Han pasado ya 33 años del asesinato de cinco trabajadores en la iglesia San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz. En la tercera jornada de huelga que los obreros convocaban para protestar por los ajustes salariales previstos, decenas de miles de ellos se reunieron en este templo y sus inmediaciones para celebrar una asamblea. La Policía, metralletas y pistolas en mano, desalojó forzosamente la iglesia. Cinco trabajadores murieron y un centenar resultaron heridos de bala. Tan sólo habían pasado cuatro meses desde la muerte de Franco. Presidía el Gobierno la misma persona que en la dictadura: Carlos Arias Navarro, y el ministro de lo que entonces se llamaba la Gobernación era Manuel Fraga Iribarne, a quien algunos consideraron "reformista" en cierta época franquista. Después de 33 años, nadie ha pagado por ello.
Se amparan en leyes de punto final, como la de Amnistía del 77, para olvidar y dejar sin revisión sonrojantes episodios criminales cometidos desde, o con el beneplácito del Estado. A pesar de
todo ello vamos consiguiendo, a costa de mucho esfuerzo, avances en el ámbito de la Verdad y de la posible e incompleta Reparación. Y decimos posible e incompleta, pues a pesar de las leyes y normas aprobadas en ese sentido, son muchas las trabas y problemas que van surgiendo a la hora de su aplicación efectiva. Así, la ley conocida como de Memoria Histórica, aparte de negar el derecho a la Verdad y a la Justicia, niega también en la práctica el derecho a la Reparación para un colectivo de afectados que, aún estando contemplados en la ley como personas que lucharon por las libertades y en defensa de la democracia, no cumple con unos requisitos técnicos marcados en el Decreto regulador de dicha ley.
todo ello vamos consiguiendo, a costa de mucho esfuerzo, avances en el ámbito de la Verdad y de la posible e incompleta Reparación. Y decimos posible e incompleta, pues a pesar de las leyes y normas aprobadas en ese sentido, son muchas las trabas y problemas que van surgiendo a la hora de su aplicación efectiva. Así, la ley conocida como de Memoria Histórica, aparte de negar el derecho a la Verdad y a la Justicia, niega también en la práctica el derecho a la Reparación para un colectivo de afectados que, aún estando contemplados en la ley como personas que lucharon por las libertades y en defensa de la democracia, no cumple con unos requisitos técnicos marcados en el Decreto regulador de dicha ley.
Difícilmente puede acreditarse, después de 33 años, convivencia y dependencia económica respecto de la persona fallecida, y menos aún si esas personas tenían 17 ó 19 años y compaginaban estudios y trabajo como Francisco Aznar o Romualdo Barroso asesinados en el desalojo de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga de Gasteiz, o en casos de estudiantes que fueron asesinados en manifestaciones, controles militares o en comisarías como fueron Enrique Ruano en Madrid (19-01-1969), Javier Escalada en Iruñea-Pamplona (14-03-1970), Roberto Pérez Jauregi en Eibar (4-12-1970), Mikel Salegi en Donostia (18-12-1974), Victor Manuel Pérez Elexpe en Santurtzi (20-01-1975), Koldo Arriola en Ondarru (23-05-1975), Javier Verdejo en Almería (14-08-1976), Mari Luz Nájera en Madrid (24-01-1977) o Gustavo Frecher en Barcelona (16-09-1977) por poner algunos ejemplos de jovenes asesinados entre las decenas y decenas de víctimas de la Impunidad.
El resarcimiento por una muerte causada por las fuerzas represivas de un Estado dictatorial, no puede tener carácter de pensión asistencial y deberían tener derecho a ese resarcimiento aquellas personas que legítimamente les corresponda, independientemente de la convivencia o dependencia económica con el causante del hecho.
Fuentes: eitb, noticias de alava, ahaztuak
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