La Mesa del Congreso podía haber dejado a Amaiur tener grupo parlamentario. La ambigüedad del artículo 23 del reglamento lo permitía, tal y como lo corroboran, además de su más somera lectura, las 'notas' anónimas que debió de elaborar, a demanda, algún letrado de los servicios jurídicos del Parlamento. De hecho, con la misma norma, aunque quizá con otro dictamen mejor fundado, se le permitió al PNV tener su propio grupo en repetidas ocasiones, pese a que, al igual que ahora Amaiur, pero con todavía más abultado defecto, no llegara al 15% requerido de los votos en la circunscripción navarra. Y es que la expresión que emplea el artículo, a saber, «las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura», puede entenderse referida al conjunto de aquellas o a cada una de ellas por separado.
Sin embargo, el Partido Popular ha hecho uso de su mayoría absoluta y, contra la repetida práctica o costumbre del órgano de gobierno parlamentario, ha impuesto su interpretación más restrictiva, impidiendo con ella a Amaiur formar grupo en la Cámara y condenándolo a engrosar la ya multitudinaria agrupación mixta. La decisión, pese a caber también en la norma y ser, por tanto, plenamente legal, no viene obligada por aquella, en contra de lo que se empeñan en proclamar los portavoces del Partido Popular, sino que es, si no arbitraria, como afirma Amaiur, sí discrecional y, vista la interpretación tradicional hecha en casos idénticos, discriminatoria. Se trata, en consecuencia, de una decisión de las llamadas 'políticas', que implica, en este caso concreto, un agravio comparativo y que, por ello, requiere una justificación de quien la ha adoptado.
De las todas justificaciones que el Partido Popular pueda ofrecer, a mí solo se me ocurre una que quepa calificarse de bienintencionada. Según ella, la decisión se habría adoptado con el fin de poner presión sobre la izquierda abertzale para que ésta dé con mayor prontitud los pasos que aún le quedan hasta conseguir el desarme y la disolución definitivos de ETA. Tal justificación vendría sugerida por la reticencia que numerosos miembros del partido han mostrado ante «el final definitivo» anunciado por la banda respecto a su actividad violenta. Pero, en cualquier caso, aunque posible, no me parece la explicación más creíble de la decisión adoptada por los populares. Otras dos me resultan más verosímiles.
La primera tiene que ver con la resolución por la que el Tribunal Constitucional, corrigiendo al Supremo, declaró legal a la coalición electoral Bildu, de la que Amaiur es continuación ampliada. A nadie se le oculta el desagrado con que el PP recibió aquella decisión. Aunque acogiéndose al tópico del obligado acatamiento de las decisiones jurisdiccionales, los populares dieron claramente a entender con sus críticas que, desde el punto de vista político, su posicionamiento era con el Supremo y no con el Constitucional. Ahora, con motivo del caso que nos ocupa, han aprovechado la oportunidad de demostrarlo en la práctica y han obrado 'como si' la resolución del más alto tribunal no se hubiera producido. Amaiur, que, en cuanto continuador de la ilegalizada Batasuna, nunca debió ser legalizado, sufre ahora las consecuencias de su anómala e indeseada presencia en la Cámara. Aquel acatamiento era solo de boquilla.
La segunda justificación de la decisión es más pragmática y, si se me permite, hasta más rastrera. Nunca podrá, por ello, ser abiertamente reconocida. Según ella, el Partido Popular, al adoptar la interpretación más restrictiva de la norma, no habría obrado con plena libertad ni de acuerdo con la posición en que ahora lo ha colocado la nueva responsabilidad de partido de gobierno, sino que se habría visto arrastrado por una opinión pública que él mismo ha fomentado en su propio electorado. Los excesos en que se han recreado, repitiendo eslóganes que podrían resumirse en el de «Amaiur es ETA», han forzado ahora a los populares, por temor a la reacción de quienes los acaban de aupar al poder, a tomar una decisión que ni su propia cúpula directiva cree quizá ser la más adecuada. No es, en efecto, lo más aconsejable comenzar la nueva legislatura imponiendo en la Cámara el propio y casi exclusivo criterio en una materia que, si de algo requiere en este delicado estadio final, es de la acción concertada de cuantas más formaciones democráticas sea posible.
Pero, dicho todo esto, tampoco conviene pasar por alto la enorme torpeza con que la propia izquierda abertzale ha procedido en este asunto. Y es que no han estado demasiado finos los asesores de Amaiur al aconsejarle recurrir a la burda treta de prescindir del diputado navarro para esquivar el defecto de porcentaje de votos en que la coalición incurría en su circunscripción. Con ello, no hacía sino dar más fuerza a la interpretación restrictiva que el PP ha hecho de la norma. Tan grosera es la torpeza, y tan impropia de la finura jurídica con que suele obrar en estos casos la izquierda abertzale, que uno se siente tentado a pensar que más quería Amaiur poner en un brete al Estado que alcanzar el objetivo que decía perseguir de tener su propio grupo. Nunca se sabe de quien tan habituado está al maquiavelismo.
José Luis Zubizarreta, en El Diario Vasco
Sin embargo, el Partido Popular ha hecho uso de su mayoría absoluta y, contra la repetida práctica o costumbre del órgano de gobierno parlamentario, ha impuesto su interpretación más restrictiva, impidiendo con ella a Amaiur formar grupo en la Cámara y condenándolo a engrosar la ya multitudinaria agrupación mixta. La decisión, pese a caber también en la norma y ser, por tanto, plenamente legal, no viene obligada por aquella, en contra de lo que se empeñan en proclamar los portavoces del Partido Popular, sino que es, si no arbitraria, como afirma Amaiur, sí discrecional y, vista la interpretación tradicional hecha en casos idénticos, discriminatoria. Se trata, en consecuencia, de una decisión de las llamadas 'políticas', que implica, en este caso concreto, un agravio comparativo y que, por ello, requiere una justificación de quien la ha adoptado.
De las todas justificaciones que el Partido Popular pueda ofrecer, a mí solo se me ocurre una que quepa calificarse de bienintencionada. Según ella, la decisión se habría adoptado con el fin de poner presión sobre la izquierda abertzale para que ésta dé con mayor prontitud los pasos que aún le quedan hasta conseguir el desarme y la disolución definitivos de ETA. Tal justificación vendría sugerida por la reticencia que numerosos miembros del partido han mostrado ante «el final definitivo» anunciado por la banda respecto a su actividad violenta. Pero, en cualquier caso, aunque posible, no me parece la explicación más creíble de la decisión adoptada por los populares. Otras dos me resultan más verosímiles.
La primera tiene que ver con la resolución por la que el Tribunal Constitucional, corrigiendo al Supremo, declaró legal a la coalición electoral Bildu, de la que Amaiur es continuación ampliada. A nadie se le oculta el desagrado con que el PP recibió aquella decisión. Aunque acogiéndose al tópico del obligado acatamiento de las decisiones jurisdiccionales, los populares dieron claramente a entender con sus críticas que, desde el punto de vista político, su posicionamiento era con el Supremo y no con el Constitucional. Ahora, con motivo del caso que nos ocupa, han aprovechado la oportunidad de demostrarlo en la práctica y han obrado 'como si' la resolución del más alto tribunal no se hubiera producido. Amaiur, que, en cuanto continuador de la ilegalizada Batasuna, nunca debió ser legalizado, sufre ahora las consecuencias de su anómala e indeseada presencia en la Cámara. Aquel acatamiento era solo de boquilla.
La segunda justificación de la decisión es más pragmática y, si se me permite, hasta más rastrera. Nunca podrá, por ello, ser abiertamente reconocida. Según ella, el Partido Popular, al adoptar la interpretación más restrictiva de la norma, no habría obrado con plena libertad ni de acuerdo con la posición en que ahora lo ha colocado la nueva responsabilidad de partido de gobierno, sino que se habría visto arrastrado por una opinión pública que él mismo ha fomentado en su propio electorado. Los excesos en que se han recreado, repitiendo eslóganes que podrían resumirse en el de «Amaiur es ETA», han forzado ahora a los populares, por temor a la reacción de quienes los acaban de aupar al poder, a tomar una decisión que ni su propia cúpula directiva cree quizá ser la más adecuada. No es, en efecto, lo más aconsejable comenzar la nueva legislatura imponiendo en la Cámara el propio y casi exclusivo criterio en una materia que, si de algo requiere en este delicado estadio final, es de la acción concertada de cuantas más formaciones democráticas sea posible.
Pero, dicho todo esto, tampoco conviene pasar por alto la enorme torpeza con que la propia izquierda abertzale ha procedido en este asunto. Y es que no han estado demasiado finos los asesores de Amaiur al aconsejarle recurrir a la burda treta de prescindir del diputado navarro para esquivar el defecto de porcentaje de votos en que la coalición incurría en su circunscripción. Con ello, no hacía sino dar más fuerza a la interpretación restrictiva que el PP ha hecho de la norma. Tan grosera es la torpeza, y tan impropia de la finura jurídica con que suele obrar en estos casos la izquierda abertzale, que uno se siente tentado a pensar que más quería Amaiur poner en un brete al Estado que alcanzar el objetivo que decía perseguir de tener su propio grupo. Nunca se sabe de quien tan habituado está al maquiavelismo.
José Luis Zubizarreta, en El Diario Vasco
No hay comentarios:
Publicar un comentario