LA TRAGEDIA DEL CAMINO

El particular sueño americano de Janeth acabó bruscamente en el llamado “kilómetro 35”, tras coger el tren que parte de Tenosique (México) hacia el norte. Como ella relata en el documental María en tierra de nadie, de Ruido Photo y Elfaro.net, había salido de El Salvador “sin saber nada, de atrevida”. Quizás por ello, no sabía que los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México han contabilizado alrededor de 20.000 secuestros anuales de migrantes en tránsito por el país, un viaje de 25 días a través de más de 5.000 kilómetros. Tampoco sabía que ella iba a entrar a formar parte de esa estadística, que esconde una realidad en la que las mafias como Los Zetas, “nunca te van a soltar si no has dado nada”.

La migración centroamericana se concentra principalmente en dos rutas que parten del sur del país para cruzar México y que son, en muchas ocasiones, las mismas que siguen los cargamentos de droga. Además, se han localizado, al menos, 16 rutas migratorias terrestres. Por la ruta atlántica o ruta del Golfo, los migrantes, de los cuales, el 96% procede de Guatemala, Honduras y El Salvador, cruzan la selva guatemalteca y se internan en el Estado de Tabasco. Allí, como hizo Janeth, tratan de encaramarse al tren que parte desde la localidad de Tenosique. Esta ruta, hasta llegar a lo Estados Unidos, está controlada por Los Zetas kilómetro a kilómetro. Por la otra ruta migratoria, la ruta del Pacífico, en Tapachula (Chiapas), deben caminar casi 300 kilómetros antes de alcanzar la primera estación y, durante ese camino, son muy vulnerables a las bandas de asaltantes. La situación es especialmente peligrosa para las mujeres y los menores, que están, además, expuestos a los abusos sexuales y a ser víctimas de las redes de prostitución. Según la Estación Migratoria del DF, el 20% de los migrantes irregulares que transitan a través de México son mujeres. Las dos rutas del tren se unen al sureste de la capital mexicana, en el estado de Veracruz, la zona más peligrosa, para, una vez cruzado México DF, volverse a separar en cinco direcciones diferentes, rumbo a la frontera con Estados Unidos, una muralla de 3.140 metros, custodiada por 18.000 patrulleros y bajo el control de los cárteles de la droga. A pesar de ello, más de 3.000 personas tratan cada día de atravesarla.

Este verano, se descubrieron en el Estado de Tamaulipas, en el noroeste del país, 72 cadáveres acribillados en lo que se ha llamado una “narcofosa”. Eran migrantes que se negaron a ser extorsionados por Los Zetas para poder proseguir su camino hacia Estados Unidos y fueron ejecutados. Los Zetas son un nuevo cártel que incluye entre sus filas a ex militares de élite, muchos de ellos entrenados en su momento por Estados Unidos, y que controlan, además de parte del narcotráfico nacional, el secuestro y la extorsión organizada a migrantes indocumentados a lo largo del país.

Fue entonces cuando, internacionalmente, se constató una vez más que las agresiones que sufren los migrantes centroamericanos en tránsito por México son sistemáticas y no hechos aislados, como han denunciado organizaciones religiosas y civiles que luchan por la defensa de los derechos de los migrantes. Estas organizaciones son las que se enfrentan cara a cara con la actual realidad en las Casas de Migrantes, diseminadas a lo largo de las rutas migratorias en suelo mexicano. Allí recalan las víctimas como Janeth, que sobrevivió y pagó los 500 dólares para volver a su país trabajando como cocinera para Los Zetas durante cuatro meses. Junto a ellos fue testigo de los secuestros (más de 70 personas en cada una de las cinco llamadas “casas de seguridad”, las vejaciones y agresiones, la utilización de secuestrados como “espías” en los trenes y albergues, las violaciones, y los asesinatos: “Van por categorías, los soldados que nos cuidan, los que agarran a la gente en el tren y están los carniceros, que son los que matan a las personas que no responden por ellas. Despedazan a la gente que no puede pagar, los meten en un barril y les prenden fuego”.

Estas agresiones y secuestros se cometen, en muchas ocasiones, con el conocimiento, el consentimiento e incluso la colaboración de las diferentes y corruptas fuerzas policiales, como denuncia el Sexto informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito en México, impulsado por Belén Posada del Migrante de Saltillo, Humanidad sin Fronteras y Frontera con Justicia, en junio de este año. En él se relata como se han recogido testimonios en las Casas de Migrantes que hablan del “abuso de autoridad y detención ilegal que han cometido en su contra miembros de las policías municipales, que, coludidas con el crimen organizado, utilizan su autoridad, su uniforme, sus vehículos oficiales e, incluso, sus centros de detención, para secuestrar a las perso- nas migrantes y entregarlas a miembros del crimen organizado”.

Unas fuerzas policiales que, además, son incapaces de evitar las agresiones a las Casas de Migrantes, como la de Saltillo, que ha sido atacada en numerosas ocasiones, y cuya protección ha sido asumida recientemente por la propia ONU.

Ante esta situación, el año pasado diversas organizaciones civiles, de la Iglesia católica y la Comisión Nacional de Derechos Humanos hicieron pública la “tragedia humanitaria” del secuestro a migrantes, y denunciaron que el Instituto Nacional de Migración continúa sin promover el diseño y la ejecución de una política migratoria integral que aune derechos humanos, seguridad ciudadana y desarrollo. Para los impulsores del Sexto informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito en México, esta institución es “quien tiene el deber de promover y procurar una política migratoria integral, transversal y abierta a las necesidades de la población transmigrante que evite, entre otras múltiples violaciones a los derechos humanos, la sistematicidad de la problemática del secuestro”. Y es que, para ellos, el Estado mexicano tiene una gran responsabilidad en la actual situación, ya que con “su objetivo de impedir el tránsito de migrantes se les coloca en condiciones de vulnerabilidad y riesgo que desembocan en violaciones a sus derechos humanos por omisión”. Las mismas violaciones que llevan a que migrantes como Janeth, tras meses de abusos y violencia, afirmen: “No se puede seguir en tren... Yo me regreso para atrás”, ante la perspectiva de perder la vida por un sueño incierto y desconocido a un infierno de distancia.

Diagonal