El arraigo sociológico del bipartidismo oligárquico de colorados y liberales
es la clave para comprender la facilidad con la que el Congreso ha dado el
golpe. Su objetivo, cerrar un proceso de cambio que había abierto espacios de
democratización y acumulación de fuerzas populares. La destitución «exprés» del
presidente paraguayo, Fernando Lugo, por parte del Congreso el pasado 22 de
junio, mostró de manera descarnada la soberbia y la prepotencia de los que nunca
dejaron de mandar en el país. Después de más de una veintena de amenazas de
juicio político a lo largo de estos cuatro años de mandato, finalmente
terminaron consumando el golpe parlamentario.
El golpismo y la prepotencia quedan en evidencia cuando revisamos los
«motivos de la destitución» del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ya que
una de las cinco razones para defenestrarlo fue haber firmado el Protocolo de
Ushuaia en el año 2011, que es un instrumento jurídico del Mercosur a favor de
la democracia y contra los golpes de Estado, para evitar golpes como el de
Honduras de 2009. Es decir, el Congreso destituye a Lugo, entre otras razones,
por firmar protocolos contra los golpes de Estado en la región. La diferencia
con Honduras, como muy sarcásticamente confesó el exvicepresidente Federico
Franco, hoy presidente de facto, es que «a Zelaya se lo llevaron de su casa, por
la noche y en pijama».
¿Cómo es posible que en 24 horas expulsen a un Gobierno electo? En
primer lugar, hay que recordar que el Gobierno de Lugo era una anomalía en la
estructura del poder realmente existente en Paraguay y por lo tanto un elemento
indeseable para los poderes fácticos, a pesar de su perfil moderado. Un
Ejecutivo excesivamente heterogéneo (desde la izquierda marxista hasta la
derecha liberal) se enfrentaba a una estructura de poder sólida y estable en el
tiempo.
El arraigo sociológico del bipartidismo oligárquico de colorados y liberales
es uno de los elementos claves para comprender la facilidad con la que el
Congreso ha consumado el golpe. Los dos partidos que se han repartido el poder
político durante 130 años (1880-2008) continúan siendo los dos partidos
mayoritarios, con alrededor del 75% de los congresistas. Si a esto sumamos, los
representantes de los otros dos partidos de derecha, UNACE (escisión colorada
por la derecha) y Patria Querida (derecha «moderna»), llegamos a un 95%, con lo
que la izquierda aparece como un mero accidente porcentual.
Las viejas redes clientelares rurales y urbano-marginales siguen siendo
sumamente efectivas a la hora de movilizar electoralmente a las masas, para asegurar
la dominación política de los partidos de la oligarquía. Las últimas elecciones
departamentales y municipales de 2010 (2 años y medio después de la victoria de
Lugo) lo corroboran, ya que el bipartidismo copó 16 de las 17 gobernaciones y
más de un 95% de las alcaldías. En este contexto, la victoria de Lugo en abril
de 2008, que sin duda era reflejo de un deseo de cambio, choca frontalmente
contra una estructura política oligárquica todavía muy enraizada.
Este control absoluto del Poder Legislativo por parte de los grupos de la
derecha durante tantos años, ha posibilitado realidades tan inauditas como que
todavía no se pague impuesto sobre la renta y que redujeran hace unos años el
impuesto empresarial del 30% al 10%. Todo un plantel funcional para los
auténticos detentadores del poder, la red empresarial que inspiró, alentó y
posteriormente justificó la expulsión de Lugo.
¿Quiénes son? Los diversos grupos de poder económico en Paraguay han
jugado un papel central en el golpe y son, en consecuencia, los grandes
beneficiados. Por una parte, tenemos a la rancia oligarquía terrateniente, que
se enriqueció en gran medida gracias al expolio de tierras que se produjo en la
dictadura stronista (Alfredo Stroessner, 1954-1989) y que se articula con el
pujante agronegocio de exportación de soja y de carne de vacuno.
En alianza con estos, la presencia del oligopolio transnacional de
agrotóxicos y semillas transgénicas es cada vez más fuerte, principalmente de
Monsanto y Cargill. Diversos analistas, apuntan a estas dos corporaciones como
partes integran- tes de la trama golpista. A su vez, hay que señalar la
importancia de los «brasiguayos», más de 350.000 colonizadores de tierras de
origen brasileño (más de un 5% de los habitantes de Paraguay) que tienen el
control de facto de una parte de las tierras fronterizas con Brasil y que hoy
día son nuevos terratenientes con un gran poder de influencia, tanto en Asunción
como en Brasilia.
Los gremios empresariales que los defienden, fundamentalmente la retrógrada
Asociación Rural del Paraguay (ARP), junto al representante de la
proto-burguesía industrial parasitaria del país, la Unión Industrial Paraguaya
(UIP), rápidamente emitieron declaraciones favorables a la destitución de Lugo y
a la imposición de Franco. Sin ningún tipo de filtro discursivo se jactaron de
que el nuevo administrador del Estado, Federico Franco, sería mucho más
obediente a los dictados del capital.
A esta maraña de poderes fácticos hay que sumar a los narcotraficantes, a los
que el difunto Tomas Palau les otorgaba una relevancia creciente. De hecho, el
precandidato más importante del Partido Colorado, Horacio Cartés, está acusado
de ser miembro del narco y en estos días ha sido señalado como uno de los
principales arquitectos del golpe contra Lugo. El círculo se cierra con los
grandes medios de comunicación empresarial, que en la última semana han ejercido
de voceros del golpismo. Entre ellos, el director del reaccionario periódico
«ABC Color», Aldo Zucolillo, un personaje oscuro que sigue utilizando el clásico
discurso anticomunista de hace 50 años, ha jugado un papel central. Su diario ha
instigado repetidamente al golpe de Estado durante los cuatro años de mandato de
Lugo, con absoluta impunidad, delito que en otros países le hubiera supuesto una
visita prolongada a la cárcel.
¿Pará qué? El golpe cumple varios objetivos. Por una parte, deja al
Frente Guasu, coalición de partidos de izquierda que acompañaba Lugo, fuera de
las fuentes de financiación principal: las arcas del Estado. Hay que tener en
cuenta que las presidenciales serán en abril de 2013. Por otra parte, se deshace
de un Ejecutivo que aunque era notablemente tibio, no representaba cabalmente
sus intereses. Y lo más importante, intenta cerrar por la vía autoritaria un
proceso de cambio que trasciende al Gobierno y que había abierto espacios de
democratización y acumulación de fuerzas populares, nunca vistos en
Paraguay.
Mensaje continental. Los golpistas, premeditadamente o no, han enviado
también un mensaje a la región, al incluir la firma del Protocolo de Ushuaia
como un motivo para la destitución de Lugo. Se convierte en una provocación a
las instituciones de integración como Mercosur y Unasur, que pretendían blindar
la región de más golpes, después de lo ocurrido en Honduras.
A pesar de la dureza inicial que manifestaron casi todos los países, según
avanzaban los días solo el eje bolivariano se ha mantenido firme, planteando la
expulsión e incluso el bloqueo económico si no se reinstauraba el Gobierno
democrático. Si no logran consensuar medidas drásticas, la oligarquía paraguaya
terminará burlándose de todo el continente y evidenciará la fragilidad de la
actual arquitectura de integración latinoamericana.
Luismi Ugarte,sociólogo, en GARA
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