Tras 12 años de monopolio de Santillana (Prisa) en los libros de texto de Bolivia, el Gobierno de Morales ha suprimido esta medida por ser “una forma de imponer colonialmente” a los estudiantes.La declaración del presidente Evo Morales, del 6 de junio, en la que anunciaba que sacaría del sistema educativo boliviano los textos elaborados por la editorial Santillana (Prisa) fue, en criterio del mandatario, una medida para conseguir la “soberanía” en la formación de estudiantes y terminar con los resabios de la llamada Reforma Educativa, que impulsaron diferentes gobiernos “neoliberales” desde 1985.
En 1994 comenzaron a planearse las ‘reformas’ estatales en Bolivia, con un coste de 1.500 millones de euros. Estas reformas se dividieron en tres partes. La primera para la privatización de empresas estatales, la segunda para reformas políticas y la tercera para educación.
Y para la última parte el aporte vino del Banco Mundial (BM). Este organismo, durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, impulsó la aprobación de la denominada Ley de Reforma Educativa. Incluso, fue elaborada por técnicos del Banco y sectores conservadores ligados a la Iglesia católica. Sin embargo, el Gobierno evitó la participación de los sindicatos de maestros, tanto urbanos como rurales.
La comisión técnica, encargada de dar el contenido ideológico, estaba compuesta en su mayoría por argentinos, españoles y alemanes, impuestos por los financiadores.
La Federación de Maestros de La Paz denunció que en los primeros tres años de la reforma se invirtieron en salarios de consultores externos cerca de siete millones de euros. Una de las primeras tareas de estos ‘asesores’ fue pedir la contratación de una empresa editorial “internacional”, que cumpliese ciertos requisitos técnicos para elaborar el material y garantizar su buena calidad.
Nadie supo cómo ganó el Grupo Prisa la licitación internacional para la impresión de textos de la Reforma Educativa. El contrato firmado entre el Estado boliviano y Prisa entregó a la editorial la impresión de textos para la educación básica y secundaria a un costo de 95 millones de euros, en una primera etapa, que concluyó a fines de 2001.
La reforma comenzó a editar sus libros en 1997 para el primer ciclo. Los textos eran gratuitos para la educación pública, mientras que para las escuelas privadas tenía un costo de cuatro a cinco euros. Se estima que en 1997 estaban inscritos en escuelas de pago cerca de 70.000 estudiantes.
Pero para que las personas de colegios públicos no paguen por los textos, el Estado tuvo que sufragar por cada libro aproximadamente ocho euros por los 200.000 estudiantes que cursaban la educación básica en las escuelas estatales.
De acuerdo a lo establecido por la Ley de Reforma Educativa, cada fin de año debía revisarse y evaluarse el texto empleado con anterioridad. Cada año cambiaban el contenido del texto y se pagaba una nueva impresión.
Según el acuerdo con la editorial Santillana, el Estado subvencionaría los textos del ciclo básico hasta concluir la implantación en 2004.
En cálculos de los sindicatos de maestros del departamento de La Paz, se gastó en impresión y revisión de textos entre 1997 y 2004 cerca de 20 millones de euros.
Gran parte de los libros muestran como un ejemplo de conducta a los sectores más conservadores que se encuentran en la zona oriental de Bolivia. Por ejemplo, en los textos de primero y segundo de educación básica, las tapas de los textos destacan niños y niñas con piel blanca.
Los primeros cuentos incluidos en estos libros tratan de rescatar la literatura urbana con alto contenido occidental como eje educador de crecimiento de cierta cultura y deja la enseñanza de los pueblos originarios como anécdotas poco serias.
Las protestas contra Santillana comenzaron por parte de los padres de familia en 2003, porque ese año terminó la subvención de los textos para el sector público urbano.
Se aumentó el coste de los nuevos textos para los progenitores porque contenían láminas de cortar y de colorear. Los textos diferenciados campo-ciudad nunca avanzaron y la educación plurilingüe y multicultural, sólo quedó en un experimento.
Con las movilizaciones de octubre de 2003, la salida de Sánchez de Lozada, y los cambios políticos acelerados, la reforma fue frenada en lo ideológico, pero el contrato con Santillana, no.
A comienzos de 2008, el Ministerio de Educación comunicó que los textos de Santillana no eran obligatorios en la educación pública. La reacción fue tardía porque la mayoría de los colegios o centros de secundaria adoptaron estos textos como obligatorios.
Es en ese contexto, cuando el presidente Evo Morales anunció el 6 de junio, Día del Maestro en Bolivia, que los textos de Santillana serían eliminados de las aulas escolares para ser reemplazados por la producción intelectual que generen los profesores bolivianos.
“Yo sabía solamente por información, antes, sobre Editorial Santillana, [que era] una forma de imponer colonialmente para la formación a nuestros estudiantes. Debatimos con el ministro de Educación, Roberto Aguilar, cómo cambiar, eliminar esta Editorial Santillana, pero con la producción de ustedes [los profesores], deben producir textos para la formación de nuestros hijos”, dijo el mandatario.
Lo primero que se hizo fue decretar que los textos de Santillana no son obligatorios para la enseñanza básica ni secundaria. Y posteriormente se comenzó a revisar la validez del contrato entre la editorial del Grupo Prisa y el Estado boliviano.
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