ATAQUES A LA NEUTRALIDAD DE INTERNET

El 27 de junio se presentaban las conclusiones del grupo de expertos “de alto nivel" que el Ministerio de Industria ha creado para reformular la agenda de políticas públicas para internet. El informe apela a la competitividad y la internacionalización de las empresas españolas para proponer mayor liberalización del sector, que pasaría por la autorregulación entre proveedores de servicio, operadores y otras partes implicadas, sin control público. Entre las recomendaciones destaca la de desactivar la protección de la neutralidad de la red, medida que fue solicitada al Gobierno desde el Senado en 2010 pero que aún está a la espera de ser concretada legalmente.

Que internet sea neutral es uno de sus principios básicos y garantía de la igualdad de acceso, la libertad de información y la privacidad. Una red es neutral cuando no interpreta lo que pasa por ella, sino que se ocupa sólo de transmitir bits de información. En internet, cada paquete de bits es tratado de la misma forma, sin discriminación según el contenido o la tecnología que se utilice, ni penalizaciones en determinados servicios para favorecer a otros. Hasta hace pocos años era un principio incuestionable, considerado vital para la innovación, pero precisamente algunas de estas innovaciones traen ahora la controversia: la tecnología VoIP (voz sobre IP, es decir, a través de internet) y las redes P2P, que permiten que el sonido y el vídeo viajen con más velocidad a través de la red. De esta manera, aplicaciones tan populares como Skype o Whatsapp permiten efectuar llamadas y mensajes de texto desde dispositivos móviles sin que las empresas de telefonía obtengan ingresos.

Los intereses que representa la comisión de expertos que Industria considera “de alto nivel” son fácilmente deducibles. Entre los 13 elegidos se encuentran altos cargos de empresas de telefonía (Vodafone y Telefónica), de proveedoras de infraestructura (Ericsson, IBM, Indra) y de servicios (Acens, Google).

El informe también propone dejar de contribuir a la financiación de RTVE y no pagar las tasas por utilización de espectros de honda. El profesor de Informática de la Universidad Autónoma de Madrid, Simone Santini, explica cómo está claramente de lado de las empresas de telecomunicaciones: “Se habla muy poco de las empresas que crean contenidos y mucho de las que gestionan la infraestructuras, de sus inversiones”. El informe lamenta que “los incrementos de valor generados por los despliegues de nuevas redes no serán capturados por los agentes que realizan la inversión” y los cambios que proponen se dirigen a recuperar sus inversiones.

Entre los expertos sólo una persona tiene relación con la industria de los contenidos (el presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales), a pesar de que la neutralidad en la red ha sido siempre objeto de disputa entre operadores y proveedores. Además, “la ausencia de los consumidores y de la parte de la sociedad civil y los servicios públicos hace que tome un enfoque empresarial y de beneficio”, lamenta la activista Simona Levi, de la plataforma X.net.

La apuesta de Industria por este tipo de asesoría no es novedad: hace unos meses DIAGONAL informaba de las coincidencias entre un informe que Telefónica encargó a una consultora y el plan del Gobierno para aglutinar en una Comisión Nacional de Mercados y Competencia todas las agencias reguladoras españolas, lo cual también ponía en riesgo la neutralidad.

Las medidas propuestas podrían dar lugar a que se estableciesen modelos con diferentes prestaciones: “pagaríamos más por las cosas que nos interesan más o para acceder a páginas sin mucho poder financiero”, según Santini. Por otro lado, la posibilidad de fusión o acuerdos entre las empresas de telecomunicaciones con los proveedores de servicios y aplicaciones crearía “las condiciones para la creación de carteles y de monopolios casi absolutos”. También habría consecuencias políticas, pues “las empresas podrán decidir qué opiniones se difundirán” si marcan con sus políticas de precios y prestaciones qué tipo de informaciones serán más rápidas o baratas de difundir. No proteger la neutralidad abre la puerta a abusos contra las libertades en internet. Así, el Gobierno podría acceder al contenido de lo que circule a través de la red, “ya sea a través de un servicio de observación o consiguiendo los datos de las empresas”. La activista Simona Levi, va más allá: si la red deja de ser neutral, “no podremos autoorganizarnos, autoinformarnos, ni crear sociedades democráticas sin intermediarios”.

La neutralidad está en entredicho en toda Europa. Los usuarios denuncian a diario ataques por parte de las empresas de telecomunicaciones en el portal respectmynet.eu y, según un informe de organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC), uno de cada tres operadores restringe el tráfico P2P y uno de cada cuatro compañías de móvil prohíbe la VoIP, ya sea técnicamente o por contrato.

De momento, “la UE no tiene una política clara pero, hasta hoy, se ha orientado a mantener la neutralidad”, según Santini. Recientemente, la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la Agenda Digital Neelie Kroes ha negado que sea necesario legislar la neutralidad a nivel europeo, pero admite que en algunos países la protección es insuficiente. En este sentido, el profesor Santini considera que “la red debe ser declarada un bien público, fuera del alcance de la especulación”. Simona Levi recuerda que “los servicios de telecomunicaciones fueron privatizados a cambio de que llegaran a toda la población” y por ello deben “respetar la esencia de internet. Es como si los que gestionan el agua no debiesen garantizar que fuera potable porque les sale demasiado caro”.

Chile es el primer país del mundo en aprobar una ley para garantizar la neutralidad (en agosto de 2010) y recientemente Holanda ha emprendido acciones en la misma línea, pero en los últimos años empresas y gobiernos han tratado de imponer mecanismos que la pasan por alto. Levi defiende que “los ataques a la neutralidad y aquellos que tienen como excusa la propiedad intelectual y el ciberterrorismo buscan impedir la libertad y la democracia que internet ha traído”. De ello son muestra iniciativas legislativas como SOPA y CISPA en EE UU o el acuerdo ACTA, impulsado por EE UU, la Comisión Europea, Suiza y Japón a nivel mundial.

Precisamente el pasado 4 de julio el Parlamento Europeo rechazaba el ACTA, tras un largo proceso que comenzó en 2007 y ha estado marcado por el secretismo y las protestas ciudadanas. El colectivo activista La Quadrature du Net habla de “blanqueo político”, es decir, denuncian que con ACTA se utiliza las organizaciones internacionales para situarse por encima de las instituciones y eludir el debate democrático acerca de la neutralidad de la red. Las movilizaciones ciudadanas pueden haber incidido en el recorrido del ACTA por Bruselas. Sin embargo, en varios países de la Unión, entre ellos España, ya fue ratificado hace meses. Además, el 12 de julio, el gobierno de México, donde también hay una fuerte oposición ciudadana y el Senado había votado en contra, firmó su adhesión.

De cualquier manera, queda por ver en qué medidas legislativas concretas podría traducirse este acuerdo y las presiones empresariales en cada país de la Unión Europea. Por lo pronto, en el Estado español, los primeros meses de aplicación de la Ley Sinde-Wert han demostrado su escaso impacto para eliminar el intercambio de archivos. Según admitió a finales de junio el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, “ninguna ley puede garantizar la propiedad intelectual más de tres meses por la velocidad con la que de desarrolla la tecnología”.
Diagonal