Una veintena de extrabajadores de la empresa Ibercake, antigua Pastas Garro y propiedad del grupo Dulca, se concentraron ayer a las puertas de la planta de Santacara para solicitar que se precinte el acceso a las instalaciones e impedir que sus propietarios desmantelen las líneas de producción antes de que subsanen la deuda contraída con los trabajadores, unos 8.000 euros de media por cada uno de ellos en concepto de nóminas atrasadas y finiquito.
"Incumpliendo todo lo pactado, los hermanos Serna pretenden llevarse a otras fábricas de su propiedad los activos de valor y burlar el concurso de acreedores que está a las puertas", denuncian los extrabajadores. En este sentido, hay que recordar que la dirección presentó el pasado 4 de julio un ERE de extinción de 27 contratos, correspondientes a la totalidad de los trabajadores, para trasladar toda la producción a la fábrica de Vitoria-Gasteiz. Previamente, en enero de 2013, ya había despedido a otros 20 empleados.
Para evitar su desmantelamiento, los extrabajadores están realizando guardias de 24 horas, en turnos de dos personas, para imposibilitar que la planta se vacíe antes de que entre en concurso de acreedores a fin de "facilitar la posibilidad, por remota que sea, de que otro inversor retome la actividad de la planta", indican los representantes de los trabajadores, Ingrid Sosa, Teresa Lecumberri y Juana María Lou.
En esta línea, subrayan que el pasado lunes interceptaron un camión que iba cargado de maquinaria y equipos de aplicación directa en la fabricación del producto y que "gracias a la intervención de la Guardia Civil de Carcastillo, se logró paralizar y descargar, por falta de documentación reglamentaria que describiera con precisión el contenido del camión".
Asimismo, denuncian la "pasividad" del Gobierno de Navarra, a la par que le instan a intervenir porque, gracias a su ayuda, recuerdan, Ibercake obtuvo en 2010 un aval de Sodena de 600.000 euros para relanzar la malograda empresa. Según los representantes, el grupo Dulca también adeuda unos 200.000 euros a la Seguridad Social.
Paralelamente, los trabajadores han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, basándose en la deslocalización del producto, que se declare nulo el cierre de la planta y por ende su despido. El juicio fue el 18 de octubre y la sentencia se conocerá en un mes.
Ainara Izko, en Diario de Noticias
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