Ante la próxima modificación de la Ley Foral del Vascuence, quisiéramos aportar nuestra reflexión para contribuir a un debate nunca cerrado que, más allá de lo lingüístico, afecta sobre todo a la convivencia de la sociedad navarra. Lo hacemos en nombre propio, sin pretender ser portavoces de la institución y del órgano asesor a los que pertenecemos, sino como un ejercicio de responsabilidad.
El cambio pretendido es solo de un artículo de la ley relativo a la extensión de la enseñanza pública en la llamada zona no vascófona, cuando exista demanda razonable. Consideramos que el motivo no tendría que provocar ninguna oposición: los derechos lingüísticos no pertenecen a las lenguas sino a las personas y no importa su lugar de residencia, por lo cual no tiene ningún sentido zonificar dichos derechos.
Sin embargo, antes del debate de la oficialidad territorial, el gobierno y la ciudadanía deberían asumir y desarrollar, con todas sus consecuencias, lo que supone el rico concepto de “lengua propia de Navarra” recogido en la misma ley. Así, la lengua primigenia navarra y más propia sería el euskera, a mantener o recuperar dada su posición de habla minoritaria y minorizada. Igual que el euskera, lengua propia de Navarra es la castellana que compartimos con millones de hablantes de todo el mundo, aunque no corre ningún peligro en la situación diglósica dominante a su favor. En tercer lugar, también deberíamos incluir al francés como otra de las lenguas propias navarras, por la Baja Navarra, que además posee su propia variedad dialectal euskérica, y en general por tantos vínculos histórico-culturales con Francia.
No hablamos, pues, ni del inglés ni del alemán u otras lenguas extranjeras por muy útiles y necesarias que sean. Ellas merecen un tratamiento específico pero nunca equiparable al de las lenguas propias, ni en la Administración ni en la enseñanza. A este respecto, el mismo Defensor del Pueblo navarro ha recomendado que en la Administración, “no se valore más el conocimiento del inglés o de cualquier lengua extranjera que el conocimiento del euskara”. Y en cuanto a la enseñanza convendría revisar en profundidad, con criterios profesionales y medios adecuados, toda la implantación del PAI que, según muchos indicios en numerosos casos, parece se ha impulsado solo para perjudicar la extensión del euskera en la zona no vascófona, en particular del modelo A. Nunca habría que oponer una lengua a otra pues, como reconoce el prólogo de la Ley del Vascuence -sin duda lo mejor de la misma-, las lenguas no deben disgregar o confrontarse, son una riqueza y un patrimonio cultural a preservar y evitar su deterioro y pérdida.
Por todo ello, nos felicitamos del avance que va a suponer este cambio legislativo y nos alegramos primeramente por tantas familias que van a poder, por fin, resarcirse de un agravio en sus derechos a los largo de tantos años. Nos alegramos también por el acuerdo logrado entre diferentes, el de los partidos políticos impulsores del cambio y los que lo respaldan, que contribuye a una mayor cohesión social en un tema tan sensible. Sin duda, se trata ya del signo de los nuevos tiempos que han de llegar a la política y que, creemos, ya han llegado a la sociedad navarra según lo reflejan las últimas encuestas sociolingüísticas respecto a las actitudes mayoritarias favorables hacia el euskera.
No olvidamos, sin embargo, la parte de responsabilidad política que a cada cual toca -por diferentes intereses partidistas y maximalismos- en que esto no se haya producido mucho antes. Es un hecho, nos guste o no, que el euskera ha sido tema político banderizo tanto para el nacionalismo vasco como para el nacionalismo español, en nuestro caso en su versión navarrista, aunque no siempre fue así a lo largo del siglo XX. La equivalencia entre lengua e identidad no ha resultado siempre positiva. Unos por aversión a todo lo que huele a vasco hasta poner bajo sospecha el propio sistema educativo público (modelo D) o decretando una grotesca persecución libresca de los mapas desviados. Y otros cegados por un planteamiento ideologizado de la lengua como herramienta siempre supeditada a la supuesta construcción nacional o para promover una escuela uniformadora vasca. Flaco favor se hace a la lengua, a la cultura y especialmente a la convivencia en libertad con todas estas posturas extremas.
Finalmente, lo que demandamos es que se cumpla en todos sus requerimientos la Carta Europea de Lenguas Minoritarias o Regionales que en su día firmaron autoridades españolas y navarras y, por tanto, que el avance que se va a dar ahora no se quede ahí. Urge una nueva política lingüística, más ambiciosa e integral y alejada de la lucha partidista, no solo sobre el euskera sino abarcando todas las lenguas de interés para la comunidad y que incluya los diversos ámbitos administrativo, educativo, de uso y fomento, los medios de comunicación y la televisión, etcétera, desde un discurso normalizador. Se ha de empezar por resituar la ejecución de esa política de una manera transversal dentro de la Administración y el Gobierno forales, con más competencias y recursos y no como hasta ahora limitada a un mero organismo autónomo, sin medios ni capacidad de gestión o decisión. Seguimos a la espera de que eso sea posible pero si no puede ser con este gobierno, esperemos que uno próximo, del color que sea, responda a esta demanda y necesidad, la de una mayoría social que, además, lo agradecería.
Asier Barandiaran Amarika (vicepresidente por Navarra de Eusko Ikaskun-tza/Sociedad de Estudios Vascos y vocal del Consejo Navarro del Euskera) y Mikel Aramburu Zudaire (vocal de Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos en el Consejo Navarro del Euskera)
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