-¿Qué
significo la transición?
La
transición fue el modelo de estado que impusieron los sectores reformistas del
franquismo, una vez fallecido el dictador. En lo formal, fue un proceso de
reforma “negociada”, pero en la práctica estuvo controlado por sectores
transformistas de la falange. Una clara salida gatopardista que contó con la
complacencia del PSOE y del PC. Durante años, los Pactos de la Moncloa fueron exhibidos
por el mundo como la muestra más cabal de la convivencia democrática entre
extremos que habían dirimido sus diferencias fusil de por medio. Recordemos al
ex Secretario General del PC, Santiago Carrillo, reconociendo la bandera
tricolor y olvidando los crímenes de sus camaradas a cambio de la legalización
de su formación política. Todo eso tuvo un efecto sentido proclive a
identificar la transición española como un modelo paradigmático en aras de la
construcción de una democracia formal. Por eso mismo, adquirió prestigio en
Sudamérica durante los años 80.
Sin
embargo, ese “pacto”, que altero solo en lo superficial las estructuras de
poder existentes, hoy hace agua por todos lados. España atraviesa una crisis
histórica y su germen yace en la transición. Creo que si uno desglosara cada
uno de los pilares centrales de dicho acuerdo quedaría mucho mas explicita mi
argumentación, a partir de la posibilidad de conectar sucesos aparentemente
inconexos.
-¿Incluso
puede establecerse una ligazón entre la corrupción sistémica que aqueja a la
clase política y la transición?
Claramente.
La clase política, en su mayoría, se ha convertido en un actor social
divorciado por completo de los intereses colectivos. Es una corporación que
trabaja en pos de su afán de lucro. Que hoy las formaciones partidarias
mayoritarias no tenga un plan para superar el actual estado de las cosas y que
la represión aparezca como la única respuesta posible no es casual. En esta
cuestión, tiene mucho que ver el sistema electoral confeccionado durante la
transición. A pesar de su definición, es claramente desproporcional. Ni
siquiera se salvaguarda el mero orden en el que los votantes colocan a los
partidos: una formación con menos votos que otra puede conseguir más escaños.
Esto significa que no hay igualdad en el voto. En consecuencia, fomenta el
bipartidismo y hace imposible el surgimiento de una tercera fuerza electoral
con capacidad de veto a nivel país. Así, el juego político quedo monopolizado
en dos grandes estructuras. Y, con esa soledad absoluta en la administración de
lo público, sin participación de la sociedad civil, termino degenerando a las
elites de dichos partidos. Como lo demuestra la trama Gurtel y el Caso
Barcenas, utilizan el control exclusivo de la arena pública como mecanismo para
capturar rentas.
-¿La
burbuja inmobiliaria es un ejemplo en esta dirección?
Es
un caso testigo. La burbuja no cayo de un paracaídas, fue promovida por la
dirigencia política como un instrumento de financiación ilegal e
enriquecimiento ilícito. Comenzó durante la última presidencia de Aznar con la
liberalización del precio del suelo. Zapatero, por supuesto, no hizo nada por
revertir la situación. Aprovecho los dividendos cortoplacistas de semejante
orgia del ladrillo. Hasta que la bomba le exploto en la mano y dejo como saldo
mas de cinco millones de parados. Ahora bien, lo interesante es el mecanismo
que se utilizo para inflar la burbuja. En primer lugar, se bajo la tasa de
interés a porcentajes irrisorios. En segundo lugar, además de confeccionar los
planes urbanísticos, omitiendo prohibiciones legales en dicha materia, la clase
política contaba con el control de las fallecidas cajas de ahorro. Por ende,
decidían a quien le otorgaban financiación para proyectos inmobiliarios, previo
pedido de sobornos. En este contexto, mientras la burbuja se inflaba con un
compresor, dirigentes acudían a su cometido final y capturaban la mayor
cantidad de “beneficios posibles”, para su formación política, caso Barcenas, o
simplemente para su propio bolsillo. La trama Gurtel no es solo un caso sino, a
mi juicio, un ejemplo paradigmático de una practica repetida en casi todas las
autonomías.
-Muchos
coinciden en que la monarquía esta atravesando el peor momento desde el retorno
a la democracia. El caso del yerno del Rey, Urdangarin, y algunos escándalos
protagonizados por Juan Carlos inquietan a España ¿Usted cree que están dadas
las condiciones para revisar el carácter monárquico del estado?
La
monarquía es una herencia del franquismo que adquirió estatus constitucional
con la carta magna de 1978. Sin embargo, dicha Constitución no puede asumir un
carácter ahistórico. Las nuevas generaciones no la han votado y reclaman un
referéndum. Considero que dicha institución siempre significo un absurdo, ya
que se legitima en la supuesta voluntad de un todopoderoso a la hora de
designar un representante terrenal. Dicho disparate, en un mundo secularizado y
en una España laica de hecho, le insume ocho millones de euros anuales a las finanzas
públicas. Muchos rescatan el rechazo del Borbón al golpe de estado del 23-F
como un elemento legitimador de su rol. Sin embargo, el espaldarazo a sus
camaradas respondió a una hábil jugada política que dio cuenta del carácter
inviable de un gobierno de facto en la nueva geopolítica.
Creo
que hay algo novedoso en esta crisis. La familia real esta siendo vista como
parte esa elite dirigencial alejada de los intereses del pueblo español,
preocupada exclusivamente por su acceso a lo público como medio de
atesoramiento. Hay una seria de hechos objetivos que han consolidado esa carga
valorativa en torno al Palacio de la Zarzuela. La caza de elefante en Botswana, con un
coste de 40 mil euros, mientras miles de españoles revuelven tachos de basura y
otros centenares son desalojados de sus casas, es un ejemplo de la dilapidación
de fondos públicos de alguien ajeno al destino de sus “súbditos”. La
trama Urdangarin, en honor a un chivo expiatorio al que pretenden cargarle por
completo el peso de la culpa, en una trama de corrupción que involucra a toda
la familia real, es otro caso.
-La
transición consagro una ley de amnistía que impide el juzgamiento de los
crímenes cometidos por la dictadura Franquista. No obstante, en el último
tiempo, la acción decidida de los movimientos Pro-Memoria histórica, junto a su
Querella y el intento de Garzón de desafiar la legislación vigente, empiezan a
socavar los cimientos de la impunidad ¿Cómo ve el futuro de España en relación
a su pasado más reciente?
Recuerdo que el ultimo caudillo franquista
dijo en una oportunidad: "Yo
sólo pido perdón ante Dios y mi confesor", en uno de sus tantos actos
de verborragia católica. Ocurrió durante un pleno del parlamento gallego en el
que un diputado de la coalición nacionalista BNG instó a Fraga a condenar las
dictaduras argentinas y chilenas. Como todos sabemos, el ex Ministro de Turismo
de Franco murió sin sobresaltos en su domicilio de Madrid. Rodeado de sus cinco
hijos y sin haber conocido ni un solo pedido de indagatoria, en relación a su
participación protagónica en un régimen que, con el de Stalin, se disputan la
mayor cantidad de desapariciones forzosas del siglo XX. También sabemos que ese
destino, que le provocaría envidia a sus colegas contestatarios argentinos,
anclados en los tribunales de por vida, no fue gracias a una fe inclaudicable
en la voluntad discrecional de un todopoderoso a la hora de administrar
justicia. Se debió a un elemento puramente terrenal llamado ley de Amnistía, la
cual se ubica en las antípodas de la famosa frase “Memoria, Verdad y Justicia”.
Dicha ley vino acompañada de una resignificación del pasado dictatorial. La
derecha española, bajo el inmovilismo de los “progre”, supo construir un relato
que permitió darle al gobierno de facto y a sus ex altos funcionarios una carga
valorativa ajena al totalitarismo. Ahora bien, el PSOE fue cómplice de esta
resignificación y el devenir histórico le pasará una factura. Es más, jamás se
inscribió en una disputa por el sentido del pasado más reciente. Te voy a poner
un ejemplo de las contradicciones en la que se encuentra inmerso una formación
política que dice ubicarse en las antípodas del PP. En relación a Fraga ¿En
vez de acudir Rubalcaba felizmente al funeral de un hombre que la justicia
argentina investigaba por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1936 y
1977, no debería haber salido a remarcar la “masacre de Vitoria” como un sello
distintivo del difunto, donde la policía armada bajo sus órdenes fusilo a cinco
obreros de la capital de la provincia vasca de Álava? En síntesis, no espero una acción
decidida en pos de la derogación de ninguno de los dos partidos. Sin embargo,
la disputa por el sentido, que es donde transcurre la verdadera lucha política,
nunca se agota. Creo que en el último tiempo hubo en revés en la apreciación
del franquismo. Y esto revela el resquebrajamiento de otro pilar la transición,
me refiero al olvido del pasado dictatorial. La sociedad, que empezó acercarse
a los tiempos más oscuros de su historia contemporánea por intermedio de la ficción,
lentamente empieza reclamar justicia. En síntesis, confió en la actuación de la Justicia Argentina
y en la acción firme y decidida de los movimientos de derechos humanos.
-¿Cómo ve el futuro inmediato de España? ¿Cuáles serían las
claves de la recuperación?
Hay varias cuestiones. Como explicite
anteriormente considero que en la transición esta el origen de la crisis
actual. Esto significa que España atraviesa la fractura definitiva del Pacto
transicional. Es más, el único pilar positivo de dicho acuerdo, me refiero al
Estado social, ha sido devorado por la crisis o, mejor dicho, por el accionar
neoliberal del PP. En consecuencia, seguir transitando un sendero delimitado
por tales reglas de juego no traerá más que penurias y el aumento del fervor
nacionalista. Es necesario promover una reforma estructural, pero no en clave
del FMI. Esto implica, previo referéndum acerca de la continuidad de la
monarquía, modificar nuestra carta magna para revertir lo establecido durante
la transición. Hay que cambiar el sistema electoral, la dinámica de
funcionamientos de los partidos y derogar la ley de amnistía. Además, es
imperioso acabar con todas las misiones militares en el exterior. La guerra de
Afganistán nos ha costado 100 muertos, 3500 millones de euros y concreción de
la tan anunciada venganza fundamentalista, con los Atentados de Atocha.
Asimismo hay una cuestión central en todo esto, España debe dejar de ser una
pieza de ajedrez al servicio de intereses geopolíticos foráneos. También
Significaría un ahorro importante. Solamente si se retiran las tropas de Libia
las finanzas públicas dispondrían de 945 millones para reforzar áreas como
educación y salud, tan castigadas por los recortes neoliberales. Y no me quiero
olvidar de los caballeros de “sangre azul”, ya que hay que trabajar en pos de
la supresión de los 2248 títulos de nobleza existentes, los cuales se ha
enriquecido de forma fraudulenta gozando de exenciones impositivas. Para
promover estos cambios es irremediable que las mayorías populares tomen la
iniciativa. Solo así podrán llevarse a la práctica. Creo que el pedido unánime
del pueblo español, en la calle, exigiendo castigo para los responsables de las
tramas de corrupción destapadas es un comienzo alentador.
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