Cartas escritas a mano. Cartas cargadas de miedo y dolor. Cartas desesperadas que salían de Buenos Aires, llegaban a Madrid y volvían otra vez a Argentina sin que el miedo pudiese convertirse en esperanza: varios documentos reservados a los que ha tenido acceso Público revelan que el Rey Juan Carlos hizo caso omiso a las súplicas de los cientos de familiares de españoles que habían sido secuestrados por la dictadura de Videla. Todos ellos siguen, a día de hoy, desaparecidos.
De acuerdo a estos archivos, fueron muchas las familias de origen español que se dirigieron a Juan Carlos I para pedirle que intercediera a favor de sus seres queridos, perdidos en los campos de concentración del régimen militar. Las copias de estas notas fueron guardadas como material reservado en la embajada de España en Argentina, donde aún continúan archivadas. Durante décadas, los familiares de desaparecidos intentaron, sin éxito, acceder a esta información.
"Nos permitimos dirigirnos a Vuestra Majestad por el siguiente problema que nos aqueja. Con fecha 28-10-76, aproximadamente a las 24.00, un grupo de hombres armados vestidos de civil, que dijeron pertenecer a un comando del ejército sin exhibir ningún tipo de identificación, irrumpieron en nuestra vivienda". Así comienza la carta enviada el 3 de noviembre de 1978 por los alaveses Jesús Ortiz de Murúa y su mujer, Araceli Juana Langarica, quienes pedían auxilio para tratar de salvar a su hija Blanca. Llevaban dos años haciendo todo tipo de gestiones infructuosas, hasta que decidieron dirigirse al Rey. No lo hicieron en cualquier momento: en noviembre de 1978, Juan Carlos I y la reina Sofía se desplazarían a Argentina para realizar una visita oficial al régimen de Videla, que ya acumulaba en su espalda miles de desapariciones.
"El secuestro ha sido corroborado por testigos ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Posteriores averiguaciones que hemos realizado han dado todas un resultado negativo", relataba el desesperado matrimonio. "Dado que las autoridades argentinas mantienen un prolongado silencio sobre centenares de casos como el nuestro referente a los desaparecidos -continuaban-, suplicamos a Vuestra Majestad, que actualmente rige en la patria donde hemos nacido, que abogue por nosotros ante quien corresponda a fin de que se nos dé a conocer el actual paradero de nuestra hija".
Ese mismo día, otra madre de origen español relataba sus sufrimientos a través de una sentida nota. Sobre un folio escrito a mano, María Magdalena Pose suplicaba algún tipo de gestión por parte del Rey para tratar de salvar a sus dos hijas, María Magdalena y Graciela Alicia Beretta, secuestradas el 28 de diciembre de 1976 por un grupo de tareas del ejército. En su nota, aquella mujer le pedía a Juan Carlos I que, aprovechando su viaje a Argentina, intercediera ante las autoridades locales con el objetivo de conseguir alguna novedad sobre sus hijas.
"En nuestra desesperación hemos recurrido ya a las más altas autoridades del país, sin ningún resultado positivo" Los Beretta y Ortiz de Murúa no fueron los únicos padres españoles que se hicieron ilusiones con la visita de los reyes. El 10 de noviembre de 1978, Irene Osvald de Bugatti, madre de Roberto Horacio Bugatti -un ingeniero agrónomo que llevaba desaparecido desde el 22 de octubre de 1976-, le hizo llegar una carta al entonces embajador de España en Buenos Aires, Enrique Pérez-Hernández. "En nuestra desesperación hemos recurrido ya a las más altas autoridades del país, sin ningún resultado positivo", señalaba la mujer. Ante esa dramática situación, Irene imploraba que la pareja real fuese informada sobre esta situación, "para ver si ellos pueden intervenir ante las autoridades argentinas".
"Deseo aclarar que mi hijo era un funcionario de gobierno que se desempeñaba en su puesto con eficiencia y honestidad, hombre de bien, cristiano, de excelentes condiciones humanas y espirituales y de quien nadie conoce que tuviera ningún tipo de actividad política ni gremial", apuntaba la mujer.
A pesar de su crudeza, estos reclamos no alteraron la agenda de los reyes. Siguiendo el guión previsto, Juan Carlos y Sofía arribaron el 26 de noviembre de 1978 a Buenos Aires, donde fueron declarados "huéspedes de honor". "Para el pueblo y Gobierno argentinos (sic) constituye motivo de íntima satisfacción la presencia de los ilustres visitantes, dado los trascendentales lazos espirituales y de sangre que unen a nuestro país con España. (...) Además, dicha visita permitirá llevar a cabo en el más alto nivel, conversaciones tendientes a intensificar las relaciones económicas, comerciales y culturales, así como la firma de diversos Convenios de especial interés para ambas naciones", destacaba un decreto de la dictadura.
Poco antes de que la Casa Real anunciase el viaje de los monarcas a ese país, el reconocido abogado Emilio Mignone, padre de una joven que había sido raptada por los militares en Buenos Aires, había logrado contactar en Madrid con asesores del rey Juan Carlos, a quien hizo llegar un pedido muy claro: no debía visitar la Argentina de los vuelos de la muerte y las salas de tortura, ya que se convertiría en un gesto muy positivo para el sangriento régimen.
Ese mismo reclamo fue planteado por los partidos de la oposición en el Congreso, donde diputados socialistas y comunistas argumentaron sobre la inconveniencia de esta visita oficial. El ministro de Exteriores, Marcelino Oreja -tío del dirigente del PP Jaime Mayor Oreja- resumió la postura oficialista en una frase: "El gobierno español rechaza las posiciones de humanitarismo selectivo y se opone a utilizar el tema de los derechos humanos como arma arrojadiza contra los adversarios políticos", esgrimió.
Mientras Oreja ofrecía estos argumentos en defensa del Rey, desde Argentina seguían llegando pedidos de auxilio. "El día 12 de mayo de 1977, aproximadamente a la 1.30, un grupo de hombres armados -10 o más- llamaron por altavoz desde la calle, mandando que encendiéramos las luces y saliéramos con las manos en alto. Al hacerlo, nos separaron y registraron la casa; nos interrogaron separadamente a mi esposo, a mis hijos y a mí, y finalmente obligaron a mi hija María a abandonar el domicilio y acompañarlos. Les pedí desesperadamente que me dejaran acompañar a mi hija, lo que no me permitieron. Imploré darle un beso y me amenazaron con un ‘señora, no insista porque cuento hasta tres y disparo'. Desde entonces no he sabido nada de ella", escribió Victorina Toimil, natural de Vigo.
En lugar de reclamar a la dictadura por la vida de María, la Casa Real optó por trasladar el caso al ministerio de Exteriores de Marcelino Oreja y a la Cruz Roja española, tal como figura en la respuesta enviada a Victorina Toimil. La nota, que llevaba la firma del secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, también fue remitida a la embajada española en Buenos Aires, que la archivó como secreta.
Danilo Albín, en Público
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