No parece haberse explorado a fondo el papel que jugaron los civiles en la
conspiración que a lo largo de más de tres años culminó con el golpe militar de
septiembre de 1973, cuando se abrió la puerta a una dictadura que cambió
profundamente a Chile. Los “generales civiles” no trepidaron en producir el caos
y, luego, respaldar sin mayores escrúpulos las atrocidades salvajes que se
prolongaron diecisiete años. Muchos de ellos se enriquecieron y hasta hoy eluden
responsabilidades y vergüenzas. Se las ingeniaron para empujar a los militares y
para ejecutar la política que más convenía a los intereses de la oligarquía.
A la cabeza de la conspiración estuvo Agustín Edwards Eastman, ya entonces
director propietario de la cadena El Mercurio y cabeza de un grupo
económico. Edwards sufrió una verdadera conmoción por el triunfo de Salvador
Allende y la derrota del candidato derechista, Jorge Alessandri. Había creído en
las encuestas
y en las opiniones de Edward Korry, embajador de Estados Unidos. Las peores
pesadillas parecían materializarse. El Mercurio había planteado que la
decisión del pueblo se daba entre democracia y comunismo. Había triunfado el
comunismo. Y eso era lo que temía Edwards. Dos años antes, cuando el general
Roberto Viaux se había acuartelado en el Regimiento Tacna tratando de derribar
al presidente Eduardo Frei Montalva, el dueño de El Mercurio -según se
dice- conspiró en las sombras. Y para asegurarse, había viajado a Estados
Unidos.
En septiembre de 1970, el propietario de El Mercurio -que había vivido
en Estados Unidos- decidió viajar a Washington. Lo invitaba su amigo, el
principal ejecutivo de Pepsi Cola, cercano al presidente Richard Nixon. Su
objetivo era hablar con el presidente de Estados Unidos. Y lo consiguió. La
entrevista fue breve pero específica. Edwards pidió a Nixon que interviniera
para que Allende no pudiera ser presidente de la República, haciendo que el
Congreso chileno, que debía decidir entre las dos primeras mayorías relativas, o
sea entre Allende y Alessandri, eligiera al segundo. Nixon estuvo de acuerdo. Y
no era para menos, porque prácticamente desde el mismo 4 de septiembre -como lo
reveló el Informe Church-, Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger,
estaban diseñando con la CIA medidas de urgencia, con fondos ilimitados para
cerrar el paso a Allende por cualquier medio. Incluyendo, implícitamente, el
asesinato.
Edwards, entretanto, decidió quedarse en Estados Unidos, trabajando en una
subsidiaria de Pepsi Cola. Sólo volvió a Chile en 1975. Dejó en todo caso a dos
peso pesado a cargo del negocio periodístico: Arturo Fontaine Aldunate, un
ideólogo de la derecha, y como director a René Silva Espejo, experimentado
redactor político con relaciones con oficiales del ejército y la Fach. Una
práctica que el propio Edwards cultivaba esmeradamente como miembro de una
cofradía náutica. El Mercurio libró una lucha sin cuartel contra el
gobierno del presidente Allende y la Unidad Popular. Sin cuartel y sin
escrúpulos. Desde junio de 1973 llamó abiertamente al golpe de Estado.
La desestabilización inicial se centraba en la presión sobre la Democracia
Cristiana para que votara a favor de Alessandri en el Congreso Pleno; el
candidato derechista renunciaría enseguida a la Presidencia de la República y
debería llamarse a nuevas elecciones en las que la DC y la derecha unidas
podrían reelegir a Eduardo Frei. Al mismo tiempo, se desencadenó una ofensiva
terrorista para amedrentar a la población. Simultáneamente y en el mayor
secreto, con la colaboración de agentes norteamericanos se planeaba el secuestro
del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, en una operación
que contaba con el apoyo de los máximos jefes de las FF.AA. y Carabineros. El
secuestro sería la provocación necesaria que obligaría a los militares a
intervenir.
Las conversaciones políticas fracasaron cuando la DC negoció con la Unidad
Popular un Estatuto de Garantías para votar a favor de Allende en el Congreso. A
los pocos días, el general Schneider fue herido de muerte en el atentado
realizado por la ultraderecha, lo que provocó una reacción corporativa en el
ejército que cerró filas junto al general Carlos Prats, y fue necesario cambiar
de estrategia por una que sería de largo plazo. Era necesario esperar que la
economía sometida a tensiones internas y externas impulsadas por Estados Unidos
actuara. La presión sobre la Democracia Cristiana debería acentuarse para que se
aliara con la derecha. Sería necesario un movimiento de masas que incluyera a
sectores medios y bajos, y una creciente agitación que llevara en definitiva a
las Fuerzas Armadas, y especialmente al ejército, a dar un golpe de Estado.
Pasados los primeros sesenta días, la tranquilidad empezó a imponerse. Pero no
entre los grandes empresarios que preparaban las espadas.
Eugenio Heiremans, importante dirigente empresarial, propuso al ingeniero
Orlando Sáez que jugara un papel de primera línea. Necesitamos, le dijo,
dirigentes jóvenes, menos conocidos, que sean capaces de articular un movimiento
gremial muy amplio que abarque a todos desde los empresarios grandes a los
chicos y también a los comerciantes y transportistas. Eso para empezar. Orlando
Saéz comenzó a moverse. Salió al extranjero. En Argentina, México, Perú y Brasil
se reunió con empresarios amigos, no solo chilenos, para que financiaran la
oposición antiallendista. En octubre de 1974, en el New York Times , un
periodista norteamericano, Jonathan Kendall, reveló que dirigentes de la Sofofa
habían contado que desde México, Perú y Venezuela se habían enviado 200 mil
dólares a Chile para sostener la huelga de los camioneros. Kendall precisó que
los dirigentes empresariales chilenos “no dijeron cuánto dinero recibieron de la
CIA”. También los empresarios agrícolas fueron implacables. Se distinguió
Benjamín Matte, dirigente de Patria y Libertad, movimiento sedicioso que empezó
a preparar acciones armadas y sabotajes. Patria y Libertad fue dirigida por el
abogado y profesor de derecho civil, Pablo Rodríguez Grez. Tuvo grupos de choque
y saboteadores, vinculaciones secretas con grupos subversivos de las Fuerzas
Armadas y participó en el “tanquetazo” del 28 de junio de 1973, antesala del
golpe del 11 de septiembre. Después del golpe, muchos de sus militantes se
incorporaron a los organismos represivos. Los terratenientes resistían la
reforma agraria comenzada en tiempos de Frei Montalva, que sabían que se
profundizaría en el gobierno de Allende. Muchos empresarios querían hacer un
escarmiento con los campesinos que tomaban tierras. La Compañía Manufacturera de
Papeles y Cartones, del grupo Matte, se transformó, con apoyo de la CIA, en un
baluarte de la oposición. Su máximo ejecutivo, Ernesto Ayala, mano derecha de
Jorge Alessandri, se convirtió en dirigente opositor entre los empresarios.
Ricardo Claro Vial actuaba por su lado. Sus empresas -Elecmetal y
Cristalerías Chile- fueron intervenidas, así como la naviera Sudamericana de
Vapores. Claro hacía gala de su anticomunismo. Siendo estudiante universitario
había denunciado a compañeros de curso como militantes comunistas pidiendo su
expulsión de la Universidad. Conservador integrista, Claro tenía buenos
contactos con la Marina y prestigio entre los empresarios por su manejo de
información, especialmente de mercados internacionales. Después del golpe, Claro
-que fue nombrado asesor de la Cancillería que manejaba el contralmirante Ismael
Huerta- recuperó sus empresas, puso barcos a disposición de los golpistas para
que sirvieran de cárceles y no se preocupó mayormente por la suerte de
dirigentes sindicales de sus empresas que se convirtieron en detenidos
desaparecidos. Se ha sostenido que Ricardo Claro fue uno de los financistas de
la Dina, lo que no se ha investigado suficientemente.
El sociólogo francés Alain Touraine, que estaba entonces en Chile, y vio a
Jaime Guzmán en televisión, poco antes del golpe dejó un retrato exacto en su
libro Vida y muerte de Chile popular : “Me impresiona ver y escuchar a un
tal Guzmán, periodista que es además profesor de derecho constitucional en la
Universidad Católica: jamás había visto un hombre así en este país. Me ha
asustado: en los períodos de tensión extrema se ven salir las cabezas más
horribles. La suya está habitada por una pasión fría armada de una lógica falsa:
es un inquisidor, su palidez es la de los jóvenes fascistas de antes de la
guerra. Cada una de sus palabras lanza una maniobra sinuosa. No sé si forma
parte de un grupo extremista clandestino. En todo caso merece ser uno de sus
jefes, pues pertenece al mundo del fanatismo fascista”.
Esa es la verdad. Jaime Guzmán fue siempre fascista. Nunca fue un demócrata
como se ha querido mostrar. De adolescente fue franquista. Era seguidor del
sacerdote Osvaldo Lira, mentor del Movimiento Revolucionario Nacional
Sindicalista, que sería capellán de la Dina. Jaime Guzmán fue dirigente de
Patria y Libertad. Después del golpe se acercó al general Gustavo Leigh, porque
éste prometía extirpar “el cáncer marxista”; sólo después se acercó a Pinochet.
Entretanto guardaba silencio sobre las atrocidades en materia de derechos
humanos, aunque diría que lo hacía para poder seguir ayudando, en silencio, a
algunas víctimas de la represión.
Renato Cristi, académico, experto en el pensamiento de Jaime Guzmán, señaló:
“Me parece que Guzmán es el autor intelectual del pronunciamiento militar. A
Pinochet no se le habría ocurrido jamás destruir la Constitución, precisamente
el golpe fue dado para protegerla”. Guzmán sentía, como escribió a su madre, que
con Pinochet “Chile había reencontrado su verdadero destino”.
El año 1975 escribía: “La creencia de que la democracia debe aceptar la
coexistencia de marxistas leninistas y demócratas en la vida cívica, en medio de
un Estado ideológicamente neutral es un grave error porque la democracia debe
protegerse. Sin caer en excesos de fanatismo macartista, creo que los Estados
libres deben ser militantemente antimarxistas y anticomunistas”. En la discusión
constitucional Guzmán propuso e hizo aprobar las normas para la vigencia de una
“democracia protegida”: binominal, leyes orgánicas constitucionales y virtual
imposibilidad de reformar la Constitución debido al previsible empate que se
produciría entre mayoría y minoría configuradas en dos bloques enfrentados. Se
aprobaron otras normas altamente reaccionarias -como el artículo 8° para
proscribir a la Izquierda, la creación del Consejo de Seguridad Nacional y de
los senadores designados-, que fueron derogadas a medida que se consolidaba la
transición.
Jaime Guzmán fue un político hábil y con clara visión de futuro para sus
intereses. Tuvo notables condiciones de liderazgo. El “gremialismo”- origen de
la UDI- por inspiración suya, prestó especial atención a estudiantes, jóvenes,
mujeres y pobladores.
Hay antecedentes serios, todavía sujetos a investigación judicial, de que la
Colonia Dignidad, cerca de Parral, dirigida por Paul Schaeffer, condenado por
pedofilia que murió preso, fue un centro de torturas, de eliminación de presos
políticos y ocultamiento de restos de prisioneros. Está demostrado que antes del
golpe, Schaeffer y sus secuaces colaboraron con Patria y Libertad y con
oficiales navales y militares que preparaban acciones de sabotaje. Cerradamente
anticomunista, Dignidad saludó como triunfo propio el golpe militar. El hallazgo
de arsenales, de automóviles pertenecientes a detenidos políticos cuyo paradero
no se conoce aún, la desaparición del físico norteamericano Boris Weisfeiler y
los testimonios de ex presos políticos torturados en el que fuera un enclave de
colonos alemanes sometidos a la voluntad y a la corrupción de sus líderes, hace
verosímiles las denuncias que se investigan.
Dignidad no solamente fue un modelo admirado por Pinochet, Lucía Hiriart y
altos mandos como el almirante Patricio Carvajal, o por funcionarios y hombres
de negocios de la derecha alemana, como el canciller de Baviera, Franz Josef
Strauss, sino también fue apoyada por dirigentes de la derecha chilena. En
democracia, diputados y senadores de la UDI y Renovación Nacional fueron celosos
defensores de la Colonia frente a las acusaciones que en definitiva se han
demostrado ciertas. Salvo Sebastián Piñera, se pronunciaron en contra de la
revocación de la personalidad jurídica de la Colonia. La cercanía Dignidad-UDI
es un hecho. La ex ministra de Justicia Mónica Madariaga recordó en una
entrevista la presencia de Jaime Guzmán, Pablo Longueira y otros dirigentes
disfrutando de la hospitalidad de la Colonia. Mónica Madariaga fue desmentida,
pero insistió aclarando que era explicable que la paz que rodeaba a la Colonia
haya llevado a los entonces jóvenes líderes a utilizar la Colonia como eventual
sitio de descanso. No habría sido extraño. Pinochet fue más de una vez a la
Colonia, Manuel Contreras fue también un visitante asiduo, incluso acompañado de
su hijo, Manuel Contreras Valdebenito, que también ha recordado haber visto
entonces a dirigentes de la UDI. Lucía Hiriart elogió con entusiasmo a “los
alemanes” de la Colonia por sus obras de apoyo a la comunidad vecina.
El mismo 11 de septiembre de 1973 el Alto Mando de la Armada recibió un
voluminoso estudio económico que había encargado a un grupo de economistas de
derecha. Indicaba las medidas indispensables para empezar la construcción de una
economía al servicio de los triunfadores que eran las clases acomodadas. Había
sido preparado básicamente por economistas de la Universidad Católica que desde
hacía casi diez años mantenían un convenio con la Universidad de Chicago, donde
imperaba el pensamiento neoliberal de Milton Friedman. Año a año viajaban a esa
universidad norteamericana alumnos becados que volvían pertrechados de
instrumentos teóricos para establecer un capitalismo desregulado, con una
drástica disminución de las funciones del Estado y cero aranceles, abierto al
mundo y basado en el aprovechamiento de las ventajas comparativas. Obviamente el
documento consideraba eliminar por completo la obra de la Unidad Popular. El
trabajo hecho a petición de la Armada, que preparaba el golpe, fue llamado “El
ladrillo” por su extensión y espesor y sus autores, conocidos luego como Chicago
boys, aunque no todos provenían de esa universidad.
Respaldados por la Armada (a través de Roberto Kelly) pronto asumieron
funciones de gobierno. Una avanzada fue el empresario Fernando Léniz, ex gerente
de El Mercurio . Luego vino Jorge Cauas, que había actuado en el gobierno
de Frei Montalva, hasta que llegó Sergio de Castro, quien junto a Pablo Baraona
y Miguel Kast eran los líderes del grupo que controlaba la Facultad de Economía
de la Universidad Católica y también su Instituto de Economía.
Las medidas económicas que impulsaron fueron drásticas. Tan brutales, según
sus críticos, que solamente pudieron imponerse por la feroz represión de la
Dina, el Comando Conjunto y los servicios de inteligencia y seguridad de las
Fuerzas Armadas y Carabineros, como lo denunció en Washington el exiliado ex
ministro Orlando Letelier pocos días antes de ser asesinado por agentes de la
dictadura.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 765, 31 de agosto, 2012
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