El 29 de abril del 2009 se debatía en el Congreso de los Diputados un informe presentado por el Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de contratación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social (MATEPSS).
El informe denunciaba irregularidades en las mutuas, lo que llevó al representante del PP en el debate, Ramón Aguirre, a calificarlo de “relato de una estafa”. El más sonado era el fraude protagonizado por la Mutua Universal, que utilizó a siete empresas satélite para facturar servicios inexistentes a la Seguridad Social. La cantidad defraudada fue, supuestamente, de 219 millones de euros entre 1990 y 2007. En el citado informe del Tribunal de Cuentas demuestra que el de la Mutua Universal no es un caso aislado.
A pesar de los informes que denuncian la actividad fraudulenta de estas “asociaciones empresariales sin ánimo de lucro”, los cambios legislativos las han ido dotando de competencias que superan sus primitivas funciones de cobertura de bajas por accidente y que las convierten en un elemento clave en el proceso de privatización de la sanidad.
Pero ¿qué son las MATEPSS? Las actuales mutuas tienen su origen a comienzos del siglo XX como asociaciones de patronos con el objetivo de hacer frente a la nueva legislación que obligaba a pagar indemnizaciones a los trabajadores por accidentes laborales y a cubrir su salario durante el período de baja.
En 1963, el régimen puso los cimientos del sistema de sanidad pública con la Ley de Bases de la Seguridad Social que excluye a las compañías privadas de seguros de la cobertura sanitaria, quedando fuera de esta categoría las mutuas al ser organizaciones sin ánimo de lucro. A partir de ese momento, la cobertura sanitaria quedó en manos de la entidad gestora de la Seguridad Social y de las mutuas patronales, que se han convertido en entidades colaboradoras encargadas de cubrir las bajas derivadas de contingencias laborales.
En las últimas décadas se ha dado un proceso de concentración que ha provocando la creación de macromutuas (actualmente existen 20, en contraste con las 253 que llegó a haber registradas en 1959).
Hoy, las mutuas funcionan como entes de gestión de la sanidad y presentan un sospechoso apetito de crecimiento hacia áreas dominadas por la Seguridad Social, a pesar de ser empresas sin ánimo de lucro.
Más allá de una cuestión de beneficios económicos, el interés para el empresariado en el fortalecimiento de las mutuas está, en palabras de Jesús Uzkudun, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC OO de Euskadi, en que “realizan el trabajo sucio de la patronal” derivando casos de accidentes o enfermedades profesionales a la sanidad pública, rechazando su origen laboral y eximiendo de responsabilidades a la empresa.
Gestión de las bajas
La última reforma laboral, aprobada por el Gobierno del PSOE, equiparó por primera vez a los hasta ahora médicos evaluadores de las mutuas con los médicos del servicio público de Sanidad lo que posiblemente provocará la generalización de una práctica habitual: el alta prematura a los trabajadores de baja por accidente laboral.
La abogada laboralista Esperanza de Lorenzo ha descrito, en declaraciones a DIAGONAL, el caso de uno de sus clientes que se encontraba en una situación de incapacidad temporal debido a una enfermedad psiquiátrica y percibía la pertinente prestación económica por parte de la mutua.
La mutua aprovechó una ausencia a un control médico por parte del paciente para retirar la prestación que finalmente tuvo que abonar tras una sentencia favorable al trabajador después de un largo proceso. Uzkudun aporta datos sobre Mutualia, que en 2011 ha dado 184 altas por incomparecencia al control de la mutua frente a 19 el año pasado. Los datos más llamativos aparecen en el terreno de las enfermedades profesionales: las mutuas registraron tan sólo nueve casos entre 2000 y 2008.
El futuro del sistema sanitario
La CEOE se ha puesto entre sus objetivos para la nueva legislatura aumentar todo lo posible las competencias de las mutuas. Para Uzkudun “el objetivo de la patronal es controlar la enfermedad común y que los trabajadores acudan a la mutua tanto para las contingencias profesionales como para las comunes” lo que este responsable de CC OO califica de “barbaridad social y sanitaria”.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle tiene una visión pesimista del futuro, en el que prevé que “se favorezcan las competencias de las entidades empresariales sobre las mutuas y la gestión de las bajas, lo que a la postre supondrá lesionar más los derechos de los trabajadores”.
Los sindicatos de concertación, por su parte, se han planteado la meta de que las mutuas sean cogestionadas por las organizaciones sindicales, empresariales y las Administraciones públicas. Todo ello estará en la mesa de negociación presidida por el ejecutivo de Rajoy.
Pablo Rodero, en Diagonal
El informe denunciaba irregularidades en las mutuas, lo que llevó al representante del PP en el debate, Ramón Aguirre, a calificarlo de “relato de una estafa”. El más sonado era el fraude protagonizado por la Mutua Universal, que utilizó a siete empresas satélite para facturar servicios inexistentes a la Seguridad Social. La cantidad defraudada fue, supuestamente, de 219 millones de euros entre 1990 y 2007. En el citado informe del Tribunal de Cuentas demuestra que el de la Mutua Universal no es un caso aislado.
A pesar de los informes que denuncian la actividad fraudulenta de estas “asociaciones empresariales sin ánimo de lucro”, los cambios legislativos las han ido dotando de competencias que superan sus primitivas funciones de cobertura de bajas por accidente y que las convierten en un elemento clave en el proceso de privatización de la sanidad.
Pero ¿qué son las MATEPSS? Las actuales mutuas tienen su origen a comienzos del siglo XX como asociaciones de patronos con el objetivo de hacer frente a la nueva legislación que obligaba a pagar indemnizaciones a los trabajadores por accidentes laborales y a cubrir su salario durante el período de baja.
En 1963, el régimen puso los cimientos del sistema de sanidad pública con la Ley de Bases de la Seguridad Social que excluye a las compañías privadas de seguros de la cobertura sanitaria, quedando fuera de esta categoría las mutuas al ser organizaciones sin ánimo de lucro. A partir de ese momento, la cobertura sanitaria quedó en manos de la entidad gestora de la Seguridad Social y de las mutuas patronales, que se han convertido en entidades colaboradoras encargadas de cubrir las bajas derivadas de contingencias laborales.
En las últimas décadas se ha dado un proceso de concentración que ha provocando la creación de macromutuas (actualmente existen 20, en contraste con las 253 que llegó a haber registradas en 1959).
Hoy, las mutuas funcionan como entes de gestión de la sanidad y presentan un sospechoso apetito de crecimiento hacia áreas dominadas por la Seguridad Social, a pesar de ser empresas sin ánimo de lucro.
Más allá de una cuestión de beneficios económicos, el interés para el empresariado en el fortalecimiento de las mutuas está, en palabras de Jesús Uzkudun, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC OO de Euskadi, en que “realizan el trabajo sucio de la patronal” derivando casos de accidentes o enfermedades profesionales a la sanidad pública, rechazando su origen laboral y eximiendo de responsabilidades a la empresa.
Gestión de las bajas
La última reforma laboral, aprobada por el Gobierno del PSOE, equiparó por primera vez a los hasta ahora médicos evaluadores de las mutuas con los médicos del servicio público de Sanidad lo que posiblemente provocará la generalización de una práctica habitual: el alta prematura a los trabajadores de baja por accidente laboral.
La abogada laboralista Esperanza de Lorenzo ha descrito, en declaraciones a DIAGONAL, el caso de uno de sus clientes que se encontraba en una situación de incapacidad temporal debido a una enfermedad psiquiátrica y percibía la pertinente prestación económica por parte de la mutua.
La mutua aprovechó una ausencia a un control médico por parte del paciente para retirar la prestación que finalmente tuvo que abonar tras una sentencia favorable al trabajador después de un largo proceso. Uzkudun aporta datos sobre Mutualia, que en 2011 ha dado 184 altas por incomparecencia al control de la mutua frente a 19 el año pasado. Los datos más llamativos aparecen en el terreno de las enfermedades profesionales: las mutuas registraron tan sólo nueve casos entre 2000 y 2008.
El futuro del sistema sanitario
La CEOE se ha puesto entre sus objetivos para la nueva legislatura aumentar todo lo posible las competencias de las mutuas. Para Uzkudun “el objetivo de la patronal es controlar la enfermedad común y que los trabajadores acudan a la mutua tanto para las contingencias profesionales como para las comunes” lo que este responsable de CC OO califica de “barbaridad social y sanitaria”.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle tiene una visión pesimista del futuro, en el que prevé que “se favorezcan las competencias de las entidades empresariales sobre las mutuas y la gestión de las bajas, lo que a la postre supondrá lesionar más los derechos de los trabajadores”.
Los sindicatos de concertación, por su parte, se han planteado la meta de que las mutuas sean cogestionadas por las organizaciones sindicales, empresariales y las Administraciones públicas. Todo ello estará en la mesa de negociación presidida por el ejecutivo de Rajoy.
Pablo Rodero, en Diagonal
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