LA MARBELLA ARAGONESA

La situación generada tras la puesta en libertad bajo fianza de Mª Victoria Pinilla, y conocerse su intención de reincorporarse a su puesto de alcaldesa de La Muela, es gravísima e incomprensible para toda la ciudadanía aragonesa, entre la que me incluyo. ¿Cómo es posible que una persona imputada por delitos de corrupción pueda volver a ocupar el cargo público desde el que supuestamente cometió dichos delitos? Que la Ley lo permita no significa que sea admisible desde el punto de vista social y político.

La salud democrática exige que Pinilla deje de ser alcaldesa cuanto antes. Y esto solo puede ocurrir si dimite, si los concejales que la apoyan secundan una moción de censura o si se disuelve el Ayuntamiento. Las dos primeras soluciones parecen harto difíciles, pero no la tercera, a pesar de las resistencias del Gobierno de Aragón y de los partidos que lo componen, PSOE y PAR, que están demostrando una tibieza inadmisible en todo este asunto, haciendo como que no va con ellos. Marcelino Iglesias ya se ha negado una y otra vez a comparecer en sede parlamentaria para explicar las responsabilidades de cargos de su Gobierno y de la Administración aragonesa en las autorizaciones que han permitido actuaciones irregulares en La Muela. ¿Por qué se niega ahora a asumir la responsabilidad de hacer lo que está en su mano para resolver la vergonzosa situación en la que se encuentra el municipio?

Si fue posible en 2006, y con gobierno socialista en la Junta de Andalucía, disolver el Ayuntamiento de Marbella, también lo es en La Muela, donde las circunstancias son prácticamente idénticas. Estamos ante el “supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales” que exige la Ley de Bases del Régimen Local para poder disolver un ayuntamiento. Hay, además, una contravención sistemática de la legalidad por la actual Corporación, una situación procesal de diversos cargos municipales imputados y un cúmulo y reiteración de los presuntos delitos cometidos (cohecho, tráfico de influencias, delitos urbanísticos…) que provocan escándalo y alarma sociales, descrédito de la democracia municipal y desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. Éstas son, literalmente, las justificaciones en que se basó el Real Decreto 421/2006 para disolver el Ayuntamiento de Marbella.

El Gobierno de Aragón no debería tardar ni un minuto más en pedir al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de La Muela. CHA va a registrar en las Cortes una iniciativa parlamentaria instando al Gobierno a dirigirse al Gobierno central con ese objetivo. Es nuestra obligación ética y política hacerlo, y exigirlo, porque el de La Muela es un penoso ejemplo de una manera de entender y practicar la actividad política que no admite excusas ni medias tintas. Quien flaquee en la defensa de la honradez y la honestidad en la gestión de lo público, que tiene su propio código más allá del penal, está haciendo un flaco favor a nuestro sistema democrático y a la lucha contra la corrupción, que no debería depender del signo político de los encausados.

Nieves Ibeas, presidenta de CHA y diputadas en las Cortes de Aragón