En completo estado de shock. Así se quedaron las fuerzas progresistas paraguayas
tras ver cómo en apenas 30 horas el Gobierno de Fernando Lugo era expulsado del
poder mediante una versión ampliada y mejorada del golpe de estado institucional
que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya en 2009. Honduras entonces y
Paraguay ahora muestran el modelo de golpes del siglo XXI: incruentos en el
momento (aunque no posteriormente, como se ha demostrado en Honduras);
periódicos en lugar de tanques; manipulación de un entramado jurídico
escasamente democrático y, finalmente, el asentimiento internacional para
legitimar la subversión de lo decidido en las urnas.
La historia del Paraguay es la historia de cualquier país pobre y se ha
contado mil veces: recursos ingentes (soja y algodón, carne y electricidad) en
manos de una pequeña oligarquía mientras el resto vive en la pobreza o en la
miseria absoluta. Paraguay tuvo en 2010 el segundo crecimiento del Producto
Interior Bruto más alto del mundo, con un 14%. Los beneficios fueron para las
600 familias que controlan el país, mientras que el 53% de los más de seis
millones de habitantes vive en la pobreza y el 19,4% se sitúa en la pobreza
extrema (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2011).
En 2008, la Alianza Patriótica para el Cambio, un frente progresista
encabezado por el exobispo Fernando Lugo, ganó las elecciones y alcanzó por
primera vez la Presidencia. Aunque el Partido Colorado ha sido el hegemónico –es
el único que hasta ese momento había gobernado- el resto de los denominados
‘partidos tradicionales’ (Partido Liberal, UNACE, Patria Querida…) se
beneficiaba del poder a través de su presencia en el Senado, Congreso, gobiernos
departamentales, ayuntamientos y otras instituciones. A nivel ideológico no hay
diferencias: terratenientes ultraconservadores y/o capitalistas neoliberales con
ninguna sensibilidad social y fuertemente personalistas. Sus cúpulas están
copadas por grandes empresarios, terratenientes y agroindustriales, con unas
prácticas que bordean lo delictivo o caen de lleno en ello. Los medios de
comunicación de masas están en sus manos. El 80% de la ciudadanía se informa a
través de la televisión, cuyas cadenas son propiedad de esta oligarquía,
mientras que tan sólo el 10% tiene acceso a Internet, por donde circula la
información alternativa (Latinobarómetro).
Esta casta dominante es la que ha impedido que exista un impuesto sobre la
renta, la que ha deforestado el 90% del país para dedicarlo al agronegocio, la
que impone un gravamen a las exportaciones de tan sólo el 3% cuando lo habitual
es un 30%, la que no invierte en economía productiva y se dedica a la
importación y exportación, actividades que no aportan valor añadido… Todo ello
con la anuencia de multinacionales, gobiernos occidentales, Banco Mundial y
Fondo Internacional. El resultado es un estado prácticamente inexistente e
incapaz de cubrir las necesidades más básicas de una población mayoritariamente
pobre.
Puerta a la esperanza
El triunfo de 2008 supuso una pequeña puerta a la esperanza, pero el nuevo
gobierno nacía maniatado. El Senado y el Congreso estaban en poder de la
oligarquía. Tan sólo cuatro representantes eran progresistas. La causa de este
desequilibrio es únicamente atribuible a la propia Alianza, cuyos partidos
concurrieron por separado a las elecciones parlamentarias, dispersándose el
voto. Además, para lograr la Presidencia se pactó con los liberales, a quienes
se cedió la Vicepresidencia. Un acuerdo contranatura que ha originado que hoy el
presidente golpista de Paraguay sea el hasta ahora vicepresidente de Fernando
Lugo, el liberal Federico Franco.
Aunque la acción de Gobierno de Fernando Lugo ha sido muy tímida, algunas
iniciativas han permitido un cierto empoderamiento de las clases populares y,
sobre todo, proyectaban la sensación de que había futuro y de que éste iba a ser
mejor que el pasado: gratuidad en la precaria atención sanitaria, abolición de
la tasa de matrícula
en la educación pública, desayuno en los colegios en un país donde buena parte
de la infancia hace tan sólo una comida al día…
Estas medidas fueron respondidas con una violencia extrema por parte de la
oligarquía. Los políticos y su coro mediático acusaron al Gobierno de incitar a
la lucha de clases, de ser agente del comunismo internacional, títere de Chávez…
Al mismo tiempo, las bases populares que llevaron a Lugo al poder le pedían que
profundizara en las reformas estructurales.
La expulsión de Fernando Lugo estuvo siempre en el ambiente. De hecho, la
Embajada de Estados Unidos alertaba en 2009 de la posibilidad de un golpe de
estado, según los papeles de Wikileaks. Sólo era cuestión de esperar a que
ocurriera un suceso al que aferrarse para asaltar el poder. Esperar a que
ocurriera…, o provocarlo.
Matanza en Curuguaty
El 15 de junio, el desalojo de unos 400 carperos –nombre del movimiento de
campesinos sin tierra en Paraguay y que hace referencia a las ‘carpas’ o tiendas
con las que se instalan en las tierras ocupadas- de una finca de un oligarca
colorado acabó con once campesinos y seis policías muertos y más de 40
heridos.
Según versiones de la prensa, los carperos recibieron a balazos a los
agentes. Este relato no concuerda con los antecedentes. En Paraguay, un país
eminentemente agrícola en el que el 80% de la tierra cultivable está en manos
del 2% de la población, las ocupaciones de tierra son frecuentes. Los campesinos
nunca han recibido a tiros a la policía ni poseen armas automáticas. Tampoco
parece muy verosímil que sean capaces de realizar disparos a la cabeza y el
cuello a 30 y 40 metros de distancia. De hecho, la primera línea policial acudió
con las armas enfundadas y a paso tranquilo para dialogar con los carperos, como
suele hacer en estos operativos.
Provocado o no, la oligarquía ya tenía en sus manos el suceso que tanto había
esperado. Sin esperar a las investigaciones judiciales, comenzó a preparar el
golpe exprés que en una semana acabaría con Lugo. Los medios de comunicación
fueron el arma de destrucción masiva utilizada. Desde el primer momento
instalaron dos mensajes: Fernando Lugo era el responsable de la matanza de
Curuguaty y Fernando Lugo sería también el responsable de los estallidos de
violencia que se producirían si no renunciaba. Miedo y culpabilización a partes
iguales.
La incipiente red de medios públicos creada por el Gobierno, con una
penetración mínima, era incapaz de contrarrestar el monopolio informativo de
facto. El papel de los grandes emporios de comunicación en estos nuevos golpes
de estado obliga a repensar la necesidad de contar con medios públicos y
privados de gran difusión para apoyar con un mensaje propio los procesos
democráticos.
La cúpula de la Iglesia Católica también jugó su papel. La víspera del juicio
político a Fernando Lugo, los obispos del país pedían a Fernando Lugo que
renunciara para evitar “la violencia y el derramamiento de sangre”. La jerarquía
eclesiástica se plegaba a la estrategia golpista de propagar el miedo entre la
población y de culpar de una eventual violencia a quien no la había
originado.
El golpe
El viernes 22 de junio, a las 17 horas, Fernando Lugo era destituido por el
Senado mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. El juicio
político es una figura constitucional contradictoria en un régimen
presidencialista como el paraguayo y que se torna en aberrante al carecer de ley
o reglamento que lo desarrolle. De esta forma, los cargos electos sometidos al
juicio político no saben a qué atenerse ni cómo van a ser juzgados, lo que
supone una vulneración del debido proceso que asiste a todos los ciudadanos en
cualquier procedimiento y, en consecuencia, el quebrantamiento de un derecho
humano fundamental.
Muchas constituciones latinoamericanas están plagadas de estas auténticas
‘minas’ jurídicas colocadas para evitar el acceso de clases populares al poder,
inevitablemente articuladas en torno a un líder carismático dadas las
condiciones socioculturales del subcontinente. Con estas disposiciones se busca
defenestrar al líder para destruir al movimiento. Por ello, es fundamental que
las fuerzas de progreso acometan reformas constitucionales en profundidad una
vez que lleguen a los gobiernos y tengan una mayoría parlamentaria
suficiente.
Lugo no tuvo más que 24 horas para preparar su defensa y sus abogados tan
sólo dos horas para intervenir ante el Senado. Entre las acusaciones, apoyar
delitos y actos de violencia, respaldar a grupos terroristas, querer acabar con
la democracia e imponer un partido único, atentar contra la soberanía del país,
incitar a la lucha de clases… A la hora de demostrar con pruebas estos cargos,
el documento fiscal señala que las acusaciones “son de pública notoriedad,
motivo por el cual no necesitan ser probadas”. El juicio se llevó a cabo con el
concurso indispensable de los liberales, que hasta el día anterior formaban
parte del gobierno de Lugo.
De nuevo, en Latinoamérica se vulneraba la legalidad para expulsar a un
presidente que había sido elegido por el pueblo en unas elecciones libres,
democráticas y transparentes. Técnicamente, un golpe de estado.
Nada más acabar la votación, la policía dispersó con agua a presión y gases
lacrimógenos a las 10.000 personas que se agolpaban frente al Parlamento,
vigiladas durante todo el día por francotiradores en los tejados. En la mente de
todos estaba el Marzo Paraguayo de 1999, cuando siete personas fueron asesinadas
en esa misma plaza mientras protestaban de forma pacífica contra el gobierno de
Cubas Grau.
En realidad, la carga no iba dirigida contra la multitud, sino contra el
presidente Lugo. Era una advertencia de lo que podía ocurrir si se resistía al
golpe. Pocos minutos después, Fernando Lugo comunicaba al país su renuncia.
Después, el hasta entonces vicepresidente Federico Franco juraba en el mismo
Parlamento como presidente frente a un puñado de senadores, en contraste con la
toma de posesión de Lugo, cuatro años antes, arropado por decenas de miles de
personas.
Los obispos daban el último espaldarazo al golpe con una ‘Eucaristía por la
Paz’ celebrada al día siguiente en la catedral de Asunción, situada justo frente
al Parlamento, a la que asistió en primera fila el presidente golpista con su
esposa. La fotografía de Federico Franco en esa misa pasará a la misma colección
que las del dictador Francisco Franco entrando bajo palio a la iglesia o
Pinochet comulgando. Esa misma catedral mantuvo sus puertas cerradas la tarde
anterior cuando miles de personas intentaban entrar para huir de los gases
lacrimógenos y los chorros de agua.
El golpe estaba consumado. A diez meses de las elecciones –el próximo 21 de
abril- la oligarquía vuelve a controlar los resortes del poder –ministerios,
secretarías de Estado, fuerzas policiales y militares, presupuesto, medios
públicos, sectores estratégicos…-.
La resistencia se organiza
Lentamente, el frente democrático comienza a reaccionar. Pasado el shock
inicial, los partidos de izquierda y progresistas y las organizaciones y
movimientos sociales han creado el Frente Nacional para la Defensa de la
Democracia y una red de información (la página oficial que centraliza todas las
noticias es www.paraguayresiste.com). La
acción interior y la presión exterior –con Argentina a la cabeza, en
contraposición con el Gobierno de España, uno de los primeros en avalar al nuevo
Ejecutivo- se combinan. Fernando Lugo ejerce como símbolo de la legitimidad
democrática.
Revertir la situación a corto plazo es casi imposible. El horizonte está en
las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril. El reto es conseguir
que el Frente Nacional para la Defensa de la Democracia se transforme en una
plataforma unitaria que presente un candidato de consenso y, sobre todo, unas
listas unitarias al Congreso y al Senado para evitar la situación de
insuficiencia parlamentaria de estos cuatro años. De esta forma, no sólo se
conseguirá volver a tomar el poder, sino que la izquierda transformadora habrá
salido reforzada y podrá continuar, ya de forma decidida, el proceso de cambio
democrático iniciado en abril de 2008.
Alejandro Fierro, periodista (para Rebelión)
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