El Gobierno español ha respondido al segundo grupo de imputaciones y órdenes de detención por la querella argentina con el mismo silencio con que recibió la primera, hace ahora catorce meses. Sin embargo, este es mucho más impresentable. En setiembre de 2013, la decisión de la jueza María Servini tuvo un impacto escaso, porque aquellos cuatro nombres de acusados de torturas no eran conocidos por la gran masa y tampoco tenían actividad pública. De hecho, costó un cierto tiempo comprobar que dos de ellos habían muerto ya (los otros dos, el capitán Jesús Muñecas y «Billy el Niño», sí terminaron pasando por el juzgado). Esta vez, en cambio, la inacción de Madrid quedará aún más en evidencia, porque los 20 franquistas reclamados ahora siguen teniendo en su mayoría una actividad muy conocida, incluso en ámbitos oficiales.
El nombre que más destaca del grupo, el exministro de Interior Rodolfo Martín Villa, es también el que más suena a nivel empresarial. Tras dejar la política cruzó la puerta giratoria y ha ido saltando de consejo en consejo de administración y de sector en sector: energía (Endesa, desde 1997); telecomunicaciones (Sogecable, desde 2004); y ahora inmobiliario (Sareb, desde 2012).
A sus 80 años recién cumplidos, Martín Villa pertenece ahora al consejo de administración del «banco malo» creado por el Estado para limpiar el sector inmobiliario, por lo que no debe ser nada difícil encontrarlo. Figura entre los consejeros denominados como «dominicales». La remuneración anual de estos cargos, que ha sido polémica, asciende a 75.000 euros, elevados a 95.000 si presiden algún comité, a lo que hay que sumar las retribuciones variables. Sareb afirma que Rodolfo Martín Villa ha renunciado a su remuneración al igual que otro consejero. Resulta lógico que no necesite dinero tras su amplio currículum político y empresarial (aún sigue siendo presidente de honor de Endesa), pero sí parece interesarle mantener presencia en estas altas esferas económicas y en el ámbito semipúblico.
Osorio, activo y polémico
Alfonso Osorio está imputado igualmente por la matanza de Gasteiz y, como Martín Villa, ha sido empresario energético además de político (presidió Petromed hasta 1990). Su actividad es pública, continua y conocida. Ha aparecido en programas de televisión, ha dado charlas -incluso sobre «la reconstrucción de la democracia», hace ahora un año en Granada- y ha tenido -o tiene aún- militancia en el PP. De hecho, protagonizó en 2009 un agrio cara a cara con el exministro de Interior y entonces eurodiputado Jaime Mayor Oreja. En un congreso católico, Osorio le reprochó que el PP no fuera más belicoso aún contra el aborto. «Un católico tiene que responder a sus principios cuando gobierna, y si no, que no se llame católico o que deje de gobernar», espetó el que fuera ministro de Franco al ministro de Aznar.
Osorio ofreció una entrevista a ``El Mundo'' en junio de 2013 en la que intentaba dar un perfil reformista y exponía su temor sobre la evolución de la situación en Catalunya. Indicaba al presidente español que «como no tome medidas, vamos a tener un disgusto, y en este caso el gran responsable ante la Historia será Mariano Rajoy». La periodista Victoria Prego era la entrevistadora, quizás haya guardado su teléfono.
Tampoco parece haber mayor problema para encontrar -la jueza argentina lo que reclama es detener- a Antonio Troncoso de Castro, el militar que firmó las condenas de muerte del proceso de Burgos. Aunque han pasado ya 44 años de aquello, sigue en activo en actos como el de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios celebrada el pasado setiembre en Arbo (Pontevedra). Intervino en la conmemoración del segundo aniversario de la batalla de Mourentán, de la llamada «guerra de independencia» española contra los franceses. Una crónica del acto apunta que «hubo una misa de campaña para rezar por todos los caídos de las Fuerzas Armadas, tras lo cual se sirvió un rancho legionario y hubo una convivencia legionaria muy animada y distendida». Se apunta en la misma que Troncoso es legionario de honor con graduación de coronel.
De José Utrera Molina se ha remarcado demasiado su condición de suegro de Alberto Ruiz Gallardón, pero bastante más relevante para el caso resulta su condición de patrono de la Fundación Francisco Franco. Tiene el grado de caballero de honor de la misma desde 2010.
«Franco nunca fue un totalitario, soy testigo», afirma Utrera Molina, que ha defendido ese régimen en su libro de memorias, ``Sin cambiar de bandera''. También escribió un panegírico franquista otro de los imputados que sigue vivo, Licinio de la Fuente, igualmente ministro con el franquismo. En este caso, el título del libelo no es menos clarificador: ``Valió la pena''.
Licinio de la Fuente es otro de los que ha hecho carrerón empresarial en constructoras (Dragados), banca (Central Hispano, Banco Gallego), mutualidades... Su presencia fue redescubierta en 2002, y con ese motivo ``El Mundo'' elaboró un reportaje que lo definía como uno de los ministros más populares del franquismo. Quizás por eso dio nombre a un instituto de enseñanza secundaria en Coín (Málaga). Lo llamativo es que siga siendo así, pese a que hace ya un par de años que la Junta de Andalucía viene anticipando medidas para evitar estas denominaciones franquistas. Y más estrambótica aún en este caso de Málaga, dado que Licinio de la Fuente ha hecho toda su carrera entre Toledo, Madrid y Extremadura.
Abogados en ejercicio
La abogacía es otro ámbito en el que dejan huella estos auténticos dinosaurios franquistas, ahora reclamados por la Justicia desde Argentina. Nunca se ha ocultado, por ejemplo, el citado Antonio de Troncoso de Castro. Se anuncia en la web abogadosmilitares.com como director-fundador y consejero de Troncoso y Reigada S.L. Ahí explica que es «coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar, diplomado en Derecho Penal Militar, exfiscal del Tribunal Supremo, exvocal del Tribunal Marítimo Central, letrado de ACAL (Acción contra el Acoso Laboral) y especialista en Derecho Militar, de la Guardia Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Bastante más conectado con la rabiosa actualidad es el desempeño profesional de Carlos Rey, reclamado por Servini por haber firmado la condena de muerte del estudiante Salvador Puig Antich en 1974. El diario ``Ara'' ha revelado en su portada que aquel Carlos Rey es ahora el abogado de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, en el turbio caso del espionaje de la agencia Método 3. Desde fuentes cercanas al PP ya se insiste en la torpeza de Sánchez Camacho al escoger tal letrado. Por tanto, más cerca aún tiene el Ejecutivo español a este reclamado por la Justicia.
Seguir el rastro del resto de franquistas cuya detención se reclama resulta más complicado, puesto que su cualificación era menor (varios policías, un médico...) y por tanto su actividad posterior también ha sido más escasa o más privada. Algunos de ellos podrían haber fallecido, como ocurrió con dos de los cuatro primeros imputados. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Barrera de Irimo, acusado también por la muerte de Puig Antich y exministro de Hacienda. Falleció hace dos meses, a los 85 años, con todas sus condecoraciones intactas y pudiendo jactarse de haber sido el representante español para la entrada en la Comunidad Europea, una década después de morir Franco.
Martín Villa y Fernando Suárez, en la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas
En el Estado español pasan cosas tan peculiares como que dos de los imputados por crímenes franquistas pertenezcan a la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, definida a sí misma como «foro de encuentro de los saberes sociales, económicos, filosóficos, políticos y jurídicos». Se trata de Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez González, este último acusado de convalidar las sentencias de muerte de setiembre de 1975. Martín Villa asumió la llamada «medalla número 28» de esta academia en sustituto de otro ministro franquista fallecido, Manuel Fraga.
Ramón Sola, en GARA
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