CALENDARIO REPUBLICANOOlite/Erriberri,
julio de 1931
El Ayuntamiento de Olite se hallaba enfrascado en la redacción de un informe sobre la propiedad de las tierras comunales que, en los últimos tiempos, habían acabado en manos privadas. El día 9 de julio de 1931 presentó en el Instituto de Reforma Agraria toda la documentación que, para el rescate de estas corralizas, había recabado en los juzgados y los archivos municipales.
Prácticamente a la vez, en plena cosecha del cereal, los jornaleros del campo se declararon en huelga. Boicotearon a los grandes propietarios de tierras, que se vieron forzados a buscar peones, sobre todo de Tafalla, para manejar las trilladoras. El alcalde Carlos Escudero se reunió con los corraliceros y les advirtió que la práctica de buscar mano de obra foránea podía violar la ley.
El empleador Pedro Izco explicó al mandatario municipal que había contratado trabajadores de fuera “a causa de haberse negado a trabajar para él en las faenas de la recolección los braceros de esta localidad, por que la sociedad Unión General de Trabajadores de Olite había declarado el boycot (sic)”.
Francisco Jiménez, que ocupaba el caserío y corraliza de Francisco Goyena, argumentó similares razones para dar empleo a nueve peones forasteros. La viuda de Víctor Leza, del caserío de Demetrio Martínez de Azagra, hizo otro tanto, al igual que Gregorio Izco, que cultivaba las tierras de la corraliza de Julio Torres.
El informe que redactó el alcalde señaló que Gregorio Izco admitió que “en vista de cómo estaban aquí las cosas, buscó era y granero y pajares en Tafalla y allí se ha comprometido a hacer la trilla, por lo que no puede emplear peones de esta localidad”.
El conde de Espoz y Mina no acudió a la cita del alcalde, pero uno de sus capataces manifestó que “hizo un contrato con algunos vecinos de la ciudad de Tafalla para segarle y hacer todas las demás operaciones de la recolección y trilla, y esta última la van a verificar en Tafalla”.
La presión de los braceros era tal que el Gobernador civil intervino para doblegar la voluntad de los huelguistas, a los que responsabilizó de eventuales pérdidas económicas ocasionadas por el “grave quebranto de los frutos pendientes de cereales y laboreo de viñas”. La Autoridad exhortó “una vez más a ese vecindario en la persona de su alcalde a que cese toda anormalidad y boycot (sic) dejando en absoluta libertad a los obreros para que trabajen”.
Añadió, además, que el Gobierno republicano trabajaba ya en la aplicación de una Reforma Agraria que iba a solucionar las diferencias en todo el Estado. El Gobernador amenazó, no obstante, que si persistía la huelga campesina “los propietarios contratarán obreros forasteros a los que el Gobierno amparará por todos los medios en su libertad de trabajo”. El alcalde, atrapado entre dos fuegos, una vez conocido el posicionamiento gubernamental reunió al Ayuntamiento para intentar quitar hierro al boicot. Publicó un bando para que el vecindario conociera el alcance de la situación. Sin embargo, los huelguistas persistieron en su actitud, al menos “los peones fijos de los corraliceros Sr. Conde de Espoz y Mina, Dª. Caya Díez, D. Julio Torres y algunos de D. Fausto Ochoa, no acudieron al trabajo” a pesar de que les habían entregado personalmente un telegrama con el posicionamiento gubernamental que les daba la espalda.
Finalmente, ley también se puso del lado de los corraliceros y autorizó la contratación de peones tafalleses, lo que minó definitivamente la moral de los huelguistas. El inspector al que el Ministerio de Trabajo encargó arreglar el entuerto desequilibró la balanza en favor de los corraliceros e informó al alcalde que los patronos no habían quebrantado la ley porque para la siega pidieron “el concurso de los trabajadores de esta localidad y, sólo ante la negativa de éstos, contrataron obreros de otros pueblos”.
Prácticamente a la vez, en plena cosecha del cereal, los jornaleros del campo se declararon en huelga. Boicotearon a los grandes propietarios de tierras, que se vieron forzados a buscar peones, sobre todo de Tafalla, para manejar las trilladoras. El alcalde Carlos Escudero se reunió con los corraliceros y les advirtió que la práctica de buscar mano de obra foránea podía violar la ley.
El empleador Pedro Izco explicó al mandatario municipal que había contratado trabajadores de fuera “a causa de haberse negado a trabajar para él en las faenas de la recolección los braceros de esta localidad, por que la sociedad Unión General de Trabajadores de Olite había declarado el boycot (sic)”.
Francisco Jiménez, que ocupaba el caserío y corraliza de Francisco Goyena, argumentó similares razones para dar empleo a nueve peones forasteros. La viuda de Víctor Leza, del caserío de Demetrio Martínez de Azagra, hizo otro tanto, al igual que Gregorio Izco, que cultivaba las tierras de la corraliza de Julio Torres.
El informe que redactó el alcalde señaló que Gregorio Izco admitió que “en vista de cómo estaban aquí las cosas, buscó era y granero y pajares en Tafalla y allí se ha comprometido a hacer la trilla, por lo que no puede emplear peones de esta localidad”.
El conde de Espoz y Mina no acudió a la cita del alcalde, pero uno de sus capataces manifestó que “hizo un contrato con algunos vecinos de la ciudad de Tafalla para segarle y hacer todas las demás operaciones de la recolección y trilla, y esta última la van a verificar en Tafalla”.
La presión de los braceros era tal que el Gobernador civil intervino para doblegar la voluntad de los huelguistas, a los que responsabilizó de eventuales pérdidas económicas ocasionadas por el “grave quebranto de los frutos pendientes de cereales y laboreo de viñas”. La Autoridad exhortó “una vez más a ese vecindario en la persona de su alcalde a que cese toda anormalidad y boycot (sic) dejando en absoluta libertad a los obreros para que trabajen”.
Añadió, además, que el Gobierno republicano trabajaba ya en la aplicación de una Reforma Agraria que iba a solucionar las diferencias en todo el Estado. El Gobernador amenazó, no obstante, que si persistía la huelga campesina “los propietarios contratarán obreros forasteros a los que el Gobierno amparará por todos los medios en su libertad de trabajo”. El alcalde, atrapado entre dos fuegos, una vez conocido el posicionamiento gubernamental reunió al Ayuntamiento para intentar quitar hierro al boicot. Publicó un bando para que el vecindario conociera el alcance de la situación. Sin embargo, los huelguistas persistieron en su actitud, al menos “los peones fijos de los corraliceros Sr. Conde de Espoz y Mina, Dª. Caya Díez, D. Julio Torres y algunos de D. Fausto Ochoa, no acudieron al trabajo” a pesar de que les habían entregado personalmente un telegrama con el posicionamiento gubernamental que les daba la espalda.
Finalmente, ley también se puso del lado de los corraliceros y autorizó la contratación de peones tafalleses, lo que minó definitivamente la moral de los huelguistas. El inspector al que el Ministerio de Trabajo encargó arreglar el entuerto desequilibró la balanza en favor de los corraliceros e informó al alcalde que los patronos no habían quebrantado la ley porque para la siega pidieron “el concurso de los trabajadores de esta localidad y, sólo ante la negativa de éstos, contrataron obreros de otros pueblos”.
Luis Miguel Escudero (La Voz de la Merindad)
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