La sociedad hondureña está conmocionada por el asesinato en menos de 24 horas de dos conocidos defensores de los derechos humanos dedicados a proteger a campesinos en un antiguo litigio con varios terratenientes del Valle del Aguán, al sur del país.
Los asesinatos se produjeron en incidentes separados. El domingo Antonio Trejo Cabrera, un abogado defensor de los campesinos quien recientemente había solicitado medidas de protección para él y sus familiares, recibió varios disparos que acabaron con su vida. El lunes, el fiscal encargado de Derechos Humanos en la ciudad Choluteca, Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, era acribillado con 11 balazos.
Los crímines además de generar preocupación en el Gobierno hondureño, han llamado la atención del Departamento de Estado de EE UU. Trejo, el abogado indigenista, había enviado un documento a Washington en el que apuntaba a los responsables de lo que pudiera pasarle. “De sucederme algo a mí, a mis bienes o a mi familia, responsabilizo a los señores Miguel Facussé (...), quienes pueden atentar contra mi vida mediante sicariato, ya que saben que las demandas que hay en su contra están prosperando y los campesinos van a recuperar las tierras que les despojaron ilegalmente”, señala el documento. Facussé, un poderoso terrateniente local, rechazó la acusación y clamó por su inocencia en el crimen mediante anuncios pagados en la prensa. El ministro de Seguridad hondureño, Pompeyo Bonilla, aseguró que el Ejecutivo está “moviendo toda la gente necesaria para llegar hasta los responsables”.
Según datos revelados por un informe del Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) entre 2011 y lo que va del 2012 al menos 30 profesionales del derecho perdieron la vida de forma violenta en crímenes que no han sido esclarecidos por la justicia. La cifra se eleva a 80 abogados asesinados retrocediendo a años anteriores. Los expertos apuntan al alto grado de impunidad del que gozan los sicarios dado que el 95% de los asesinatos no se traducen nunca en una condena.
“Esta es la situación que prevalece en Honduras y debería ser motivo de escándalo internacional”, declaró a este periódico Benjamín Cuéllar, del Consejo de Directores del Centro Internacional para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Las recientes muertes violentas de Manuel Díaz y Antonio Trejo, respectivamente, son los últimos acontecimientos trágicos que se suman a una ola de represión en la cual se incluyen también periodistas, trabajadores del campo, sindicalistas, líderes políticos y demás”, añadió. Cuéllar subrayó que “esta represión contra el pueblo hondureño se agudizó con el golpe de Estado de junio del 2009 [destitución de Manuel Zelaya] y se mantiene durante la presidencia de Porfirio Lobo. No queda más que condenarla y llamar a la comunidad internacional solidaria, a los sistemas regional y universal de derechos humanos, así como a los Gobiernos democráticos para que reclamen un alto a los atropellos contra la dignidad de los hondureños”.
Juan José Dalton, en El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario