domingo, 31 de diciembre de 2017

A LA FRESCA DE DIANA QUER LA MATÓ LA VIOLENCIA MACHISTA

"Diana se fiaba de chicos que conocía por Internet y luego se andaba quejando de que si la acosaban", era "anoréxica", su madre "tomaba todo tipo de pastillas", la chica tenía comportamientos "problemáticos", se solía escapar (¿qué tipo de fresca era?), sus padres estaban "enfrentados a muerte" y su progenitora "colmaba de caprichos a las hijas".
Con todas estas pruebas periciales e indicios unívocos, Diana Quer solo podría haber desaparecido por culpa de Diana Quer o por culpa de su madre, una desequilibrada que primero quiso hacer añicos al padre por el divorcio y que luego hizo desgraciadas a las niñas.
Ya tenemos los menudillos. Ahora solo falta la sopa de opiniones de siete u ocho tertulianos, en su mayoría hombres, que intenten aportar luz sobre cómo la propia desaparecida habría favorecido su desaparición, apuntando con sus linterna de perspicacia a las sombras de la familia, inspirándose, en un alarde de creatividad, en La Guerra de los Rose. Si hubieran seguido juntos, cristianamente, quién sabe si Diana aún seguiría con vida.
Y este domingo, en el último día del año, cuando pensábamos que al fin y al cabo los Quer se lo habían buscado y merecido, cuando seguíamos diciendo a nuestras hijas no seais tan lanzaditas como Diana Quer y así volveréis vivas a casa, nos enteramos de que a Diana Quer no la mató su frescura, ni su tipazo, ni sus ganas de bailar, ni siquiera la mataron sus padres divorciados ni su mala madre ni sus amigos los pintas. A Diana Quer la ha matado la violencia machista. Un hombre ha dicho dónde está su cuerpo inerte, el mismo cuerpo que supuestamente subió con vida a un Alfa Romeo para usarlo a su antojo y después borrarlo del mundo. 
No podremos decir que algunos medios mataron a Diana, porque según las últimas  pruebas la mató un hombre al que llaman El Chicle. Sí podremos decir, y lo digo, que muchos medios machistas mancillaron y escupieron sobre Diana Quer y millones de mujeres, y nos volvieron a humillar y nos volvieron a señalar como culpables a las víctimas.
No la mataron, pero mientras yacía inerte en una nave industrial la insultaron, nos insultaron, por volver a casa sola, por ser joven, por ser hija de divorciados y vivir su vida. Insultaron a la familia. Nos han retrocedido a la época de las mujeres decentes, y lo peor es que ahora nos quedan muchas horas de programa sobre el presunto asesino. A estas horas ya han puesto a trabajar en los telefonillos de su calle a una legión de periodistas. Diana no era un fresca y esto no es suceso. No queremos los detalles morbosos, exigimos que no haya más muertas, exigimos volver a casa solas, de noche y vivas.
Raquel Ejerique, en eldiario.es

EL DÍA QUE UPN DIO LA ESPALDA A NAVARRA

Había que cerrar el ejercicio presupuestario, y el Estado pedía 613 millones por las cargas no asumidas. Las estimaciones de Hacienda sin embargo hablaban de un máximo de 480 millones, demasiada diferencia como para pasarla por alto. Sobre todo porque el Convenio Económico se mantenía prorrogado por segundo año consecutivo, y la negociación no acaba de arrancar.
Así que el Gobierno de Navarra decidió pagar menos. Lo hizo con arreglo al artículo 63.2 del Convenio, poco conocido pero bien atado por el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, experto en la materia. Él mismo dio la noticia: Navarra iba a pagar 520 millones. Una decisión controvertida pero firme, que buscaba una reacción por parte del Ministerio, que no tenía a Navarra entre sus prioridades. Había comenzado la partida. Era el 30 de diciembre de 2016 y, ese día, UPN, como el PP y como Ciudadanos, decidió ponerse del lado del Gobierno central. Y en contra de los intereses de Navarra.
Porque lo que había en juego era mucho más que una disputa política. Navarra, como destacaba esta semana el propio Aranburu, tiene una relación bilateral con el Estado, pero esa relación “no es de igual a igual”. Y no lo es porque el Gobierno central maneja una mayor parte del flujo financiero entra ambas administraciones, y porque cuenta con resortes legales y políticos a los que difícilmente puede hacer frente una comunidad pequeña como la Comunidad Foral.
El movimiento del Gobierno pretendía forzar otro del Estado, desencallar una situación que en aquellos términos amenazaba con ahogar financieramente a la Comunidad Foral. Cumplir con el Estado en las cifras exigidas suponía aumentar el déficit o recortar el presupuesto, al tiempo que la parte central iba acumulando un sobrepago que tarde o temprano tendría que devolver, limitando mientras tanto el margen de inversión de la Comunidad. Sin embargo, UPN optó por intentar rentabilizar políticamente el escenario. “Me ha dolido que algunos desde Navarra se hayan puesto del lado de la otra parte”, lamenta Aranburu.
Porque la disputa no ha sido solo declarativa. Con Javier Esparza a la cabeza, los regionalistas han aprovechado su estrecho vínculo con el PP en Madrid para interferir en la negociación. Han acusado al Gobierno de Navarra de incumplir la ley, de actuar por motivos políticos y de buscar el enfrentamiento. Incluso hicieron público, de forma parcial e interesada, un correo interno del departamento de Hacienda para culpar al Gobierno de actuar sin criterio técnico buscando “la bronca” con el Estado. “Navarra no se merece un Gobierno así”, corroboraba aquellos días también el PP.

CONTRA EL GOBIERNO Al ruido se sumó también el PSN, sin tanta virulencia, pero sí con la intención de acusar al Gobierno de Navarra de la situación creada por la prórroga indefinida del Convenio anterior. “No ha pagado porque no podía”, apuntó su secretaria general. El diputado incluso acusó directamente a la presidenta del Ejecutivo foral de la falta de acuerdo con Madrid. “Es un fracaso de Barkos”, apuntaba recientemente Jesus Mari Fernández.
Las críticas al Gobierno durante este largo año han sido una constante. Sobre todo cuando en marzo el Ministerio de Hacienda decidió descontar los 93 millones de los ajustes fiscales trimestrales. Era la prueba, a juicio de la oposición, de que el Ejecutivo foral se había equivocado. Era la oportunidad de buscar el desgaste del rival político, aunque ello implicara debilitar su posición negociadora en un asunto que trasciende al propio Gobierno, y que afecta a un pilar básico del autogobierno como es la autonomía financiera.
Mientras, bajo todo el ruido político, avanzaba la negociación. De forma lenta pero positiva. Los trabajos técnicos estaban ya cerrados en verano, y cifra de aportación prácticamente definida. Lo sabía Javier Esparza, que en septiembre daba un giro al guión de su partido proclamando que “la aportación debe ser de entorno a los 450 millones”. Si no se podía evitar un acuerdo, al menos habría que restarle valor.
Es difícil saber cuál hubiera sido el resultado de la negociación si en Navarra hubiera habido un cierre de filas. Si todas las fuerzas políticas hubieran apoyado al Gobierno foral en su reclamación. También UPN y sus dos diputados, que durante este proceso aprobaron en Madrid unos presupuestos que incluían para Navarra un aportación de 626 millones. Es posible que en sus grandes números poco hubiera cambiado el acuerdo final. Tal vez, se hubiera firmado antes, y no a tres días de cerrar el ejercicio. Y al menos el Convenio Económico habría quedado al margen de la disputa partidista. Pero no fue así. Cuando Navarra se plantó ante el Estado, algunos le dieron la espalda. Y esa es una marca que queda para siempre.

Ibai Fernández, en Diario de Noticias

sábado, 30 de diciembre de 2017

OLENTZERO Y REYES MAGOS VUELVEN A DEJAR CARBÓN AL ARZOBISPO POR LAS INMATRICULACIONES

Al igual que en años anteriores, este año también los Reyes Magos y Olentzero se han acercado al palacio Arzobispal para dejarle carbón al Arzobispo monseñor Francisco Pérez.
Este viernes pasado día 29 a las 19:30 ha aparecido la comitiva detrás de una pancarta que se leía “Mientras hay apropiación os traeremos Carbón” / “ Herriarena herriarentzat ikatza gaiztoentzat”. La misma iba acompañada por la música de la fanfarre Ziripot.
Una vez situados frente a la puerta de entra del Palacio, el rey Melchor saludó a los presentes con: Pozik, bai ¡Oso pozik gaude¡  Ongi etorri guztioi… y siguió con
“Qué alegría volver a encontraros de nuevo, amigos de Navarra. Gracias por vuestra acogida.
De nuevo Oriente y occidente juntos, en compañía del entrañable Olentzero. Juntos para exigir vuestro rico Patrimonio usurpado por los ocupantes de este Palacio.
Al llegar ayer, ya Olentzero nos adelantó lo bueno, pero también lo malo de este año. Sí, entre abrazos  nos disteis también una noticia triste: ya no estaba, como cada año, nuestro amigo Pedro Leoz, presidente de honor de vuestra Plataforma. Grande Pedro. Amigo Pedro. Pedro duro como roca contra el mal en Navarra,  afilado como espada en rincones dolientes de la América maltratada. Fuimos muchos a despedirlo porque muchos lo quisimos. Aúpa Pedro!!! Agur.
Nos disteis otra noticia sombría; abusos nuevos, codicias increíbles. A los obispos no les bastan cientos de templos usurpados. Los pueblos, todos, ofrecieron una casa para el cura. Ahora, con pocos curas, hay muchos pueblos sin sacerdote. Lo sensato sería usar esas casas para intereses locales, pues locales fueron el sudor y los dineros. Falsa ilusión: hace muchos años más de 600 casas son del Obispo. En los pueblos, ahora, ni cura ni casa. Milagro, Sr. Obispo?
Pero me contasteis  cosas todavía peores. Otro pecado más negro, más sangrante, más sucio y más soez: los desahucios, palabra y suceso sombrío. Nos hablasteis de tres: hace once años en Arraitz (Ulzama). Un año después, en Mugiro, valle de Larraun… este año, en Lizoain.
Vaya historial triste, Obispo Francisco Pérez… tres mujeres, dos de ellas ancianas, la 3ª con hija y nieto pequeñín… como decimos cuando nos enfadamos mucho, “a la puta calle”. Y el dolor causado, monseñor? Y la ternura de un tejado amigo, monseñor? Y el derecho a una vivienda digna, monseñor…?
Pero, todavía, además, algo peor, Sr. Obispo: usted no quería esas casas para nada… Después de 10 años, ahí están cerradas, inútiles, no sirven de techo a nadie, vacías… Eran malas mujeres, Sr. Pérez? Eran escándalo para los pueblos, monseñor? Eran putas, acaso, endemoniadas quizás? Perseguían a la Iglesia? ¿Qué pecado cometieron, Sr. Pérez? Dígalo, responda, dé la cara, explique ese Evangelio nuevo que ustedes se han inventado. !!!Mentirosos¡¡¡
Además, también nos contasteis noticias buenas. Las llevamos escritas para que no se nos olviden al volver a Oriente:
Han nacido nuevas Plataformas en varias comunidades del País. Habéis llegado juntos a los despachos del Gobierno y os prometen la lista completa de lo inmatriculado desde 1998. Habéis conseguido que la Federación de Municipios y Concejos de Navarra se identifique con vosotros y no solo de palabra, sino designando un grupo de estudio, seguimiento y actividad junto a la Plataforma. Siguen apuntándose a la Plataforma que llamáis “Recuperando” nuevas gentes, regiones nuevas y más personas  creyentes.
Otra vez con vosotros vamos a cantar nuevos villancicos. Nos dice Olentzero que este año ha encontrado carbón más negro que  nunca. Bendito él…”
A continuación Olentzero se dirigió en euskera a los congregados para saludarles y anunciar que efectivamente traía el carbón más negro que nunca para dejárselo al Arzobispo Francisco Pérez y lo seguirá haciendo hasta que no devuelvan lo usurpado. Dicho esto vació su saco delante de la puerta de entrada al Palacio Arzobispal, acto que fue muy aplaudido por los asistentes.
A continuación se sucedieron los villancicos, las jotas y el cuchichí-cuchichí… con estribillos adaptados a las inmatriculaciones realizadas por la Jerarquía católica y la desaparición de la propiedad pública a manos de la Iglesia Católica. Así se entonaron el “Roban y roban y vuelven a robar, los del Arzobispado nos vuelven a robar...” y bastantes mas.
El acto terminó con la música del la fanfarre Ziripot que por primer año se ha querido sumar al programa.

Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro

jueves, 28 de diciembre de 2017

DIEZ AÑOS DE FRACASO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Si hay un hecho que demuestra el fracaso de la llamada Ley de Memoria Histórica es que hoy, cuando se cumplen diez años de su entrada en vigor, el único partido que se niega a modificarla es el que manifestó una oposición frontal y beligerante a su aprobación. El PP, que acusaba en 2007 al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de reabrir heridas y de enfrentar a los españoles con esta iniciativa legislativa, se siente ahora tan cómodo con la Ley que no ha necesitado ni derogarla.
El propio presidente Rajoy se vanagloria públicamente de la estrategia que le ha permitido convertir en papel mojado sus 22 artículos y 11 disposiciones: "Para la Ley de Memoria Histórica la asignación presupuestaria en todos nuestros presupuestos ha sido cero. La media es cero. Fue cero todos los años. Cero". 
Los juristas coinciden, no obstante, en que el problema de esta ley va más allá de la falta de voluntad política del gobierno de turno. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica a eldiario.es que "la redacción era ambigua y poco clara, pero sobre todo no resolvía el problema de fondo. Ya en el preámbulo se hablaba de reconciliación, de la utilización de métodos violentos para implantar regímenes totalitarios… pero no se culminaba la argumentación. Se hablaba de reconciliación sin querer admitir que lo que se produjo en nuestro país fue un asesinato masivo. Franco, Mola y Queipo de Llano, los tres principales cabecillas de la rebelión, dijeron, hasta por escrito, que su objetivo era exterminar a los disidentes, exterminar a quienes no pensaban como ellos. Hasta que no se admita eso, hasta que no se condene firmemente lo ocurrido y no se recuperen los valores constitucionales republicanos, este país tiene un problema". 
Al analizar los datos de estos diez años se comprueba que el principal logro de la Ley ha sido conceder la nacionalidad española a los hijos y nietos del exilio. Gracias a esta medida, cerca de 340.000 descendientes de exiliados republicanos y combatientes de las Brigadas Internacionales han pasado a disponer de un pasaporte español, sin tener por ello que renunciar a la nacionalidad que ostentaran en ese momento. A partir de este único éxito, el resto de medidas se cuentan por fracasos o por tareas inconclusas. 
Entre las segundas debemos incluir, en primer lugar, la erradicación de los símbolos franquistas.  En los primeros años de aplicación de la Ley, todavía bajo Gobierno socialista, se retiraron más de 3.000 vestigios de la dictadura. El ritmo se ralentizó con la llegada de Rajoy a la Moncloa y pasó a depender, en buena medida, de la voluntad y el color político de ayuntamientos y comunidades autónomas.
A día de hoy la ley no ha impedido que decenas de ciudades y pueblos conserven calles, escudos y otros monumentos dedicados a destacados miembros de la dictadura. Si nos fijamos únicamente en los nombres de los colegios públicos, según el recuento realizado por eldiario.es, todavía hay más de 80 centros educativos que homenajean a figuras destacadas, y muchas veces sanguinarias, del franquismo.
La ley es tan interpretable que se han dado en estos años situaciones tan kafkianas como que dos juzgados dicten sentencias absolutamente contradictorias: mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León permitió al pueblo de San Leonardo de Yagüe conservar su denominación en recuerdo del tristemente célebre Carnicero de Badajoz, un juzgado de Badajoz obligó al municipio de Guadiana del Caudillo a retirar de su nombre la referencia al dictador (aunque el Ayuntamiento sigue sin dar cumplimiento a la sentencia). 
La bienintencionada creación del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca también se ha quedado a medio camino. El archivo que debía reunir todos los fondos documentales relacionados con la Guerra de España y la posterior dictadura carece de los mínimos medios materiales y humanos para realizar eficazmente su trabajo. Diez años después de su creación, los investigadores no solo deben esperar más de seis meses para recibir las copias de los documentos que solicitan en Salamanca, sino que tienen que seguir peregrinando por decenas de archivos militares y civiles en los que se encuentra desperdigada la documentación relacionada con la represión franquista. 
Martín Pallín cree que uno de los grandes puntos negros de la Ley es que haya permitido que las sentencias dictadas por los tribunales franquistas no hayan sido anuladas: "La Ley habla de ilegitimidad, no de nulidad. Es cierto que cualquier chico en la Facultad de Derecho interpretaría que una sentencia dictada por un tribunal ilegítimo es radicalmente nula, pero este país… digamos que es un poco extraño en cuanto a la interpretación de la ley".
El magistrado emérito se extiende: "Por eso el Tribunal Supremo interpretó que no son nulas de pleno derecho. Eso choca con todo lo ocurrido en Alemania e Italia donde no se discute que las sentencias dictadas bajo los regímenes de Mussolini y de Hitler son radicalmente nulas".
Pallín cree que, además de a Italia y Alemania, España debería mirar hacia Argentina: "Allí derogaron parlamentariamente las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida que amparaban a los golpistas y a los asesinos. En estos momentos ya hay más de 300 represores en la cárcel. Aquí no propugno unas condenas como esas porque los responsables no viven y no tendría sentido, pero sí es necesaria una ruptura clara y rotunda con la dictadura como la que se ha hecho en Argentina".
En el debe de la ley también hay que anotar con tinta roja su absoluta ineficacia para avanzar en la apertura de las fosas comunes en que siguen yaciendo más de 100.000 demócratas asesinados por el franquismo. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), explica la raíz del problema en un artículo publicado en este diario: "La Ley hablaba de que las instituciones tenían que facilitar la búsqueda de desaparecidos, algo contrario a los derechos humanos porque en una democracia no deben facilitarse, sino que deben garantizarse".
Este importante matiz ha hecho que la búsqueda, exhumación e identificación de las víctimas dependa principalmente de los propios familiares y de las asociaciones memorialistas. Miles de hijos de los asesinados se han ido muriendo de viejos, en estos diez años, sin ver cumplido el deseo de recuperar los restos de sus seres queridos.
"Otro de los fracasos –añade Martín Pallín– es la situación del Valle de los Caídos. No saben qué hacer con él". Este problema, según las asociaciones memorialistas, lo creó el propio Gobierno socialista de Zapatero: "Ellos fueron los primeros en incumplir la ley –mantiene Emilio Silva–. Solo al final de la legislatura encargaron un informe sobre el Valle que presentaron poco antes de las elecciones.Estaba diseñado para dejarle la patata caliente al PP y luego poder echarle en cara que no lo llevaba a cabo".
Sea como fuere, la realidad es que 42 años después de la muerte del dictador, su cuerpo y el del fundador del partido fascista español siguen ocupando el lugar de honor en un monumento de diseño y arquitectura fascista en el que se exalta la dictadura. Junto a Franco y a José Antonio yacen miles de combatientes franquistas y un número indeterminado de republicanos que fueron trasladados desde fosas comunes sin el conocimiento ni, obviamente, el consentimiento de sus familiares. Unos familiares a los que se les sigue negando la posibilidad de recuperar los restos de sus seres queridos. 
Otro de los puntos que marcaba la Ley y que ha sido incumplido es el de crear un censo de edificaciones y obras realizadas por los prisioneros políticos. En este punto, como en otros, solo el empuje de algunas comunidades autónomas ha permitido avanzar en el reconocimiento de los cientos de miles de esclavos esclavos que explotó el franquismo. La ARMH también recuerda que el texto, en vigor desde hace diez años, ignora otros aspectos fundamentales de la dictadura como fue el papel de la Iglesia, la represión de las mujeres, el robo de bebés, el expolio de los bienes de familias republicanas o la persecución de gais y lesbianas.
El propio PSOE, que lideró la aprobación de la ley, cree que ha llegado el momento de la autocrítica y de la reforma. Odón Elorza reconoce a eldiario.es  que "el texto tenía lagunas importantes, cuestiones sin abordar. Vamos con mucho retraso y asumimos nuestra parte de responsabilidad". Los socialistas han presentado una proposición de ley en el Congreso que va mucho más allá del texto aprobado en su día por Zapatero.
En ella sí contemplan, entre otras medidas, la nulidad de las sentencias franquistas, que sea el Estado el que asuma las exhumaciones o la creación de una Comisión de la Verdad. "Nosotros vamos en serio y no nos va a temblar el pulso a la hora de aprobar estas medidas. Otras direcciones políticas del PSOE no creyeron en la conveniencia de pisar el acelerador a fondo, nosotros sí. Ya no hay marcha atrás", afirma Elorza.
El propio diputado socialista es consciente de que su partido tiene en este tema un importante problema de credibilidad. Unidos Podemos y ERC recuerdan que el PSOE tuvo tiempo de aplicar todas estas iniciativas cuando gobernaba y temen que el equipo que lidera Pedro Sánchez acabe reculando como ya hizo Zapatero. Lo mismo creen las asociaciones memorialistas. Emilio Silva recuerda que "poco antes de que Zapatero ganara las elecciones, su número dos, Jesús Caldera, pidió una partida de un millón de euros para hacer pruebas de ADN y así identificar a los desaparecidos de las fosas. Cuando llegaron al Gobierno se olvidaron del tema. El PSOE dice una cosa cuando está en la oposición y la contraria cuando gobierna. Preferimos que se garanticen los derechos humanos cuando se tiene el poder de firma en el Boletín Oficial del Estado".
Como jurista, Martín Pallín no entra en esta disputa y prefiere centrarse en la filosofía que, a su juicio, debe impregnar una futura ley que pretenda paliar los defectos y cubrir las enormes lagunas de la actual: "La ley tiene que partir de una idea clara: el golpe de Estado no puede pervivir, ni ser justificado, ni comprendido, ni alabado por nadie, especialmente por ningún grupo político, sin que ello suponga caer en la ilegalidad".

Carlos Hernández, en eldiario.es

miércoles, 27 de diciembre de 2017

EL EJEMPLO ESCOCÉS

Uno de cada cuatro escoceses que apoyaron la independencia en el referéndum de 2014 votó después, en las últimas elecciones generales de junio, a Jeremy Corbyn, el líder laborista más de izquierdas de la historia.
Esta circunstancia no deja de llamar la atención porque Corbyn no respaldó nunca la independencia escocesa, aunque tampoco se ha mostrado  visceralmente en contra, ni ha esgrimido esos argumentos simplistas contra el nacionalismo tan comunes en el discurso de socialistas más cuadriculados. Corbyn procede de una corriente de la izquierda británica que ha sido solidaria con el republicanismo irlandés, y que se identificaba  con los argumentos de marxistas como Tom Nairn en su imprescindible libro The break up of Britain. Pero el líder laborista no es independentista escocés y, por eso, resulta fascinante que el 25% del voto del sí a la independencia escocesa decidiera apoyar al corbynismo en junio. 
Ese 25% explica el hecho de que, mientras el voto a los independentistas del Partido Nacionalista Escocés (SNP) caía en las elecciones de junio, el porcentaje de escoceses que apoyan la independencia se mantiene más o menos igual que en el año del referéndum, en torno al 45%. Muchos escoceses apoyan la independencia como un objetivo estratégico a medio plazo, pero no quieren una repetición del referéndum de forma inmediata  –la economía escocesa no está preparada– y votaron sabiamente contra los nacionalistas de Nicola Sturgeon porque, tras el voto del Brexit, la ministra principal de Escocia había anunciado su intención de convocar otra consulta.
El apoyo a la independencia de Escocia –al igual que la defensa del Brexit– parece reforzarse cuanto más amenaza el establishment londinense con provocar una huida de las inversiones. Ni en Escocia, ni en Catalunya, ni en el Reino Unido (en las semanas previas al referéndum del Brexit) funcionó el chantaje de los poderes bancarios y empresariales advirtiendo de que una opción democrática más provocaría el caos económico. En tiempos de rebelión  como éstos, sembrar el miedo al cambio no da buenos resultados en las urnas, tal y como traté de explicar aquí.
Pero eso no significa que los independentistas escoceses no sean conscientes de que lograr la salida del Reino Unido sea una meta estratégica que tardará tiempo en alcanzarse. Estuve en Escocia poco después de las elecciones de junio y mi amigo Scott Hames, historiador de cultura de la Universidad de Stirling, me explicó cómo él y otros independentistas de la izquierda escocesa habían decidido que lo más urgente en el Reino Unido era intentar  derrocar al gobierno conservador que está causando estragos en  la sociedad escocesa (en la inglesa, galesa y norirlandesa, también).
La alternativa socialista de transformación social, planificación económica y combate fiscal a la desigualdad (tanto en el área de clase social como territorial), personificada  por  Corbyn, convenció a muchos independentistas escoceses de que hay una alternativa atractiva para iniciar la restauración de  la democracia real en Escocia. Uno de los caldos de cultivo del separatismo escocés es el hecho de que Escocia haya sido gobernada por los conservadores en Westminster durante la mayor parte de las tres últimas décadas, pese a que, desde los tiempos de Margaret Thatcher, los tories  han sido un partido odiado por la gran mayoría de los escoceses. Los laboristas escoceses habían sido castigados en Escocia en años anteriores por  su apoyo a la unión y a Westminster.
Pero Corbyn logró cambiar la percepción de uno de cada cuatro independentistas respecto a la posibilidad de que Westminster sea un vehículo de cambio constitucional, y quizas un medio para facilitar, si los escoceses así lo desean, el desmantelamiento del Reino Unido en su configuración actual, y su sustitución por algo mejor preparado para la transformación social que Corbyn y el nuevo partido laborista (con 700.000 afiliados, el más grande de Europa) pretende poner en marcha.
Es más, esos independentistas escoceses corbynistas tal vez dedujeron que  la clase de socialismo descentralizado y comunitario que Corbyn abandera podría ser el inicio de un reconfiguración del poder territorial contra el hipercentralismo del estado británico y el poder absoluto de la megalópolis del mercado global en Londres, que permitiría que los escoceses lograsen a medio plazo una mayor soberanía. En algún momento seguramente habrá otro referéndum y los escoceses volverán a ejercer su derecho a decidir. Pero muchos independentistas en Escocia decidieron que es urgente y necesario un gobierno laborista en Londres. Aunque el SNP de Sturgeon es un partido claramente de izquierdas y muy próximo a Corbyn en muchas áreas, hay que obtener el poder en Londres para empezar el cambio en Escocia.
Según Scott Hames, “lo que pasó en Escocia en las elecciones fue que muchos ex votantes de los nacionalistas, que son de izquierdas, se dejaron seducir por la campaña de Corbyn, entre ellos muchos jóvenes”. “Hay un voto estable proindependencia, pero ese voto se aleja de los partidos que son abiertamente independentistas”, añade. “Yo voté a Corbyn cuando antes había votado al SNP (y mi mujer no me lo perdona)”, bromea Hames.
Lo cierto es que, después del sorprendente éxito  de Corbyn, que ya lidera los sondeos británicos, se palpaba un optimismo en la izquierda del movimiento independentista escocés. “Yo me siento mucho más contento ahora que cuando Nicola Sturgeon vendía la idea de  que Escocia sería el buen europeo en Bruselas”, dijo Robin Mcalpine, de Commonweal, uno de los grupos independentistas que defiende una república escocesa de izquierdas. “Mucha gente sigue convencida por la campaña en favor de la independencia y aún defienden una Escocia independiente pero no quieren un referéndum ahora mismo; y si Corbyn pudiera elaborar alguna visión federalista para la unión podría recuperar más votos que los laboristas perdieron  en la década de Blair”, explica Hames.
Todo esto puede  ser relevante para las próximas  elecciones  generales  en España –quizás no tan lejos del desastre para el gobierno español tras la victoria del independentismo en las elecciones catalanas y el auge del rival del PP, Ciudadanos, que puede preguntarse si conviene seguir apoyando a un partido de Gobierno en Madrid  que no tiene ni grupo parlamentario en Catalunya. Podemos, el único partido español que defiende el derecho a decidir,  será mucho más fuerte en Catalunya en las elecciones españolas de lo que puede parecer a partir de los resultados del 21D. Para muchos votantes catalanes, el próximo paso debe ser lograr un gobierno en Madrid que defienda la convocatoria de un referéndum. (El unilateralismo ha funcionado como una táctica para forzar al Gobierno en Madrid a dialogar pero el objetivo debería volver a ser un referéndum, siguiendo el ejemplo escocés). Ahora el reto será crear una coalición en el resto de España en favor de una solución democrática a la crisis catalana, un proyecto valiente y responsable de Podemos, tal y como intenté explicar a lectores en Estados Unidos en este articulo de The Nation.
En el Reino Unido, pocos entienden la negativa de Madrid a conceder el derecho democrático a votar el futuro de la relación entre España y Catalunya de la misma manera que se hizo en Escocia, con el apoyo de la mayoría de los británicos ingleses. “Yo tengo un hermano que vive en Cambrils y está un poco preocupado por lo que pasaría si Catalunya saliera de la UE, igual que le preocupó un poco lo del Brexit; pero todos tienen derecho a votar sobre lo que quieren ser”, me dijo Barry, un taxista de Liverpool. Y añadió: “Yo decidí apoyar el Brexit cuando los bancos anunciaron que se marcharían en caso de salir”. 

Andy Robinson, en ctxt.es

martes, 26 de diciembre de 2017

NAFARROA ARREGLA SUS CUENTAS CON UN "GORDO" DE 215 MILLONES

Nafarroa y Madrid por fin han echado cuentas. Pero los papeles que se rubrican de forma oficial hoy deberían haberse firmado a mediados de 2014. La fórmula mediante la que se calcula cuánto paga Nafarroa al Estado se renueva cada cinco años (de ahí que se le conozca como el Quinquenio). Actualmente, Nafarroa se encuentra en el Quinquenio 2015-2019. Sin embargo, la incapacidad de UPN para actualizar esta fórmula obligó a estirar los cálculos del Quinquenio 2010-2014 durante dos años más. Hoy se cierra una nueva fórmula para determinar esta cantidad que resulta significativamente favorable para Nafarroa. A través de ese acuerdo, Madrid también reconoce oficialmente que Nafarroa ha pagado de más durante esos dos años, por lo que el Estado tiene que devolver a las arcas forales 215 millones. Aun así, todavía no ha trascendido cómo va a llegar ese dinero a Nafarroa; si mediante una inyección económica o como reducción de lo que Nafarroa debe aportar en sucesivos ejercicios.
El éxito del acuerdo se lo anota el consejero Mikel Aranburu, que ha dirigido en persona las negociaciones. Aranburu se distingue de sus predecesores en que proviene de la propia Hacienda Foral, a diferencia de lo que ocurría durante la etapa de UPN, cuando se elegía a personas del mundo de la empresa como Francisco Iribarren o la propia Lourdes Goicoechea. Consecuentemente al perfil de Aranburu, la mejora en el acuerdo se debe a ajustes de carácter técnico. El mejor ejemplo de esto es lo sucedido con el impuesto de hidrocarburos, donde se han dejado de utilizar aproximaciones. Desde el año 2013 ya era posible manejar datos de consumo reales, pero no se introdujeron en el cálculo. Y la diferencia es enorme. Si en 2017 se hubiera funcionado con la aproximación, Nafarroa debería pagar ahora al Estado 6 millones de euros por el impuesto de hidrocarburos. Ahora, con los datos reales, será Madrid la que tenga que abonar a Nafarroa 69,5 millones (un desvío de 75,5 favorable a Madrid en un único año). Para hacerse una idea estimada sobre la importancia de las cifras, conviene recordar que Nafarroa manejará para 2018 un presupuesto de 4.168 millones, por lo que aproximadamente 40 millones suponen un 1%. La devolución de 215 millones supone un aumento de la capacidad de gasto superior, por tanto, al 5%.
Este error en el impuesto de hidrocarburos –equivalente casi al 2% de todo el Presupuesto navarro– resulta además significativo en tanto que pudo haberse subsanado también en 2013 y 2014, unos ejercicios que, al pertenecer al Quinquenio anterior, no entran dentro de la regularización. Es decir, lo pagado de más por Nafarroa al Estado ya no será devuelto. Y es que, más allá de que la devolución de 215 millones suponga una alegría para las arcas forales, hay que tener en cuenta que se trata de dinero que se pagó en su día indebidamente y que, además, Nafarroa pudo necesitar tanto o más que ahora.
El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UPNA Fernando de la Hucha incide en la importancia de ese cuándo: «Evidentemente, durante la crisis la Hacienda Foral pasó momentos más duros que en la actualidad y ese dinero hubiera supuesto una diferencia importante». En este punto, cabe remarcar que el Gobierno navarro estuvo endeudándose durante toda esa etapa y que, en consecuencia, lo que pagó de más al Estado tuvo que suplirlo con deuda y sus correspondientes intereses. Y además, que cuando Barcina agotó el límite de déficit que le permitía Madrid, la falta de fondos generó recortes en servicios básicos. 
Técnicamente, lo que se ha hecho en esta negociación es determinar cuál es la cifra del «año base». Así, se calculó que en 2015 Nafarroa debió pagar 479,9 millones y que, sin embargo, abonó 112 millones de más debido a la prórroga del convenio. Pero la tesis de que hubo un sobrepago durante la etapa de UPN y que este no se va a recuperar la apuntalan otros números. Concretamente, si se va a la cifra del año base del anterior Quinquenio (la de 2010), esta asciende a 485 millones y resulta superior a la que se firma hoy para 2015 pese a la inflación.

Un informe clave en la negociación
Fernando de la Hucha sostiene que Aranburu debió empezar unas negociaciones desde cero, ya que el anterior Gobierno dejó «todo sin cerrar y totalmente abandonado». Esa negociación arrancó con un informe elaborado por técnicos de Hacienda, en el que se concluía que Nafarroa pagaba de más entre 100 y 250 millones de euros cada año. Y los técnicos del Estado se avinieron a entrar en ese escenario relativamente pronto. El optimismo por parte del Gobierno era evidente antes del verano y en setiembre ya se daba por segura la firma que, finalmente, se postergó sin que se haya sabido bien por qué, aunque la tensión en Catalunya seguramente influyó.
Círculos cercanos al propio consejero señalaban dos ideas que hacían sentirse fuerte a Aranburu. La primera es que los técnicos de la Hacienda Foral aventajaban en conocimientos a los madrileños: «Los nuestros se dedican al cien por cien a estudiar las cuentas navarras y los suyos son los mismos para todas las comunidades». La segunda idea es que lo que Nafarroa iba a negociar eran 200 millones, una cantidad ínfima si se compara con las necesidades de miles de millones que tienen otros territorios del Estado, como el País Valencià, cuyo consejero de Hacienda, Vicent Soler, ha dicho ya públicamente que es incapaz de pagar la deuda. 
No obstante, reconducir las cuentas públicas de Nafarroa no ha resultado nada fácil. Aranburu cogió las riendas de la Hacienda Pública en un momento crítico, con el escándalo del IVA de Volkswagen aún coleando y con Barcina viajando a Madrid a pedir adelantos de la liquidación debido al agujero en la Tesorería pública. En la entrevista concedida a GARA apenas unas semanas después de asumir el cargo en 2015, Aranburu se fijaba como reto acabar con esa incertidumbre: «No puede continuar eso de tener que ir a Madrid cada dos por tres para decirles ‘dame más’. Eso ha acabado molestando también al Gobierno del PP. A corto plazo, una negociación tan seria no se va a abrir, pero tenemos cuatro años. Ojalá podamos cerrarlo y dejarlo bien. Sería un gran favor para los navarros a futuro». El consejero también hablaba entonces de «limpiar la imagen» de la Hacienda Foral y atajar la «chapuza» del IVA de la multinacional automovilística.
La actualización de la base del Quinquenio supone un hito importante, como también lo ha sido la necesaria reforma fiscal para aumentar la recaudación (ya que la última reforma fiscal llevó a números rojos el remanente de tesorería, según denunció en su día la Cámara de Comptos). Ahora, sin embargo, se abre un desafío algo más complejo, como es la renovación del Convenio Económico como tal, que va un paso más allá de las fórmulas.
Al respecto, el catedrático De la Hucha se muestra bastante optimista. «Navarra siempre ha ido a rebufo de lo que negociaban los vascos. Salvo en algún impuesto menor, el Convenio es un calco del Concierto. Aunque la capacidad tributaria de Nafarroa es superior, porque compete al Gobierno navarro y no a las diputaciones, nunca la ha explotado. Por eso mismo, no tendría demasiado sentido que, siendo tan similares, lo que se conceda a uno no se le ofrezca al otro», dice.

Aritz Intxusta, en GARA

LA "MAYORÍA SILENCIOSA" NO ERA LA ESPERADA

El relato era el de una mayoría silenciosa que se veía aplastada por una minoría que controlaba las instituciones de autogobierno, y que había vertido el país a una declaración de independencia. Y que por eso Mariano Rajoy se veía obligado a convocar elecciones, para "devolver la voz" a los ciudadanos y escoger un gobierno que cambiara radicalmente el rumbo. Y el presidente español las convocó acelerando al máximo los plazos. Pero había un problema de base: el punto de partida era equivocado.
Y los resultados han sido los que han sido. La victoria de Inés Arrimadas es estéril. A pesar de que la candidata naranja proclame que la mayoría del país ha expresado voluntad de cambio en las urnas, y que Rajoy la tenga a ella como interlocutora después del 21-D, la realidad es que no puede conformar ningún tipo de "mayoría alternativa al independentismo". La única alianza posible es la independentista. Desde Cs culpan a la ley electoral "injusta", pero la realidad es que con circunscripción única perdería dos escaños y tampoco le acabarían de salir los números.
Aunque Ciutadans consiguió ser la primera fuerza en votos y escaños y proclame que ganó las elecciones, la realidad es que el bloque republicano se impuso tanto en votos como en escaños. Junts per Catalunya, ERC y la CUP han sumado 70 escaños y 2,06 millones de votos (100.000 más que en 2015), mientras Ciutadans, el PSC y el PP han conseguido juntos 57 escaños y 1,89 millones de votos. Los partidos independentistas sacan 13 escaños y 174.000 votos de diferencia a los partidos unionistas.
Ciutadans ha sido la primera fuerza en las ciudades más pobladas del país, empezando por la capital del país, pero eso no significa que el bloque unionista haya ganado la partida. En Barcelona ciudad, JuntsXCat, ERC y la CUP sumaron el 45,78% de los votos, frente al 43,47% de Ciutadans, el PSC y el PP. Y el unionismo tiene un gran problema en el resto del territorio. Por comarcas, 35 cayeron del lado republicano (en algunos casos con porcentajes superiores al 70%) y siete del lado "constitucionalista": Aran (60,52%), Tarragonès (55,21%), Baix Llobregat (55,17%), Baix Penedès (51,85%), Vallès Occidental (48,52%), Barcelonès (48,16%) y Garraf (45,74%).
Si el bloque unionista ha conseguido los resultados que ha conseguido, subiendo del 39,11% del 27-S al 43,49% del 21-D, ha sido sobre todo por los votos conseguidos en el cinturón que forman la costa de Barcelona y la de Tarragona (y la excepción aranesa), las dos demarcaciones catalanas donde se concentra más población.
Otra de las hipótesis de las que partía el bloque unionista es la de la fuerte movilización del sus votantes -después de las manifestaciones masivas de Societat Civil Catalana- en contraposición con la desmovilización de los electores independentistas, que podían considerar ilegítima la convocatoria de elecciones por parte de Rajoy con la aplicación del artículo 155.
Esta teoría también ha estado parcialmente falseada. La participación en estos comicios, nuevamente histórica -subiendo del 74,95% al 81.94%-, se ha incrementado en 230.000 votos. Aunque se acostumbra a decir que el abstencionismo en las elecciones catalanas es mayoritariamente unionista, 105.000 de estos nuevos votantes optaron por candidaturas independentistas. De hecho, el 21-D ha habido casi 20.000 independentistas más que el 1-O. En mayor o menor medida, los dos bloques se han sentido interpelados por la convocatoria y se han movilizado.
El independentismo se ha mantenido en el 47% que logró el 27-S y ha conservado la mayoría absoluta a pesar de perder dos escaños. El unionismo, en cambio, ha crecido tanto en votos (del 39,11% al 43,49%) como en escaños (de los 52 en los 57). Pero no lo ha hecho a costa del independentismo, sino a costa de los abstencionistas que ha conseguido movilizar y también de los comunes, que han perdido tres escaños respecto de la anterior marca, Catalunya Sí Que es Pot, pasando de once a ocho diputados.
Si Ciutadans ha llegado en primera posición a la línea de meta es por dos factores. En primer lugar, por la división del independentismo en tres listas separadas, a diferencia de las elecciones de 2015. En segundo lugar, y más importante, por los vasos comunicantes dentro del mismo bloque: lo que gana un partido unionista, lo pierde otro. En pleno discurso de Inés Arrimadas la noche electoral, Ciutadans pasó de los 36 a los 37 escaños, hecho que generó un pequeño momento de euforia. Quien lo perdía era Alejandro Fernández, hasta ahora diputado del PP por Tarragona, un escaño que ahora se teñía de naranja.
Justamente Ciutadans ha subido doce escaños respecto de la pasada legislatura sobre todo a costa del PP, que ha perdido ocho. La candidatura de Xavier Garcia Albiol -y la del gobierno español que convocó estas elecciones con el 155- ha hecho el peor resultado de la historia del partido en Catalunya. Sólo tres diputados por Barcelona, con menos votos y escaños que la CUP, con quien tendrán que compartir el Grupo Mixto ante la imposibilidad de formar grupo parlamentario propio (que requiere un mínimo de cinco parlamentarios).
De hecho, este trasvase de votos tan grande dentro del mismo bloque del 155 ha provocado ya reproches entre los mismos partidos. Al día siguiente de las elecciones, Xavier Garcia Albiol lamentaba que "lo grave de verdad es la mayoría independentista en el Parlament" y que "hoy los resultados serían distintos si no hubiera habido ese empeño de Ciutadans y compañía para hundir el PP para ganar, en lugar de sumar." Y este sábado le reclamaba que "respetara las normas democráticas" y reivindicara "el derecho a gobernar Catalunya como lista más votada". Desde Ciutadans han lamentado que los "viejos partidos del bipartidismo" hayan hecho malos resultados, y le han recomendado a Albiol que se centre en gestionar su grupo parlamentario de tres.
Por su parte, la alianza del PSC y Units para Avançar (la formación heredera de Unió Democràtica) ha visto frustradas sus expectativas. Si bien al inicio de la campaña muchas encuestas les situaban por encima de los 20 diputados y cerca de los tres abanderados, finalmente se han tenido que conformar con el aumento de un diputado, pasante de 16 a 17 escaños. El PSC también ha tenido que ver cómo el área metropolitana de Barcelona, su feudo histórico y donde tiene las alcaldías más importantes, se teñía todavía más de color naranja.
Pero Ciutadans no sólo se ha consolidado con fuerza en el área metropolitana, donde ya irrumpió en las elecciones del 27-S, sino que también se ha convertido en gran parte del país en casi la única opción alternativa al independentismo.

El 155, el gran perdedor
No hay ni una mayoría independentista ni unionista en votos, pero las elecciones sí han hecho visible un gran consenso mayoritario: la oposición a la aplicación del 155. A Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP hay que sumar Catalunya en Comú-Podem, que ha llegado a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas excepcionales adoptadas por el gobierno español. A pesar de la pérdida de peso de los comunes, el bloque contra el 155 suma un total de 2,39 millones de votos, el 54,94% de los sufragios. En el Parlament, esto se traducirá en 78 de los 135 escaños.
Rajoy ya ha gastado la carta de las elecciones autonómicas. Las convocó con el 155 para tratar de conseguir una mayoría alternativa forzada que echara el independentismo del poder. Con un nuevo récord de participación masiva, los resultados han sido una mayoría independentista renovada, un rechazo frontal a la suspensión de las instituciones de autogobierno catalanas y que su partido sea residual en Catalunya, incluso por detrás de los "radicales" de la CUP, con quienes compartirá Grupo Mixto.

Nicolás Tomás, en elnacional.cat


LA AUDIENCIA DE NAVARRA RATIFICA LA DECISIÓN DEL PSN DE EXPULSAR AL EDIL DE TAFALLA

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un concejal de Tafalla, Juan José Martínez, que fue expulsado del partido por entrar a la Junta de Gobierno Local con EH Bildu.
La sentencia, ha informado el PSN en un comunicado, ratifica que no cabe apreciar ni infracción alguna ni vulneración de derechos fundamentales, puesto que la expulsión del partido "se hizo dentro del ámbito y los límites y facultades de autogobierno y autoorganización que le competen, se ajusta las reglas de procedimiento y competencia y se adoptó con fundamento en una base razonable".
En el auto se relata cómo, tras las elecciones municipales de 2015, la dirección del PSN envió comunicaciones exponiendo que, ante la próxima constitución de los ayuntamientos y concejos, los concejales y grupos municipales socialistas no podían entrar a formar parte de los órganos municipales de gobierno donde el ayuntamiento fuera liderado por EH Bildu y tampoco se iba a propiciar alcaldías de esta formación.
Cuenta también la sentencia que los dos concejales del PSN se abstuvieron en el pleno en el que se eligió al alcalde de Tafalla, de EH Bildu, pero además, uno de ellos, Martínez, aceptó el nombramiento como miembro de la Junta Local.
Tras estos hechos, la Ejecutiva del PSN elevó a la Comisión Ejecutiva Federal la apertura de expediente y el 3 de julio de 2015 dicha Ejecutiva acordó expulsar provisionalmente del partido al concejal y abrirle expediente disciplinario por un "acto de indisciplina".
La Audiencia, señala el PSN, entiende que existe una "base razonable" para que el órgano federal "considerara que el concejal actuó en contradicción con los principios y resoluciones del partido, cometiendo un acto de indisciplina contrario a los deberes de los afiliados, pero añade que no desistió a pesar de la oportunidad que se le daba para hacerlo en la resolución sancionadora".
El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que la sentencia "no solo es justa y adecuada a los estatutos del partido, sino que también se ajusta a derecho, puesto que no vulnera ningún derecho fundamental".
Tras la sentencia, ha agregado, "Martínez ya no es a todos los efectos miembro del PSN-PSOE y no es persona autorizada para usar ni representar el nombre y la marca del Partido Socialista", por lo que el partido exige al Ayuntamiento de Tafalla que "ejecute la sentencia y relegue a Martínez al grupo de no adscritos y en consecuencia abandone el Grupo Municipal Socialista".
Agencias

lunes, 25 de diciembre de 2017

80 AÑOS DE LA MASACRE FRANQUISTA DE NAVIDAD

Fue el día de Navidad más sangriento de la historia de Cáceres. El 25 de diciembre de 1937 un piquete compuesto por 60 guardias civiles fusiló a 34 hombres en el campo de tiro adyacente al cuartel del regimiento de Infantería Argel 27. Entre las víctimas se encontraban maestros, sindicalistas, militantes de partidos democráticos y hasta cargos públicos como el alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Canales, y el presidente de la Diputación, Ramón González Cid, de Izquierda Republicana. La ejecución masiva conmocionó a la ya de por sí atemorizada población extremeña. Sin embargo, la orgía de sangre no había hecho más que empezar. En los días siguientes se multiplicaron los fusilamientos en la capital cacereña hasta completar la escalofriante cifra de 196 ejecutados.
El cerebro de esta operación represiva fue el gobernador militar Ricardo de Rada, un general africanista que se sumó desde el primer minuto al golpe de Estado contra la República liderado por Mola y por Franco. Prácticamente toda la provincia de Cáceres estaba bajo control de los golpistas desde el 22 de julio de 1936, pero según ha documentado el historiador José Hinojosa, los mandos militares franquistas siempre se sintieron amenazados por las unidades guerrilleras republicanas que se infiltraban en su retaguardia desde la vecina Badajoz: “Hubo una intensa actividad guerrillera dirigida por el comandante de milicias y exlíder comunista cacereño Máximo Calvo Cano que llegó a instalarse clandestinamente en la ciudad. De Rada, que había sido destinado a Cáceres en julio de 1937, en contacto con sus superiores y especialmente con el general Saliquet, denunció en diciembre la existencia de un complot republicano para recuperar el control de la provincia. Como represalia por esa supuesta amenaza empezó todo. Los estudios históricos han demostrado que ese complot nunca existió”.
Los propios franquistas también reconocieron, años más tarde, que se trató de un burdo montaje. El dirigente de la Falange cacereña José Montes fue uno de los que lo dijo con total claridad: “No hubo complot, entre otras cosas porque no había nada organizado, siendo una cosa inventada por los militares de mayor graduación, caso del gobernador militar Rada, para demostrar su autoridad”. La invención se llevó por delante a 182 hombres y 14 mujeres. Sus nombres aparecen en un macabro documento en el que los verdugos hicieron el recuento final de su operación. Por si alguien tenía dudas, en el encabezado del mismo puede leerse: “relación nominal de personas fusiladas con motivo del abortado complot del 23 de diciembre en Cáceres dirigido por el cabecilla rojo Máximo Calvo”.
“A mi abuelo Matías y a muchos otros los detuvieron durante la cena de Nochebuena. Sabían que estarían en sus casas con sus familias. Así era la cruel y endurecida pasta de los que ordenaron sus asesinatos”. Matías Escalera comparte nombre y apellido con su abuelo, uno de los primeros en ser fusilados: “Mi abuela envió a mi padre, que aunque era el mayor de cuatro hermanos solo tenía doce años ¡doce años!, a seguir de lejos al grupo que le llevaba detenido. Quería saber a dónde le trasladaban. Y mi padre les siguió hasta el mismo cuartel, en donde estuvo esperando, a la intemperie, hasta que le echaron de allí los centinelas. Mi abuela Lucía fue también una víctima más desde aquel día. Representa a miles de mujeres que se vistieron de negro siendo jóvenes y murieron de negro, ancianas, guardando una silenciosa memoria de sus maridos asesinados, con una dignidad imbatible…”
“Buena parte de los que fueron fusilados el día de Navidad junto a Matías —señala José Hinojosa—, como el alcalde de Cáceres, el presidente de la Diputación o un grupo de trabajadores ferroviarios de la UGT, llevaban meses en prisión y habían sido condenados a muerte en consejo de guerra. A partir de ahí, y hasta el 21 de enero, no pararon de fusilar. Entre las víctimas destacan algunos colectivos como los 40 militares del ejército franquista que fueron acusados de tener ideología republicana, los 16 mineros ejecutados la noche de Reyes o los 47 vecinos de Cáceres vinculados a organizaciones republicanas”.
En Navas del Madroño, un pueblo de apenas 3.000 habitantes, fueron asesinadas 54 personas en un solo día. En Malpartida de Cáceres fusilaron a una decena, entre ellos al popular tabernero Juan Doncel que pudo despedirse de su familia en una emotiva carta: “Escribo a mi esposa e hijos para despedirme de ellos. No podréis dudar de la conducta de vuestro padre que siempre ha sido bueno, honrado y trabajador. Os lo juro por la ceniza de mi padre. Querida esposa, a ti te toca con la ayuda de nuestros hijos defender el pan del día. De lo que disponemos tú dispondrás. ¿Qué más os voy a poner? tengo en la imaginación tanto que no puedo poner más. Un adiós para todos, para ti Josefa y María, Víctor, Dionisia, Rafael, Luisa, mi Alfonso y mi Antoñita, qué pequeñitos y sin padre. Recuerdos a mi hermana y a todos en general. Se despide tu esposo para siempre. Adiós a todos”. Pero Josefa no pudo “defender el pan del día”. Poco después de recibir la carta fue también detenida y, finalmente, fusilada el 2 de enero junto a otras 26 personas. Sus hijos fueron internados en orfanatos franquistas.
El documento en el que el ejército hizo balance de su acción terminaba con una “suma total”: 34+12+1+6+11+27+9+16+16+54+7+3=196. En el frío listado aparecen apellidos repetidos que indican la ejecución de padres e hijos o de hermanos. Entre los fusilados el 4 de enero pueden leerse los nombres de Ángeles, Antonio y Asunción Brú Casanova, cuyo hermana Rafaela ya había “desaparecido” a manos de los franquistas en agosto de 1936. “Esta gran masacre empezó en una fecha muy simbólica, la Navidad, y la Iglesia no hizo absolutamente nada para evitarlo —recuerda José Hinojosa—. Y eso que entre las víctimas había personas como el propio alcalde de Cáceres que habían tenido buenas relaciones con el estamento eclesiástico durante su mandato. La Iglesia se limitó a intentar que los reos aceptaran la extremaunción antes de ser fusilados”.
Tras más de 40 años de olvido, en 1979 fueron exhumados los primeros cuerpos de las víctimas. Historiadores como Manuel Veiga, Julián Chaves y José Hinojosa han ido sacando a la luz los documentos oficiales y los testimonios que revelan la magnitud y la crueldad de la matanza. Desde 2010, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres lucha por recuperar la memoria de las víctimas y ha logrado que el ayuntamiento cacereño erija un monumento que recoge los nombres de 675 hombres y mujeres asesinados por el franquismo, entre ellos las 196 personas que perecieron mientras sus verdugos celebraban la Navidad de su “segundo año triunfal”.

Carlos Hernández, en eldiario.es

EL REY EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Cualquiera que escuchara anoche el mensaje de Navidad del rey pensaría que España es el paraíso terrenal. El distanciamiento del Borbón con la realidad no puede ser mayor, algo que seguramente se debe al tren de vida que procura ganar al mes unas 28 veces el salario mínimo interprofesional. Y con todo, al menos, el Borbón sí se acordó este año de los asesinatos machistas -sin lenguaje inclusivo, eso sí-, algo que no sucedió el año pasado.
¿De veras España es “un país nuevo y moderno, un país entre los más avanzados del mundo”? Y la respuesta es que no. Un país con rey, no es moderno. Un país que se declara aconfesional y sigue con la Iglesia católica metida hasta el tuétano de las instituciones del Estado no es moderno. Un país que gasta más en lotería que en investigación y desarrollo no es moderno.
Cuando este señor, con su tonillo paternalista que le recomiendo deje para su cuñado, afirma que “España es hoy una democracia madura, donde cualquier ciudadano puede pensar, defender y contrastar, libre y democráticamente, sus opiniones y sus ideas”, se equivoca. Ni siquiera ahondaré en los Jordis, me basta echar la mirada a cómo chistes que hacían hace décadas Tip y Coll hoy podrían dar con nuestros huesos en la cárcel. Borbón, ese es el país que realmente le paga unos 8 millones de euros a la Casa Real cada año. Acéptelo.
Lo que sucede es que, efectivamente, cuando se sale de una dictadura -que algun@s quisieran recuperar- de un asesino malnacido como Franco, el margen de mejora es muy amplio. Así,como dijo el Borbón, “el balance tan positivo de todos estos años es innegable”… salvo, claro está, que nos comparemos con otros países. Y eso que él es rey gracias a que ese dictador infame designó e Juan Carlos I monarca.
Respecto a Catalunya, el Borbón relajó el mensaje pero sin asumir la realidad, hasta el punto de que aseguró que “hemos comprobado el compromiso muy sentido, firme y sincero de los españoles con la España democrática que juntos hemos construido”. Debe de ser que, para él, el despliegue de banderas es parte de ese compromiso, cuando para muchas personas como yo no era más que la pataleta de un buen puñado de cerebros huecos que esconden sus carencias envolviéndolas en un trapo.
Para acabar, tres últimos apuntes, Borbón. No tome el discurso partidista del Gobierno aplaudiendo que “nuestra economía y el empleo han mejorado sustancialmente” cuando los informes ponen de manifiesto que somos el segundo país con más desigualdad de toda Europa y la miseria se ceba con un tercio de la población.
No hable tampoco de la lucha contra la corrupción cuando los trapos sucios en su propia casa se lavan de manera muy diferente a como se lavarían en la mía… con un tipo intocable y otro condenado tan campante por Suiza.
Y finalmente, deje de hablar tanto de pluralidad cuando, como ya sucediera el año pasado, ni mencione a las personas migrantes a las que España da la espalda, a las que rechaza, a las que expulsa ilegalmente con devoluciones en caliente, a las que encierra en cárceles aunque no son criminales…
En suma, Borbón, viva si quiere es un país de las maravillas, pero no con mi dinero… y quédese allí sin necesidad de vendernos lo que no es.

David Bollero, en Público

sábado, 23 de diciembre de 2017

UN TEOREMA DEFECTUOSO

Las elecciones catalanas las ha ganado el independentismo. El respeto al principio de realidad es una de las grandes cuestiones de nuestra época. Las técnicas de iluminación mediática se han sofisticado tanto que ayer por la mañana casi todos los quioscos de España estaban bañados por una luz de color naranja. De naranja también se encendía el piloto de muchos estudios de radio. Había un entusiasmo naranja en varios platós de televisión. España se levantó muy anaranjada, pero ha ganado el independentismo, no está de más recordarlo en estos tiempos en los que tanto se escribe sobre la posverdad.
El primer puesto de Ciudadanos es muy importante y no puede ser minusvalorado o menospreciado. El empuje de Inés Arrimados es impresionante. Se puede afirmar que acaba de consolidarse un interesante liderazgo femenino con mucho recorrido por delante, no sólo en Catalunya. El puntazo del partido naranja es enorme y se va a proyectar en todas las pantallas de los pueblos y ciudades de España. En los barómetros electorales del mes de enero seguramente veremos a Ciudadanos acercándose al 22% en toda España, frente a un menguante Partido Popular, que puede descender al 25% o al 24%. En el hipódromo de Madrid pronto se van a cruzar apuestas sobre la capacidad de resistencia del viejo Partido Popular ante sus revitalizados competidores.
Ciudadanos es hoy un partido al alza en toda España, pero las elecciones catalanas las ha ganado el independentismo. Un independentismo sin independencia, puesto que la Unión Europea, la secretaría de Estado norteamericana y la OTAN ya han hecho saber que por ahí, no.
El vencedor del 21-D es el soberanismo y de una manera muy específica la candidatura legitimista de Carles Puigdemont, que ha logrado darle la vuelta a casi todos los sondeos. Algunos periodistas e intelectuales españoles parece que van a tener algunas dificultades para admitir ese dato de la realidad. Los independentistas conservan la mayoría absoluta y ahora dependerán menos de la CUP. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana suman 66 escaños, uno más que los partidos opositores. La CUP, efectivamente, mandará menos.
La victoria del independentismo no es fácil de digerir en el Madrid oficial, en la medida que los comicios del 21 de diciembre se habían convocado sobre la base de un teorema que se ha demostrado falso o insuficiente. El teorema de la mayoría silenciosa.
En determinados centros de producción de pensamiento político, entre los que destaca por su envergadura y ambición, la fundación FAES, se ha venido construyendo desde hace años la teoría de que el catalanismo es una eficaz superestructura ideológica construida y alimentada “desde arriba”, que puede ser derrotada “desde abajo” con una adecuada terapia de combate social. Existiría un buen pueblo silenciado y adormecido por cerca de treinta años de narcóticos pujolianos y maragallianos, que podría darle la vuelta a la situación en caso de despertar. Ciudadanos nació para ejercer de despertador.
El área metropolitana de Barcelona ha ido a votar en masa –también la pequeña área metropolitana de Tarragona se ha movilizado mucho– y el independentismo sigue teniendo mayoría absoluta en escaños, superando por primera vez los dos millones de votos.
El independentismo mantiene la mayoría absoluta pese a la fuerte movilización en los municipios metropolitanos en favor de Ciudadanos, que ha dejado a Xavier García Albiol con una hoja de parra de tres puntas. Muchos abstencionistas metropolitanos han ido a votar, es cierto. También el independentismo ha movilizado abstencionistas en las zonas de larga tradición nacionalista. El empuje del legitimismo en las comarcas de Girona, Lleida, en determinadas zonas de Tarragona y en la Barcelona interior ha sido impresionante. El carlismo (de Carles) ha pasado el rastrillo. ERC ha defendido bien sus posiciones en las ciudades intermedias de la corona metropolitana. La movilización extraordinaria se ha producido, por tanto, en las dos direcciones. “Ha sido una gran batalla entre ofendidos”, escribe Oriol Bartomeus, interesante analista electoral.
La ley electoral beneficia a los independentistas, se repetía ayer en zonas de luz anaranjada. Es verdad. Hay prima para las provincias de Lleida y Girona, especialmente. Así está fabricada la ley orgánica de régimen electoral general (Loreg) que enmarca la disposición transitoria cuarta del Estatut desde 1979. Es la misma ley electoral que da prima a la mayoría de las provincias de la España interior. Sin esa prima, el Partido Popular no estaría gobernando España después del descalabro sufrido en las generales de diciembre del 2015, hace ahora dos años.
El teorema de la mayoría silenciada no ha funcionado. Es una construcción defectuosa. La identidad nacional catalana –que no el independentismo en sentido estricto– abarca hoy a más de la mitad de la población de Catalunya, sin que pueda dibujarse una frontera muy bien definida con aquellos sectores de la sociedad que no la comparten. Hay una Catalunya todavía porosa, que actúa de cojinete entre los bloques ofendidos.
Un teorema defectuoso sobre la mayoría silenciosa, el injusto encarcelamiento de dirigentes soberanistas, el eficiente mensaje legitimista de Puigdemont desde Bruselas, y momentos estelares como el traslado de las obras de Lleida a Sijena (Aragón) como si fuera el rescate de un botín de guerra, ayudan a explicar la victoria de los independentistas sin independencia. Hay una cierta perplejidad en Madrid, mientras brillan neones de luz naranja.

Enric Juliana, en La Vanguardia

viernes, 22 de diciembre de 2017

¿SON PRESOS POLÍTICOS LOS TRES DE ALTSASU?

Si atendemos a la definición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (resolución 1.900), podemos deducir que existen en estos momentos en el Estado español los presos políticos. Así, el supuesto III de dicha resolución afirma que “se considerará que existen presos políticos en el caso de que, por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones sean manifiestamente desproporcionadas con respecto del delito del que la persona ha sido declarada culpable o de la que se sospecha”, supuestos que se pueden aplicar con total exactitud en el caso de los 8 jóvenes de Alsasua que llevan más de 1 año en prisión incondicional y con total ausencia de seguridad jurídica, al ser rechazados todos los argumentos de sus abogados defensores por la juez Lamela y por la Fiscalía del Estado, cuya primera misión es “velar por la seguridad jurídica de los ciudadanos de España”. Para entender el proceder de la juez Lamela y la deriva involucionista del Estado español habría que recurrir a la Doctrina Aznar, que tendría como ejes principales la culminación de la “derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa” y el mantenimiento de la “unidad indisoluble de España” con el objetivo último de criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español, elementos todos ellos constituyentes de la llamada “perfección negativa”. Dicho término fue empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal”, y que tendría a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, como brazo ejecutor. Así, dicha juez sería la encargada del llamado affaire Alsasua, en el que ocho jóvenes de esa localidad podrían ser condenados a penas estratosféricas de 52 años de prisión al ser acusados de “delitos de terrorismo” tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores”, y que en su día fue calificado por el coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”, todo lo cual representaría un auténtico ejercicio de terrorismo jurídico que generará una amplia reacción de repulsa popular e institucional y será un proceso judicial de largo recorrido que terminará indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.
Germán Gorraiz, en Diario de Noticias

jueves, 21 de diciembre de 2017

EL OBISPADO DE CÓRDOBA PREMIA CON 2.000 EUROS A LA UNIVERSITARIA QUE NO ABORTE

El Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" y el Obispado de Córdoba han impulsado el premio "Madre y Maestra de Vida" destinada a aquellas alumnas de la Universidad de Córdoba que, habiéndose quedado embarazadas, hayan decidido no abortar. Tal y como ha difundido el propio centro, con este premio, que está dotado con 2.000 euros y un diploma de honor, se "quiere valorar la protección al ser humano desde el momento de la concepción en el ámbito de los jóvenes universitarios".
El premio está destinado a "una alumna universitaria, matriculada durante los cursos académicos 2016-2017 y 2017-2018 en los títulos oficiales de grado y posgrado de la Universidad de Córdoba que se encuentre (o haya encontrado) en período de gestación y haya decidido seguir adelante con el embarazo a pesar de todas las dificultades que este hecho pudiera entrañar".
Según recogen las bases, además, la solicitud la puede presentar otra persona que conozca el caso de una joven embarazada, que no haya abortado y que otorgue el consentimiento de la chica para escribir sobre su caso. El documento de propuesta de la candidata al premio incluirá en la cabecera los siguientes datos: el nombre y apellidos, el grado o posgrado que ha cursado o cursa junto (especificando la Facultad o Centro adscrito de la UCO en la que se ha matriculado), la dirección postal, teléfono de contacto y dirección de correo.
Esta solicitud tiene que ir acompañada de un relato de los hechos en el que se explique la fecha en la que la joven se quedó embarazada, cuáles fueron las dificultades que encontró y cuál fue la motivación para seguir adelante con el embarazo. Al final del escrito de solicitud deberá aparecer la firma de la persona que solicita el premio Madre y Maestra de Vida 2018, y si no es la propia candidata, también deberá aparecer la firma de consentimiento de ésta.
Tal y como aseguran también desde la Diocésis de Córdoba, la solicitud debe ser entregada en la secretaría del Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" en un plazo establecido entre el 25 de diciembre de 2017 y el 25 de febrero de 2018.
El jurado está compuesto por el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández; el Vicario General de la Diócesis, Francisco Jesús Orozco; el director adjunto del Centro y su administrador así como un profesor y un alumno designados por el equipo directivo del Centro de Magisterio. Estas personas serán las encargadas de emitir el nombre de la ganadora, valorando "las circunstancias personales y la motivación en relación al respeto y protección de la vida humana desde el momento de su concepción, así como otras consideraciones que estime oportunas". El nombre de la ganadora del premio se dará a conocer en la página web del Centro de Magisterio "Sagrado Corazón". El premio podrá quedar desierto si el jurado lo estimase oportuno.

El Mundo

miércoles, 20 de diciembre de 2017

LA TORTURA ENTRE NOSOTROS

La presentación del informe sobre la tortura en Euskadi entre 1960 y 2014 elaborado por un equipo de profesionales a petición del Gobierno vasco ha suscitado como reacción inmediata un rechazo político y sindical de difícil explicación. Aunque la noticia no debería estar en que a algunos les parece “equidistante” o que alimenta “la teoría del conflicto”, sino en el volumen de las denuncias de torturas que asciende a 4.113 casos confirmados, 2.270 ratificados personalmente.
Supongamos que se puedan haber cometido algunos errores, aunque dado el nivel profesional de quienes lo han elaborado permítanme poner en duda esta hipótesis. Pero incluso en esa eventualidad, la cifra es lo suficientemente voluminosa como para asegurar que la práctica de la tortura y de los malos tratos (que no son exactamente lo mismo) fue una práctica muy extendida en ese periodo, especialmente hasta finales de los años ochenta.
Y ante esta realidad, constatada en un informe profesional y no político, uno de los dos partidos del Gobierno critica lo allí expuesto en lugar de admitir que estamos ante un panorama que requiere, en cualquier caso, receptividad institucional, autocrítica y reparación de las víctimas. Siento cierta curiosidad por conocer con más detalle qué es lo que no le gusta al PSE de la forma y el fondo en el que han trabajado el equipo liderado por los expertos Francisco Etxeberria, Carlos Martín Beristain y Laura Pego. ¿En qué no han trabajado bien? ¿Qué errores creen los expertos del PSE que han cometido estos profesionales? ¿Qué criterios estandarizados manejan los socialistas diferentes a los empleados? No sé, pero me da que, al igual que el PP, han confundido las conclusiones del informe con su particular, y legítima, lectura política de lo que ha pasado en Euskadi en los últimos años.
Y si lo de los partidos políticos remisos a aceptar que en Euskadi se ha torturado (a mí admitirlo no resta un ápice para condenar los asesinatos de ETA) me parece poco razonado ¡qué decir de los sindicatos policiales! Tanto Erne como Sipe se amparan en que no han existido condenas y es un dato objetivo, fuera de discusión. Pero aspiro a que los agentes de la Ertzaintza tengan también cierta educación en Derechos Humanos y procesos judiciales. Si así fuera deberían saber que el delito de torturas y malos tratos se produce precisamente en espacios opacos, sin testigos más allá de colaboradores necesarios con la tortura, con enormes dificultades para la víctima para la denuncia y comprobación de su relato y con, por desgracia, una maquinaria institucional que trata de proteger a los suyos frente al denunciante.
Eso es exactamente lo que hay que revertir, reconociendo errores, ampliando medidas de prevención, acompañando a las víctimas, formando mejor a los agentes, etc. Ese es el camino que marca el informe y que, para mí incomprensiblemente, desprecian algunos de los directamente emplazados a trabajar para erradicar la tortura.

Xabier Lapitz, en Grupo Noticias

lunes, 18 de diciembre de 2017

CONSTATADOS 4.113 CASOS DE TORTURA EN LA CAV ENTRE 1960 Y 2014

Un informe sobre la incidencia de la tortura y los malos tratos entre 1960 y 2014 encargado por el Gobierno Vasco cifra en 4.113 los casos documentados, aunque advierte de que la incidencia real de estos delitos fue mayor, ya que no se han podido acreditar muchos episodios de la época de la dictadura.
El informe ha sido presentado hoy en Donostia-San Sebastián por el experto forense y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Francisco Etxeberria, la investigadora del Instituto Vasco de Criminología Laura Pego y el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández.
Según los datos aportados en ese informe, de los 4.113 casos, más de un 83 %  fueron denuncias de hombres y un 17 %  mujeres y en gran parte todos jóvenes.
Algunos sufrieron malos tratos en más de una ocasión, por lo que la cifra total de personas torturadas es de 3.415.
La Guardia Civil está implicada en 1.792 casos de tortura; la Policía Nacional es responsable de 1.785 casos; y la Ertzaintza de 336.
El 43 % de las personas que sufrieron torturas y malos tratos fueron dejadas en libertad y de ellas el 35 % sin cargos.
Entre los métodos de tortura señalados en el informe, destaca la frecuencia en la utilización de la bolsa por parte de la Guardia Civil, el uso de electricidad o practica de la bañera por parte de ellos también y la Policía Nacional.
En el caso de posturas forzadas u otras formas de producir extenuación física y cansancio aparece también la Ertzaintza.

Incomunicación y negación de la tortura
Paco Etxeberria ha aclarado, no obstante, que aún quedan pendientes de análisis 454 expedientes y que, además, sólo 1.081 denuncias corresponden al periodo de la dictadura y los primeros años de la transición hasta 1978, mientras que la "práctica generalizada de la tortura en esa época señala que su dimensión fue mucho mayor".
El número de denuncias alcanzó picos importantes en los años 80 y comenzó a disminuir a partir de 2004, mientras que de 2014 en adelante no se ha registrado ningún caso.
Existen 20 condenas ratificadas por el Tribunal Supremo de torturas y malos tratos a 31 víctimas, de las que derivan 49 condenados, 21 de ellos del Cuerpo Nacional de Policía y 28 de la Guardia Civil, mientras que "no hay ninguna condena contra la Ertzaintza".
Entre las conclusiones recogidas, el informe coincide con las apuntadas por organismos internacionales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que ha citado en varias ocasiones el régimen de incomunicación aplicado a los detenidos por terrorismo como un factor que "ha favorecido la práctica de estos malos tratos y torturas y ha limitado de forma notoria la posibilidad de investigación de los mismos".
También cita las 7 condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no haber investigado diligentemente las denuncias de torturas.
El estudio señala asimismo la negación "sistemática" de la práctica de la tortura por parte de la autoridades y recuerda que el Comité contra la Tortura condenó a España por indultar a agentes condenados (el 60 % de los sentenciados por el Tribunal Supremo), ya que estas medidas de gracia "son incompatibles con el deber de prevención y son contrarias al sentido de la reparación".
El informe también constata que la práctica totalidad no ha contado con medidas de atención, reconocimiento ni reparación.

El estudio
Para elaborar estas conclusiones, el equipo liderado por Etxeberria ha analizado y archivado más de 26.113 documentos y ha recabado 500 testimonios directos de víctimas de tortura y malos tratos, a los que se suman otros recopilados con anterioridad en audio y en vídeo hasta alcanzar las 1.027 declaraciones de afectados.
El equipo investigador ha aplicado a 202 casos la metodología de comprobación y análisis de las consecuencias y secuelas establecidos en el Protocolo de Estambul, un trabajo que ha determinado que al menos el 5 % de los denunciantes padecen "secuelas psicológicas importantes que requieren atención especializada".

eitb.eus


jueves, 14 de diciembre de 2017

ARRIMADAS

Hay una gran expectación en Madrid ante los buenos resultados que las encuestas auguran a Ciudadanos. La posibilidad de que la candidatura de Inés Arrimadas acabe siendo la más votada el próximo jueves provoca comentarios de admiración y sorpresa. “¡Catalunya por fin reacciona!”, exclaman algunos. Hay una gran expectativa. Esa victoria tendría importantes efectos en la política española, aunque Arrimadas no pudiese sumar los 68 votos necesarios para la investidura.
Es cierto, se está fabricando una gran expectativa. Las televisiones se han enamorado de Arrimadas. Tiene talento para la comunicación política y ha aprendido a mejorarlo. Fue interesante oírle en la cadena Ser disculpándose de no tener ni idea de las cifras del paro en Catalunya en un reciente debate con Marta Rovira muy bien manejado por Jordi Évole. Las dos se equivocaron y sus momentos en blanco fueron muy comentados. “Tengo tantos datos en la cabeza, que aquel día me confundí”, explicó Arri­madas con melosa naturalidad, pidiendo disculpas al público. Cuando el viento sopla a favor, las equi­vocaciones ayudan a redondear al per­sonaje. No sé si Marta Rovira puede decir lo mismo.
“¡Es un cañón!”, afirman periodistas muy experimentados. Los aplausos son tan unánimes que algunos ya se atreven a pronosticar que sería mejor candidata que Albert Rivera en unas elecciones generales. Maldades de Madrid. Cuidado con los elogios desmesurados. En política hay que ir con cuidado con las expectativas. La Mediática ya ha fijado un listón para Arrimadas: primer lugar, o casi, y no menos de treinta diputados. Los naranjas obtuvieron 25 escaños en las elecciones plebiscitarias de septiembre del 2015, un resultado magnífico para un partido que se estrenó con tres diputados en el 2006, después del adiós de Pasqual Maragall.
El independentismo ha hecho grande al partido de Rivera y Arrimadas. Ciudadanos es el gran beneficiario de la decisión de Artur Mas, Francesc Homs y asociados de atravesar las borrascas de la crisis económica, la barrera de fuego del 3% y la radiactividad del cráter Pujol, en el interior de la cápsula soberanista. Se trataba de evitar que la crisis alumbrase otra mayoría de izquierdas, encabezada esta vez por ERC. El gen convergente es posible que se salve y logre reconstruirse como principal fuerza dirigente. Es muy posible. A eso apunta el legitimismo de la lista Puigdemont. El precio a pagar por la sociedad será alto.
Ciudadanos ha puesto en marcha un potente aspirador que pone en peligro la consistencia del Partido Popular en Catalunya. Mucha gente quiere votar fuerzas vencedoras en una situación tan polarizada. Arrimadas le da diez vueltas a Xavier García Albiol y la marca PP acumula demasiado óxido. Un candidato muy derechista y un partido envejecido. En la calle Génova de Madrid están alarmados, de manera que Mariano Rajoy ha tenido que cambiar la agenda para intentar salvar los muebles el 21-D. Rajoy, ayer en el barrio de Llefià de Badalona, intentando que su partido no baje a la cota 5%. Estampas de nuestra época.
Ciudadanos sube en toda España. Capitaliza el desgaste generacional del PP y encarna un españolismo desacomplejado, capaz de invadir campos de la izquierda. 2014 fue el año de Podemos. 2018 puede ser el año de Ciudadanos. En el hipódromo de Madrid pronto subirán las apuestas para que Ri­vera lance una gran opa al PP. Rajoy lo sabe. José María Aznar, también.

Enric Juliana, en La Vanguardia

domingo, 10 de diciembre de 2017

ANTE LAS POSTURAS INTRANSIGENTES HACIA EL EUSKERA EN LA RIBERA

¿La Ribera es una zona anglófona, es una zona donde se habla inglés? Pues creemos que no, sin embargo, en Tudela desde hace muchos años hay un centro público en inglés, el colegio Elvira España. No obstante, sorprende que no haya un colegio público en euskera en toda la Ribera. 
Se barema el inglés como mérito para acceder a las tres escuelas infantiles del Ayuntamiento de Tudela, que además funcionan con “Lista Única” y no consideran que esta valoración distorsione el acceso a la administración pública. Claro, hablamos del inglés, aquí si cabe la lista única, ¿los castellanoparlantes no se quejan de esto? Nos parece lógico, es un mérito más a valorar, como el euskera. 
En la Ribera, hay colegios públicos que es obligatorio el inglés, como por ejemplo en el colegio público de Villafranca-Alesbes, y otros, donde se imparte el PAI y esto no lo consideran una imposición. 
Es significativo también que en el Centro de Educación para adultos del gobierno de Navarra (CEBA), situado en la ETI “vieja”, se imparta francés, inglés y castellano de forma gratuita, no pudiendo estudiar en este centro el vascuence de la misma forma. 
En los 34 años que lleva funcionando Argia Ikastola, con inmersión lingüística en modelo D, que por cierto, ha sido legalizada tan solo hace 4 años, de ella, han salido cientos de alumnos y alumnas que utilizan tanto el euskera, como el castellano o como el inglés. 
Del Euskaltegi Arrigarai (Educación de Adultos en Euskera), que lleva funcionando otros 35 años en Tudela, han salido cientos de alumnos/as, utilizando el euskera. 
En la Escuela de Idiomas de Tudela, numeroso alumnado ha obtenido el título C1 en euskera, así como, en el modelo A, impartido en los diferentes centros educativos de la Ribera, ha habido numerosos padres y madres que han querido que sus hijas e hijos estuvieran vinculados con la otra lengua de Navarra. 
Todo ello, en su mayor parte, bajo la financiación y el esfuerzo particular de padres y madres, profesorado y alumnado de esta parte de Navarra. Han sabido y saben poner en valor el tesoro cultural que supone tener como idioma propio, también en la Ribera, el idioma más antiguo de toda Europa. No es natural que se valore tanto lo de fuera y se rechace uno de los mayores valores histórico-culturales que tiene Navarra. 
Los auténticos navarros se tenían que haber quejado de que el euskera, hasta la fecha, estaba discriminado en el acceso a la función pública en relación al resto de idiomas: El euskera se ha valorado para cualquier oposición en 0 puntos en la Ribera y el alemán o el inglés en 2 puntos. Tendrían que haber exigido poner en valor el euskera al mismo nivel que el resto de lenguas en todo Navarra. 
Con el Decreto del euskera se trata de corregir la discriminación que ha habido hasta ahora con este idioma, garantizando a la población Navarra, el poder utilizar el idioma que elija cada persona. La Ley Foral del vascuence dice: Que es una lengua propia y que toda la ciudadanía tiene derecho a conocerla y usarla, es más, para esta zona, en el capítulo IV de la enseñanza en la zona no vascófona artículo 27, indica que “La enseñanza del vascuence será apoyada y, en su caso, financiada total o parcialmente por los poderes públicos con criterios de promoción y fomento del mismo, de acuerdo con la demanda”. Como hemos visto al principio, en la Ribera ha habido y hay demanda. Evidentemente que esta demanda ha sido coartada por intereses políticos que han limitado su desarrollo, de ahí, la zonificación en tres partes en Navarra, cuestión que no ocurre en ningún otro lugar del estado español con situaciones similares en número de hablantes. 
En el estado español está aprobada la Carta Europea de los Derechos Lingüísticos, en ella se recoge que: “La adopción de medidas especiales en favor de las lenguas regionales o minoritarias, no se consideraran una discriminación contra los hablantes de las lenguas más extendidas”. Ya que es una norma incluida en el ordenamiento jurídico del estado, esperamos que se defienda con el mismo interés que otras leyes españolas. 
Con el rechazo visceral a todo lo que sea en euskera en la Ribera (carteles en bilingüe, placas de policías municipales, carteles en edificios, etc...) se está creando un caldo de cultivo que favorece el rechazo del idioma Navarro en esta zona, lo que lleva a actitudes de odio o fobias hacia nuestro patrimonio lingüístico. 
Aun así, somos optimistas porque la mayoría de la sociedad está por encima de estos intentos manipuladores de crear enfrentamientos entre comunidades lingüísticas. La gente de aquí ve los idiomas y sobre todo el idioma navarro como una riqueza cultural. No considera que un idioma le quite el sitio al otro, sino que lo complementa. La Ribera es plural, no hay una división real, es una sociedad donde siempre han tenido cabida todas las culturas y todas las sensibilidades. Pongamos en valor nuestro idioma y no demos credibilidad a quien quiere manipularlo y utilizarlo, son unos pocos rabiosos por haber perdido sus privilegios. No caigamos en la trampa, ni mordamos el anzuelo de los que quieren conseguir enfrentarnos. 
Donde esta la tan cacareada diversidad y pluralidad de Navarra? 

Patrizia Lorente concejala de la CUP Tudela-Tutera

¿EL FIN DE LA DIPLOMACIA DE EE.UU. EN ORIENTE MEDIO?

El llamado proceso de paz, la solución de dos Estados, “la fórmula de paz por territorio” y todo el resto de agotados clichés llevan muertos y en estado de descomposición mucho tiempo ya. Pero el anuncio de Trump de ayer de reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel ha puesto también fin a la ilusión de que EEUU estuvo alguna vez interesado en conseguir una paz justa y duradera entre Israel y sus vecinos.
¿Les queda algo por decir a todos aquellos que pusieron en suspenso el proyecto nacional palestino de liberación durante casi tres décadas, esperando que EEUU cumpliera su autodesignado papel de “mediador honesto de la paz”?
El movimiento Fatah del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, declaró un “día de la ira” en respuesta al anuncio de Trump. Una forma de desviar la atención de la crisis real que nos ocupa: el hecho de que la AP ha fracasado miserablemente al haber arrendado el destino de Palestina a Washington y, por extensión, también a Israel.
“He decidido que es hora ya de reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel”, dijo Trump en Washington. El aguerrido presidente ha hecho lo que muchos le habían pedido que no hiciera. Pero la verdad es que la política exterior estadounidense lleva años en bancarrota. Nunca fue justa, ni siquiera intentó serlo.
Las palabras de Trump desde Washington fueron una versión domesticada del comunicado que hizo el pasado año ante el lobby de Israel. 
Las banderas de Israel y EEUU se reflejan en la parte occidental de las murallas históricas que rodean la Ciudad Vieja de la Jerusalén  ocupada para celebrar el discurso del presidente Donald Trump reconociendo Jerusalén como capital de Israel el 6 de diciembre de 2017 (Mostafa Al Jaruf/Agencia Anadolu)
En marzo de 2016, el candidato republicano a la presidencia, Trump, pronunció su famoso discurso ante el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC, por sus siglas en inglés). Fue entonces cuando reveló el tipo de político que verdaderamente es. Para los niveles de Washington, era un “buen político”, alguien carente de valores.
En su discurso hizo muchas promesas a Israel. La gran multitud allí reunida no podía contener el vértigo.
De las muchas afirmaciones falsas y promesas peligrosas que Trump hizo, hubo alguna particularmente única, ya que ofreció unas primeras pistas de cómo iba a ser la futura política de su administración respecto a Israel y Palestina. Las señales no fueron muy prometedoras:
“Cuando EEUU apoya a Israel, las oportunidades de paz aumentan real y exponencialmente. Esto es lo que sucederá cuando Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos”, declaró, una afirmación fraudulenta que fue precedida de fuertes aplausos y que terminó incluso con un júbilo aún más arrollador.
“Trasladaremos la embajada estadounidense a la capital eterna del pueblo judío, Jerusalén”, anunció. La mezcla de vítores y aplausos fue ensordecedora.
Sin embargo, la verdad es que la historia de amor de Trump con Israel es en realidad relativamente reciente. En el pasado había hecho varios pronunciamientos que habían irritado de hecho a Israel y a sus poderosos patrocinadores estadounidenses. Pero cuando crecieron sus posibilidades de convertirse en el candidato republicano, también aumentó su disposición a decir cuanto fuera necesario para ganarse la aprobación de Israel. ¿Acaso no es ese el American way de hacer política?
Ahora que Trump es presidente, está desesperado por mantener el apoyo del mismo electorado que fue ante todo el que le llevó a la Casa Blanca. El electorado cristiano- evangélico, conservador y de derechas, sigue siendo la base de su accidentada presidencia.
Por tanto, el 4 de diciembre, Trump levantó el teléfono y empezó a llamar a los dirigentes árabes para informarles de su decisión de anunciar una medida que llevaba años retrasándose: trasladar la embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén.
Los árabes echaban humo, o quizá necesitaban jugar a echarlo, porque esa medida iba seguramente a crear más desestabilización en una región que lleva años inmersa en un curso destructivo. Gran parte de esa inestabilidad es el resultado de las políticas equivocadas de EEUU, basadas en guerras injustificables, y de su ciego apoyo a Israel.
Además, el campo proestadounidense de Oriente Medio ha estado inmerso en constantes conflictos, divisiones internas y un sentimiento creciente de abandono por parte de EEUU.

¿Por qué Jerusalén?
Trump, al declarar que Jerusalén es la capital de Israel, ha eliminado una piedra angular de la política exterior de EEUU en Oriente Medio. Ya no puede haber conversaciones sobre la “solución de dos Estados”, un “Estado palestino con Jerusalén Este como su capital” y todo el resto de tópicos que definieron durante décadas el discurso político estadounidense en la región.
Peor aún, las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han servido desde 1967 de distintivo del enfoque de EEUU respecto al denominado “conflicto palestino-israelí”. Las resoluciones piden la retirada israelí de los territorios que ocupa desde la guerra de 1967. Desde entonces, Jerusalén Este ha sido reconocida por el derecho internacional, e incluso por todos los países que establecieron lazos diplomáticos con Israel, como parte integral de los Territorios Ocupados.
La reciente decisión de Trump constituye un giro total en el enfoque de EEUU, no sólo respecto a su propia definición funcional de los esfuerzos por la paz, sino frente a todo Oriente Medio, considerando que Palestina e Israel han estado en el centro de la mayor parte de los conflictos de la región.
En marzo de 2016, cuando Trump anunció eufóricamente sus intenciones de trasladar la embajada de su país a Jerusalén, bien pudo parecer que hablaba como cualquier político estadounidense: haciendo elevadas promesas que no pueden cumplirse.
Quizá, pero hay factores que hicieron que este traslado de su embajada resultara una opción atractiva para la administración Trump.
EEUU está actualmente experimentando una inestabilidad y polarización política sin precedentes. Los comentarios sobre una posible destitución del presidente van cobrando impulso, a la vez que sus funcionarios están siendo llevados ante los investigadores del Departamento de Justicia a partir de diversas acusaciones, incluso de colusión con potencias extranjeras.
En estas circunstancias, no hay decisión o tema que Trump pueda abordar sin encontrarse inmerso en una tormenta política, excepto en una cuestión, que es la de Israel. Estar a favor de Israel ha unido históricamente a los dos partidos principales de EEUU, al Congreso, a los medios de comunicación y a muchos estadounidenses, entre ellos la base política de Trump.
De hecho, cuando el Congreso aprobó el Acta de la Embajada de Jerusalén en 1995, violando supuestamente su función legislativa, el interés de Trump por la política era bastante fortuito y enteramente personal.
El Congreso fue incluso más lejos. Tratando de retorcerle el brazo a la Casa Blanca, añadió una cláusula, dándole a la administración hasta mayo de 1999 para cumplir los dictados del Congreso o enfrentarse a un recorte del 50% en el presupuesto del Departamento de Estado asignado a la “Adquisición y Mantenimiento de Edificios en el Extranjero”.
Fue un ultimátum imposible. EEUU, por entonces, se había posicionado como “mediador honesto por la paz” en el proceso de paz, un marco político que definía toda su perspectiva de la política exterior estadounidense en Oriente Medio.
Para evitar violar el derecho público del Congreso y mantener un hilo, aunque delgado, de credibilidad, cada presidente estadounidense ha firmado una exención por seis meses; un tecnicismo en la Sección 7 de la ley que permitía a la Casa Blanca aplazar el traslado de la embajada.

Ramzy Baroud (Middle East Monitor), traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.