La reforma legal que promueve el ministro Wert tiñe la enseñanza con
una interpretación ideológica, prolonga el constante cambio, dañino para
la calidad educativa, y limita el autogobierno navarro
lA contrarreforma
de la Ley Orgánica de Educación que prepara el ministro José Ignacio
Wert supone en la práctica la utilización de la mayoría absoluta del PP
para echar marcha atrás en los principales aspectos contenidos en la
reforma que el Gobierno de Zapatero sacó adelante hace seis años, con un
amplio consenso y con el único voto en contra de los populares.
Y lo hace además con la misma impronta ideológica que animó a la
ministra Pilar del Castillo, valiéndose del rodillo de la misma mayoría
absoluta durante el segundo mandato del Gobierno de Aznar, para intentar
entonces echar por tierra la LOGSE que había modernizado la educación
en el Estado durante la década anterior, aunque este cambio no llegó a
aplicarse porque el PP perdió antes el poder, en las elecciones del 2004
que derrumbaron al aznarismo. Pero ahora el ministro Wert recupera la
tarea pendiente de peinar los contenidos curriculares. La
legislación educativa que había permanecido en el Estado español
inmutable durante más de un siglo ha ido viéndose alterada desde la
transición por el signo político del partido de turno en el Gobierno, lo
que de hecho impide consolidar directrices educativas y somete la
enseñanza al vaivén de una interpretación ideológica ajena a objetivos
pedagógicos. Y es precisamente esa interpretación ideológica -y no, como
pretende Wert, el afán de asegurar una educación común para
todas las comunidades- la que está detrás del efecto recentralizador de
esta reforma, que pretende rebajar aún más las competencias de Navarra
para diseñar sus propios contenidos curriculares al reducir esta
facultad autonómica. Su reforma, camuflada en el objetivo de reducir el
fracaso escolar, está encaminada en realidad a satisfacer una aspiración
histórica de la derecha española para hacer pasar por el aro del café para todos
a la totalidad de los sistemas autonómicos y de garantizarse una
centralidad ideológica en una materia tan sensible como la educativa. Y
esta reforma se presenta además el mismo día que el ministro Alberto
Ruiz de Gallardón presenta un endurecimiento del Código
Penal, bajo los mismos parámetros regresivos y con argumentos de un
populismo que tumban. Las asignaturas pendientes de la derecha hacen
cola.
Editorial del Diario de Noticias
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