Los nuevos tiempos en Euskadi vienen acompañados de sentencias que dan aire a viejas reclamaciones en torno a los presos de ETA. La Universidad del País Vasco (UPV) ha retomado los gestos para que los presos de ETA en cárceles españolas puedan matricularse en las titulaciones de la universidad pública vasca, un derecho supeditado a que el Gobierno central, a través de Instituciones Penitenciarias, y la UPV, firmen un convenio para ello.
Ayer, la consejera de Educación, Universidades e Investigación, Isabel Celaá, anunció en el pleno de control del Parlamento, a preguntas del parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, que el rector, Iñaki Goirizelaia, ya ha dado ese primer paso de solicitar un encuentro con el secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, para avanzar en este sentido.
Y es que hoy en día se da la situación de que los presos de ETA en cárceles francesas pueden matricularse en la UPV —gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre, que deja sin efecto otra del Supremo que enterró el protocolo de la UPV que permitía matricular a los presos de Francia en la universidad, 57 por aquel entonces—, pero no los que están en las cárceles españolas.
La negativa se retrotrae a 2003, cuando el Gobierno de José María Aznar impulsó una reforma de la ley penitenciaria en la que se incorporó la obligación de que los reclusos estudien en la Universidad de Educación a Distancia (UNES) o en centros convenidos con Instituciones Penitenciarias, un acuerdo que la UPV ha perseguido durante años sin resultados. Con esta reforma, que buscaba evitar un “trato de favor” de los profesores de la universidad hacia los presos que los partidos habían denunciado, tuvo consecuencias inmediatas: de los 260 presos matriculados en la UPV ese año, solo 48 se matricularon después en la UNED.
La sentencia del Constitucional del pasado diciembre relanza estos pocos fructíferos intentos durante ocho años de Gobierno central socialista, en los que no se logró el acuerdo —Goirizelaia reconoció en 2009 que había realizado gestiones en dos ocasiones—. Ahora, con un Gobierno del PP reacio a realizar guiños a los presos, el acuerdo se antoja complicado. Ayer, desde Instituciones Penitenciarias explicaban a este periódico que no tenían constancia de la solicitud del rector.
Agirrezabala anunció la presentación de una iniciativa en la Cámara para lograr este objetivo y preguntó a la consejera sobre qué pasos dará para incluir a los presos. Celaá defendió que se debe firmar un convenio para extender la UPV a los presos en cárceles españolas pero se distanció de su negociación porque el Gobierno vasco no es competente. Pese a todo, Celaá no quiso rehuir esta cuestión y mostró su apoyo asegurando que el Gobierno vasco será “proactivo” y defendiendo que “pese a estar encarcelado, un preso tiene todo el derecho a no ser sacado fuera de la sociedad”.
La consejera también lanzó un capote a la única vía por la que en la actualidad los presos pueden estudiar, la UNED. Celaá ensalzó que hoy en día se ofrecen más titulaciones en euskera y matizó que “tampoco nos vamos a poner en esa situación, no vamos a pensar que toda la población reclusa demanda euskera, porque no es así”.
Por otro lado, el pleno de control vivió el enésimo encontronazo de PSE y PP. Esta vez con la kale borroka. La parlamentaria del PP Nerea Llanos censuró que Interior esté registrando como desórdenes públicos actos que, a su juicio, son kale borroka, a lo que el consejero, Rodolfo Ares, respondió que “probablemente hay nostálgicos de la kale borroka”, aunque subrayó que esta “prácticamente ha desaparecido”.
Ania Elorza, en El País
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