La UE ha dado un giro de tuerca y refrendado el racismo institucional promovido por la Directiva de retorno, ampliando sus efectos a toda la política migratoria, con el respaldo de los ministros de Justicia e Interior al Pacto Europeo de inmigración. Eso sí, maquillando las formas y el discurso.
Este Pacto se reduce a un nuevo ejercicio de cinismo e hipocresía, ya que lejos de abordar el hecho migratorio desde una perspectiva global se centra única y exclusivamente en que las políticas migratorias comunitarias garanticen a los Estados miembros que la inmigración sea una respuesta a las necesidades del mercado de trabajo. Se apuesta por una inmigración selectiva blindando aún más las fronteras y reforzando la idea y planteamiento de que el reconocimiento de derechos a las personas inmigradas que viven en territorio europeo es una alarde de generosidad y no una obligación por parte de los gobiernos europeos.
Así se endurece la expulsión de los sin papeles, asegurando el retorno a su país o a uno de tránsito; se limitan las regularizaciones (no podrán ser generales sino caso por caso, para evitar el “efecto llamada”); se pide a cada Estado que fije el número de inmigrantes que necesita; se endurece el control de fronteras; y la reagrupación familiar depende de las capacidades de acogida del Estado y de las familias.
Es un atraso que a estas alturas un Pacto Europeo de inmigración se plantee en estos términos exclusivamente utilitaristas, sin abordar el acceso a la ciudadanía y reafirmándose, a pesar de haber dejado de lado el nombre, en la necesidad de que las personas inmigradas han de reafirmar su compromiso para integrarse. El Pacto habla del equilibrio entre derechos y deberes, como si realmente la balanza actual así lo requiriera, cuando asistimos a un continuo recorte y vulneración de derechos. Este pacto pone el acento en el respeto a la identidad de los Estados miembros y a sus valores fundamentales. ¿De qué valores hablamos? ¿Con qué legitimidad y ética se habla de valores fundamentales europeos? Esta es una muestra más de cinismo, cuando toda la política de inmigración europea pasa por encima del respeto a los derechos fundamentales.
Tampoco es para sorprenderse en un momento en que el G-8 elude de nuevo sus responsabilidades con el continente africano y anuncia, otra vez sin ningún tipo de vergüenza, que no ampliará sus compromisos de cooperación. Se blinda Europa, se criminaliza a aquella persona que viene sin papeles en busca de un futuro mejor y a la vez se niega un mínimo, (casi una limosna) en ayuda al desarrollo. Se junta la insolidaridad con la hipocresía en una Europa que considera que evidentemente no valen lo mismo la vida de un ciudadano que viva en la mitad norte del hemisferio que la de uno del sur.
Desde SOS Racismo denunciamos que:
- Un texto como este legitima que en un periodo inminente de recesión económica los países europeos puedan impulsar políticas desde el más descarado y grave racismo institucional.
- El Pacto se olvida de la necesidad de trabajar por la comunitarización de las políticas de ciudadanía y las políticas antidiscriminatorias.
- El cinismo y la postura del Gobierno español, ya que Rubalcaba afirma sentirse cómodo con el texto y orgulloso de haber eliminado el concepto “contrato de integración”, la prohibición de regularizaciones, y haber conseguido que el aprendizaje de la lengua sea una obligación para el Estado y no para el inmigrante. Después del apoyo a la directiva europea, un intento de maquillar las iniciativas cambiando estilo y lenguaje pero siguiendo por la misma línea.
Europa lleva años conviviendo con el hecho migratorio, como receptora y también como emisora; el reto de este siglo era avanzar en la ampliación de los derechos humanos en el mundo y en el contenido de las políticas migratorias. En vez de eso, nos encontramos en el difícil momento en que lo que hay que impedir es un retroceso mayor y en alertar sobre la continua vulneración de los derechos de los inmigrantes. Una vulneración que tiene en las muertes, desapariciones de personas que intentan llegar a las costas españolas y italianas, su cara más dramática. Las lamentables y evitables muertes en el mar de cientos de personas cada año ya deberían ser lo suficientemente importantes para cambiar la estrategia política.
Si hasta ahora denunciábamos la vergüenza, ahora se firmará un pacto para que no sea necesario hablar de ella, ya que el racismo institucional habrá sido ratificado, legitimado y enmascarado con buenas palabras por los países miembros.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español
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