El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha celebrado "la reparación y el reconocimiento" de la figura del ex presidente Lluís Companys, pero ha insistido en que el Govern hará "todo lo que sea jurídicamente posible y políticamente necesario" para conseguir la anulación de aquel juicio sumarísimo.Las palabras de Montilla llegan después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, haya afirmado que el compromiso del Ejecutivo "se agota" en el reconocimiento , "más allá de las decisiones que puedan adoptar las familias o las instituciones" para conseguir anular el juicio que le sentenció a muerte.
El Ministerio de Justicia ha aprobado por la mañana la declaración de reparación y reconocimiento personal de la figura del presidente de la Generalitat, que murió fusilado en 1940. Montilla dice que es "un acto de justicia históricoMontilla asegura en el comunicado que la reparación por parte de este ministerio es un "acto de justicia histórico", pero que el ejecutivo catalán aspira a la anulación del juicio que le causó la muerte.
"Es un paso más en el camino que ha de conducir a la anulación plena del juicio del presidente Companys (...)", ha subrayado Montilla, que ha recordado que el "juicio" que comportó el "vil asesinato" de Companys debe ser "anulado".
"Aquel fusilamiento nunca debía haber tenido lugar", asevera el presidente catalán en la nota, en la que recuerda que Companys era el "digno y legítimo representante del pueblo catalán, elegido democráticamente por los ciudadanos catalanes y, por tanto, símbolo y guía del país".
De la Vega: el compromiso del Ejecutivo "se agota"De la Vega ha querido subrayar tras el Consejo de Ministros que se el compromiso del Gobierno "se agota" con esta reparación. De la Vega explicó que ésta ha sido una de las 42 primeras peticiones que han recibido este reconocimiento contemplado en la Ley de la Memoria Histórica.
Fuentes del departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo han informado de que el certificado de reconocimiento personal de Companys fue aprobado el pasado mes de diciembre junto a los de otras 41 personas, al resolver las primeras solicitudes recibidas. Justicia prepara un acto colectivo de entrega de esos certificados, pero aún no ha concretado la fecha ni el lugar de celebración del mismo.
A día de hoy, el Ministerio ha recibido 360 solicitudes de declaración de reparación y reconocimiento personal de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, derecho recogido en la Ley de Memoria Histórica.
La declaración constituye un reconocimiento del derecho individual de reparación moral y de recuperación de la memoria personal y familiar a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, entre otras.
Pueden solicitarla los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, los cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado, así como las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante, y se resuelve en un plazo de 6 meses. Esta declaración no supone, en ningún caso, el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha confirmado la concesión de la declaración a la familia de Companys "dentro de las 42 primeras peticiones que se han realizado de ese reconocimiento previsto en la ley".
"Se le dará el reconocimiento que realmente lleva consigo la ejecución de un acuerdo de esta naturaleza ¿Eso significa algo más? No significa nada más, eso se agota en sí mismo en función de lo previsto en la ley, mas allá de las decisiones que individualmente puedan adoptar la familia y las instituciones", ha dicho De la Vega.
La Vanguardia
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