POR EL RETORNO DE LOS DESPLAZADOS

Vaya por delante el reconocimiento de la injusticia que representó la violencia y la presión coactiva de ETA. Una injusticia que se cometió en primer lugar contra las personas que sufrieron en carne propia el zarpazo de la llamada ‘violencia de motivación política’. A quienes se les quitó la vida, se les arrebató todo. También se cometió una injusticia terrible con todos  los que sufrieron la amenaza y la persecución por parte del mundo ideológico-político que durante décadas justificó tales prácticas. Es cierto que ese ambiente hostil lo extendieron por el conjunto del territorio vasco-navarro, pero quien realmente lo sufrió fue un conjunto heterogéneo e indeterminado de personas. La inmensa mayoría de los que sintieron de cerca la intimidación siguen entre nosotros, pues decidieron hacer frente con la ilusión puesta en la derrota de la estrategia de la violencia y el final de ETA. Cuando se habla de injusticias y de reparaciones nuestras instituciones deberían de tenerles en cuenta, aunque no formen parte de ningún proyecto de retorno. Un número no determinado de ciudadanos que  sufrieron esa misma amenaza no pudieron aguantar y optaron en contra de su voluntad por trasladarse a vivir a otros territorios. Es preciso reconocer también la injusticia que padecieron estos, y adoptar las medidas de reparación que puedan paliar las consecuencias de aquella decisión no querida. Huelga decir que muchas de las personas que optaron por este exilio forzado mantienen vivo su vínculo con su comunidad política. Quiero decir que el arraigo social, político y cultural con la comunidad no es principalmente una cuestión de censo electoral. Sin embargo, para la plenitud del arraigo, para una mayor y mejor vinculación es preciso remover los obstáculos que impiden la integración y la participación en la vida social, política y cultural. De ahí que si de verdad se quieren adoptar medidas dirigidas a superar la injusticia que representa la figura del ciudadano desplazado por razones de coacción terrorista,  se deberían priorizar a mi juicio dos actuaciones. En primer lugar, la aprobación de un Proyecto Retorno referido a estos ciudadanos, siendo el retorno su gran objetivo; expresión y símbolo del triunfo individual y colectivo sobre el terrorismo que les obligó a marcharse. En segundo lugar, una vez definida con claridad la figura del ‘ciudadano desplazado’, se deberían adoptar las medidas necesarias para configurar una relación aproximada de las personas que podrían tener derecho a acogerse a las medidas previstas para la efectividad del retorno. El proyecto de reforma de la ley electoral promovido por el ministro de Interior se ocupa del ámbito electoral, como si el derecho constitucional a la participación política tuviera solo la dimensión del sufragio activo o como si el triunfo sobre el terrorismo consistiese en votar como residente desplazado. El triunfo sobre el terrorismo debe ser buscado y expresado con el regreso de los llamados ‘exiliados de ETA’. El objetivo debe ser el retorno de todos aquellos que lo deseen. La reparación de las injusticias en el ámbito electoral debe efectuarse de tal forma que las medidas reparadoras no puedan ser usadas fraudulentamente para cometer otras injusticias. El principio de seguridad jurídica es el que debe guiar cualquier reforma de la ley electoral que pretenda establecer un régimen excepcional para un tipo de electores, cuya verificación no depende de criterios objetivos, sino de algo tan subjetivo como la declaración del solicitante que dice ser, sin necesidad de mínima prueba, elector desplazado de Euskadi o Navarra por la coacción terrorista. Es obvio que el principio de seguridad jurídica en este caso no puede quedar subordinado a algo tan insólito como es la ‘presunción de veracidad del solicitante’, sin el mínimo control de veracidad de dicha declaración. Lo peor que les podría pasar a los auténticos desplazados es que la opción prevista en la propuesta del  Ministerio de Interior fuese ejercitada fraudulentamente por quienes se marcharon de Euskadi y Navarra por razones distintas a la coacción de ETA

Xabier Gurrutxaga (2012-07-26)