Los diirigentes de UPN y PP parecen personas lo suficientemente inteligentes para el ejercicio de su responsabilidad. Al menos la mayoría. Así que el cúmulo de falsedades, insidias y mentiras difundidas los últimos días con la ayuda del sector más hooligan de la prensa española solo puede ser fruto de la mala fe. Un intento de montar barullo para que la población se olvide de pésima gestión de la crisis y de escándalos con forma de dietas y sobres.
Esta vez el foco de la polémica es un informe de la Guardia Civil sobre la educación pública en euskera. El documento no es oficial, y nadie reconoce haberlo encargado, pero ya ha sido debidamente filtrado para su utilización partidista. Da igual que UPN lleve 20 años gestionando la educación en Navarra y que para ser docente haya que superar una oposición. Las acusaciones se han sucedido sin rigor ni mesura. Cada barbaridad ha quedado superada por la siguiente.
El debate seguramente sería otro si en lugar de espiar la afinidad ideológica y sindical de los profesores de un determinado modelo educativo se hubieran investigado las creencias religiosas y la vinculación con organizaciones católicas. Pero no es el caso, y nadie en el Gobierno ha apelado a la libertad de pensamiento ni a la honestidad de sus profesores. Tampoco han salido en defensa de un modelo innovador, integrador y plural que tras años de mucho trabajo y calidad contrastada se ha ganando el reconocimiento y el respeto de una parte muy importante de la sociedad navarra.
Al contrario. No ha hecho sino dar pábulo a la campaña de desprestigio. Con la presidenta liderando la infamia. "Los batasunos se infiltran en los colegios", afirmó el domingo, el mismo día en el que La Razón denunciaba que en los centros públicos "se instruye para justificar el asesinato", y El Mundo ponía a un instituto de Pamplona como ejemplo de "adoctrinamiento terrorista pasivo a través de la educación". A la orgía declarativa se sumó ayer la portavoz del PP, que aseguró convencida que los profesores "engañan a nuestros hijos".
Lo peor y más ofensivo es que todos hablan en primera persona. "Nuestros hijos", dicen. Como si los llevaran a la escuela pública y no a célebres centros concertados. Como si les importara el modelo D. Como si sus hijos tuvieran problemas con el transporte escolar o fueran a renunciar a las actividades extraescolares por problemas económicos. Como si sufrieran la falta de espacio en el centro porque el consejero ha incumplido su palabra. Como si les molestara que con tanto contrato temporal muchos alumnos sufran cambios de tutor cada tres meses, o tuvieran que sufrir las consecuencias del recorte en las becas.
Todos se muestran preocupados por la educación pública, a la que entre unos y otros han recortado la financiación un 8% en solo tres años, y a la que desprecian una vez más con una ley impuesta desde Madrid con arrogancia y contra el criterio de la comunidad educativa. Tampoco les importan los alumnos, víctimas de una campaña que no hace sino desprestigiar su educación, criminalizando el currículum de toda una generación de estudiantes muy bien preparada que hoy lucha por forjarse un futuro digno en el competitivo y no siempre justo mundo laboral.
Lo que de verdad les interesa es "españolizar a los alumnos", como dijo hace unos meses el ministro Wert en toda una exaltación de las fobias y prejuicios con los que ha elaborado la nueva ley de educación. El problema es la ideología. La de los profesores. La de los padres. La de los alumnos que no piensan como quieren ellos. Las infamias y mentiras que políticos y medios madrileños han difundido los últimos días son solo una simple herramienta para justificarlo.
Ibai Fernández, en Diario de Noticias
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