El pasado día 28 de octubre, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local introdujo para su aprobación en la Reunión del Consejo Navarro de Medio Ambiente el Decreto Foral 93/2006, por el que se aprueba la Ley Foral 15/2009, de “medidas de simplificación administrativa para la puesta en marcha de actividades empresariales…”
Hasta ahora, la apertura de nuevos negocios no sometidos a Declaración de Impacto Ambiental, con riesgo para la salud o actividad clasifica, implicaba la petición de la Licencia de Actividad –que se refiere al contenido- y la Licencia de Obra –que se refiere al continente-. Esto ha desaparecido para dar paso a una “Declaración Responsable” por parte del quien abre el negocio, no controlada por la administración.
La argumentación por parte del Gobierno favorable a estas medias, contempla en dicho informe lo siguiente: “A través de estas normas se ha logrado la eliminación de cargas administrativas no necesarias…, se ha implicado a los Colegios Profesionales en la agilización y puesta en marcha de las actividades económicas…, todo ello en aras de facilitar la implantación de dicha actividade económica…
A primera vista, parece que esas medidas representan un paso adelante en la eliminación de burocracia administrativa, pero en si ocultan posibles consecuencias que no justificarían en absoluto la eliminación de los permisos previos para nuevas actividades. Tampoco desaparecen las cargas administrativas de los administrados, aunque si para la propia Administración. Los Colegios Profesionales (que están en cuadro) no tienen capacidad de revisar las obras, ni tampoco el contenido de los proyectos. Con el nuevo sistema no se va aumentar la actividad comercial-industrial, ni la creación de nuevos puestos de trabajo.
Con el procedimiento anterior de “Autorización Previa”, barato y superseguro, los usuarios estaban encantados, porque les garantizaba sin riesgo alguno el funcionamiento y costo total de la obra. También evitaba posibles rectificaciones por errores una vez realizadas estas. Costaba un tiempo, eso si, pero porque no había funcionarios suficientes. El procedimiento anterior exigía la solicitud de la “Licencia de Actividad” y los Ayuntamientos la tenían que notificar a vecinos o empresas próximas, dándoles una opción de queja. Esto era información y participación ciudadana que ahora ha desaparecido. En la misma línea y una vez funcionando el negocio, la Administración inspeccionaba el cumplimiento de la actividad o las posibles ampliaciones de la misma.
Ahora puede ocurrir que el empresario, ante una legislación “subjetiva” la puede interpreta de manera diferente al funcionario. O que voluntario o involuntariamente realice la obra sin cumplir las normativas. Si no hay denuncias por accidentes provocados por dichos errores, puede haber -como ahora ocurre- que muchas licencias concedidas sin la intervención de la administración contengan irregularidades. Me pregunto, cuando van los ayuntamientos a la obra a comprobar el cumplimiento de la normativa… solo si hay quejas. Es sabido que actualmente existen muchas actividades sin licencia de apertura y funcionando.
Si existieran daños o estragos a terceros por dichas irregularidades, esto acabaría en el Juzgado, con la obligación por parte del empresarios de abonar a los damnificados los daños sufridos (esto si es que no tiene seguro).
Pero hay mas…, dentro de las instalaciones sometidas a “Declaración Responsable”, que son el 90%, están almacenes con superficies igual o inferior a 1000 m2, actividades administrativas con superficie igual o inferior a 2000 m2, actividades docentes con superficie igual o inferior a 1000 m2, actividades culturales y religiosas con superficie igual o inferior a 500 m2 y otras actividades de servicios en general con superficie igual o inferior a 1000 m2.
Es evidente que en todas ellas existe la circulación de grupos y personas. Así, nos podemos encontrar que en actividades docentes se pueden instalar guarderías, con lo que un error de diseño o constructivo pudiera acarrear desgracias a profesores, familiares y a los propios niños. Aunque respondan los seguros, es evidente que de haber muertes, estas se habrían podido evitar manteniendo la reglamentación anterior.
Dentro de la “Declaración Responsable” nos encontramos con algo que ocurre durante las Fiestas Sanfermineras, y es que empresarios puedan abrir con total impunidad locales para uno, dos, tres días o una semana, dejando los problemas para el vecindario, dado que no se controlan previamente los ruidos, el sonido, la ventilación, la normativa de incendios… ni tampoco el propio proyecto. Posteriormente cierran y el Ayuntamiento ni se ha enterado de en que condiciones ha estado funcionando el establecimiento.
Con la “Simplificación Administrativa”, lo que de verdad persigue el Gobierno, aunque no lo dice, es eliminar los funcionarios que atendían a los nuevos empresarios. Esto ha sucedido en Sanidad, Protección Civil, Ganasa y especialmente en Namainsa.
La votación sobre este tema en el CNMA, salió adelante con los votos favorables de los funcionarios y cargos de confianza Sres. Eceolaza, Zuazu, Eraso, Echarte y Armendariz, cosa comprensible. Lo que no lo es tanto es que los representantes de la Federación de Municipios, Adecana y Consumidores Irache les apoyaran… ¿o si es comprensible?
Esta desregulación administrativa sintoniza con los nuevos aires liberales, donde la Administración se lava las manos. A partir de ahora, con los nuevos procedimientos perdemos todos, tanto el ciudadano como el empresario, ya que desaparece la legislación que nos protegía.
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