Cuando la historia se refiere a la figura del bilbaino José Luis Arrese Magra, arquitecto de formación, ideólogo falangista, ministro general del Movimiento y ministro de la Vivienda entre 1957-1960, se confiere a este personaje por parte de los historiadores un dudoso honor, tal vez al asumir como verdad incontestable lo difundido en la prensa de aquel entonces sin comprender que durante el franquismo rara vez lo escrito reflejaba la verdad y sí numerosas veces mentiras impuestas por la propaganda oficial. Y es que al citar a Arrese, lo hago como aquel siniestro personaje que implantó la perversa política de vivienda en propiedad que ha llegado a nuestros días.
Es preciso recordar que su mayor aportación desde el Ministerio de la Vivienda fue impulsar una política que buscó la implicación de la iniciativa privada para lo que hizo de la construcción de viviendas un atractivo negocio. Las frases que aparecían en la prensa escrita -"No queremos una España de proletarios sino de propietarios" o "Hacer a todo español propietario de una vivienda"- son ciertamente explicativas de la política que defendía: la iniciativa privada sería la pieza fundamental de su política de la construcción.
Para implicar a la iniciativa privada concedió subvenciones a fondo perdido, rentas compensadoras, permitió todas las ventajas tributarias de las anteriores leyes (Vivienda Protegida, Vivienda Bonificable y Viviendas de Renta Limitada) y ofreció materiales a precio de fábrica y exentos de impuestos. Los sucesivos gobiernos franquistas, de esta forma, movilizaron al ahorro privado en apoyo de la edificación y las inmobiliarias privadas entraron en tromba, como un elefante en una cacharrería, en el que sería el gran negocio del ladrillo.
Es preciso recordar que en núcleos urbanos como el Bilbao de aquellos finales de los años 50, el 46% de las viviendas seguían siendo en alquiler, modalidad que con la política instaurada por Arrese en años sucesivos llevaría hasta casi su desaparición. Sería a partir de entonces la iniciativa privada la que marcaría las pautas de desarrollo de las ciudades, las líneas constructivas a seguir, decidiendo donde, cómo y cuándo se construiría.
Los promotores inmobiliarios fueron creando falsas expectativas sobre lo que debía de ser una vivienda, dándole importancia a lo comercial, imponiendo una arquitectura banal y repetitiva. Llegaron a hacer de nuestras ciudades, sobre todo de Bilbao y de los núcleos urbanos de ambas márgenes de la ría, absurdos urbanísticos que sufrían el ahogo de sus calles, con carencia de edificios de servicios, parques y zonas de recreo. Las fábricas seguían erigiéndose junto a las viviendas con la consiguiente contaminación ambiental y fomentaron una especulación descomunal con el suelo y los pisos deshabitados que fue lo que hizo de esta política un negocio muy lucrativo. El suelo se revalorizó hasta precios insospechados dada la cada vez mayor demanda de suelo y su consiguiente escasez.
Posteriormente, se fueron decretando nuevas leyes y reglamentos como la de la Ley de Viviendas de Protección Oficial, que fue otro intento de fomentar el concurso de la iniciativa privada en la edificación de viviendas, igual que, años después, en 1976, la Ley de Viviendas Sociales.
Los grupos de presión financieros, a través de la publicidad, fueron los culpables de crear una falsa expectativa de lo que debía de ser una vivienda. La publicidad estaba para servir a los intereses particulares de sus promotores e impusieron un tipo de vivienda y la necesidad de ella con fines bastardos. Todo estaba en las mismas manos, que imponían una asfixiante presión a sus usuarios por lo insuficiente de la superficie, por su repetición, la ínfima calidad y segregada situación: la vivienda había pasado de ser objeto de uso a serlo de consumo.
El ministro de la Vivienda en 1970, Vicente Mortes, reconocía el fracaso de aquella política cuando sostenía que al mirar a las ciudades españolas no había motivos para sentirse satisfechos. Y no los había: edificios triplicados en altura, circulación imposible en las calles, edificios extraños a su naturaleza, un colosalismo interesado, las consecuencias de la especulación, convertida en un negocio lucrativo y tolerado por todos, eran evidentes. Además, al amparo de las ayudas oficiales se construyeron muchas viviendas de lujo y decrecían las sociales, lo que produjo una inflación de lo superfluo. Se edificaba para vender y no para alquilar, proliferando los pisos deshabitados.
Los intentos, tímidos, de intensificar las viviendas en alquiler a precios asequibles, chocaban con la mentalidad que se impuso desde Arrese y que siguieron fomentando los sucesivos ministros, que es preciso recordar pertenecían todos a la Falange: José María Martínez Sánchez Arjona, Vicente Mortes, Utrera Molina… Fue el principal problema. De la experiencia europea se tomó lo peor, sin comprender que se podía ser arrendatario de vuelo pero no de suelo o que se podía pagar un canon de superficie sin ser propietario del solar. No estaban siquiera preparados para la permuta de viviendas entre inquilinos.
La política estatal siguió siendo durante décadas la de proveer suelo y facilitar vivienda en propiedad. El aumento del precio del suelo en la trama urbana bilbaina en pocos años fue extraordinario. La iniciativa privada controlaba el valor del suelo, usurpando su uso social, porque controlando el valor del suelo controlaban el destino del proyecto.
Detrás de todos los problemas que sufría la ciudad se encontraba una delictiva gestión de las inmobiliarias, que ejercían una dictadura desde sus consejos de administración, puesto que eran enclaves monopolistas, basados en subterfugios legales de la especulación del suelo y la presencia plena de ambigüedades y rigorismos en la ética municipal. Fue una política inútil, con instrumentos ineficaces, inviables económica y políticamente. Aquel crecimiento desorbitado de los precios del suelo edificable era debido a la intensificación del proceso de concentración urbana en paralelo con la rigidez de la oferta, lo cual permitía y potenciaba el comportamiento monopolístico de los vendedores permitiéndoles elevar indiscriminadamente los precios sin que se redujera el número de demandantes. El excesivo precio del suelo derivaba de la escasez de suelo urbano, que a su vez tenía unas causas, como la permanencia de un régimen de uso del suelo que hacía posible la retención de los propietarios con fines especulativos.
Los legisladores seguían considerando la necesidad de crear suelo impulsando este con creaciones masivas y con el perverso sistema de expropiación como el más eficaz instrumento de gestión urbanística. Aquella Ley del Suelo que vendió el franquismo en 1975 no constituía un documento de interés para la ordenación del proceso de producción del espacio desde una perspectiva social, era una adecuación de la anterior ley de 1956 a los nuevos intereses del capital monopolista, ya que fomentaba graves costos sociales y era un reconocimiento de la incapacidad de la administración para dirigir y controlar los procesos de desarrollo urbano. Era una ley que mantenía el carácter oscurantista y antidemocrático de la de 1956. Todo esto hizo que la ciudad perdiera su razón de ser por culpa de los conceptos capitalistas, de la especulación del suelo, de donde se debían de sacar, y se sacaban, rendimientos desorbitados de capital que llevaban a elevar torres de cemento sin ninguna creatividad. Una legislación al servicio de la especulación.
De todos es conocido la voracidad de las inmobiliarias privadas en busca de una máxima rentabilidad económica, su capacidad para aprovechar la legislación y de los dirigentes urbanísticos, yo diría más que conniventes. Así, el número de inmobiliarias durante años fue en aumento hasta llegar a cifras desconocidas y extraordinarias en el Gran Bilbao.
La iniciativa privada suscitó un conformismo de las formas arquitectónicas, un ocultamiento ideológico especulativo de los productos, con idea de dar apariencia de cierto standing a viviendas cuya calidad era la misma que las sociales. Se diseñó un decorado exterior susceptiblle de atraer al comprador con distintas modificaciones de las operaciones durante la ejecución para ajustar el programa a las posibilidades con un único fin: obtener el mayor beneficio posible.
Durante años, la venta de viviendas a través de la prensa escrita o publicaciones especializadas se hizo usual: la venta de terrenos, la propaganda de los pisos, con planos de las plantas de las viviendas, con su distribución, con fotos del exterior o del interior de la vivienda, con las excelentes facilidades de pago y exentos de impuestos, les decían cómo les iba a facilitar más la vida y hasta aseguraban una vida más feliz. Sucedía tanto en Bilbao como en el resto del Gran Bilbao, Berango, Getxo, Sopelana, Plentzia, Mungia, Amorebieta, Durango... Y desde la margen izquierda se empieza a acceder a zonas como Castro Urdiales o Laredo.
Toda esta maquinaria no hubiera sido posible sin la financiación estatal, herramienta que fue fundamental durante décadas, el Banco de Crédito a la Construcción o el Banco Hipotecario de España aportaron miles de millones de pesetas para estimular la actividad constructora de viviendas por la iniciativa privada. La actividad de las grandes entidades financieras españolas durante décadas fue realizar estudios en grandes concentraciones urbanas con importante crecimiento vegetativo para invertir a medio plazo, recuperar la inversión y obtener pingües beneficios, siempre sobre solares cuyas referencias y actividades fueran transparentes. Tras un análisis de mercado, se observaba el déficit, las necesidades futuras y las expectativas de rentabilidad de los cálculos de millones de viviendas en propiedad. Los bancos ya calculaban en 1975 que para el año 2000 sería necesario construir 14,8 millones de viviendas.
Lo sorprendente es que, visto el fracaso, nuestras autoridades hayan seguido fomentando la vivienda en propiedad y hayan acabado convirtiéndose en co-causantes de la especulación y de la crisis actual junto a las entidades financieras. La experiencia debe de llevar a defender la vivienda en alquiler, pero la política desarrollada hasta ahora lo único que se hace es prolongar el problema. Las administraciones públicas son las que se tienen que quedar en propiedad la vivienda y cederla en alquiler, un alquiler social. Que la vivienda tenga que ser en propiedad no es sino otra de las grandes mentiras legadas por el franquismo. ¿A quién beneficia realmente esta política? Juzguen ustedes.
Luis Bilbao Larrondo, en Deia
No hay comentarios:
Publicar un comentario