El pasado 20 de febrero se acaban de cumplir diez años de un
gran disparate judicial, el del cierre judicial cautelar del entonces único
diario en lengua vasca, Euskaldunon
Egunkaria, nacido en diciembre de 1990 tras un proceso de iniciativa no
institucional promovido por miembros del equipo de la revista Argia con el apoyo y colaboración de
relevantes personalidades de la lengua, cultura e industria de la cultura
vasca.
El cierre se
produjo por una decisión de 19/02/2003 del juez del Olmo de la Audiencia
Nacional. El cierre del periódico fue duramente criticado desde numerosos
sectores. Así, la Junta General del Colegio de Abogados de Bizkaia que emitió
un durísimo pronunciamiento: "Desde el punto de vista jurídico, la medida
cautelar de cierre del periódico, aunque sea provisionalísima, es ilegítima,
ilegal, inconstitucional, injusta, arbitraria, desproporcionada, gravemente
lesiva para multitud de personas y grupos ajenos a los hechos investigados, que
no tienen la obligación jurídica de soportar esos recortes de sus libertades y
derechos y esos perjuicios".
El fiscal, años
después, no encontró el mínimo soporte para sostener una acusación de
vinculación de la fundación del diario con ETA ni de su funcionamiento
instrumentalizado o dirigido por ETA. Finalmente en diciembre de 2009 y enero
de 2010 se celebró el juicio. La sentencia absolvió a todos los acusados.
Resultó ser una espléndida sentencia, cuyo ponente fue Gómez Bermúdez,
presidente del tribunal. Desautorizó explícitamente los sesgados informes del
Servicio de Información de la Guardia Civil, con argumentaciones artificiosas y
ayunas de datos objetivos que soportaran sus conclusiones incriminadotas y
reprochó lo mismo a las acusaciones populares constituidas por dos asociaciones
de víctimas del terrorismo.
Debemos constatar
que no se explica que tamaño disparate judicial, reconocido en la sentencia
absolutoria de la Audiencia Nacional, esté sin reparar. Nadie del Gobierno ha
pedido disculpas y nadie ha resarcido a quienes injustamente fueron detenidos,
maltratados, encarcelados, embargados, estigmatizados. Nadie ha resarcido a
quienes injustamente se quedaron sin trabajo, sin el derecho de escribir y
recibir información en aquel diario que era el único en euskera en todo el
mundo, sin cobrar sus deudas, sin el dinero que pusieron para sacar adelante
aquella empresa editora del diario.
Este proceso,
excepto la vista oral y la sentencia, fue un exponente más de la aplicación del
Derecho Penal y Procesal Penal del Enemigo (Günter Jakobs) o del Derecho Penal
de autor (Raúl Zaffaroni) por parte de un cuerpo policial, en este caso la
Guardia Civil, y del juez instructor de la Audiencia Nacional. Esta concepción
se sustenta teóricamente en la idea de que no son ciudadanos, no son
jurídicamente personas, quienes no aceptan el sistema buscando su superación poniendo
en riesgo la seguridad. Se afirma que por ello están extramuros de nuestras
reglas de Derecho, que se aplican a los ciudadanos, no a los enemigos. A Egunkaria, a sus
administradores y directivos, sin pruebas ni indicios racionales de ello, se
les consideró enemigos, y con ello bastó para que la Guardia Civil fantaseara
sobre la existencia de un entramado dedicado al blanqueo de fondos de ETA, del
que formaría parte Egunkaria junto al mayor grupo editorial de la
cultura vasca. El periodo de detención que sufrieron fue para no olvidar los
abusos que padecieron. Luego se emitieron informes policiales que no cumplían
con las exigencias legales de imparcialidad y objetividad. El modo de proceder
fue un auténtico proceso inquisitorial, de encuesta general, prohibido en el
actual Derecho español. Nos retrotrae a antes de 1881.
Pero, además,
hacían falta otros elementos en el imaginario. En ese ideario era piedra
angular considerar que el mundo de la cultura vasca y de la lengua vasca es
propio del enemigo y es potencialmente peligroso, salvo cuando está bajo el
control de las instituciones públicas. En el argumentario de la Guardia Civil
obrante en el proceso judicial, tanto en sus informes como en los
interrogatorios practicados en este sumario, subyace la convicción de que el
euskera y la cultura vasca extramuros de las instituciones están bajo el
control de ETA y su entorno y, por tanto, forman parte del MLNV y, además,
forman parte del entorno sociológico en el que se desarrolla y se nutre de
militantes y simpatizantes ese movimiento enemigo. Este sumario demuestra que
en el imaginario de la Guardia Civil, los movimientos y actividades de
iniciativa social, fuera de las instituciones, en torno al euskera y cultura
vasca, son un peligro potencial terrorista. Si no, ¿cómo se explica que hayan
sido objeto de investigación policial inquisitorial algunos de los máximos
exponentes no institucionales de la cultura vasca en lengua vasca, tales como
AEK y el mayor grupo editorial en lengua vasca y que se considere a las
ikastolas entorno de ETA?
¿No es todo esto
revelador de una actitud reiterada de ir contra el euskera y la cultura vasca,
contra la industria de la lengua y cultura vasca, por parte de los cuerpos
policiales encargados de la lucha antiterrorista, con el beneplácito de los
sucesivos ministros del Interior, sean populares o socialistas que no han hecho
nada para impedirlo? ¿Por qué es posible que esto ocurra? ¿Quién fomenta y
controla este imaginario en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Debe
existir un control democrático de la formación y del funcionamiento de los
cuerpos policiales que impida que se puedan repetir con impunidad este tipo de
conductas inadmisibles en un Estado de Derecho democrático en el que conviven
distintas lenguas y culturas.
Va siendo hora de
poner coto a este tipo de conductas, que en este proceso ha aflorado que no son
comportamientos patológicos aislados de un comandante y un capitán de la
Guardia Civil, sino modos de proceder del Servicio Central de Información de
este cuerpo policial durante nueve años y, por tanto, si no alentados,
consentidos por los estamentos superiores del Ministerio del ramo, sí
conocidos, que los conocen (la sentencia los sacó a la luz), no hace nada para
erradicarlos.
Otro día habrá
que reflexionar sobre el ejercicio abusivo de la acción popular por parte de
las asociaciones de víctimas, que fue otra de las anomalías significativas de
este proceso.
Félix Cañada, Pedro Ibarra, Ramón Zallo, Francisco Letamendía, José Manuel Castells, Xabier Ezeizabarrena y Jon Gurutz Olaskoaga
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