Los datos están ahí. El fraude fiscal empresarial catalán, vía paraísos fiscales, blanqueo de capitales e ingeniería contable, sixtuplica las peores recortes antisociales aprobadas por el Parlamento de Cataluña desde el final de la dictadura. Fuentes sindicales elevan a 16.000 millones de euros el fraude fiscal catalán anual, frente a los 2.700 millones de euros de tissorada del primer presupuesto de Artur Mas. La cifra, en pleno empeño electoral por el 'pacto fiscal', se acerca al volumen del expolio fiscal del Estado que acumularían las finanzas públicas catalanas, estimado en cerca de 20.000 millones de euros para diversos estudios soberanistas. Doble moral convergente: exigen nueva fiscal puertas afuera y encubren el fraude fiscal dentro de casa.
La comparativa merece similar resultado en el caso del Estado español. Las organizaciones profesionales de inspectores de Hacienda cifran la economía sumergida en en 240.000 millones de euros, exactamente 5 veces los recortes aprobados por Rodríguez Zapatero -50.000 millones-para el período 2010-2013. Esta realidad supone un mínimo de un fraude fiscal anual donde se dejan de ingresar exactamente 25.000 milones de euros anuales. Según GESTHA, organismo de los técnicos e inspectores de Hacienda, sólo durante 2010 las grandes fortunas y grandes empresas españolas evadieron un mínimo de 42.771 millones de euros, la pequeña y mediana empresa habría defraudado 16.261 millones, mientras el fraude de particulares se limitaría a 1.543 millones de euros. El otro gran bolsa de fraude, el fraude laboral con la Seguridad Social vinculado a la economía sumergida, ascendería a 30.000 millones de euros.
El fraude no es nuevo, sino cronificado: GESTHA denuncia "que se está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia claramente equivocada", con una legislación laxa y una política gubernamental que hace años que pone la lupa "sobre las rentas del trabajo, los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude bocanadas por las grandes fortunas y las grandes empresas, principales responsables de un fraude masivo del que hay síntomas relevantes". Según datos oficiales, en España hay 3.299 personas que disponen de un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Sólo 729 personas declararon tener un patrimonio superior a esa cifra.
El recurso al paraíso fiscal acompañado de la particular proliferación de nacionalistas repentinas. De hecho, la tenista Arancha Sánchez Vicario es fiscalmente andorrana, como Montserrat Caballé. El piloto catalán de F1 Pedro Martínez de la Rosa, como el español Fernando Alonso o el tenista Carlos Moya, son fiscalmente suizos. De nacionalidad monaguesa es Àlex Crivillé. Y siendo jugador del FC Barcelona, Luis Enrique-fiscalmente nacionalizado suizo. también-fue expedientado en 2003 por no haber declarado 600.000 euros. El dinero correspondían a pagos realizados por Nike Europe en la sociedad Fullforce Sport Limites, controlada por el jugador y con sede en las Antillas holandesas, y había evadido 270.000 euros en impuestos.
Anecdótica mención aparte merece el caso de Sánchez Vicario. Empeñada en que José María Aznar asistiera a su boda, comunicó a Hacienda en 2003 que regularizaba su situación para garantizar la asistencia del ex presidente. Aznar acudió, pero Sánchez Vicario no pasó cuentas-una deuda de 3,4 millones de euros-hasta 2009, cuando el Tribunal Supremo dictaminó ello. La anécdota está escrito en el libro "Estado fiscal y democracia" de quien fue director de la Agencia Tributaria con el gabinete Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo. En el libro describe también como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presionó Enrique Giménez Reyna-el entonces secretario de Estado de Hacienda del PP y posteriormente imputado como cerebro de la trama 'Gescartera'-para que parara, bajo la amenaza de parar la Liga profesional, las investigaciones sobre futbolistas de élite. El último episodio de este tipo se escribió en el Mundial de Sudáfrica, cuando los jugadores de la selección española recibieron una prima personal de 600.000 euros que decidieron declarar a Sudáfrica.Allí tributaban al 23% mientras en el Estado al 43%, lo que supuso para cada jugador un ahorro de 132.000 euros.
En el caso suizo, que estalló en junio del año pasado, se descubrieron 3.000 cuentas opacas propiedades de ciudadanos del Estado español, depositados en el HSBC por un valor de 8.000 millones de euros y que afectaban directamente 1.500 personas. Hacienda, sin embargo, centrarse en 659 casos. La primera carta que remitió una invitación a regularizar la situación sin costes penales, no respondió ninguno de los afectados.Sólo cuando se incoó expediente sancionador, empezaron a llegar las respuestas. A día de hoy, se han recuperado 220 millones de euros defraudados. A pesar del silencio férreo, fuentes cercanas a la investigación han aclarado que el listado "están todas las grandes fortunas que se puedan imaginar". Hay numerosos políticos, empresarios y financieros implicados, entre ellos el padre de Emilio Botin, presidente del Banco Santander. Y hasta todo han flotado detalles de cómo se llegó a extender el pánico en el seno del establishment: un empresario madrileño cerró su mansión y se marchó al extranjero, remitiendo a Hacienda los billetes de vuelo como prueba de que ya no vivía en el Estado.
Sólo un año antes, habían sido descubiertas 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles en Lienchtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a regularizar la situación a 67, de los cuales sólo un 20% lo han hecho. Entre los atrapados destacaban 7 ciudadanos catalanes con depósitos no declarados en el paraíso fiscal. Se trata de José Bas Puig, empresario catalán del sector químico (fraude de 4,2 millones); Luis Gari Sentmenat, administradores de una empresa náutica en Barcelona (fraude de 7'98 millones), el arquitecto barcelonés Alfredo Arribas (fraude de 311.471 euros); Enrique Clapers Alegre, de la alta sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el empresario del sector de la decoración Jaume Graells (fraude de 1,2 millones de euros) o el auditor vinculado al sector editorial Jorge Sierra Murtra (fraude de 313.442 euros). El séptimo de los catalanes pillados no es otro que Artur Mas Barnet, padre del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un fraude de 823.262 euros. De la cuenta era beneficiario, en 2002, el mismo Artur Mas hijo, entonces consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat. De la misma operación también resultarán expedientados el cantautor Alejandro Sanz-paladín de la lucha contra la piratería informática-, el industrial vasco Alenadro Legarda (director de la todopoderosa CAF) o Carlos Meier (ex directivo de Segundamano y fundador del Instituto de Empresa).
Una dinámica similar se ha vivido en los casos más sonados de corrupción de los Países Catalanes. En la trama Gürtel, el hecho de que toda la contabilidad tahúres estaba en un disco duro extraíble, en el caso del saqueo de Millet en el Palau de la Música, por una denuncia inicial hecha desde dentro. Y por último, no hay que menospreciar que los expedientes finalmente incoados se caracterizan después por largas dilaciones judiciales, eficazmente gestionadas por buffets de abogados de lujo. La última muestra fehaciente es el caso Hacienda, "ejemplo de codicia y suciedad" según el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled de una trama que subornaba inspectores a cambio de liquidaciones favorables. El juicio tardó 12 años en celebrarse verdad este verano se ha hecho pública la sentencia. Doce procesados han sido condenados a elevadas penas de prisión de entre 6 y 13 años, entre ellos Josep Lluís Núñez, el abogado Juan José Folchi o el ex jefe de Inspección de Hacienda en Cataluña en Cataluña Josep Maria Huguet. Todos los condenados, sin embargo, están en la calle.
Es el punto sobre la i. De la y de impunidad. Hannah Arendt lo teorizaba en 'Los orígenes del totalitarismo': desde la Edad Media, los códigos de conducta, de castigo y represión que se aplican al resto de la sociedad nunca afectan a los delitos de las elites. Protegidas siempre por un circuito de poder que conduce indefectiblemente a su impunidad. En el siglo XXI, las puertas giratorias que doblan poder estatal y poder económico siguen bien abiertas y operativas. Y mientras la crisis se abona por la multitud de abajo, los pocos siguen acumulando riqueza y evadiendo la misma. Delinquiendo en los ingles ciegos del capitalismo opaco.
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