El concurso para la liquidación de Fagor Electrodomésticos va a suponer, con casi total seguridad, la pérdida de 185 millones de euros a los inversores y ahorradores que tienen las polémicas Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS). La cifra de afectados podría elevarse hasta las 10.000 personas, según las organizaciones que se han ido creando en su defensa.
Las AFS de Fagor son "deuda perpetua", expiran con el final de la cooperativa, pero al tener el carácter de "subordinada" se colocan en la cola de todos los acreedores a la hora de cobrar. Por delante, estarían los trabajadores, Hacienda, la Seguridad Social y los proveedores de la compañía.
La primera emisión de aportaciones de Fagor Electrodomésticos se produjo en 2004, por valor de 60 millones, repartidos en 2,4 millones de títulos de 25 euros de valor nominal. En 2006 hubo otra emisión que ascendió a 125 millones, distribuidos en 5 millones de títulos. Ambas se emitieron con un interés de euribor más 3,5 puntos.
Las única manera posible, según Fagor, que hubiera habido de poder reintegrar este dinero a los inversores hubiera sido que Mondragón hubiera accedido a inyectar 170 millones de euros en la empresa, tal y como esta reclamaba para evitar su liquidación.
Así, en el documento de escenarios económicos posibles elaborado para la empresa de electrodomésticos por el despacho de abogados Uría y Menéndez previo al concurso de Fagor, se especifica que a la hora de hacer devoluciones a inversores, el colectivo que hubiera tenido garantizado el reintegro del dinero sería el de las "aportaciones voluntarias", que sólo corresponden a los socios de la cooperativa o sus familiares, para evitar un posible contagio a otras cooperativas de la Corporación Mondragón.
En la memoria de Fagor del mes de junio la contabilización de estas aportaciones ascendía a 43,71 millones. Fagor sí que planteaba, en cambio, una quita de los préstamos de los socios. En cualquier caso, el efecto contagio del que alertaba Fagor ya se estará produciendo, como reconoció el propio presidente de la Corporación Mondragón, Txema Gisasola, en la cooperativa Fagor Industrial, que aunque tiene un nombre similar es una entidad jurídica diferenciada y se dedica a la producción de electrodomésticos para hoteles y restaurantes. Precisamente, y para evitar confusiones, la empresa decidió a principios de octubre cambiar su nombre por el de Onnera Group.
El propio Gisasola advirtió a los cooperativistas que estaban reclamando dichos fondos del riesgo que corren de descapitalizar la empresa y que, si esto sucediera, la misma se vería obligada a acudir a otras vías de captación de financiación, con los impactos que esto conlleva en las cuentas de resultados. Para tratar de convencerles de que mantuviesen esos fondos les recordó que estaban cobrando intereses de hasta un 7,5%, un tipo muy superior al que se encuentra en el mercado.
Tal y como adelantó ayer el Economista, Fagor calcula que su caída generará un agujero en las cuentas de Mondragón de unos 1.000 millones de euros. Del total, 480 millones están cuantificados de forma inmediata y corresponden a deuda que no se podrá cobrar y dotaciones por inversiones realizadas.
La entrada de Fagor en concurso de acreedores pone en manos del juez y de los administradores concursales la decisión de cómo se dan curso a las demandas de los suscriptores de las Aportaciones Financieras, ya que Fagor Electrodomésticos utiliza fórmulas diferentes para las diversas emisiones.
Así, las de los 125 millones emitidos en 2006 están registradas como fondos propios; mientras que los 60 millones de 2004 figuran en la cuenta de pasivos, como Valores Mobiliarios Negociables. Esto implica que las de 2006 se incluyen como capital social y las de 2004 como deuda reconocida. Una mínima parte de las AFS de 2004, unos cuatro millones se habrían amortizado. Es lo que correspondería a inversores que sacaron su dinero antes de se desmoronase la cooperativa.
Los afectados por las AFS de Fagor y de Eroski se están uniendo a través de asociaciones. La más importante es la vasca Kaltetuak que suma ya 1.500 personas.
Uno de sus portavoces, Ricardo González de Durana, explica que tras el concurso de Fagor son muy conscientes de que es muy difícil que puedan recuperar su dinero a través de la cooperativa. A pesar de todo, están reuniendo documentación para presentarse conjuntamente como grupo de acreedores en el procedimiento judicial.
Pero otra de las vías que están desarrollando estos afectados es la de denunciar a las entidades bancarias que comercializaron las AFS, ya que consideran que no les explicaron bien el producto y se sienten "estafados". Las emisiones de las AFS de Fagor y de Eroski fueron autorizadas por la CNMV y actuaron como empresas colocadoras BBVA y Santander, aunque en su comercialización participaron estas dos entidades además de Laboral Kutxa (antigua Caja Laboral) y las antiguas cajas de ahorros ahora integradas en Kutxabank, Bankia, La Caixa y Sabadell.
J.Romera y C.Larrakoetxea, en El Economista
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