Este era hasta 2010 uno de los supuestos en los que estaba despenalizado el aborto en España. Actualmente, con la ley de plazos que aprobó el Gobierno socialista y que el Ejecutivo de Rajoy quiere modificar, las mujeres pueden interrumpir su embarazo por anomalías fetales graves hasta la semana 22 de embarazo —con el dictamen de dos médicos—. Después de ese tiempo, y sin límite, solo si el feto sufre “una enfermedad extremadamente grave e incurable”. Un supuesto que puede incluir desde cardiopatías severas o tumores hasta anomalías en la formación de los surcos cerebrales. Patologías que debe atestiguar y revisar un comité médico designado por las autoridades.
“No estamos hablando de ceguera o que le falte una mano”, apunta Luis Enrique Sánchez, presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal. “Se estaría negando a la familia el derecho a decidir cuándo se enfrenta a enfermedades que hacen imposible que el bebé pueda vivir más de unas horas, o que hace casi inviable que la persona salga de un hospital. Si esto sale adelante, va a producir mucho sufrimiento”, dice.
Los expertos de organizaciones de planificación familiar, como Sánchez, y de defensa de la sanidad pública alertan del grave retroceso que supondría la reforma de la ley. Una vuelta atrás iniciada con la intención de acabar con la regulación que permite a la mujer abortar sin justificar su decisión durante las primeras 14 semanas de gestación. Una normativa que se elaboró siguiendo el ejemplo de la mayoría de los países europeos. “El cambio supone un ataque contra los derechos de las mujeres y un alejamiento del camino de los países democráticos”, incide Isabel Serrano, portavoz de la plataforma Decidir nos hace libres —que agrupa a 220 asociaciones—. “Nos están poniendo en la situación de que la gente tenga que recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, sigue. Eso fue, precisamente, lo que obligó a Irlanda, tras varias sentencias europeas, a incluir en su regulación el supuesto de riesgo para la salud de la madre.
Así, en Francia, Alemania, Grecia o Reino Unido —incluso Polonia— existe el supuesto por anomalías fetales, además, sin límite. Allí, como en España, las mujeres precisan del dictamen médico para interrumpir su embarazo. En otros, como Suecia o Dinamarca, las mujeres tienen esta opción hasta la semana 24 de gestación.
Gillian Kane, experta de la organización internacional IPAS, que trabaja en programas para prevenir las consecuencias del aborto inseguro, se muestra preocupada por la deriva que, si cristaliza, puede tomar la nueva regulación española. “Cómo se hará. ¿Se va a distinguir cada tipo de patología? Eso es muy complicado y puede tener consecuencias graves”, sostiene. Pocos países del mundo tienen así acotadas sus leyes. Es el caso de Brasil, un país que hasta hace poco solo autorizaba el aborto por riesgo para la salud de la mujer pero que ahora acepta también las interrupciones del embarazo en los casos de anencefalia (una grave anomalía que implica nacer sin cerebro).
También Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, alerta sobre este problema. Además, afirma, esto puede reintroducir el ‘turismo abortivo’. Como cuando hace 30 años las mujeres se veían obligadas a viajar a Londres para interrumpir su embarazo. La Plataforma de Mujeres ante el Congreso se muestra asimismo muy crítica con la futura reforma. “Se esté produciendo un grave retroceso en los derechos tan duramente conquistados en las últimas décadas”, critica Laura Montero, su portavoz.Las preguntas de Kane, sin embargo, aún no tienen respuesta. Justicia aún está elaborando su proyecto de ley, y no las ha aclarado. Mientras, los expertos recuerdan los estudios de la Organización Mundial de la Salud que muestran que en los países con leyes más restrictivas no se reduce el número de abortos, y sí aumentan las prácticas inseguras.
María R. Sahuquillo, en El País
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