe preliminar haciendo ver que había habido fraude. El compromiso era otro, porque nos habían dicho que no lo tendrían listo entero hasta el 12 y nos pidieron hasta el 13, es decir, hasta hoy. Yo pedí que me contactaran con el secretario general, Luis Almagro, a las tres o cuatro de la mañana, pero no quiso. Hablé con su jefe de Gabinete, Gonzalo Koncke, le dije que con ese informe iban a incendiar el país, que iba a haber muertos. Dicen que gané, pero no con claridad, entonces, debería haber segunda vuelta, pero no, quieren nuevas elecciones. Es una decisión política. Ahora dicen que hicimos un autogolpe. Luis Almagro espera instrucciones del Gobierno de Estados Unidos, así se puede entender. Yo tenía cierta esperanza en la OEA. Le dijimos que hicieran la auditoría, estaba convencido de que no hubo fraude. Nunca en la vida me ha gustado hacer algo ilegal. El tema de fondo es que no aceptan el voto indígena. Después del primer informe, el TREP, ganaba con el 7% pero faltaba el voto rural, el voto indígena. Dije que íbamos a ganar. Rechazan el voto indígena, es regresar a tiempos del pasado, a tiempos de la colonia.”

Ernesto Tiffenberg, en pagina12.com

domingo, 17 de noviembre de 2019

EL ODIO AL INDIO

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media”, medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

Álvaro García Linera, en celag.org


sábado, 16 de noviembre de 2019

EL INFORME DE COMPTOS AVALA LA GESTIÓN RIGUROSA Y RESPONSABLE DEL GOBIERNO DE BARKOS

Geroa Bai destaca que el informe de la Cámara de Comptos sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2018 “avala la gestión rigurosa y responsable del Gobierno de Barkos en materia económica y es muestra evidente de cómo se consiguió sanear y ordenar las cuentas de Navarra la pasada legislatura”. Geroa Bai subraya que “una vez más se demuestra que el Gobierno liderado por Uxue Barkos dejó una Navarra mucho mejor de la que se encontró”. 

La coalición recuerda que “cuando Uxue Barkos accedió al Gobierno heredóuna deuda pública cercana a los 3.500 millones de euros y unas arcas forales agotadas”. “Sin ir más lejos, el informe de Comptos referente a las cuentas generales de 2015 alertaba de la necesidad de tomar medidas que permitieran equilibrar las cuentas y reducir deuda, al tiempo que advertía de que podían generarse tensiones de liquidez y solvencia a corto plazo en la Hacienda Foral”, asegura.  

Frente a esto, Geroa Bai destaca que “la pasada legislatura con la aprobación de cuatro presupuestos generales de Navarra y una reforma fiscal se consiguió una política presupuestaria que además de consolidar la apuesta por los servicios públicos y el impulso de la economía,  permitió ordenar las arcas forales”. Según la coalición, “el informe de Comptos es claro en sus conclusiones y evidencia como a 31 de diciembre de 2018 se había conseguido reducir deuda, concretamente un 5% menos que el ejercicio anterior”. “El informe destaca también como por primera vez en 10 años se amortizó más deuda de la concertada”, destaca. 

“Asimismo, Comptos recuerda que la agencia de rating Standard&Poor´sotorgó a Navarra la calificación A+, la máxima posible teniendo en cuenta la calificación del Estado, así como un dato positivo en la evolución de la situación económico-financiera de la Hacienda Foral: los 158 millones de remanente de Tesorería a cierre de ejercicio para gastos generales”, destaca Geroa Bai.

“Además se consiguió cumplir en 2018 con todas las exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria como son: déficit, deuda y regla de gasto”, recuerda la coalición. “Sin embargo, y a pesar de las limitaciones y la interpretación restrictiva de esta ley, el Gobierno de Barkos consiguió acometer medidas que han permitido reforzar los servicios públicos y trabajar por la cohesión social, demostrando que es compatible una gestión rigurosa del equilibrio presupuestario con una política social ambiciosa”, indica. 

“Una gestión responsable- destaca Geroa Bai- que tuvo en frente a quienes porfines exclusivamente partidistas y electoralistas estos años intentó dañar la imagen de Navarra anunciando un apocalipsis y un caos que jamás llegó”. “Frente a ese relato interesado, la realidad y los datos demuestran que la estabilidad económica lograda la pasada legislatura permite ahora al nuevo Gobierno, liderado por María Chivite, hacer frente con ambición a los retos de futuro que deparan a Navarra con la tranquilidad que da unas cuentas saneadas y ordenadas”, subraya Geroa Bai.

Por último, Geroa Bai destaca “la importancia de la defensa de nuestro autogobierno y de nuestras herramientas fiscales que si se utilizan con responsabilidad y rigor son generadoras, como se ha demostrado, de mayor bienestar para la sociedad”. 

Pamplona Actual

LÍBRANOS DE LOS INTELECTUALES

Tras el colapso electoral de Ciudadanos, son ya dos los partidos promovidos por insignes intelectuales que han acabado en el basurero de la historia. Primero fue Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y ahora le ha tocado a su sucesor, Ciudadanos.
Ambos partidos se presentaron inicialmente como formaciones moderadas en lo ideológico, pretendidamente liberales. Querían acabar con el anquilosamiento y corrupción de los partidos existentes. Ofrecían un menú surtido de reformas institucionales, con un marcado tono regeneracionista. Y, por supuesto, nacían para combatir el nacionalismo vasco y catalán.
UPyD se creó en el 2007. Lo promovió un nutrido grupo de intelectuales, muchos de ellos con un admirable compromiso de resistencia contra ETA a sus espaldas. El más activo y visible de todos ellos, Fernando Savater. Le acompañaron en la andadura, con un grado variable de implicación, nombres como Mario Vargas Llosa, Álvaro Pombo, Antonio Elorza, Aurelio Arteta, Francisco Sosa Wagner, Irene Lozano y muchos otros. Casi todos ellos decidieron quedar en un segundo plano, poniendo al frente a una política profesional, Rosa Díez, que había sido consejera en el gobierno de coalición PNV-PSOE y que luego compitió por la secretaría general del PSOE en el 2000. Después de vivir el colapso de UPyD, ha acabado pidiendo el voto al PP de Pablo Casado en esta última campaña electoral.
Ciudadanos se fundó en el 2006 a partir de una plataforma compuesta, entre otros, por Félix de Azúa, Francesc de Carreras, Albert Boadella, Arcadi Espada, Xavier Pericay y Félix Ovejero. El líder elegido para dirigir el partido era un joven inexperto, Albert Rivera, alguien que tenía poco en común con sus ilustres promotores.
Ambos partidos dieron sus primeros pasos durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Se opusieron ruidosamente tanto al proceso de paz que intentó poner en marcha el gobierno socialista tras tres años sin víctimas mortales de ETA como a la reforma del Estatuto catalán. Su crítica fue tan estridente que se ganaron toda clase de parabienes por parte de la prensa más derechista. Además, los promotores intelectuales, todos los cuales tenían tribunas en los principales medios escritos del país, se dedicaron, en momentos distintos, a ensalzar las figuras de Díez y Rivera, generando un culto a la personalidad que acabó trastornando a ambos líderes y los llevó a cometer toda clase de errores políticos que, en su momento, pasaron factura. Y vaya factura.
Más allá del triste destino de Rosa Díez y Albert Rivera, dos juguetes rotos de estos intelectuales metidos a aprendices de brujo, lo que me interesa destacar aquí es la evolución ideológica que sufrieron ambos partidos. En el caso de UPyD, lo que en principio fue un acto de coraje cívico en la lucha contra ETA, pronto se transformó en una cruzada ideológica contra el nacionalismo en general. Incluso así, creo que al principio fue saludable que los dos partidos cuestionaran la hegemonía política del nacionalismo en los territorios vasco y catalán, pero el discurso acabó degenerando en un rechazo visceral y excluyente de toda forma de nacionalismo político, a veces sin consideración alguna por el principio del respeto a las minorías.
Resulta sorprendente lo endeble de aquel discurso rabiosamente antinacionalista. La condena era tan genérica como la de alguien que concluyera que todas las izquierdas son estalinistas o todas las derechas fascistas. Por muy intelectuales que fueran, muchos de ellos tenían una argumentación muy pobre, desconocedora de la inmensa literatura académica sobre el tema. Bastaban unas citas trasnochadas de Karl Popper sobre el nacionalismo como atavismo tribal para construir un discurso de demócratas contra antidemócratas . Luego se añadían algunas tontadas, como aquello de que el nacionalismo se cura viajando, para dar la impresión de que el casticismo político que estaba en el núcleo de su ideología era en realidad algo moderno y cosmopolita.
Con el paso del tiempo, el antinacionalismo catalán y vasco de estos partidos acabó amparando un nuevo nacionalismo español intransigente y uniformizador. Ya sé que ese nacionalismo español tiene raíces muy hondas en la historia, pero digo que era nuevo porque estuvo silente durante los primeros veinte años de democracia. Por mucho que se disfrazara de constitucionalismo e igualitarismo liberal, la negación absoluta de la relevancia política de los sentimientos nacionales en el País Vasco y Catalunya no era más que una forma de imponer un nacionalismo de Estado, el español, sobre los nacionalismos vasco y catalán. Porque nacionalismo significa, ante todo, organizar la política a escala nacional. Si es a escala española, es nacionalismo español. Si es a escala vasca, es nacionalismo vasco. El proyecto nacionalista se puede llevar a cabo cívicamente, con respeto a los derechos individuales y los principios democráticos, o mediante imposición y eliminación del diferente. En la historia abundan ejemplos de ambos tipos de nacionalismo (y de múltiples casos intermedios).
El prejuicio subyacente era muy obvio: según UPyD y Ciudadanos, sólo la nación española puede constituirse en una democracia constitucional. Las naciones vasca y catalana no pueden alcanzar esa forma política, su proyecto etnicista se lo impide, no pueden formar una república democrática. Por eso, hay que proteger del peligro nacionalista a los ciudadanos de aquellas regiones con la Constitución de 1978. Según esta forma de razonar, si Catalunya llegara a independizarse, no sería una democracia como la española o la portuguesa, sino que se parecería más bien a la Serbia de Milosevic.
En realidad, hoy ya sabemos que por debajo del constitucionalismo latía un nacionalismo, el español. Baste recordar la participación de Ciudadanos en el mitin de Colón, junto al PP y Vox. El discurso histérico y extremista de Ciudadanos sobre la crisis catalana ha contribuido decisivamente a que muchos votantes hayan optado, como consecuencia lógica, por el nacionalismo español fetén, el de Vox, detrás del cual también es posible encontrar a otros intelectuales en origen, como Gustavo Bueno y algunos de sus seguidores.
Bajo el constitucionalismo y el igualitarismo liberal, se pretendía imponer un nacionalismo de Estado.
Un sector muy influyente y bien conectado de la intelectualidad española ha desempeñado un papel importante en la crispación nacional y el empobrecimiento del debate público sobre este asunto. Tras los fracasos de UPyD y Ciudadanos, así como el éxito de Vox, harían bien en no malgastar más tiempo en la política y dedicarse a lo que se les da mejor, las letras.

Ignacio Sánchez-Cuenca, en La Vanguardia

viernes, 15 de noviembre de 2019

EL EUSKERA EN LA RIBERA. LA FOTO

Despues de una campaña de matriculación movidita, hemos dado comienzo al nuevo curso. Un comienzo agridulce.

Dulce porque un año más, mas de 80 personas se han aacercado a nuestro euskaltegi y han decidido empezar o continuar aprendiendo euskera de la mano de Aek, zorionak eta eskerrik asko a todas ellas.

Como muchas de vosotras ya sabeis Aek lleva más de 30 años enseñando e impulsando nuestra lengua en la Ribera. Trabajo que hemos tenido que hacer y seguimos haciendo en circustancias adversas, sin practicamente ayudas por parte de la administración y haciendo frente a campañas de manipulación y desprestigio hacia el euskera y su difusión.

Pero el empeño, las ganas y nuestro metodo de enseñanza, hacen frete a todos esos obstáculos, para que los y las Riberas se acerquen, aprendan y utilicen el euskera, y seamos gratamente recompensados. De nuevo Zorionak eta eskerrik asko gure ikasleei.

Nuestra satisfacción no es solo por nosotras y nuestros alumnos, también nos alegra ver que con cada inicio de curso hay gente de la Ribera que renueva o empieza su relación con el euskera en otros colegios o centros.

Hablamos de la cantidad de familias que participan del proyecto Argia Ikastola, de todas las que han decidido acercarse al euskera de la mano del modelo A de enseñanza pública, de las que han conseguido poner en marcha el modelo D en Castejón, de las que se han maatriculado en la Escuela de Idiomas y hablamos, como no, de todas esas Riberas que han espresado su inteción de iniciarse en esta lengua apuntandose en los centros de Enseñanza para Adultos, EPA. : Cascante 30, Castejón, 30-40, y Tudela, alrededor de 80.

Esta es la foto!, o al menos la parte dulce de ella y nos demuestra: 1- Que en la Ribera hay mucha gente que quiere conocer ese parte de nuestra identidad que desconoce, y 2- Que las instituciones deben potenciar, impulsar y atender esa demanda. Cuando asi lo hacen la respuesta es clara, euskara bai!.

Pero tambien hay una parte agria, ya que vivimos en la zona de Navarra en la que la administración no dan ningún valor al euskera, en la que algunos partidos hacen gala de su euskarafobia y la han convertido en eje principal de su discurso, en la que representantes públicos no tienen vergüenza en menos preciar una de nuestras lenguas oficiales, en atacar uno de los patrimonios más valioso, si no el más valioso, de nuestra historia, cultura e identidad. Teniendo en cuenta todo esto, de nuevo Zorionak eta eskerrik asko.

Zorionak eta eskerrik asko a todas esas personas que haciendo oídos sordos al discurso de la imposición, a esos que dicen que el euskera en la Ribera ni ahora ni nunca, se esfuerzan por aprender, hablar e impulsar el euskera.

Zorionak eta eskerrik asko, por que paso a paso vamos dejando claro que la actual Ley del euskera no nos sirve y nos discrimina. Nos merecemos los mismos derechos y oportunidades que nuestros vecinos de Lizarra, Baztan o Leitza. La realidad no es estatica y la Ribera demanda y necesita politicas de apoyo al euskera.

Debemos preguntarnos, ¿que paasría si cosiguiesemos que los políticos se despojasen de prejuicios y herencias absurdas y decidiesen impuldsar el euskera en la Ribera?. ¿Acaso no se animaría muchos más gente?, ¿no lograríamos que las diferencias sociolinguisticas que hoy esisten entre norte y sur no fuesen tantas?. ¿Quién impone a quién?.
Acabar con la parte agria de esta foto está en nuestra mano y pasa por el trabajo en común, aunar fuerzas, cosensuar objetivos y estrategias. Sacar el euskara al a calle con una idea clara el euskera es de todas y todas tenemos derecho a conocerlo y disfrutarlo. Que no nos fastidien la foto, zorionak eta eskerrik asko!

Iñaki Bakero Ortega
Erriberako Arrigarai Aek Euskaltegiko Zuzendaria
Director de Aek de la Ribera

miércoles, 13 de noviembre de 2019

PERALTA ACOGERÁ DOS JORNADAS CULTURALES CON MOTIVO DEL SEMINARIO DE LAS DOS NAVARRAS

Peralta será la anfitriona el martes 19 de la celebración del XV Seminario de las Dos Navarras, un evento que este año, como novedad, contará con una jornada extra, la del lunes, con conferencias culturales e históricas de un gran nivel. Se trata de una cita en la que, además de consolidar los lazos que unen a los territorios de ambos lados del Pirineo, se hablará sobre la historia de la localidad ribera.
Y es que el día 18, y de la mano de Javier Ciordia, uno de los impulsores del evento, habrá cuatro conferencias de unos 40 minutos en la casa de cultura.
A las 18.00 horas intervendrá Juan José Larrea con Campesinos, señores y Reyes en la colonización de la Ribera, a las 18.45 horas le tocará a Peio Monteano con La huella bajonavarra en la Ribera, a las 19.30 horas Urko Zabaleta presentará a la asociación Antzinako y, tras una pausa, hablará Roldán Jimeno sobre Remiro de Goñi Peralta (1481-1554): agramontés, obispo electo de Pamplona y canonista. Al finalizar habrá un turno de preguntas.

El martes tendrá lugar el XV Seminario desde las 10.00 horas. Tras la intervención del alcalde, Juan Carlos Castillo, tomará la palabra Ana Zabalza, que abordará el tema de Huellas de Ultrapuertos. Apellidos bajonavarros en la Ribera.
Tras ella intervendrá, con ponencias de unos 20 minutos, Éric Leblay con La Baja Navarra durante la Primera Guerra Mundial. Y para cerrar este bloque, y antes de una pequeña pausa, hablará Fernando Hualde sobre Relaciones históricas entre las dos Navarras. Técnicas de contrabando y cultura pastoril.
Finalmente a mediodía está previsto el acto institucional en el que intervendrán, además del primer edil de Peralta, el presidente de la asociación Terres de Navarre, Louis Gentien, algún representante del Consejo General de Pirineos Atlánticos, así como la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo.
Para cerrar la mañana, las autoridades y asistentes visitarán el casco histórico y los lugares más emblemáticos de Peralta y disfrutarán con un pequeño aperitivo.
Por la tarde, y ya fuera del seminario, intervendrá Iñaki Sagredo con Las defensas musulmanas y cristianas en el emerger del reino de Pamplona. Siglos IV-X.
“Es un evento que nos beneficia culturalmente porque es una forma de estrechar lazos con la Baja Navarra y que, además, nos pone en el mapa. El nivel de ponentes es muy alto, son quizás las personas que mejor conocen la materia y animo a todo el mundo a que se acerque a conocer más nuestra historia porque seguro que merecerá la pena”, apuntaba el alcalde Castillo al tiempo que agradecía la labor del “Gobierno de Navarra, a través de la consejería de Relaciones Ciudadanas que encabeza Ana Ollo, de Javier Ciordia por su trabajo para que esto salga adelante, así como a los propios ponentes y a la comisión de Cultura del Ayuntamiento, pieza imprescindible para que estas jornadas puedan celebrarse”.

La idea, explicaba Ciordia, es que en el hall de la casa de cultura haya una especie de Feria de la cultura con diferentes expositores informativos. En este caso, uno de los puestos lo ocupará la asociación de genealogía Antzinako, que colaborará con un mapa interactivo en el que los asistentes podrán conocer sus raíces.
También habrá un espacio de recuperación arqueológica en torno al castillo de Amaiur, los allí presentes podrán informarse sobre el camino de la Vera Cruz o las Vías de Carlomagno, y la idea es que haya una zona pensada también para los estudiantes de Bachillerato.
“Tenemos que poner en valor el patrimonio que tenemos, nuestra historia, porque en un mundo globalizado sabemos más de lo de fuera que de lo que tenemos en casa”, finalizaba Ciordia.

LOS PONENTES
Lunes 18. A partir de las 18.00 horas, y con intervenciones del 40 minutos, hablarán Juan José Larrea, Peio Monteano, Urko Zabaleta y Roldán Jimeno.
Martes 19. Desde las 10.00 horas, y con ponencias de 20 minutos, hablarán Ana Zabalza, Éric Leblay y Fernando Hualde. Por la tarde intervendrá Iñaki Sagredo. Este día habrá autoridades políticas.

Diario de Noticias

EXHUMACIONES DE MOLA, SANJURJO Y FRANCO, CUESTIÓN DE ESTILOS

El próximo 16 de noviembre se cumplirán 3 años desde que culminó el proceso de exhumación de los generales Mola y Sanjurjo, así como 6 voluntarios del bando fascista que se encontraban también enterrados en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona. Unas exhumaciones que fueron fruto de un trabajo intenso, que se prolongó durante cerca de 10 meses, y que tuvimos en mente desde el momento mismo en que accedimos a la alcaldía, en junio de 2015. Desde aquellas primeras reuniones en el despacho de alcaldía decidimos que iba a ser un proceso presidido por la discreción más absoluta, y que había de culminar con la entrega privada, ordenada y respetuosa de los restos a sus descendientes. Que no iba a ser un circo mediático.
En el plano político no hubo contratiempos, puesto que una amplia mayoría del pleno avalaba el proceso, 17 de 27 concejales. El único punto negativo fue UPN, que inexplicablemente votó en contra de las exhumaciones de los golpistas. El grupo regionalista, con el actual alcalde Enrique Maya al frente, se negó además a rechazar las amenazas proferidas en redes sociales por elementos fascistas contra quien entonces ostentaba la alcaldía.
Los primeros contactos habidos fueron con el Arzobispado, que tras un comienzo dubitativo, en el que otorgaban únicamente a los familiares el derecho a decidir sobre las exhumaciones, evolucionaron hacia una posición más abierta y colaborativa, para terminar, con el paso de los meses, avalando el proceso. Sin entrar en detalles, diré tan solo que quienes tuvimos oportunidad de participar en aquellas conversaciones pudimos comprobar, en primera persona, que la fama de la diplomacia vaticana es bien merecida. Otro frente abierto fue el de conseguir un aval científico solvente, y para ello contactamos con el equipo del forense Paco Etxeberria, que desde el principio se puso a nuestra disposición y nos orientó sobre las exigencias técnicas del proceso. El tercer frente fue el de contactar con los familiares, para lo cual pedimos la mediación de la Sociedad de Estudios Iturralde, que fue quien llevó a cabo los primeros y delicadísimos contactos. Los 8 enterrados pertenecían a 7 familias (había dos hermanos), de las cuales se pudo localizar a 6, y de las que 4 se mostraron dispuestas a la exhumación. La mayor oposición vino de los familiares de Sanjurjo, cuyo representante fue, curiosamente, el abogado Enrique Garza, a quien estos días hemos visto como organizador de una conferencia del prior benedictino (y falangista) del Valle de los Caídos. El cuarto y último frente fue el jurídico, no menos farragoso, que culminaría después incluso de que los restos hubieran sido exhumados.
La fecha fijada fue el día 16 de noviembre. Los descendientes del general Mola pusieron énfasis en la necesaria privacidad del acto, y a pesar de que se les dio todo tipo de garantías decidieron proceder con sus propios medios, negociando directamente con el Arzobispado, y exhumaron los restos una semana antes, el día 7. Para el resto se fijó la cita a partir de las 00.00 de la noche del día 15, convocando a las familias con intervalos de 45 minutos, para evitar aglomeraciones y esperas inútiles. Dentro de la cripta se encontraba el equipo del profesor Etxeberría (5 personas), 4 representantes del Arzobispado, 2 albañiles y 3 personas del Ayuntamiento (la jefa de los servicios jurídicos, el concejal Aritz Romeo y quien esto escribe). En un momento dado apareció otra persona, que dijo estar “encargado del mantenimiento de la cripta”, pero tras consultar con los representantes del Arzobispado los policías municipales que custodiaban la puerta le impidieron el paso.
En lo que a los familiares se refiere, el sentimiento generalizado aquella noche fue de cordialidad, en algunos casos de manifiesto alivio, y pudimos comprobar que muchos de ellos se encontraban en las antípodas políticas de sus familiares enterrados. No faltaban las ganas de contar anécdotas. En uno de los casos supimos, por ejemplo, que el requeté fue movilizado a la fuerza, puesto que descubrieron que escondía en casa a un militante del PNV. Sospechaban que lo habían liquidado “los suyos”, nada más llegar al frente. En otro caso nos dijeron que el fallecimiento se produjo al asaltar un ayuntamiento “rojo”, por el rebote de un disparo propio, y recordaban que el muerto, que era hijo de médico, había terminado la carrera de medicina (de arquitectura, según otras versiones) dos días antes. Otros familiares nos dijeron que ya habían solicitado la exhumación de su familiar años atrás, pero los regidores de UPN les dieron largas “y no hizo nada”.
Las exhumaciones se produjeron de manera rápida y eficaz. Paco Etxeberria abría una caja, y mirando los huesos decía “restos de un varón entrado en años, aquejado de artrosis”, y con las fichas en la mano veíamos que estaba hablando de Severiano Arregui Olalquiaga, de Puente, que cayó a la edad de 62 años en Lopera. Abría otra y decía “restos de un varón muy joven, aún en edad de crecimiento”, y veíamos que se trataba de Joaquín Sota Garayoa, de Tafalla, alistado a los 13 años y muerto a los 15 en el frente de Balaguer. Según nos dijeron, este Sota era hermano del célebre Chiquilín que, ya octogenario, animaba a Osasuna subido a lo alto de las vallas del Sadar. En una de las cajas apareció un elemento de brillo metálico que los forenses no reconocieron. Allí encontró su momentico de gloria quien esto escribe, puesto que pertenezco a una generación que hizo la mili: eran unos galones de cabo del ejército de tierra, recortados del uniforme e inhumados con su dueño.
El proceso culminó a las 02.45 h. del día 16, salvo para el caso del general Sanjurjo. Con la excusa de que querían realizar la exhumación con presencia notarial propia, fueron retrasando la hora hasta que, ya en la tarde del día 16, les comunicamos que si no se personaban para las 19.00 horas procederíamos con medios municipales. La caja se extrajo finalmente, y fue custodiada en la parroquia por el Jefe de la Policía Municipal en persona, hasta que ya de noche se la llevaron en una camioneta. El vehículo, discretamente custodiado por municipales de paisano, depositó los restos en ciertas dependencias de la calle Dormitalería, de cuya titularidad prefiero no acordarme, hasta que meses después supimos que habían sido trasladados al Panteón de Héroes de Melilla. En helicóptero, como el Caudillo.
Hacia las 20.00 horas del día 16 había terminado todo el proceso, y se había hecho de manera eficaz, profesional, ordenada, discreta y respetuosa. Tal y como nos habíamos propuesto. Claro que hubo y hay quien mostró su disconformidad, desde un punto de vista político e incluso religioso, pero nadie pudo poner en solfa la manera en que se había ejecutado. En estos días en que tanto se ha hablado de la exhumación de Franco, he podido oír muchas veces que era un día sin precedentes para la democracia, e incluso que se había hecho así porque no había otra manera de hacerlo. Y no es verdad. Lo demostró un ayuntamiento como el de Iruñea, pequeño y con medios muy limitados. Por todo ello, y toda vez que ni un solo medio estatal se ha acordado durante estos días de lo llevado a cabo en Pamplona en 2016 (peaje a pagar seguramente por tratarse de una alcaldía de EH Bildu), he decidido publicar estas notas, muy resumidas, como agradecimiento a los técnicos municipales, a la policía Municipal, al equipo de Paco Etxeberria y a la Sociedad de Estudios Iturralde. Eskerrik asko, bihotzez.
Y terminaré diciendo que, si alguien me preguntara si realmente los procesos de exhumación llevados a cabo en Pamplona y Madrid fueron tan diferentes como a simple vista parece, respondería sin dudar que sí, porque diferentes fueron las intenciones y los estilos de trabajo. Y un último dato: dicen que la exhumación del Caudillo ha costado 63.000 euros. La de Mola, Sanjurjo y 6 requetés costó exactamente 12.000 euros. Lo dicho, estilos diferentes.

Joseba Asiron, concejal y exalcalde de Pamplona (en Diario de Noticias)

martes, 12 de noviembre de 2019

GOBIERNO PICAPIEDRA

PEDRO Y PABLO. En la noche electoral, Pedro Sánchez tuvo un lapsus lingüístico. “Desbloquearemos la situación para que haya gobierno”, dijo. Es decir, asumió que desde el 28-A al 10-N había bloqueado la situación. Hemos llegado a un momento en el que los políticos sólo dicen la verdad cuando se equivocan/tienen un lapsus lingüístico. Por otra parte, los políticos tienen ya tantos lapsus –remember mamada–, que igual empiezan a ser los más sinceros de Europa. Sea como sea, el lunes, al día siguiente, varias voces autorizadas del PSOE negaban la posibilidad de un gobierno de coalición y de un gobierno de gran coalición, las únicas dos opciones disponibles en el mercado. Mientras, otras voces autorizadas hablaban en términos tan amplios que tampoco decían nada. Vamos, que diversos packs de voces autorizadas señalaban, con firmeza, el día de la marmota como recorrido. Esta mañana Pedro Vallín, de La Vanguardia, ha soltado la liebre. Habrá gobierno de coalición PSOE-UP. Un titular histórico. Se trata del primer gobierno de coalición desde la Guerra Civil. Se trata de un cambio de cosmovisión inaudito en la ulterior historia del PSOE, que se envaina –al parecer– todo lo dicho y hecho desde la primavera pasada, un extraño ensayo, con catástrofe incluida, de gobernar desde el marco nacionalista. Por primera vez desde los tiempos de Lubitsch, el PSOE gobernará con algo que existe a su izquierda. ¿Qué ha pasado?

PABERNOSMATAO. Al parecer, el bloqueo PSOE a un gobierno desde el 28-A era una idea unilateral de Moncloa/Sánchez/The Sanchettes, y no del entorno/técnicos profesionales monclovitas que, por lo visto, tuvieron que aplicarse a las nuevas circunstancias. La idea original, previa a que Sánchez empezara a experimentar sin gaseosa, era la coalición, ir tirando millas y fabricar las condiciones e ingredientes para un gran cambio en el Estado, en otra legislatura, que anclara la cosa Cat en el Estado. O/y –está la cosa muy malita; esto es, con todas las letras, una crisis de Régimen más allá de Cat; la CE78 existe en muchos de sus tramos como existen algunos matrimonios chungos; por costumbre–, incluso la Esp. Si todo eso quedó bloqueado por una persona, ha sido esa misma persona la que lo ha desbloqueado. Ayer, lunes, al final de la mañana, Pedro llamaba a Pablo. Supongo que llamada de buen rollo/cuelga tú, no tú, no tú, no tú. O, al menos, por la tarde, ya estaban negociando como posesos. Lo que explica lo que es una negociación para un gobierno. Es algo que no sucedió en la primavera-verano pasados. Es algo discreto, de lo que no te enteras. Es algo secreto, de lo que sólo se informa, y mucho, si la cosa no va bien para los interlocutores. En este momento, por ejemplo, ninguno de los teléfonos chachis de los que dispongo me descuelga. Que es lo que pasa cuando los teléfonos entran en órbita gubernamental. Si el perro no es el mejor amigo del hombre, los gobiernos, en fin, menos.


LO QUE HAY. Hoy, PSOE y UP han firmado un papelito. No es mucho. Pero la carta del Bulli también era un cacho de papel, por interpretar. Se trata de unos ejes de actuación. Desordenados, amplios, lo que indica que son reales. Se habla 1) de empleo, pero también de precariedad y dignidad; 2) de corrupción, educación, sanidad, de pensiones sostenibles, de la vivienda como derecho y no como mercancía, de intensificación del I+D, de recuperar universitarios exiliados, de ir chapando casas de apuestas; 3) de cambio climático; un clásico; hasta el PC chino puede hablar de eso; 4) de darle un tute a pymes y autónomos; 5) de potenciación derechos; más bien individuales, diría. De memoria histórica, ese atributo antes que ley con ganas de cambios jurídicos. Se utiliza diversidad y no plurinacionalidad para hablar de la bicha; 6) de potenciar la cultura/CT, glups; 7) de políticas feministas; 8) de llenar la Esp vacía; 10) de justicia fiscal, de reforma fiscal de ampliación de derechos con la ampliación de ingresos. Pero también de control del gasto, nuestro amiguito desde la reforma constitucional exprés. El texto, vamos, contiene las palabras mágicas de la izquierda en Esp. Cada país tiene las suyas. Parecen estar, por otra parte, muy medidas. No se habla de la ley laboral o de la Ley Mordaza. Pero hay palabros que conducen a ellas. O que podrían aplazar ese encuentro. El documento puede ser, por tanto, otro ejemplo dialéctico del pintar en blanco, o un excel que puede llenarse de sentido y abordar, en un grado pequeño o grande, la crisis democrática y del bienestar. Off the record se comenta ya que Iglesias sería vicepresi por el tercio social, como Calviño lo sería por lo contrario/el tercio económico, y que la presencia de ministros/as sería proporcional a los escaños de cada partido. Y luego está, claro, lo del punto 9).

LO QUE DEBE HABER. El punto 9) habla de Cat. Utiliza lenguaje PSOE –“garantizar la convivencia”, “se fortalecerá el Estado de las Autonomías”, “garantizaremos la igualdad de todos los esp”–. Pero también se habla de “diálogo” –UP–, si bien “siempre dentro de la Constitución” –PSOE–, y de “normalización de la vida política” en Cat –es decir, de indultos; o no–. El documento, vamos, no dice nada de Cat. Pero, en su defensa, se debe decir que no se puede decir nada. La situación es tóxica. No hay interlocutores, sino monologuistas. Hasta hace pocas horas, el PSOE era un partido tóxico más al respecto. En ese sentido, el documento no parece tóxico. Deja las cosas donde estaban antes de las elecciones –de abril, que se dice rápido–. A la espera, supongo, de cambios, que pueden ser más o menos próximos. Hoy, por ejemplo, el abogado general del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha difundido un texto, sin carácter vinculante, en el que se habla de conculcación de derechos parlamentarios europeos de algunos de los detenidos. Vamos, que el Estado/TS la ha metido hasta el cuello. Se abre el camino a la percepción de los presos sentenciados como presos políticos. En la tradición Esp, un gobierno no desautoriza al Estado. Pero algo tendrán que hacer. Por otra parte, el pacto PSOE-UP, si tira para adelante, tendrá que recibir la apuesta, o no, de ERC. Que puede consistir en el voto afirmativo, o la abstención, en el Congreso. O puede ser algo más. Erigirse en interlocutor, con una agenda cat propia –novedosa o no–, para lo que tendría que abandonar la política del populismo autoritario en Cat, la propaganda, el verticalismo vertical y disciplinado. Abandonar el Govern, dejarlo caer y, tras unas elecciones cat, optar por un govern tripartito. ERC, PSC, Comuns. Esta última opción, inverosímil hace 24 horas, está tomando cuerpo. Esta tarde, tras el anuncio de un gobierno de coalición, la sesión del Parlament ha contado con una Mesa distinta de por la mañana, cuando jugaba al procesismo y al chicken game. El fin del procesismo, postpolítica fundamentada en psicología de masas antes que en política y derechos, sería algo posible tras un hipotético abandono del pack por parte del mayor partido del compendio. 

DECÍAMOS AYER. Por lo demás, siguen los interrogantes que existían en abril. ¿Hay espacio para otra socialdemocracia en un gobierno, o puede ser engullida por el PSOE en un plis-plas? ¿La presencia de UP en el gobierno será en ministerios-florero? ¿Qué margen de cultura del desacuerdo quedará disponible ante grandes temas sociales –los nuevos derechos, las leyes restrictivas de Rajoy...–, y territoriales –Cat–? Si esto es un momento histórico, ¿dónde está el truco? ¿Por qué era imposible? ¿Por qué ha sido tan fácil? Si Vilma –lo que sea que sea Vilma–, ha abierto la puerta a Pedro y Pablo, lo iremos viendo en tiempo real. 

Guillem Martínez, en ctxt.es

sábado, 9 de noviembre de 2019

CELESTE McDOUGALL: "TENEMOS QUE FORJAR ALIANZAS CONTRA EL FASCISMO Y EL FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO"

Historiadora, profesora de Educación Sexual Integral y parte de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Celeste MacDougall (Gualeguay, 1978) ha traído a Euskal Herria la experiencia del feminismo y de la masiva marea verde por su reconocimiento.

En Argentina, el aborto está castigado con hasta cuatro años de cárcel. Se estima que se practican unos 500.000 abortos al año, la mayoría de ellos en la clandestinidad, que provocan, según datos de 2017, unas 100 muertes anuales. El aborto, remarca Celeste MacDougall, es la principal causa de muerte de mujeres gestantes.

La marea verde por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, que en 2018 inundó Buenos Aires y las principales ciudades del país coincidiendo con la votación en la Cámara de Diputados y el Senado del proyecto de ley para su despenalización, se llevaba gestando 14 años. En 2005 nació la Campaña y se empezó a elaborar colectivamente el proyecto de ley que busca «garantizar la vida, la salud y la decisión de todas las personas con capacidad de gestar, incluidas niñas, adolescentes y discapacitadas». Su símbolo, como no podría ser de otra forma en un país donde el pañuelo está ligado a la lucha por los derechos humanos, es un pañuelo verde.

La Cámara de Diputados dio el visto bueno a la iniciativa, pero el Senado la tumbó, un obstáculo en el reconocimiento, por parte de la sociedad en su conjunto, del derecho al aborto como derecho, que tarde o temprano llegará y hará a las mujeres un poco más libres.

Mientras, aboga porque, en esa lucha, el feminismo conforme alianzas con otros movimientos para combatir al fascismo y al fundamentalismo religioso, sus enemigos comunes.

¿Por qué rechazó el Senado en agosto de 2018 el proyecto para legalizar el aborto?
Porque hubo una enorme presión de los sectores conservadores, antiderechos, de la Iglesia católica apostólica y romana, de las iglesias evangelistas, principalmente la pentecostal, y también de sectores empresariales de la salud privada. Y también porque el Poder Ejecutivo no tenía una intención clara de que saliera adelante, como había ocurrido con las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género. Aunque hay un Congreso nacional, que es el que vota, Argentina tiene un régimen profundamente presidencialista. Se dio esa combinación.

Las iglesias ultracatólicas y fundamentalistas están marcando algunas decisiones políticas en América Latina.
El papel de la Iglesia es clave. En nuestro país, la Iglesia católica –porque hay muchas– no está efectivamente separada del Estado y es un factor de presión descomunal, y las evangelistas –especialmente la pentecostal porque otras apoyaron el derecho al aborto– tienen mucho peso y ejercen mucha presión desde las victorias de Donald Trump y Jair Bolsonaro.
El conservadurismo católico es enorme no solo en las zonas rurales. En Buenos Aires, la mitad de la matriculación es en escuelas privadas y la mayor parte de ellas son confesionales, sobre todo católicas. Todas reciben al menos un 90% de subvención. Y si manejas la educación, manejas un resorte fundamental de la conciencia de la sociedad.

¿Tendrá algún efecto en la separación efectiva entre Iglesia y Estado?
Hace años que existen campañas de apostasía y durante este proceso llevamos a cabo una y también tomó mucho impulso la campaña de separación efectiva entre Iglesia y Estado. Queremos salir de los registros de la Iglesia para que esta no pueda utilizar el peso que le otorga el número de bautizados para negociar políticamente con el Estado. La Iglesia siempre ha sido un factor de oposición a todas las leyes por las que las feministas, el movimiento LGTBIQ y quienes defienden los derechos humanos han peleado. Por eso, las luchas por el derecho al aborto y la separación Iglesia-Estado han ido de la mano. Nos gustaría que tuviera ese efecto, pero no sé si lo vamos a lograr.

En mayo se presentó de nuevo el proyecto de ley, pero en año electoral las posibilidades ni siquiera de ser debatido parecen escasas.
Al ser año electoral presidencial el Congreso no está funcionando. Lo sabíamos, pero no es nuestro problema. Apostamos a que el cambio de Ejecutivo y la conformación de una nueva Cámara de Diputados y nuevo Senado impulse el proyecto. Las listas han sido equilibradas entre partidarios y contrarios al aborto y no sé si lo hubieran sido sin las movilizaciones del año pasado.

La propia Cristina Fernández solo recientemente se ha posicionado a favor de la legalización del aborto.
Votó a favor en el Senado, pero estuvo doce años diciendo que estaba en contra. Cuando el kirchnerismo era oficialismo tenía mayoría parlamentaria en el Congreso y podrían haber votado la ley sin ninguna oposición, pero nunca lo hicieron. Las feministas hacemos propios esos cambios: logramos captar y convencer, y ella se sumó.

¿Ha estado el derecho al aborto en la agenda de los partidos en la campaña electoral?
Más que nunca. Antes siempre nos decían que no era un año propicio para el debate porque pronunciarse sobre el derecho al aborto restaba votos. Con los años hemos logrado mayor consenso y que algunos se pronuncien y lo hagan parte de su campaña. Este año, cuando se anunció la fórmula ganadora Fernández-Fernández, lo primero que circuló por redes fue la posición favorable de Alberto Fernández respecto del aborto.

¿Hay diferencias entre el proyecto rechazado y la nueva propuesta? ¿Se ha modificado algo para facilitar su aprobación?
En estos catorce años de historia de la Campaña hemos presentado diferentes proyectos, que siempre elaboramos colectivamente sobre la base de los dictámenes que se van logrando y con nuevas aportaciones recogidas a nivel federal. Nuestro proyecto es una declaración política. No lo hemos modificado para que se apruebe, al revés. Hacemos cambios porque no somos fundamentalistas y vamos modificando nuestras posiciones. De hecho, el primer proyecto presentado como Campaña –antes de 2018– recogía la objeción de conciencia de los trabajadores de la salud, pero tras un debate arduo eliminamos esa cláusula y también modificamos la conceptualización de las malformaciones fetales graves y la referencia a la ley de identidad de género. No para suavizar nuestra posición o conformar a sectores antiderechos, sino para garantizar los derechos humanos de las personas con capacidad de gestar.

¿Cuáles son los puntos básicos del proyecto presentado?
Queremos ampliar los causales y la capacidad de decisión de las personas con capacidad de gestar. El aborto ya es legal en caso de riesgo para la vida o salud de las mujeres gestantes y de violación. Necesitamos una ley en la que no se tenga que dar una razón para abortar sino que planteamos el aborto voluntario hasta la semana 14 por simple decisión de la persona gestante. Además de este, los puntos claves son la garantía de la gratuidad, la accesibilidad, la plena autonomía y capacidad de decisión de niñas, adolescentes y discapacitadas, el no a la objeción de conciencia y el no tener en cuenta la nacionalidad (migrantes y personas en tránsito).

El derecho al aborto en Argentina se rige por una norma de 1921. ¿Qué supuestos recoge?
El artículo 86 del Código Penal de 1921 lo permite cuando hay riesgo de vida o salud, mujer idiota o demente y personas con discapacidad. Hasta 2012 se debía cumplir a la vez ser mujer, violada e idiota o demente y eso nunca sucedía. Ese año conseguimos un fallo ejemplar de la Corte Suprema que dice que no se tiene que judicializar, que no hace falta cumplir todos los requisitos y toma el concepto de salud como cuestión integral, es decir, física y mental. También señala que no se necesita denuncia previa de violación, y eso es fundamental porque no todas las mujeres violadas lo quieren denunciar. Eso permitió que muchos profesionales de la salud garanticen esos abortos y que muchas mujeres no se sometan a prácticas inseguras. De hecho, han bajado las tasas de mortalidad.

La Marea Verde desató una ola de solidaridad que llegó a Europa. ¿Ha generado la eclosión del movimiento feminista una mayor sensibilización social?
Es algo de ida y vuelta. En Argentina, cada año celebramos encuentros nacionales para debatir nuestras demandas y exigencias y eso creó una base de construcción y conciencia feminista para este resurgir. Luego vino el proceso de «Ni una menos» contra los feminicidios y a partir de 2015 se empezaron a suceder movilizaciones y luchas en distintos países, y eso potencia. Además, el recambio generacional ha ayudado a denunciar y hacerlo público en las redes sociales. Y para el feminismo, que de eso sabemos, lo personal es político. Si cuentas lo personal, haces evidente esa violencia, la desnaturalizas; si la traes a la luz es muy raro que eso vuelva atrás. Hay mujeres denunciando, pero acompañadas por otras. Eso ha pasado con el caso de «La Manada»: qué importa si son de Madrid, son mujeres, compañeras. El feminismo siempre fue internacionalista, pero ahora podemos acceder mejor a la información. El 8 de marzo de 2017, cuando se convocó el primer paro mundial, nosotras nos levantamos cinco horas después que ustedes y vimos la inmensa movilización aquí y eso ya te llena de alegría y de fuerza.

¿Qué se ganó con la experiencia de 2018? No se logró la despenalización legal, pero sí social.
Además de eso, yo creo que ganamos algo fundamental, ganamos en organización y conciencia. Alrededor de la defensa del derecho al aborto se conformaron muchos colectivos –actrices, músicas, escritoras, periodistas...–, que no se conforman solo con luchar por una cosa y empiezan a plantear, además, sus propias demandas y exigencias. Es un saldo organizativo que no se puede frenar. La marea no descendió, estamos todavía con marea alta.

¿Qué hubiera pasado de haberse despenalizado el aborto?
Hubiera sido una fiesta. Ahora estaríamos dedicadas a luchar por el cumplimiento efectivo de este derecho, porque nos quedaría mucho camino por recorrer. Pero fundamentalmente hubiera sido una fiesta, porque reivindicamos la alegría y la fiesta como forma de lucha. Luchar por nuestros derechos no es una lucha anclada en la muerte sino en la celebración de la vida y de la libertad.

¿Qué supone para la lucha feminista el auge de la ultraderecha a nivel mundial?
La ultraderecha es una especie de reacción al movimiento feminista en alza. El movimiento feminista disputa poder con el fascismo, claramente. El fascismo tiene diferentes características según los países: en unos sitios tiene más peso la Iglesia católica, el evangelismo... El fundamentalismo religioso es, para mí, un aspecto central dentro de la conformación de los fascismos y creo que estamos en esa tensión. El feminismo tiene que aliarse con los movimientos antirracistas, antifascistas, anticapitalistas y ecologistas, porque luchamos contra el mismo enemigo. El fascismo y el fundamentalismo religioso son los principales enemigos del feminismo y de los pueblos en general. Hay que ver quién gana el pulso y es fundamental cómo el feminismo logra alianzas con otros sectores.

GARA

jueves, 7 de noviembre de 2019

ESTABAN AVISADOS

Los socialistas catalanes, valencianos y baleares le dijeron a Pedro Sánchez que fuese al tanto con la repetición de elecciones. Preferían un pacto con Unidas Podemos, por muy difícil que fuese el encaje con la formación de Pablo Iglesias . José Luis Rodríguez Zapatero era de la misma opinión: pacto con Podemos, atemperar las repercusiones de la sentencia del Tribunal Supremo en Catalunya y nada de elecciones en otoño. Las organizaciones principales del socialismo mediterráneo y el expresidente Zapatero desaconsejaban salir a la aventura. La Vanguardia lo explicó. Hay que consignar este dato –y es mejor hacerlo ahora–, a efectos del complicado debate que se va abrir en este país la próxima semana a raíz de los resultados electorales del domingo.

El PSC no quería elecciones porque veía a venir un temporal en Catalunya. ¿Una campaña electoral superpuesta a las protestas por la sentencia? ¡Uf! Ese solapamiento podía dar pie a una espiral de tensiones muy problemática. Mucha gente en Catalunya sabía que eso podía ocurrir. Este diario lo explicó. Los socialistas catalanes también lo sabían y así lo hicieron saber por el conducto reglamentario, sin ningún tipo de manifestación pública, puesto que la buena sintonía con Moncloa es una de las prioridades de Miquel Iceta y su equipo. La semana pasada, el disciplinado Iceta tuvo que coger el teléfono para preguntar si en Moncloa y Ferraz pretendían poner al PSC a los pies de los caballos con la exclusión del federalismo en el programa electoral del PSOE. El “olvido” fue subsanado, pero todo el mundo captó el mensaje.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig , también hizo saber su opinión contraria a la repetición electoral. El secretario de organización del partido y ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos , conoce esa opinión. En el interior del actual grupo dirigente del PSOE, Ábalos nunca ha sido un entusiasta de la repetición electoral como solución estratégica a los pactos difíciles. Los socialistas valencianos saben que una subida de temperatura en Catalunya es el peor mapa térmico para unas elecciones en su comunidad, con la consiguiente tensión con sus socios de Compromís. Puesto que las relaciones entre Puig y Sánchez nunca han sido óptimas, el presidente valenciano optó también por la prudencia. En el PSOE hoy no se chista.

Los baleares también estaban muy inquietos, pese a la excelente relación entre Francina Armengol y el presidente del Gobierno en funciones. Pocas personas han apoyado más a Sánchez que Armengol. Los baleares chistaron. El diputado Pere Joan Pons publicó el 21 de agosto un artículo en eldiario.es advirtiendo de los riesgos de una repetición electoral. Pons fue premonitorio: “El peligro de que ante una falta de respuestas se ahonde en la respuesta populista de extrema derecha también es real en España”.

En julio, una periodista leonesa que conoce muy bien las interioridades del Partido Socialista definió así la situación: “El PSOE mediterráneo quiere pacto y el PSOE del interior quiere elecciones”. Ganó el PSOE del interior. Ganó, como siempre, la olla a presión de Madrid. Hay que dejar constancia de ello antes del domingo.

Enric Juliana, en La Vanguardia

miércoles, 6 de noviembre de 2019

ESE DEBATE PLATÓNICO

Decía el viejo Platón, tras pensarlo mucho hace veinticinco siglos, que este mundo no existe. Que lo que creemos que es la realidad no es más que una sombra, un desecho, una añagaza de lo verdaderamente real. Y digo yo, tras ver el debate del lunes por la noche, que quizás la democracia que pensamos que tenemos no es otra cosa que un reflejo, un resquicio, un espejuelo de la verdadera democracia. Una copia del ideal descafeinada cada vez más, y más, y más....hasta convertir la cosa en casi irreconocible.

En el primer "round" el líder del PSOE renegó de tres principios que, hasta el momento, su partido venía defendiendo habitualmente. Se ha de señalar aquí -porque de todas las copias de la copia de la copia del ideal, ya de por sí descafeinado, de democracia vigente hoy en día, sobra decir que la copia que nos llega a nosotros es la última, la más baja y pobre en la escala de realidad democrática, y que por tanto ya se nos ha olvidado hasta lo elemental- que el "round" en cuestión duró cinco minutos y que el PSOE es un partido con más de un siglo de historia y unos 200.000 militantes.

Supongo que los asesores le habrían explicado que esa es la única manera de alcanzar "el poder". Yo le preguntaría para qué demonios quiere alcanzar "el poder" si no va a "poder" hacer aquello en lo que se supone que cree, sino todo lo más lo que los asesores le han dicho que haga. Una pregunta muy pertinente para alguien, como yo, chapado a la antigua y con la cabeza llena de ideas peligrosas -como que los políticos deben albergar algún ideal, que deben ansiar el poder solo porque es el medio para hacer realidad ese ideal- pero evidentemente absurda para gente tan inteligente, avispada y sobre todo tremendamente preparada como los asesores. Para ellos, los ideales los dictan las corrientes de opinión y los pertinentes sondeos, y para ellos "el poder" no es un medio sino un fin en sí mismo.

No son, por lo demás, bagatelas menores los tres principios de los que renegó el candidato. El primero remite nada menos que a su idea de España. Pedro Sánchez -y en general el PSOE, bajo el manto terminológico del federalismo- había abrazado la tesis según la cual España es una nación de naciones. Una tesis más que razonable porque, como la religión, la nación de la que se siente cada uno no es algo que se pueda ni imponer por decreto ni establecer de manera "científica y objetiva" o algo así. Ni nada -ni siquiera una Constitución- ni nadie- ni siquiera el señor Abascal, por mucho yelmo y mucho caballo que le eche a la cosa- pueden modificar la decisión de pertenencia nacional de los españoles, que será la que tengan a bien albergar en el uso de libertad de pensamiento. Y es esa misma decisión -espontánea y plural, anodadamente plural- la que desmiente que España sea una sola nación. Uno de las grandes aciertos de la Constitución de 1978 fue entender esa evidencia, pero entre el resurgir del nacionalismo catalán -que, como todo nacionalismo, no entiende bien la diversidad- y el subsiguiente del nacionalismo español -que tiene detrás una historia que asusta al miedo- la cosa, la verdad, pinta mal. Si ahora el PSOE, por electoralismo barato, se baja del barco de la sensatez de la transición -"libertad, amnistía y estatuto de autonomía", recuerden- nos esperan tiempos aciagos. Lo estamos viendo.

El segundo principio apuñalado alude a la misma idea de Gobierno democrático. La explícita burla al principio de mayoría que supone esa necedad -estrictamente española, por lo demás- de "la lista más votada" hasta ahora yo se la había escuchado solo al PP. Y, sobra decir, se la había escuchado al Partido Popular, si y solo si el PP quedaba o aspiraba a quedar el primero, porque si no -Andalucía- entonces el PP la olvidaba sin más. Lo que me faltaba por ver era escuchársela al mismísimo Pedro Sánchez, esgrimiéndola, además, como una especie de "trágala" lanzado a los otros cuatro contendientes. Si este es el espíritu de la campaña electoral -en la que un leve atisbo de materia gris mínimamente prudencial aconseja tender puentes- que Dios nos coja confesados tras las urnas. Lo del "juego de la gallina" que ya nos ha despeñado una vez por el despeñadero de la repetición electoral, va a ser una broma de parvulario al lado de eso.

La tercera puñalada fue, por lo demás, atestada en el corazón del mismo principio de coherencia, cuando Pedro Sánchez se soltó con que ahora quiere volver a penalizar la celebración de un referéndum ilegal, algo que el propio PSOE se encargó de despenalizar en 2005. Pero ya les digo que en un mundo que no existe, ni la coherencia, ni los ideales, ni la pasión, ni todo lo que en definitiva engrandece a la política pasan a ser algo más que una copia de un espejo de una sombra de un reflejo que proyecta sobre una pared imaginaria un asesor que zarandea figuritas y bagatelas en forma de sondeos y estadísticas.

Todo ello en un improvisado plató sobre el que se proyecta omnipotente una enorme cámara de televisión que configura una realidad que no es real sino emitida. No sé si ustedes sacaron algo en claro, yo acabé leyendo a Platón.

Jorge Urdánoz Ganuza, Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pública de Navarra (en El Diario Vasco))