La Audiencia Provincial de Jaén celebra hoy el juicio contra una veintena de miembros del PP de Baeza (Jaén), entre los que están el hermano del ex alcalde, varios trabajadores municipales y militantes de base que funcionaron como apoderados en una estratagema de fraude electoral. El fiscal los acusa del robo de los votos de 19 ancianos de una residencia.El ministerio público considera que estas personas cometieron un delito de vulneración dolosa de los trámites del voto por correo y otro continuado de falsedad de certificados médicos mientras que la defensa pide la absolución. De hecho, fuentes de la asesoría jurídica del PP adelantaron en septiembre que van a reclamar la libre absolución de cada uno de los acusados por entender que "los presuntos hechos no son constitutivos de delito".
No obstante, el fiscal detalla en su escrito de acusación que los miembros del PP de Baeza José María P.B. y José P.R. acordaron poner en marcha ese plan y que para ello requirieron la participación de, entre otras personas, tres miembros de la candidatura que presentó el PP y que ahora forman parte de la corporación local por el grupo municipal popular, Ángel Luis Chicharro, Trinidad Rus y Antonia Martínez.
Dicho plan comenzó cuando en abril del año pasado esos dos acusados acudieron a una residencia de ancianos de la localidad, donde con la colaboración de la directora y una administrativa de este centro --también acusadas--, se hicieron con los carnés de identidad o sus correspondientes fotocopias de unos 19 residentes "con los que tomaron en contacto y aprovechándose de su avanzada edad y condiciones mentales les indujeron a la confusión sobre la conveniencia de solicitar el voto por correo con su mediación".
Una vez que consiguieron los datos personales de estos, los ya citados José María P.B. y José P.R. recabaron la colaboración del médico Ginés Carlos C.G., sobre el que se da la circunstancia de que es hermano del anterior alcalde popular de Baeza. Este médico firmó 19 certificados médicos que habían sido cumplimentados por los otros dos acusados con los nombres de los ancianos. Los ancianos podían desplazarse. Todo ello lo hicieron, según el ministerio público, a fin de "acreditar la imposibilidad de desplazamiento para la emisión del voto" y reclamar el voto por correo "sin realizar previo examen médico de las personas objeto de los certificados" y sin que ni siquiera ellos hubieran solicitado su realización "pues casi todos ellos podían desplazarse".
Además, los acusados José María P.B. y José P.R. recabaron la colaboración de 19 afiliados o simpatizantes del PP, todos ellos también acusados por el fiscal y entre los que se encuentran interventores del PP e incluso tres integrantes de la candidatura que el PP presentó en estos comicios, para que les facilitaran a su vez sus carnés de identidad y la dirección de sus domicilios. Cuando los acusados se hicieron tanto con los datos de los poderdantes y de los apoderados así como con los certificados médicos, acudieron a un notario para que se completaran los trámites del voto por correo de esas personas.
Así fue como llegó la documentación electoral de los ancianos a los domicilios de los apoderados acusados y estos, en lugar de llevarla a la residencia para que los ancianos emitiera su voto por correo, "acudieron a la sede del PP de Baeza" para entregar esa documentación, de modo que José María P.B y José P.R. eligieron "sin intervención alguna de los ancianos poderdantes" las papeletas. Sin embargo, todo se destapó cuando uno de los ancianos acudió físicamente a votar y se encontró con que no podía.
El Plural de Andalucía
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