La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ultima los preparativos para llevar a cabo una recarga de combustible de uranio que permitirá el funcionamiento de la planta hasta marzo de 2011, pese a que su permiso de explotación caduca el 5 de julio de 2009. Las organizaciones ecologistas, como Greenpeace, interpretan este movimiento como un intento de "forzar una prórroga encubierta de dos años" por parte de la empresa propietaria de la central, Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola.
El futuro de la planta depende del informe técnico que presentará en mayo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al Ministerio de Industria. Si el veredicto es negativo, el Gobierno precintará la central y procederá a su desmantelamiento. Y si el CSN considera que Garoña está capacitada para operar 10 años más, el dictamen de Industria se reducirá a una decisión política. Podrá prorrogar su permiso por otro decenio o cerrarla de todos modos, en virtud de los compromisos electorales del PSOE, cuyo programa prometía "la sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil".
Los responsables de la planta han decidido confiar en la renovación. Los 112 elementos de combustible que se instalarán a partir del 1 de marzo, y que suponen una cuarta parte de la capacidad del núcleo del reactor, ya están en la central. La inversión para la compra de uranio, 15 millones de euros, no parece propia de una empresa que podría cesar sus operaciones en pocos meses. Tampoco sus planes de futuro. El Consejo de Administración de Nuclenor ya ha aprobado 52 millones en inversiones para el periodo 2009-2011.
"No tiene sentido bajar los brazos", explica el portavoz de Nuclenor, Antonio Cornadó. "Hemos invertido muchísimo en la planta porque creemos que nuestro proyecto de operación a largo plazo es bueno", añade. Desde 1999, la compañía ha invertido 151 millones de euros en modernizar la planta, con el objetivo de garantizar su funcionamiento fiable.
A pesar de que la recarga de combustible está planificada desde hace cinco años, el director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, ve en esta "maniobra" de Nuclenor "una política de hechos consumados para aplazar el cierre definitivo de Garoña". El ecologista pide que el Gobierno adelante su veredicto sobre el futuro de la central o, directamente, detenga la recarga para que "no influya en su decisión".
Fuentes del CSN rechazan la supuesta presión ejercida por Nuclenor. "La central tiene su trabajo previsto y nosotros el nuestro", aseguran. La presidenta del Consejo, Carmen Martínez Ten, recordó en noviembre a este diario que "Estados Unidos ha prorrogado la vida a 20 centrales similares a Santa María de Garoña".
Público
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