Trabajadoras de la residencia Santa Zita de San Martín de Unx, que llevan cuatro meses en huelga indefinida, solicitaron ayer la mediación del Gobierno de Navarra (dado que 12 de las plazas son concertadas) para resolver el conflicto laboral existente ya no solo con la empresa Idea, adjudicataria del centro, sino también con el Ayuntamiento de la localidad, que tras renovar en verano el contrato con la empresa, ahora “no se atreve a hacer cumplir a Idea lo firmado”, denunció Iván Giménez, responsable de Servicios Públicos del sindicato ELA, ante la Comisión de Políticas Sociales del Parlamento de Navarra.
Y es que, al parecer, Consistorio e Idea estarían incumpliendo varios de los puntos que constan en el pliego de condiciones rubricado por ambos, como la subrogación del personal incluyendo la retroactividad o el compromiso de no descuelgue, que es precisamente lo que exige la plantilla: la inclusión de una cláusula en el convenio que impida el descuelgue unilateral de Idea. Es por ello que Giménez instó al Parlamento de Navarra a reprobar al Ayuntamiento “por su incapacidad de defender el derecho de sus vecinos”.
“Las trabajadoras no han pedido cobrar más ni trabajar menos, reivindicaciones legítimas de cualquier negociación colectiva, sino simplemente asegurar sus condiciones en un pacto que sea leal y estable”, subrayó Giménez. Alertó, además, de que el proceso de adjudicación estuvo “tan plagado de irregularidades que está recurrido legalmente”, al igual que los “fraudulentos” despidos de dos trabajadoras, que también están denunciados ante el juzgado. Criticó al Ejecutivo foral por fijar unos servicios mínimos “abusivos para que la huelga tuviera la menor incidencia posible” y desveló que Inspección de Trabajo ha impuesto una sanción de 6.251 euros a Idea por sustituir ilegalmente a trabajadoras en huelga (tipificado como infracción grave).
Socorro Lizasoáin, delegada sindical de ELA, subrayó que el objetivo último de la plantilla es “mantener el convenio que tenemos y blindarlo”. Durante su intervención, además, censuró al Consistorio por garantizar “el negocio de unos pocos” en lugar de “velar por la calidad del servicio”
Silvia Jimeno, como representante de las familias de los usuarios, denunció “la falta de personal, la baja calidad en el servicio de comidas, el escaso mantenimiento de sus instalaciones y la falta de responsabilidad jerárquica en dos terceras partes de la jornada, así como la nula presencia en fines de semana, festivos y vacaciones que no son cubiertas”. Reveló, además, que los residentes no se encuentran perfectamente aseados, que incluso a veces les visten con ropa que no es suya o que no existen actividades lúdicas en el ámbito de terapia ocupacional. Es por ello que han interpuesto seis quejas ante Bienestar Social y han denunciado su situación ante el Defensor del Pueblo. Solicitan, además, su inclusión en el Consejo de Participación de la residencia y piden al Ayuntamiento que vele por el cumplimiento de la normativa, “derecho que él mismo se ha autoimpuesto y no cumple”.
Esther de Carlos, una de las dos trabajadoras despedidas, declaró haber sido “cabeza de turco” de la negociación. “La empresa ha ido demasiado lejos en su afán de reventar la huelga”, manifestó. Tras poner de relieve la profesionalidad sus compañeras, agradeció el apoyo y solidaridad mostrado por los residentes y sus familias.
Todos los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales accedieron a solicitar al Gobierno de Navarra que medie en el conflicto, si bien expusieron sus dudas sobre reprobar al Ayuntamiento. UPN y PPN añadieron, sin embargo, que se trata de un conflicto laboral que debe ser resuelto internamente. Los parlamentarios visitarán en breve la residencia para reunirse con las partes.
Diario de Noticias
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