La única función real que ha tenido el Fuerte de Ezkaba ha sido como presidio, primero para encarcelar a presos de Eibar y Asturias que participaron en la revolución de 1934, y a partir de 1936 para encerrar a los disidentes antifranquistas. Sin embargo, las actuaciones de los organismos oficiales intentan ocultar esta realidad y evitar que se recupere la memoria histórica.
El denominado Fuerte de Alfonso XII se empezó a construir en la cima del monte Ezkaba, a casi 900 metros de altitud, en el año 1878. La última Guerra Carlista ya había terminado y los vencedores de la contienda decidieron levantar allí una gran fortaleza militar para controlar Iruñea y su comarca. Este Fuerte fue proyectado para el tipo de guerras de la época en que comenzó a edificarse, pero las obras tardaron casi 40 años en estar finalizadas. Para entonces ya había nacido la aviación, y con ella la posibilidad de bombardear desde el aire. En definitiva, esta gran obra militar nació obsoleta, y nunca tuvo la función defensiva para la que fue creada.
El Fuerte de Ezkaba permaneció sin ninguna utilidad hasta 1934, cuando las autoridades comenzaron a trasladar a presos de Eibar y Asturias que habían sido detenidos en la revolución de ese año. Para poder utilizarlo como cárcel se hicieron una serie de remodelaciones, que básicamente consistieron en cerrar el patio central con un cuarto muro. A partir de entonces hizo la función de patio carcelario.
A raíz del golpe de Estado de 1936 el Fuerte de Ezkaba continuó siendo utilizado como presidio para la disidencia antifranquista, convirtiéndose en una especie de campo de concentración. Cientos y cientos de socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas vascos fueron encerrados entre sus muros y sufrieron todo tipo de penalidades. Muchos de ellos murieron de enfermedades derivadas de las duras condiciones de vida, de hambre, frío y humedad.
El Fuerte de Ezkaba dejó de ser utilizado como presidio y en 1991 se retiraron de él los últimos militares españoles. A partir de entonces fueron surgiendo propuestas para darle alguna utilidad a este gran edificio, incluso por parte de organismos oficiales. Antes de tomar una decisión, las asociaciones que trabajan en la recuperación de la memoria histórica propusieron que las instituciones dieran a conocer a la ciudadanía la historia real de este lugar, y en concreto su utilización como presidio de antifascistas.
En noviembre de 2007 el asunto llegó al Congreso español. A propuesta de Uxue Barkos, se acordó destinar una partida de 500.000 euros para que el Ministerio de Defensa, titular del Fuerte, llevase a cabo trabajos de acondicionamiento y limpieza de matojos y basura, ya que para entonces se encontraba en un estado de total abandono.
Estos trabajos se llevaron a cabo entre octubre de 2008 y mayo de 2009. Sin embargo, el Ejército español no se limitó a la limpieza de accesos y labores de limpieza, sino que aprovechó para derribar los muros que habían transformado el Fuerte en presidio, y también eliminó la cocina de la antigua prisión. «Todo lo que configuraba el patio central como cárcel fue destruido, y se mantuvo la estructura militar para la que fue diseñado el Fuerte en un principio». Así lo resume el cineasta Iñaki Alforja, autor del documental «El cementerio de las botellas» y miembro, a título personal, del Autobús de la Memoria, del que forman parte todas las asociaciones que trabajan para recuperar la memoria histórica salvo la Asociación de Familiares de Fusilados.
Fueron precisamente estas asociaciones las que denunciaron ante el Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN) las intervenciones del Ejército en el interior del Fuerte, ya que está declarado como Bien de Interés Cultural. «Según la normativa vigente, cualquier actuación que se quiera realizar en él debe ayudar a mejorar su comprensión histórica. Es evidente que los militares le han dado un enfoque determinado a la interpretación de la historia de Nafarroa. En definitiva, intentan que las nuevas generaciones lo conozcan como un fuerte militar, lo cual es falso, porque nunca ha cumplido esa función», explica Iñaki Alforja.
Hace un par de semanas el TAN dio la razón al Autobús de la Memoria. Por medio de una resolución, este tribunal dictaminó que el derribo del citado muro era ilegal, porque se había hecho sin licencia municipal del Ayuntamiento de Berriobeiti, y recordó que el propio comandante militar en Nafarroa se había comprometido, mediante un breve oficio enviado a varias instituciones, a respetar el conjunto arquitectónico del Fuerte.
La resolución del TAN da la razón a los planteamientos del Autobús de la Memoria, incluida la crítica al Departamento de Cultura y al Ministerio de Defensa por no respetar las competencias municipales. «Las obras son ilegales, no hace falta que nos lo diga el TAN. Nuestro objetivo, además de dar a conocer cómo se burlan de sus propias leyes, es que se restituyan todos los elementos del Fuerte que han derribado ilegalmente, que el inmueble recupere el mismo aspecto que tenía cuando el Gobierno de Nafarroa lo declaró Bien de Interés Cultural. Esto se puede hacer, ya que se tiene suficiente información de cómo estaban las instalaciones carcelarias y de tortura cuando fue empleado como tal». Así lo propone otro miembro del Autobús de la Memoria, José Ramón Urtasun, quien anuncia que van a seguir adelante mediante la vía contencioso administrativa y van a denunciar al Departamento de Cultura-Institución Príncipe de Viana, por permitir las obras, y al Ministerio de Defensa por ejecutarlas sin autorización.
El Autobús de la Memoria también va a pedir al alcalde del Ayuntamiento de Berriobeiti, José María Irisarri, que rectifique su actuación en este caso, ya que «legalizó» las obras del Ejército una vez realizadas. En este sentido, le van a pedir que rectifique y exija a Príncipe de Viana que el Fuerte recupere los elementos que fueron suprimidos.
«Aun sabiendo que no es el auténtico, creo que debería reconstruirse el muro para dejar patente lo que allí ocurrió. Hay que recuperar la historia represiva de Nafarroa y darla a conocer», defiende Iñaki Alforja.
La última actuación oficial en torno al Fuerte, y al monte Ezkaba en su conjunto, está siendo protagonizada por la Mancomunidad de Iruñerria, presidida por Javier Torrens (PSN). Así, el pasado 26 de octubre puso en marcha un portal de participación ciudadana con el fin de recabar opiniones y propuestas de cara a futuras actuaciones. Este portal se lleva a cabo de forma simultánea a la redacción del Plan de Incidencia Supramunicipal (PSIS), cuyo objetivo es establecer las normas para convertir esta zona en un parque comarcal.
Este portal está integrado por cuatro secciones de participación ciudadana: cuestionario, mapa participativo, concurso de fotos y foro. De cara a próximas actuaciones, el cuestionario es el elemento más importante. En él se consulta a los ciudadanos sobre su relación con el monte, las diferentes zonas y valores, los cambios que se han propuesto en los últimos años y las propuestas de futuro, pero en ningún momento se informa de la actuación ilegal del Ejército con el derribo de elementos de la historia más reciente del Fuerte.
La propia redacción de las preguntas de la encuesta, y las opciones que no incluye, ya revela las intenciones de la Mancomunidad de Iruñerria. Así, incluye un apartado sobre «cambios en el paisaje», en el que pregunta cuáles han afectado más al entorno. De las seis opciones propuestas, se ha dejado en último lugar la referente al «estado de conservación del patrimonio histórico (conjuntos arquitectónicos, monumentos, etc)», sin hacer ninguna mención al Fuerte.
Respecto a las propuestas de futuro, la encuesta incluye un apartado que dice: «El PSIS propone la creación de un parque comarcal en el monte Ezkaba, como un espacio reservado para el desarrollo de actividades relacionadas con el uso recreativo deportivo y cultural, la potenciación de valores ecológicos y de educación ambiental. ¿Comparte esta visión?».
Al margen de las alabanzas al PSIS que está impulsando la propia Mancomunidad, tampoco en este apartado se incluye referencia alguna al futuro del Fuerte que corona el monte Ezkaba. Los valores históricos y de recuperación de la memoria reciente de Iruñerria parecen no tener importancia para la Mancomunidad.
Iñaki Alforja tiene claro el objetivo de esta actitud: «La Mancomunidad está empezando a crear un clima de opinión para que la recuperación del Fuerte de Ezkaba no pase por la recuperación de la memoria. Desde el Autobús de la Memoria creemos que cualquier actuación tiene que pasar por el reconocimiento de la lucha antifascista y por el conocimiento de lo que realmente ocurrió en este lugar. La ciudadanía debe conocer en primer lugar su historia y la utilidad que se le dio al Fuerte, y después ya se tomarán las decisiones de cara al futuro».
Uno de los proyectos que se están barajando para el Fuerte es su conversión en museo. A este respecto, el autor del documental «El cementerio de las botellas» se pregunta: «¿Un museo de qué?». Y aporta su propia respuesta: «En los proyectos hablan de recuperar cuál era la defensa militar de Iruñea, pero no dicen nada de la verdadera historia del Fuerte, de la recuperación de la memoria histórica y de la lucha antifascista. Cuando se derruyen los muros que configuraban este lugar como prisión y se hacen actuaciones que van desvirtuando su verdadera función, hay un claro intento de borrar esa memoria del Fuerte de Ezkaba, de derruir y ocultar. Nosotros creemos que no se debe ocultar a la ciudadanía navarra que conozca cuál fue su historia, qué es realmente lo que aquí ocurrió».
En cualquier caso, Iñaki Alforja deja claro que hay proyectos para el monte Ezkaba que sí son compatibles con un museo de recuperación de la memoria histórica, y cita como ejemplos la adecuación de un mirador de Iruñerria o de un centro para el avistamiento de aves.
Carlos Otxoa, sobrino del histórico preso Jacinto Otxoa -26 años encerrado en cárceles franquistas, incluida Ezkaba- y miembro del Autobús de la Memoria, no duda de que tanto el Ejército español como Príncipe de Viana «sabían que era una ilegalidad» el derribo de los muros de la prisión. Por ello, les acusa de haber actuado «con total alevosía, ya que no han dicho nada hasta que no se dio a conocer nuestra denuncia».
«Han intentado ocultar lo que allí ocurrió. No quieren que exista ningún testigo de la represión franquista, ni siquiera las piedras», afirma este vecino de Iruñea.
Él mismo se ha encargado de interponer un recurso contencioso-administrativo contra Príncipe de Viana por dar su autorización a unas obras ilegales. En este recurso se solicitará también que un comité de historiadores comparezca para explicar que el derribo de los muros de la prisión franquista en el Fuerte de Ezkaba dificulta la comprensión del significado histórico de este Bien de Interés Cultural, que fue declarado como tal en el año 2001.
Iñaki Vigor, en GARA
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