A finales de los años setenta el desinterés de la mayor parte de las instituciones, así como del mundo académico, hacia las víctimas del franquismo, del que participaron la mayoría de los partidos políticos, encontró un contrapunto en numerosas iniciativas surgidas de la sociedad civil y alentadas por familiares y por sectores receptivos a sus reclamaciones que permitieron la recuperación de restos de asesinados tras la exhumación de fosas comunes.
Por el “pacto de silencio o de olvido” existente hasta mediados de los años noventa del siglo pasado, en aras del espíritu de la reconciliación, se adoptó una especie de convención de no agitar temas que pudieran suscitar divisiones en la opinión pública. A pesar de que el partido socialista dispuso del poder durante catorce años, con amplias mayorías parlamentarias en varias legislaturas), en ese lapso de tiempo no se impulsaron medidas en relación con las olvidadas víctimas franquistas. De esta forma, hay que recordar que el gobierno socialista se posicionó en 1986 a favor de no celebrar el cincuentenario de la guerra civil porque “una guerra civil no es un acontecimiento conmemorable”. Años más tarde, en 1994 el periodista Walter Bernecker comentaba que no se podía acusar al gobierno socialista de revanchista en cuanto que animó a pasar por encima del tema de las víctimas del bando republicano en la guerra civil con el propósito “de no contribuir a reabrir las heridas producidas por la guerra, confundiendo el <
Por contra, desde mediados de los años noventa se entró en una fase bien diferente. Entonces, diversas asociaciones iniciaron sus campañas reivindicativas de la memoria antifranquista, actuando como lo que se viene en denominar emprendedores de la memoria. Esas asociaciones estarían impulsadas por la generación de los nietos, una generación que, al no vivir ni la guerra ni el franquismo no estaría hipotecado por sus recuerdos personales ni por los compromisos sociopolíticos de los años setenta y ochenta en relación con el pasado, llegando a ser crítica con la gestión de la memoria de la época de la Transición. Estarían imbuidas de la noción de deber de memoria para reivindicar a las víctimas de la represión, como un impulso moral y cívico solidario con los derrotados .
Se ha solido indicar que un primer punto de arranque para la dinamización de las actividades de esas asociaciones lo constituyó la decisión en el verano de 1995 del Ministerio de Defensa del último gobierno socialista de Felipe González de colaborar en la recuperación de los cadáveres de los soldados españoles que habían combatido en Rusia enrolados en la División Azul. Esa primera chispa fue posteriormente alimentada por la política de la memoria emprendida por los gobiernos del Partido Popular entre 1996 y 2004. A la celebración de conmemoraciones apoyadas de forma entusiasta por el gobierno español de entonces, centradas en personajes e hitos como los cien años de la muerte de Cánovas del Castillo, el centenario de 1898, el cuarto centenario del fallecimiento de Felipe II o el quinto centenario del nacimiento de Carlos V, se añadieron iniciativas que trataban de acomodar la enseñanza de la Historia a los intereses político-ideológicos del PP tales como el debate en el año 2000 sobre los libros de texto de la asignatura de aquella asignatura en la enseñanza secundaria, al que acompañó un nada neutral informe emitido por la Real Academia de la Historia. Asimismo, no hay que olvidar que entonces comenzó a extenderse un discurso revisionista en relación con la Segunda República y la Guerra Civil por parte de autores que, fuera de la historiografía académica y con puntos de vista más ligados al periodismo tendencioso (Federico Jiménez Losantos, Pío Moa, José María Marco, César Vidal), se ubicaban en ámbitos próximos al Partido Popular. Historiadores como Moradiellos, Reig Tapia o Viñas han incidido en la repetición de argumentarios franquistas de que hace gala esa publicística revisionista, así como en su desconocimiento de la historiografía crítica académica .
Al poco de su nacimiento a mediados de los noventa, el movimiento social en pro de la memoria histórica se convertirá en un fenómeno de dimensiones amplias que se introducirá en las agendas programáticas de los partidos de izquierda y del nacionalismo periférico. La reacción del Partido Popular será dar “apoyo al movimiento revisionista”, mostrando en su segunda legislatura “y ya con mayoría absoluta, unas facetas que muchos creían ya superadas”.
El primer debate público de una cierta intensidad en relación con las políticas de memoria vino precisamente en septiembre de 1999, momento éste en el que se debatió por primera vez en el Parlamento español una moción de condena del golpe de estado de 18 de julio de 1936 y del régimen de Franco. Posteriormente, el debate, además, se tornó cada vez más polarizado a causa de las iniciativas mantenidas por el PP en relación con la relectura del pasado por las que esa formación intentaba apropiarse totalitariamente de la democracia mediante la interpretación de ésta desde postulados neoconservadores y la sacralización de la Constitución, presentando, además, como víctimas del terrorismo, del todo equiparables a las asesinadas con posterioridad a 1977, a personas asesinadas en las postrimerías del franquismo de las que era más que conocida su fidelidad militante, homicida y torturadora hacia el régimen franquista.
A partir de entonces se sucederían numerosos debates en foros parlamentarios, algunos de los cuales darían lugar a pronunciamientos y normas jurídicas aprobadas conocidas por el gran público. Asimismo, se desarrollarían un gran número de actuaciones e iniciativas de las que no vamos a ocuparnos aquí por razones de espacio.
En Navarra también imperó la política del olvido hasta finales de los años noventa. Durante la primera legislatura, la que va de 1979 a 1983, solamente hubo dos debates en el pleno del Parlamento, en julio de 1980 y en octubre de 1981, ceñidos ambos a la cuestión del escudo y la bandera de Navarra y a la supresión en ambas de la laureada. Los debates preliminares registrados en la Comisión de Régimen Foral (en número de tres, en septiembre y octubre de 1979 y en junio de 1980, respecto al primero de aquellos dos debates plenarios; y otro en diciembre de 1980, respecto al segundo y último) se centraron también en dichos símbolos, si bien en el primero de todos las dos mociones presentadas respectivamente por el Partido Socialista y por Herri Batasuna abordaban, asimismo, la cuestión del callejero y de los monumentos a los caídos franquistas, aspectos que desaparecieron ulteriormente de la discusión. La supresión finalmente de la laureada se sustentaría en el apoyo de las fuerzas de izquierda frente a la oposición de UCD y UPN que obtendrían un premio de consolación con el apoyo socialista a su propuesta de proscripción de la ikurriña de los edificios públicos.
Entre 1983 y 1999 (que cubre las legislaturas de 1983-1987 y de 1987-1991 en las que Navarra fue gobernada por el PSN-PSOE, la legislaturas de 1991-1995 en la que Navarra fue gobernada por UPN y la legistura de 1995-1999 en la que un breve gobierno de coalición constituído por PSN, EA y CDN dio paso tras un periodo de un año a un nuevo gobierno monocolor de UPN con el apoyo externo del PSN por no considerar posible este partido seguir en el gobierno tras destaparse el escándalo Urralburu) la cuestión de la memoria histórica solamente se debatiría en una ocasión en el Parlamento de Navarra. En diciembre de 1992 se discutió una moción de Izquierda Unida en la que se pedía instar al Gobierno de Navarra a la eliminación de los símbolos fascistas del espacio público. La iniciativa sería rechazada por la tajante oposición de UPN y PSN, que entonces se posicionó tenaz y agresivamente con la derecha navarra, recabando solamente apoyos de los partidos nacionalistas.
En su defensa de la moción el parlamentario Taberna Monzón, de IU, negó de principio que la moción tuviera carácter anacrónico, afirmando que tenía “una vigencia política importante y fundamentalmente por la reticencia de determinados grupos políticos a que se normalice, por lo menos en los simbólico, la transición democrática, que va siendo larga”. Taberna comentó las dificultades que tuvo que superar la moción para ser presentada debido a que UPN , aprovechando la ausencia de un miembro de la Mesa, no la admitió a trámite y hubo que presentar un recurso. Asimismo, citó que en Corella, “la patria chica del vicepresidente” [Miguel Sanz], había fracasado una moción del PSOE; que en Marcilla, municipio gobernado por los socialistas, seguían habiendo calles con el nombre de Francisco Franco o General Mola; y que en Pamplona existían una serie de símbolos como “el monumento a los caídos con la frase de la cruzada” y la laureada en diversos edificios públicos como el de la Caja de Ahorros de Navarra y el Instituto de la Plaza de la Cruz. Todo ello, calificado como “lacerante desde el punto de la vista de la tolerancia”, servía a Taberna para concluir que no había “habido en lo simbólico una transición democrática deseable dentro de Navarra”. También adujo que “si para algunos tiene una fuerza importante el hecho de que el escudo de Navarra esté dentro del de la Comunidad Autónoma Vasca, también para nuestro grupo que exista la laureada, determinadas calles o símbolos que denotan toda la parafernalia y toda la propaganda fascista de su época”. Por último, pedía que se cumpliera en ese aspecto la Ley de Símbolos de 1986 por cuanto ésta establecía “cuáles son los símbolos de Navarra y donde deben estar en los sitios públicos y visibles”.
Los grupos parlamentarios de HB y de EA se manifestaron a favor de la moción. Araiz Flamarique por el primero señaló que “sin ningún ánimo de revanchismo” había que “recuperar la memoria histórica de quienes fueron vilmente asesinados y tirados en las cunetas de nuestras calles y carreteras”, tal y como se había planteado “en muchas entidades locales cuando se habla de este tema”. Indicó que en la anterior legislatura se habían presentado unas 150 mociones en el Ayuntamiento de Pamplona sobre el tema de los símbolos y que muchas habían contado con el apoyo del PSOE. Por el segundo grupo, Cabasés Hita dijo que el apoyo de su grupo era para “contribuir a la extensión y al mantenimiento de los principios democráticos” y que, aunque se habían realizado algunas acciones a partir de la Ley de Símbolos de 1986, había que “completar la tarea para que nadie pueda acusar de dejación” al Parlamento.
En contra se posicionaron los portavoces de UPN, Rafael Gurrea Induráin, y del PSOE, Aladino Colín. El primero tachó de falsedad la afirmación de Taberna acerca de la inexistencia de transición en España en cuanto que aquí se habría “producido una transición ejemplar como en ningún otro país que haya tenido un gobierno autocrático en los últimos años en la historia europea”. Calificó de regresión en el tiempo la semántica utilizada en la moción en cuanto que le recordaba a la que se utilizaba “en este Parlamento hace doce o trece años” y razonó la existencia de la moción como “parte del ritual de un grupo radical en este tipo de cuestiones, que cumple con la misión de excitar a la sociedad en un tema que, afortunadamente, está olvidado, y no pertenece al primer plano de las preocupaciones de los ciudadanos”. También negó el carácter fascista de la laureada que según él sería “una medalla al más alto mérito militar” y “anterior al franquismo y ajena al fascismo”. Realizó un digresión afirmando que él pensaba que Taberna se habría referido a otros símbolos que se podían ver en la paredes de Pamplona “que no tienen nada que ver con Mussolini, uno de los apuntadores del fascismo, pero que representan a organizaciones que yo tengo por fascistas”. Y al respecto añadió “Pero es muy probable que ustedes no se refieran a ellos porque no lo citan aquí”. Aunque indicó que él no se había dado cuenta de la existencia de la laureada en el edificio de la CAN, sí se había percatado que en el escudo y la placa de la plaza de la Cruz figuraba como último nombre de los inscritos en la misma el de un Taberna, lo que tal vez, según Gurrea, habría motivado al mocionante a proponer la iniciativa “para que no haya confusiones, para que nadie crea que un Taberna de los de su raigambre” estaba “comprometido” con lo que se conmemoraba en el monumento. Mantuvo que tanto la Ley navarra de Símbolos de 1986 como el Real Decreto del 81 referido al ámbito del Estado exoneraban de la supresión de simbología a “aquellos edificios o monumentos que, aunque no tengan carácter histórico-artístico, estén hechos de tal manera que quitarlos produzca una violencia al inmueble”. Gurrea entendía que ésa era “una fórmula pacificadora que se utilizó en aquel momento, en un momento necesario para conseguir una estabilidad y una serenidad de ánimos que ustedes, naturalmente, están deseosos de romper, pero que nosotros no vamos a quebrar”. Para finalizar, tildó a la moción de anacrónica y zafia.
Por su parte, Aladino Colín (para las nuevas generaciones, hay que explicar que es el nombre de una persona real, mano derecha de Urralburu, que llegó a ejercer la portavocía del PSN en el Parlamento de Navarra y que fue Vicepresidente Segundo y Consejero de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra entre 1987 y 1991) comenzó su intervención centrándose en el anacronismo de la moción. A su juicio, acerca de la cuestión “ni había debate hace mucho tiempo ni lo hay ahora. Pretender hacer un debate aquí y ahora sobre estas cuestiones, cuando no es un debate que se plantee la sociedad ni una preocupación de la sociedad, me sugiere antes que nada y en primer lugar que se ha traído a la Cámara un debate absolutamente artificial”. Recordó que los miles de mociones sobre la cuestión planteadas en la segunda mitad de los años setenta habían “desaparecido de la circulación” en un proceso connatural en el que a un primer periodo de efervescencia en el que “se hace los posible por acabar con toda la simbología” de las dictaduras sucede un segundo “en el que las cosas se serenan” y “van cobrando protagonismo los asuntos relacionados con lo que de verdad importa, la consolidación de las instituciones democráticas, la vertebración de la sociedad civil, etcétera, y en relación con estas cuestiones, la de la simbología, se van adoptando decisiones más razonables por más objetivas”. Posteriormente, según Colín, en una tercera etapa tiene lugar “la definición positiva de los símbolos de los estados democráticos y la adopción de acuerdos de conservación de los símbolos anteriores, fundamentalmente (...), por razones de orden de preservación del patrimonio histórico arquitectónico”. También rememoró la retirada de la laureada en los debates de 1979-1981, así como la solución dada por la Ley de Símbolos de 1986 en relación con los escudos anteriores con el añadido franquista, “un criterio conservador (...), cuando se afirma que no afectará a los escudos existentes en edificios o monumentos sitos en el territorio de la Comunidad Foral que sean declarados de carácter histórico artístico o que, sin serlo, formen parte del ornamento y decoración de los mencionados edificios o monumentos de una manera fija, de tal manera que no puedan separarse de ellos sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto”. En consonancia con eso último, dijo que el tema planteado en la moción, “además de ser en el fondo artificial, es en la forma atrabiliario” por pretender “modificar nada más y nada menos que algo inmodificable por una moción, que es una ley”. Además, para el portavoz socialista todos los pueblos, “después de épocas turbulentas”, acaban conviviendo “con su historia de manera pacífica, aceptando la anterior sin ira”, “como manifestaciones de épocas históricas que son siempre por su propia esencia dinámicas, que se mueven de la misma manera que se mueve la sociedad”. En cuanto a los monumentos a los caídos, deberían mantenerse por ser “justamente el símbolo de lo que no se debe hacer”. En cuanto a las calles, por el contrario, Colín afirmó que en los casos de las referidas a personas que habían “sido defensores activos de la dictadura” y que habían “contribuído a dividir pueblos” se deberían buscar “mínimos comunes denominadores para encontrar los símbolos que unen a todos”.
En el turno de réplica, el parlamentario mocionante Taberna Monzón insistió en la necesidad de “profundizar en la democracia día a día” y, tras replicar a UPN que si en 1979 no veían oportuno quitar la laureada, ahora argumentaban que era “un problema de zafiedad de la moción”, acabó preguntándoles: “Constantemente se están dando argumentos formales pero nunca se llega al fondo. ¿Somos partidarios de quitar la simbología fascista o franquista de la vida cotidiana navarra, sí o no?”. Si a Taberna la actitud de UPN le parecía “comprensible por la tradición, por la historia y porque es la línea que sigue en la actualidad”, la del PSOE le parecía “incomprensible, sobre todo, cuando grupos municipales, como el citado socialista de Corella, presentan otro tipo de mociones que vienen a significar el mismo contenido de esta moción”.
Finalmente, la moción fue rechazada por 8 votos a favor, 32 noes y ninguna abstención.
A partir de 1999 la cuestión de la memoria se asentó con firmeza en los debates de la cámara parlamentaria navarra y numerosas iniciativas de recuperación, rehabilitación y reparación de la memoria de las víctimas del franquismo pudieron ser aprobadas con la sola oposición o abstención de la derecha. Muchas de esas iniciativas son conocidas por el gran público.
En el día de hoy, más de veinte años después de aquella única moción planteada en los años del olvido, el Parlamento de Navarra, al aprobar en sesión plenaria la proposición de ley foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados a raíz del golpe militar de 1936, presentada por Izquierda-Ezkerra y apoyada por el PSN, Bildu, Aralar y Geroa Bai (mientras que UPN se ha abstenido y el PPN ha votado en contra), ha culminado el viraje, emprendido en la legislatura 1999-2003, de revisión de la política de gestión de la memoria histórica de los años ochenta y noventa del siglo pasado.
Fernando Mikelarena, en su blog
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