Hace diez años Savater y Juaristi comenzaron una campaña absurda que pronto tuvo un inusitado eco mediático: sostenían, sin base documental alguna, que del País Vasco se habían exiliado unas 200.000 personas a causa de la presión nacionalista. Envié un artículo en la prensa desmontando semejante estupidez, que más parecía otra incontinencia de esa pareja de histriones que nada serio. Pedía, simplemente, usar la calculadora, pero al parecer nadie hizo caso. Para mi sorpresa, la estupidez se mantuvo en el tiempo, y fue creciendo en número y en portavoces. En el 2005, se formaron las comisiones por la Diáspora Democrática Vasca y el vicepresidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, dijo que desde el inicio de la democracia 383.700 personas habían abandonado su residencia en el País Vasco "asfixiados por la falta de libertad". De ellos, matizaba, 119.000 desde que Ibarretxe fue elegido lehendakari.
En el 2007, el economista y estadista Julio Alcaide, al parecer sobrio, presentó el estudio Evolución de la población española en el siglo XX, publicado por la Fundación BBVA, y fue taxativo al respecto: los exiliados políticos tras la Guerra Civil fueron "unos 120.000, frente a las casi 200.000 personas" que, según él, habían abandonado el País Vasco durante el tiempo en que ha existido la organización ETA.
La bola, nunca mejor expresado, ha seguido rodando hasta nuestros días, y ahora nos anuncian que el Gobierno de Rajoy está preparando el regreso de los exiliados y una modificación de la Ley Electoral que les permita regresar o votar. El presidente del PP vasco, Basagoiti, es el abanderado de dicha reclamación, declarando en la Cámara que "hay más gente que falta del censo que votos tiene la izquierda abertzale". Teniendo en cuenta que Bildu consiguió 313.000 votos, calculen por dónde van sus cuentas. Según manifestó, su cifra oscila entre los 219.664 que según el INE han dejado Araba, Bizkaia y Gipuzkoa desde 1998, hasta los 313.451 que debieran estar censados "si el País Vasco se hubiera comportado en líneas generales como el resto de España". A estas cifras, claro está, hay que añadir las cifras de Navarra.
En resumidas cuentas, desde la primera tarantulada de Juaristi y Savater, hasta la última de Basagoiti, nos quieren hacer creer (y llevan 10 años en ello), que de las cuatro provincias (2.796.839 habitantes) se ha exiliado entre el 10% y el 14% de la población. Tomando la media, nos dicen que de Barakaldo se han marchado 12.000 personas; 23.800 de Iruña; 22.200 de Donostia; 36.000 de Bilbo; 2.160 de Tolosa; 2.760 de Zarautz; 350 de Leitza; 7.200 de Irun o 50 de Amoroto. De mi comarca, que la conozco bien, salieron corriendo de ETA 1.320 personas; 440 de Olite; 25 del bucólico Uxue, donde solo se mueve el viento, y uno de los 10 vecinos de Benegorri.
Y, sin embargo, vaya usted a cualquier ayuntamiento y pregunte por ellos, por sus pisos vacíos, por sus trabajos abandonados, por sus bajas en el recibo de la luz: nadie los conoce, nadie los reclama… ¿No dejaron ni amigos, ni vecinos, ni parientes? Eran cientos de miles, ¿por qué no intervino el Comité de Refugiados de la ONU? ¿Por qué no hubo campamentos de acogida, oficinas de control, asistencia de Cáritas o Cruz Roja? Sencillamente, porque todo es una gran mentira. Un montaje obsceno. Un insulto a la inteligencia y a las matemáticas. De todas las grandes mentiras del constitucionalismo español en la guerra del Norte (negación de la tortura, guerra sucia, montajes jurídicopoliciales, mensajes mediáticos…), esta es la más insultante, por lo burda, de todas.
Exilio, lo que se dice exilio, solo ha habido en el otro lado, y ahí están los listados que prepara Euskal Memoria. ¿Que también se han marchado gente amenazada o extorsionada? Sin duda. Pero apuesto lo que se quiera a que caben en muy pocos folios.
Muy al contrario, mucho más relevante ha sido la inmigración política: policías, militares, jueces, guardaespaldas, funcionarios estatales, periodistas, políticos o paracaidistas (como los que ahora han ocupado el Ayuntamiento de Garinoain), todos ellos venidos a muñir la generosa ubre del conflicto vasco.
¿Qué pretende el Estado manteniendo una mentira tan gruesa y sostenida durante tanto tiempo? En mi opinión dos cosas: una, que cuando el tiempo vaya empañando la memoria de estas décadas, quedará el exilio de los 300.000 como axioma intocable, que expondrán en los libros de texto como prueba de la maldad histórica del independentismo vasco. Otra, de interés más inmediato, es que piensen hacer realmente un censo de los miles de servidores del Estado que estuvieron aquí un tiempo y luego, cumplida su misión colonial, se marcharon. Otrosí de los acomodados veraneantes de segunda vivienda e incluso emigrantes que se volvieron a su terruño natal con su merecida jubilación, que los hay y muchos. La suma de todos ellos, si consiguen aunarlos, no llega ni por asomo a las cifras que manejan, pero no deja de ser un caladero de votos que bien le vendría al españolismo para ayudar a mantenerse en las instituciones vascas.
En 1977, el día final de la Marcha de la Libertad y para aventar aquella muchedumbre venida de todos los pueblos de Euskal Herria, desde un helicóptero, la Policía no hacía más que repetir un absurdo Los de Tafalla a Tafalla, porque así estaba escrito en el papel para tontos que les habían dado sus superiores y que ¡oh paradoja! todavía se conserva en los archivos del Gobierno civil. Ahora, sobrevolando desde los medios de comunicación, nos están repitiendo algo similar: Los 1.320 a Tafalla; los 50 a Amoroto y el de Benegorri a Benegorri… Cuando comiencen a llegar los autobuses a mi pueblo, no me lo quiero perder.
Jose Mari Esparza Zabalegi
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