CÓMO ESPAÑA PRESIONÓ A LA JUSTICIA ARGENTINA PARA QUE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO QUEDEN IMPUNES

La querella que busca condenar el genocidio franquista es la única abierta en el mundo, ya tenía fecha fijada para que familiares de las víctimas comenzaran a declarar por teleconferencia desde Madrid.
Rajoy ordenó suspender los testimonios, amenazando con generar un conflicto diplomático. El suegro de su ministro de Justicia es uno de los acusados por asesinato.

"Franco sigue impune", arrancó su nota la semana anterior el diario español Público, en la que informó sobre la segunda suspensión en pocos días de las declaraciones que familiares directos de asesinados por el franquismo debían realizar desde Madrid vía teleconferencia a la jueza federal María Servini de Cubría, que había dispuesto todo para recibir las imágenes y el sonido desde su despacho en Buenos Aires. Servini es la magistrada que conduce la única investigación en el mundo sobre aquella dictadura, basada en los principios de justicia universal. La querella fue iniciada en abril de 2010 por Darío Rivas, residente en la Argentina e hijo de un republicano fusilado por la falange en la década del '30, y derivó en un cuerpo acusatorio que hoy cuenta con más de 200 denuncias a manera de ejemplo de cómo se estructuró el genocidio diagramado por Francisco Franco en España.
La representación de las víctimas, llevada adelante desde Europa por los abogados Ana Messuti y Carlos Slepoy, y desde la Argentina por los doctores Máximo Castex, David Baigún, Beinusz Szmukler y Ricardo Huñiz, denuncia 115 mil desapariciones y asesinatos, y 30 mil niños robados, desde el inicio de la Guerra Civil hasta la muerte del dictador. Por presiones del gobierno español, las declaraciones que debían comenzar el pasado 25 de abril fueron levantadas debido a "inconvenientes administrativos". Y lo mismo pasó con la nueva fecha dispuesta por Servini: 8, 9, 15 y 16 de mayo. En esta segunda oportunidad, el presidente Mariano Rajoy mandó a su Ministerio de Asuntos Exteriores directamente a amenazar a la jueza con desatar un conflicto diplomático si los denunciantes comentaban cosas inconvenientes. No es para menos: funcionarios de su Gabinete son familiares directos de los asesinos.
El garrote vil de Rajoy. El 8 de mayo, cuando la jueza argentina se disponía a ver y escuchar desde su despacho los testimonios de un primer grupo de hijos, nietos y hermanos de asesinados y desaparecidos (todo estaba dispuesto para que hablaran Pablo Mayoral Rueda, Merçona Puig Antich, Pedro Fausto Canales, Andoni Txasko Díaz, Hilda Farfante Gayo, María Remedios Palomo Casado, Silvia Navarro Pablo, Soledad Luque Delgado, José Luis Gutiérrez Molina, Jesús Rodríguez Barrio, María Victoria Sánchez Bravo Solla y Jon Etxabe Garitazelaia), el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, le dijo al embajador argentino en España, Carlos Bettini, que las teleconferencias no respetaban el "tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal de 1987", y que los testimonios provocarían un "profundo malestar" en Madrid. Para Slepoy, el gobierno de Cristina Kirchner no tiene por qué dar explicaciones al español por una simple razón: las declaraciones se habían fijado en el marco de una causa abierta en Argentina, llevada adelante por una jueza argentina, y el escenario para aquellos testimonios era el Consulado nacional en España. Es decir, suelo argentino. El tratado bilateral que pone Rajoy como excusa para impedir la investigación entraría en vigencia sólo si la pesquisa avanzara, y Servini solicitara la extradición de ex ministros y ex funcionarios españoles implicados.
La razón del boicot es otra. Entre los pedidos de indagatoria y detención impulsados por la querella figura el de José Utrera Molina, reconocido ultramontano franquista de 86 años, suegro del actual ministro de Justicia de Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón. Utrera Molina está imputado por haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, ejecutado mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974. Antich militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) junto a otros jóvenes anarquistas como Santi Soler y Xavier Garriga, y en septiembre de 1973 participó de un tiroteo en el que se enfrentó con un grupo franquista que lo venía siguiendo. Después de su detención, fue acusado supuestamente por haber matado al subinspector Francisco Anguas Barragán, sin pruebas, y en un juicio sumarísimo armado por los genocidas. Molina estampó su firma en la orden de ejecución, para que un verdugo ajustara el cuello de Salvador con un collar de hierro hasta destrozarle la garganta. La causa, además, tiene en la mira a otros imputados: Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez González, Rafael Gómez Chaparro Aguado, Jesús Cejas Mohedano, Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. El requerimiento incluye que sean detenidos por INTERPOL y luego extraditados a la Argentina. González Pacheco era un torturador notorio del franquismo, condecorado en democracia.

"Billy el Niño" y los genocidas que siguen paseando por la calle. En estos días, varios partidos españoles de izquierda quieren sentar a García-Margallo para que explique por qué fueron suspendidas las declaraciones. Y la directora adjunta de Amnistía Internacional en España, Eva Suárez-Llanos, exigió a Rajoy que no invente más excusas para seguir demorándolas. Para Slepoy, la jurisdicción universal "es de las víctimas", y "el procedimiento en Argentina lo demuestra. El principio de jurisdicción universal es el más alto ejemplo de la solidaridad entre los pueblos."
La Red Ciudadana contra los Crímenes del Franquismo (Aqua) armó una lista con más de 300 genocidas identificados, entre los que se encuentran varios que integran la querella manejada por Servini. 

Villa fue senador, asambleario y ministro entre 1976 y 1979. Lo llamaban "la porra de la Transición", por sus órdenes de reprimir manifestaciones obreras y estudiantiles. Está acusado de comandar operaciones parapoliciales con mano de obra fascista, y de ser responsable directo de la muerte de cinco trabajadores durante una jornada de huelga en marzo del '76 en la iglesia Vitoria de San Francisco de Asís. Villa no ahorró balas, como pedía Sarmiento: decidió terminar el pleito ordenando a la policía abrir fuego contra los 5000 manifestantes que ocupaban pacíficamente el lugar. Había comenzado su carrera política como jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU). Después fue gobernador civil, ministro de Relaciones Sindicales, diputado y comisionado del gobierno. Es uno de los empresarios más exitosos de España. Nunca renegó de su pasado franquista, y hasta hoy lo reivindica. 

Utrera Molina tiene 86 años, y es el principal referente de la Fundación Francisco Franco. Empezó a militar en las fuerzas de choque del régimen como parte del Frente de Juventudes (organización juvenil del partido fascista), carrera que coronó en 1975 al ocupar el Secretariado General del Movimiento y la Vicepresidencia del Consejo Nacional poco antes de la muerte del dictador. Fue también presidente del Banco Rural. En 2010, el imputado escribió un artículo de opinión en el diario ABC, en el que calificaba la Ley de Memoria Histórica, y el intento por investigar los crímenes y desapariciones impuestos por Franco, como una "vandálica invasión del gobierno socialista".

A González Pacheco lo llaman "Billy el Niño". Está mencionado en 17 querellas como responsable de malos tratos, torturas, lesiones y distintos delitos contra estudiantes y militantes sindicales contrarios al régimen. Siempre absuelto por no presentarse a los juicios y gracias a la enorme habilidad de sus abogados, terminó gozando de cierta tranquilidad gracias a la Ley de Amnistía de 1977, extendida a "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley". Prestó declaración ante la Audiencia Nacional por su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha, y por los grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español. El 1 de julio de ese año 77, Villa lo condecoró con la "Medalla de Plata al Mérito Policial", y le organizó una cena homenaje "como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación". Al acto asistieron 100 policías, entre ellos Manuel Ballesteros, luego jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. En esa época pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, luego transformada en la Brigada Antiterrorista, a las órdenes de otro viejo y conocido genocida: Roberto Conesa. 

Jesús Muñecas es amigo de muchos funcionarios del gobierno actual, y dueño de un club de equitación en la localidad española de Valdemoro. Su compromiso de tantos años junto a los torturadores le permite gozar en la actualidad de una jugosa pensión vitalicia. Fue denunciado en varias oportunidades por torturas a militantes políticos ocurridas en las Comandancias de Zarautz y Tolosa. 

El comienzo político de Suárez, como tantos otros fascistas de su país, se dio en el Sindicato Español Universitario (SEU). Fue director del Instituto de la Juventud, jefe del Instituto Español de Emigración, y titular de la cartera de Trabajo en 1975. Mientras desempeñaba ese cargo firmó, junto al resto de los ministros de entonces, la sentencia de muerte de los últimos asesinados por el franquismo, en septiembre del '75: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui.

María Arcenegui, integrante del colectivo de organismos de Derechos Humanos de España que apoyan la querella, sostuvo a Tiempo Argentino que "era evidente que el gobierno español ejercía presiones, intentando paralizar la causa. Pero ahora mostró públicamente su cara, amparadora y encubridora de criminales y genocidas." Los representantes de este conjunto de entidades, también representadas por Slepoy, vendrán a Buenos Aires el 25 de mayo para entrevistarse con Servini y agilizar la causa. "Estaremos acompañados por legisladores y alcaldes –agrega Arcenegui–, y la idea es contarles personalmente a otros organismos argentinos cuál es el estado de la investigación. Posiblemente compartamos charlas con Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo y el Equipo Argentino de Antropología Forense."
A través de un comunicado, la Red Aqua manifestó que "Las víctimas están intentando declarar y que se les haga justicia desde la comisión misma de los crímenes. Se les ha impedido naturalmente durante la dictadura, y se les impide insólitamente en democracia. Ha ocurrido otra vez más, otra vez con malas artes. Se las revictimiza impidiéndoles ejercer sus elementales y fundamentales derechos, con la inocultable intención de que desistan. Vano propósito. Ni las pararán, ni detendrán la querella argentina. Unas y otra gozan de excelente salud." 


Se calcula que son aproximadamente 88 mil los cuerpos enterrados en fosas comunes en toda España, víctimas del franquismo desde el inicio de la Guerra Civil y hasta la muerte del dictador en los años setenta. Número sumado a otros 20 mil militantes y ciudadanos en general, sepultados en el Valle de los Caídos.
En una declaración reciente, Miguel Angel Rodríguez Arias, investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, reconoció que "sólo el régimen de Pol Pot en Camboya supera a España en número de desaparecidos".
En total, la querella tramitada en la justicia federal argentina investiga el asesinato y la desaparición de 115 mil personas. Causas agregadas a los 30 mil niños robados que todavía permanecen con una identidad cambiada por los genocidas.
El año pasado, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio a conocer el informe Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España. La iniciativa fue lanzada para exigirle al gobierno español la derogación de la Ley de Amnistía, una profunda investigación de los crímenes y la exhumación de todos los restos, que organismos integrados por antropólogos y arqueólogos llevan a cabo actualmente sin ningún tipo de apoyo del gobierno encabezado por Mariano Rajoy.
"En casi todas las capitales de provincia hay una fosa –dice Emilio Silva, titular de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ver Tiempo Argentino del pasado 25 de abril)– pero el número de personas que hay dentro es difícil de calcular porque se ha destruido mucha documentación de la dictadura, y porque hay casos de personas que no han sido reclamadas por sus familiares."
En una de sus últimas tareas de exhumación, la ARMH logró identificar decenas de cuerpos en la llamada Fosa de los Mineros, gracias a los datos aportados por el trabajador campesino Abilio Mata.

DERF-Buenos Aires