Una de las cuestiones más acuciantes,
urgentes, para abordar de una manera ordenada el cierre del ciclo de la
violencia política en nuestro país es la cuestión de los presos y su
reincorporación a la sociedad vasca. En efecto, tras más de un año desde la declaración
del cese definitivo de la violencia por parte de ETA, no se ha avanzado nada en
esta materia, y ello se debe, fundamentalmente, a la posición del Gobierno del
PP, que está demostrando una enorme falta de responsabilidad histórica con su
inmovilismo, poniendo en cuestión incluso el objetivo constitucional de la
reinserción. Por su parte, la dificultad que está demostrando ETA para su
desarme y desaparición definitiva tampoco contribuye a romper este inmovilismo
y los que pagan en carne propia las consecuencias son los presos. Pero también
hay que poner el foco en la falta de concreción de propuestas por parte de los
partidos vascos para buscar una respuesta efectiva, práctica y constructiva a
la resocialización de los presos, sobre todo por parte de aquellos que marcan
esta cuestión como prioritaria.
Y ante esta parálisis asistimos a
declaraciones genéricas o frases ininteligibles que sobre todo tratan de
ocultar sus propias carencias. El último ejemplo lo encontramos en el recién
elegido presidente de Sortu, Hasier Arraiz, que en una entrevista ha afirmado
que habrá “una amnistía escalonada”,
“que no es lo que muchas veces se ha
representado, sino que es un estadio político deseable”. Y ha añadido que
ello hará que la vuelta de los presos “no
sea simultánea”, aunque tampoco será “individualizada”
sino “una solución global con
materialización individual”. Un juego de palabras ininteligible, se mire
por donde se mire, que deja en evidencia que Sortu carece de una propuesta
concreta para la salida de las y los presos.
Y es especialmente llamativo, que se
vuelva a recurrir a la amnistía, aunque sea “escalonada” cuando saben que no va a ocurrir -¿por qué generar
falsas expectativas?-. Tampoco se entiende que no defiendan lo que ya venía
recogido en el Acuerdo de Gernika en relación a los presos: “Concesión de libertades condicionales a
todos los presos penados que hayan cumplido los requisitos legales. Aplicación
sin restricciones ni arbitrariedades de todos los beneficios penitenciarios
legalmente establecidos”. La pregunta que surge es si la progresión legal
de los penados está entre las peticiones del Acuerdo de Gernika, firmado por
los que hoy complnen EH Bildu, por qué no la impulsan entre los presos. Es algo
que deberían explicar.
Y se lo deberían explicar, sobre todo,
a aquellos reclusos que sí han iniciado una vía de resocialización a través del
cauce legal establecido, que no es otro que la aplicación de los beneficios
penitenciarios a quien lo solicite y cumpla los requisitos legales. Sin embargo,
la izquierda abertzale no solo no los apoya, sino que los critica y los
excluye, como cuando no les dejaron firmar el Acuerdo de Gernika a los presos
autodeterminados “Presos comprometidos
con el irreversible proceso de paz”.
Las incoherencias aumentan si
observamos cuán ha sido el recorrido que ha hecho la propia Sortu para su
vuelta a la legalidad: ¿por qué se puede hacer un “uso revolucionario de la legalidad burguesa”, como decía Arnaldo
Otegi, para recuperar la legalidad y no se puede hacer ese mismo uso de la
legalidad por parte de los presos para recuperar su libertad? O dicho de otra
manera, ¿por qué los militantes de Sortu pueden suscribir en sus estatutos el “rechazo de la violencia de ETA” y
cualquier “clase de connivencia política
y organizativa con la violencia, con las formaciones que han sido ilegalizadas
por razón de esa connivencia” y los presos no pueden rechazar la violencia
de ETA, reconocer el daño causado y asumir la responsabilidad de sus actos, que
es exactamente lo que han hecho los presos que hoy se encuentran en la cárcel
de Zaballa? Según palabras del portavoz de Herrira, la vía iniciada por estos
presos “está dentro del esquema de
vencedores y vencidos”. ¿En qué esquema se encuadra el cumplimiento a
rajatabla de la Ley de Partidos? ¿Cuál es la diferencia?
El rechazo de la vía de resocialización
iniciada por estos presos es más grave si cabe, cuando además no plantean una
propuesta alternativa concreta y realista. Y no hay intenciones tampoco de
hacerlo a corto plazo. Lo decía el propio portavoz de Sortu en la misma
entrevista tras establecer la urgencia en los derechos humanos de los presos, “más tarde, también habrá que hablar de la
salida de los presos”. Sin embargo, no hay ninguna razón para posponer esta
cuestión. Cuanto más tarde se aborde, más tiempo de prisión para los presos, y
más tiempo sin cerrar definitivamente la solución a las consecuencias derivadas
de tantos años de violencia.
Es hora de mojarse, de concretar y de
abordar este debate sin dilaciones. Desde el posibilismo y pragmatismo tal y
como se ha hecho con la Ley de Partidos. La ponencia del Parlamento Vasco debería
abordar, en la mayor brevedad posible, esta cuestión y llegar a un acuerdo de mínimos,
para con posterioridad hacerle llegar al Gobierno central e intentar, de manera
conjunta, que modifique su política penitenciaria.
Tenemos que cerrar el ciclo de la
violencia de manera ordenada, con la reincorporación de las y los presos a la
sociedad. Pero sobre todo, con una reflexión compartida de que la violencia no
resuelve los conflictos, sino que los agrava. El hecho de que los que
recurrieron a la violencia vayan reincorporándose a la sociedad compartiendo
esta reflexión y extendiéndolo en su entorno –como lo están haciendo los presos
de Zaballa- será la mayor garantía para la convivencia y para la no repetición.
Aintzane Ezenarro
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