TERRITORIO DE EXCEPCIÓN

El Gobierno Vasco que preside el socialista Patxi López acaba de anunciar la próxima aprobación de un decreto para reconocer e indemnizar a las personas muertas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad en lo que hoy es la CAV entre los años 1968 y 1978. Se trata de víctimas mortales de manifestaciones, controles policiales y actuaciones arbitrarias de policías y guardia civiles producidas, "en un contexto de motivación política". Se calcula que puede afectar a los casos de más de 60 personas asesinadas durante esos años por uniformados en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. No sé por qué tiene que ser el Gobierno de Vitoria y no el de Madrid el que indemnice a personas cuyo fallecimiento es responsabilidad de la policía estatal. Desconozco también las razones por las que se quedan sin reconocimiento los hechos producidos más allá del 31 de diciembre de 1978, cuando es público y notorio que no acabaron en esa fecha. Con todo, es innegable que se trata de un paso en el reconocimiento de todas las víctimas producidas por la violencia política en esta tierra. Eso, en Euskadi. En Navarra contamos con una docena de personas muertas en idénticas circunstancias a las que avala el decreto vasco, con la salvedad hecha de las fechas (Mikel Arregi y Gladys del Estal en 1979, Mikel Zabaltza en 1985, Angel Berroeta en 2004). Pero aquí lo único que tenemos es a un Iribas que, en papel de portavoz del Gobierno foral, se permite escupir sobre todos ellos con esa mentira de bellaco que es decir que aquí las únicas víctimas son las de ETA. También en este tema el PSN, al revés que sus compañeros de la CAV, traga lo que le venga de UPN. Lizarbe decía ayer en el Parlamento foral que "Navarra quiere estar presente en el fin de ETA". Una forma de estarlo sería un decreto en la misma línea que el que impulsan los socialistas vascos. Lo contrario es convertir a esta provincia en un territorio de excepción en un ámbito clave para la reconciliación.

Aingeru Epaltza, en Diario de Noticias