Este mediodía el precio de la deuda española ha roto otro techo histórico al escalar el tipo de interés hasta el 6,31 % y situarse la prima de riesgo en los 455 puntos básicos. También este mediodía la cotización de la democracia española se ha desplomado y su índice de calidad se ha situado en mínimos históricos.
El Tribunal Supremo ha optado por emitir una sentencia que ampara unas prácticas que las organizaciones defensoras de derechos humanos -y hasta el Relator contra la Tortura de la ONU- reprochan cada año a España, y con ello no ha hecho sino acrecentar las dudas sobre la credibilidad de un Estado que tiene pendiente la regenación democrática. Estamos, sin que haga falta el concurso de expertos para afirmarlo, ante una sentencia basura, pero ante una sentencia de una enorme gravedad, porque hay sobrados ejemplos del conocido efecto de contagio que provocan tales comportamientos jurídicos.
Es simplemente un escándalo que tan alto tribunal descalifique a testigos con argumentos como la pertenencia política -fue de HB…- y haga lo mismo con el testimonio de una trabajadora sanitaria afirmando que ésta puso en conocimiento de la familia de Portu que su allegado estaba ingresado en el Hospital Donostia. El humanismo no cotiza, ya lo sabíamos.
Los jueces del Supremo se reunieron por vez primera el 20 de octubre en que ETA anunció el final de su actividad armada para valorar una rara avis, una condena por torturas, y a las puertas de los comicios del 20N han colocado sobre el tapete una decisión que podría ser calificada de pedorreta ante el discurso de prudencia al que se ha abrazado el político que, si no hay un terremoto, gobernará pronto en la Moncloa.
El “Rajoy sabrá hacer lo necesario” se desvaloriza sobremanera ante el grito del “¿Creían que nos nos íbamos a atrever?” que ha lanzado el Supremo español al anular una de las escasísimas condenas, la emitida en la sentencia de 30 diciembre de 2010, por la Audiencia de Gipuzkoa, y por la que se imponían penas de prisión a cuatro de los quince guardias civiles investigados por la detención y custodia de los dos vecinos de Lesaka.
Portu y Sarasola fueron condenados con posterioridad por el atentado de ETA contra la T4 de Madrid, una acción armada que causó una fuerte conmoción en nuestra sociedad, al costar la vida a dos trabajadores, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio y causar heridas a otra veintena de ciudadanos.
No descubro nada al evocar el efecto sicológico de ese atentado causó en toda la sociedad, y en las propias bases de la izquierda abertzale, y tampoco al recordar los muchos análisis políticos que han ligado el estallido en el aeropuerto madrileño con la puesta en marcha de inmediato de un esfuerzo renovado por reconstruir un proceso de paz. Los acontecimientos de los dos últimos años y la reciente decisión de ETA de dejar de lado las armas tras la solicitud en este sentido de la Conferencia de Aiete son la prueba que de las peores experiencias cabe aprender cuando lo que está en juego es responder de manera efectiva a la voluntad de la sociedad vasca de construir una paz duradera y una democracia sin espacios oscuros.
No hay que ser muy lince para saber que los políticos -si osan citar el tema- emplearán la recurrida frase de “respeto a las decisiones judiciales” para salir del aprieto que, lo confiesen o no, causa esta sentencia incomprensible. Una sentencia que pone blanco sobre negro que antes que lanzarse en la tarea del relato lo que a los dirigentes españoles les toca es dotarse de los mecanismos necesarios para que su país pueda alcanzar unos niveles democráticos homologables con el estandar europeo.
Otros invocarán la razón mayor de la condena a Portu y Sarasola por el ataque de Barajas para pasar de puntillas sobre el hecho de que en los países en que rige el estado de derecho se respeta el derecho de los detenidos a no autoinculparse de un hecho de la gravedad del atribuido a los dos vascos.
Esas lecturas, con ser preocupantes, son tan previsibles como el sepulcral silencio con que respondió la misma clase política hispana a las palabras de Amedo lamentando que los GAL no hubieran matado a más personas, y a las que ya dediqué un espacio de este blog al arranque de la campaña.
He escuchado a Iñaki Gabilondo mostrar su preocupación por el hecho de que los políticos que concurren a estas elecciones hayan prestado poco interés a desgranar propuestas en relación a la necesidad imperiosa de reforzar la democracia.
Entiendo que elevar la calidad de la democracia es una urgencia para los ciudadanos españoles y los variados escándalos de corrupción así lo demuestran, como lo pone de manifiesto igualmente la queja expresada por los esforzados del movimiento 15M . Sin embargo, en lo que afecta a los vascos y las vascas, más que los ejercicios de pretendida autoridad moral aquí y ahora lo que cuenta es que, en este contexto histórico esperanzador que vivimos, cuantos disponen de tribunas se desprendan de una vez por todas de sus prejuicios y pongan su voz al servicio de una reclamación compartida por la inmensa mayoritaria de sociedad vasca: la que dice que todos los derechos deben de ser respetados a todas las personas.
Creo que esos mismos partidos que en este tramo final de campaña dan una muestra de agotamiento evidente de argumentos podrían hacer un último esfuerzo y exponer a la ciudadanía sus propuestas para acabar con la impunidad.
Quienes ayer proclamaron en la Parte Vieja de Donostia que hay que celebrar la conquista de la libertad y apelaron al tiempo a construir la conviviencia y la concordia deberían hacer balance los primeros. Al omnipresente lehendakari Patxi López cabe preguntarle: ¿ Está dispuesto el PSOE a liderar una iniciativa en el Congreso de los Diputados -sostenida por él mismo desde Lakua- para conseguir la derogación inmediata de las leyes especiales que fagocitan derechos humanos? ¿ Si, como preconiza, la paz no puede construirse sin memoria, por qué olvida y hasta niega la voz a quienes han pasado por el calvario de la tortura? Al resto de las formaciones políticas cabe preguntarles también por los pasos concretos que van a dar en una materia de alta sensibilidad política.
Ya no es tiempo de palabras huecas o de compromisos vagos, sino de arriesgar. Toca exponer con nitidez el compromiso de cada cual en la desaparición de toda expresión de violencia política en este país.
Maite Ubiría, en su blog
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