viernes, 1 de marzo de 2013

EL CIERRE DE EUSKALDUNON EGUNKARIA, REFLEXIONES 10 AÑOS DESPUÉS


El pasado 20 de febrero se acaban de cumplir diez años de un gran disparate judicial, el del cierre judicial cautelar del entonces único diario en lengua vasca, Euskaldunon Egunkaria, nacido en diciembre de 1990 tras un proceso de iniciativa no institucional promovido por miembros del equipo de la revista Argia con el apoyo y colaboración de relevantes personalidades de la lengua, cultura e industria de la cultura vasca.
El cierre se produjo por una decisión de 19/02/2003 del juez del Olmo de la Audiencia Nacional. El cierre del periódico fue duramente criticado desde numerosos sectores. Así, la Junta General del Colegio de Abogados de Bizkaia que emitió un durísimo pronunciamiento: "Desde el punto de vista jurídico, la medida cautelar de cierre del periódico, aunque sea provisionalísima, es ilegítima, ilegal, inconstitucional, injusta, arbitraria, desproporcionada, gravemente lesiva para multitud de personas y grupos ajenos a los hechos investigados, que no tienen la obligación jurídica de soportar esos recortes de sus libertades y derechos y esos perjuicios".
El fiscal, años después, no encontró el mínimo soporte para sostener una acusación de vinculación de la fundación del diario con ETA ni de su funcionamiento instrumentalizado o dirigido por ETA. Finalmente en diciembre de 2009 y enero de 2010 se celebró el juicio. La sentencia absolvió a todos los acusados. Resultó ser una espléndida sentencia, cuyo ponente fue Gómez Bermúdez, presidente del tribunal. Desautorizó explícitamente los sesgados informes del Servicio de Información de la Guardia Civil, con argumentaciones artificiosas y ayunas de datos objetivos que soportaran sus conclusiones incriminadotas y reprochó lo mismo a las acusaciones populares constituidas por dos asociaciones de víctimas del terrorismo.
Debemos constatar que no se explica que tamaño disparate judicial, reconocido en la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional, esté sin reparar. Nadie del Gobierno ha pedido disculpas y nadie ha resarcido a quienes injustamente fueron detenidos, maltratados, encarcelados, embargados, estigmatizados. Nadie ha resarcido a quienes injustamente se quedaron sin trabajo, sin el derecho de escribir y recibir información en aquel diario que era el único en euskera en todo el mundo, sin cobrar sus deudas, sin el dinero que pusieron para sacar adelante aquella empresa editora del diario.
Este proceso, excepto la vista oral y la sentencia, fue un exponente más de la aplicación del Derecho Penal y Procesal Penal del Enemigo (Günter Jakobs) o del Derecho Penal de autor (Raúl Zaffaroni) por parte de un cuerpo policial, en este caso la Guardia Civil, y del juez instructor de la Audiencia Nacional. Esta concepción se sustenta teóricamente en la idea de que no son ciudadanos, no son jurídicamente personas, quienes no aceptan el sistema buscando su superación poniendo en riesgo la seguridad. Se afirma que por ello están extramuros de nuestras reglas de Derecho, que se aplican a los ciudadanos, no a los enemigos. A Egunkaria, a sus administradores y directivos, sin pruebas ni indicios racionales de ello, se les consideró enemigos, y con ello bastó para que la Guardia Civil fantaseara sobre la existencia de un entramado dedicado al blanqueo de fondos de ETA, del que formaría parte Egunkaria junto al mayor grupo editorial de la cultura vasca. El periodo de detención que sufrieron fue para no olvidar los abusos que padecieron. Luego se emitieron informes policiales que no cumplían con las exigencias legales de imparcialidad y objetividad. El modo de proceder fue un auténtico proceso inquisitorial, de encuesta general, prohibido en el actual Derecho español. Nos retrotrae a antes de 1881.
Pero, además, hacían falta otros elementos en el imaginario. En ese ideario era piedra angular considerar que el mundo de la cultura vasca y de la lengua vasca es propio del enemigo y es potencialmente peligroso, salvo cuando está bajo el control de las instituciones públicas. En el argumentario de la Guardia Civil obrante en el proceso judicial, tanto en sus informes como en los interrogatorios practicados en este sumario, subyace la convicción de que el euskera y la cultura vasca extramuros de las instituciones están bajo el control de ETA y su entorno y, por tanto, forman parte del MLNV y, además, forman parte del entorno sociológico en el que se desarrolla y se nutre de militantes y simpatizantes ese movimiento enemigo. Este sumario demuestra que en el imaginario de la Guardia Civil, los movimientos y actividades de iniciativa social, fuera de las instituciones, en torno al euskera y cultura vasca, son un peligro potencial terrorista. Si no, ¿cómo se explica que hayan sido objeto de investigación policial inquisitorial algunos de los máximos exponentes no institucionales de la cultura vasca en lengua vasca, tales como AEK y el mayor grupo editorial en lengua vasca y que se considere a las ikastolas entorno de ETA?
¿No es todo esto revelador de una actitud reiterada de ir contra el euskera y la cultura vasca, contra la industria de la lengua y cultura vasca, por parte de los cuerpos policiales encargados de la lucha antiterrorista, con el beneplácito de los sucesivos ministros del Interior, sean populares o socialistas que no han hecho nada para impedirlo? ¿Por qué es posible que esto ocurra? ¿Quién fomenta y controla este imaginario en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Debe existir un control democrático de la formación y del funcionamiento de los cuerpos policiales que impida que se puedan repetir con impunidad este tipo de conductas inadmisibles en un Estado de Derecho democrático en el que conviven distintas lenguas y culturas.
Va siendo hora de poner coto a este tipo de conductas, que en este proceso ha aflorado que no son comportamientos patológicos aislados de un comandante y un capitán de la Guardia Civil, sino modos de proceder del Servicio Central de Información de este cuerpo policial durante nueve años y, por tanto, si no alentados, consentidos por los estamentos superiores del Ministerio del ramo, sí conocidos, que los conocen (la sentencia los sacó a la luz), no hace nada para erradicarlos.
Otro día habrá que reflexionar sobre el ejercicio abusivo de la acción popular por parte de las asociaciones de víctimas, que fue otra de las anomalías significativas de este proceso.
Félix Cañada, Pedro Ibarra, Ramón Zallo, Francisco Letamendía, José Manuel Castells, Xabier Ezeizabarrena y Jon Gurutz Olaskoaga

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